El cinismo como forma de gobierno / Napoleón Gómez Urrutia
jue, 19 feb 2015
La política neoliberal en México continúa desde hace más de 30 años en todo su esplendor, como si el país tuviera la capacidad y la resistencia para aguantar o sostener todo tipo de errores, improvisaciones y acciones de corrupción. Los políticos siguen decidiendo el futuro de la nación conforme a su formación ideológica o a su concepción de la vida, sin mayor visión que la protección de sus intereses personales o de grupo y sin importar mucho la soberanía y el bienestar de las mayorías o la apertura de mejores oportunidades para todos. Total, han de pensar, la patria resiste o soporta y los mexicanos también.
La forma en que las grandes empresas y corporaciones actúan es igual, como si nada importante sucediera, con arrogancia y cinismo, apoyando las medidas que les permiten incrementar el control de sus riquezas y sus beneficios particulares, sin importarles el destino nacional o el de la población. La carencia absoluta de responsabilidad social, de solidaridad y de ética, salvo pocas excepciones, no tienen límites que no sean la maximización de sus ganancias y la colocación oculta de estas en lugares o paraísos fiscales que les dan la mayor seguridad y discreción, al grado de representar hoy en día más del doble de las reservas de divisas de México.
Para la mayoría de esos empresarios, la patria es para patriotas románticos o idealistas y la moral no existe, es como la definen a veces, un árbol que da moras. Según ellos, la avaricia, la falta de escrúpulos y la corrupción en este medio, son actos “normales” de la lucha por la vida en sociedad.
Este cinismo, al lado de aquellos que lo toleran, lo permiten o lo comparten, se ha convertido en una forma o sistema de gobierno y de conducción personal y pública ante las carencias de los demás. Es el caso de las crecientes concesiones para explotar los recursos naturales y, por consecuencia de ello, la mano de obra del país, que ya alcanza proporciones alarmantes de casi una tercera parte del territorio nacional entregada a una pequeña élite empresarial. Se hacen llamar los “creadores de riqueza” desconociendo a los que verdaderamente la crean, que son los trabajadores, los técnicos, los diseñadores y los operadores de los centros de producción. Por supuesto que para ese grupo favorecido está descartado hablar de tráfico de influencias o de la utilización de información privilegiada.
El modelo de crecimiento que se implantó en México hace poco más de 3 décadas, no obedece a cambios que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la mayoría de la población, mucho menos al respeto indispensable de sus derechos humanos y laborales. Al contrario, las políticas económicas que se han continuado aplicando, basadas en las reformas monetarias, fiscales, laborales, energéticas y educativas, han venido a reforzar ese obsoleto, indecente y vulgar sistema de explotación que ha generado una mayor desigualdad y una pobreza extrema que hoy actúa en contra de más de la mitad de la población mexicana, que recibe los salarios o ingresos más bajos de América Latina. Lo peor, es que aquella conducta carece de una visión futurista de Estado y de nación, que sea diferente a la del conformismo, la indiferencia y la pasividad de los responsables de definir y conducir la dirección del país.
La política laboral es un claro ejemplo de lo que está sucediendo, e implica un gran retroceso para la autonomía y la libertad sindical, porque viola impunemente el derecho de los trabajadores a la libre asociación, incrementando con ello la estrategia de explotación inhumana de la fuerza de trabajo. Resulta que las autoridades han dejado la creación y el control de las organizaciones sindicales, así como la elección de los dirigentes, en manos de los peores empresarios del país. Es decir, el gobierno de la República ha renunciado a su obligación histórica de cumplir con las leyes y ser el tutelar o protector de los derechos de los trabajadores, para convertirse en el gerente o administrador de los intereses empresariales, violando con un cinismo total el marco legal de la Constitución a nivel nacional y del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Como lo señalamos enfáticamente en su momento, desde que se aprobó la reforma laboral denigrante y retrógrada de Felipe Calderón y su abominable y corrupto secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón, los funcionarios públicos, algunos incrustados desde esa época en el gobierno actual, han estado operando, ya que para eso los “sembraron”, a favor de la clase empresarial. Su objetivo es destruir o debilitar a los sindicatos democráticos e independientes del país que luchan permanentemente por reducir la desigualdad y modernizar con madurez, compromiso y responsabilidad las relaciones de producción.
Durante la administración de los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, la política laboral se comenzó a mover gradual pero intensamente hacia la derecha, se aceleró profundamente al final de Ernesto Zedillo y se pervirtió gravemente durante los periodos del PAN en el poder con Vicente Fox y Felipe Calderón, al grado de designar al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a empleados, proveedores y gente identificada totalmente con los grupos empresariales como Carlos María Abascal Carranza y los nefastos Francisco Javier Salazar y Javier Lozano Alarcón, sin olvidar que para reforzar esa maniobra, Felipe Calderón puso al frente de la Secretaría de Gobernación, nada menos que la vicepresidencia política de México, a Fernando Gómez Mont, abogado penalista del Grupo México y de Germán Larrea.
Estos últimos dejaron sembrados y probablemente son el pago y la cuota para los empresarios que apoyaron al PRI para regresar al poder, a algunos funcionarios de la actual STPS que sirven y se someten a sus intereses, como el subsecretario A Rafael Avante Juárez, y el director de Actualización del Registro de Asociaciones, Lucio Galileo Lastra González, los cuales se han dedicado abyectamente a registrar sindicatos artificiales y les han entregado la toma de nota para que puedan operar con la protección de la ley, al servicio de empresarios cínicos y corruptos que se han convertido en los gánsteres y golpeadores de la clase trabajadora, a la cual ni siquiera le han tomado en cuenta su opinión para decidir en libertad a qué organización quieren pertenecer.
