TFJFA ordena a la PGR reparar el
daño a Jacinta Francisco Marcial
Amnistía
Internacional
México, DF, 28 mayo 2014.- En una decisión histórica hoy el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), con ocho votos a
favor y dos en contra, emitió una sentencia favorable para Jacinta
Francisco Marcial, mujer indígena hñähñú (otomí), en un caso donde estaba en
juego la reparación del daño, luego que en 2006 fuera acusada injustamente de haber
secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Dicha decisión además constituye jurisprudencia obligatoria para todos los
tribunales administrativos federales del país.
El Pleno ordenó a la Procuraduría General de la
República (PGR) reparar el daño material (indemnización por el tiempo que dejó
de trabajar) y moral (por haberla acusado y exhibido por un delito que no
cometió), así como reconocer públicamente su inocencia. La PGR está obligada a
acatar la sentencia en sus términos para cumplir con sus deberes derivados del
artículo 1º Constitucional. Hacerlo de otro modo sería leído como una
revictimización contra Jacinta puesto que implicaría negar su incuestionable
inocencia.
El TFJFA precisó que no se mencionarían los montos de
la indemnización para cumplir con lo que indica la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Además, la sentencia se
emitirá en formato de lectura fácil, para salvaguardar los derechos de acceso a
la justicia.
El mensaje que envió el Máximo Tribunal en Materia
Administrativa del país, es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial
del Estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas
culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan
derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por
las afectaciones que les genera dicha acción por parte del Estado.
En 2006 Jacinta, junto con Alberta Alcántara y Teresa
González, fueron acusadas de manera injusta por presuntamente haber secuestrado
a seis elementos de la AFI en el estado de Querétaro. Cabe destacar que ambas
fueron adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.