GUILLERMO CORREA Y FERNANDO AGUILAR
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Urge reivindicar la labor social del periodista en la
consolidación del Estado democrático y constitucional: CNDH
Cándido Ríos Vázquez fue asesinado la tarde del martes 22 de
agosto pasado en el municipio de Hueyapan, al sur del estado de Veracruz. Fue
el décimo periodista que de esta forma muere en lo que va de la actual
administración. Sin embargo, el hecho ya poco sorprendió, pues durante este
sexenio van 36 y sigue la impunidad.
Tal parece que en México no hay novedad y que, como dice una
conocida canción, todo sigue igual. Más bien peor porque a los terremotos que
han impactado el país, principalmente el centro y sur de la República, en
septiembre de 2017 se han agregado los azotes de huracanes y tormentas
tropicales. Pero nada remuerde la conciencia de los poderosos pues la
violencia, corrupción y la endeble libertad de prensa imperan como nunca. De
esto sabe la población en general y sufre, sobre todo, el gremio periodístico
que ha padecido el asesinato de por lo menos 10 de sus integrantes en lo que va
del año, lo que suma 36 en la actual administración. Este escenario ha llevado
a concluir a través de encuestas entre la población, que prácticamente no hay
libertad de prensa en el país.
Por eso es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Luis Raúl González Pérez, dice que en México urge reivindicar la labor
social del periodismo en la consolidación del Estado democrático y
constitucional, así como para la re-dignificación de su labor instrumental en
favor de la sociedad. Aclara que la libertad de expresión es un derecho de
todas las personas, aun cuando su ejercicio está estrechamente relacionado con
los medios de comunicación.
Es así que no se trata simplemente de reconocer el derecho que
tienen los medios y los periodistas a expresarse y de reconocer su libertad de
prensa, sino que en un régimen democrático la discusión involucra también el
tema del derecho de los individuos a estar informados de forma oportuna, veraz
y confiable sobre lo que acontece en el espacio público. Como garante de las
libertades, el Estado debe generar las condiciones que permitan ejercer el
derecho a comunicar información en condiciones adecuadas y sin obstáculos.
González Pérez reconoce que México es uno de los países más peligrosos para el
ejercicio del periodismo, como lo han documentado diversas organizaciones,
entre ellas Freedom House. Por ello, acepta que aún hay mucho por hacer para
que los periodistas ejerzan sin cortapisas y sin riesgo el derecho a informar.
En la realidad de los últimos años, esos estudios que menciona el
titular de la CNDH permiten asegurar que en el país se desprecia a los
periodistas. Javier Garza Ramos que es Knight Fellow en el International Center
for Journalists, acusa de esto no sólo al crimen organizado, sino también a
actores políticos relevantes o de cualquiera que se encuentre bajo el
escrutinio de los medios de comunicación, incluso de parte de quienes deben
salvaguardar el derecho de la libertad de expresión. Sostiene que las
agresiones son legión: Homicidios y secuestros de periodistas, ataques armados
contra instalaciones de medios, golpizas a reporteros que cubren manifestaciones
callejeras, robo o destrucción del equipo que usan para consignar lo que sucede
en las calles, amenazas para dejar de publicar información incómoda,
intervenciones cibernéticas para acceder a datos privados de periodistas o
lanzar campañas de desprestigio, acoso legal mediante detenciones arbitrarias,
citatorios judiciales o demandas.
Sus investigaciones revelan que en 15 estados del sur del país, el
mayor riesgo son policías locales o grupos sociales; mientras que en el norte
el crimen organizado es el principal agresor de periodistas, para evitar que
los hechos violentos que desatan en la pugna por territorios lleguen a los
diarios, los noticieros o las redes sociales. Pero hay algunas entidades que
registran una variedad de agresiones, como si fueran microcosmos de la nación
entera. En Veracruz, por ejemplo, se han registrado homicidios, secuestros,
golpizas, amenazas, robo de equipo, hackeo de páginas de Internet, detenciones
arbitrarias y otras formas mientras que Tamaulipas, Chihuahua y el Estado de
México viven una diversidad similar. La mayoría de las agresiones proviene de
las fuerzas de seguridad pública, las policías municipales y estatales, así
como la Policía Federal. Los actores políticos también figuran como agentes
hostiles, lo que comprende a alcaldes, funcionarios de gobierno y legisladores.
En ocasiones, estos servidores públicos se valen de algún cuerpo
policiaco para agredir a un periodista; en tanto grupos del crimen organizado
son con frecuencia los responsables de los ataques más violentos al secuestrar
o asesinar a los profesionales así como ataques armados contra instalaciones de
medios. Pero de manera creciente otros grupos se han convertido en agresores de
periodistas, particularmente activistas sociales que atacan a reporteros
durante coberturas, así como empresarios o guardias de seguridad privados que
buscan impedir que los ojos de la prensa se asomen a sus actividades. Javier
Garza Ramos concluye que la diversidad de agentes hostiles a los medios sólo se
explica a partir de la impunidad.
Esta es la visión de quienes han estudiado la situación de los
trabajadores de medios de comunicación en México, un país en el que 9 de cada
10 ataques contra periodistas quedan sin castigo y con frecuencia sin ni
siquiera una investigación, debido a esto resulta sencillo para cualquier
persona agredir a un periodista o a un medio y salirse con la suya. Es fácil
para un policía golpear a un reportero en una manifestación, como es fácil para
un político amenazar a un periodista por hacerle una pregunta incómoda o para
un empresario robarle la cámara a un fotógrafo que captaba imágenes de la
clausura de su negocio, afirma Garza Ramos, quien agrega que en gran medida, la
impunidad viene de la ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para
impedir las agresiones a periodistas.
Una
Fiscalía sin dinero
Sostiene que con el fin proteger el oficio periodístico en
México, el país cuenta con una Fiscalía para delitos contra la libertad
de expresión y con un mecanismo de protección de periodistas, mientras que
algunos estados replican estas dependencias. No obstante, el problema es que su
efectividad está en duda porque no tienen recursos. Por un lado, acceder a la
protección de estas instituciones puede ser un calvario burocrático que sólo
aumenta la vulnerabilidad de un comunicador. Prueba de esto es que si un
agresor potencial sólo necesita unos minutos para materializar una amenaza, un
periodista requiere varios días para que le respondan su solicitud de
protección o le reciban una denuncia.
La mayoría de las agresiones contra periodistas se dan fuera de la
Ciudad de México, pero cualquiera que pida protección debe solicitarla a un
consejo radicado en la capital, donde con frecuencia desconocen las realidades
locales. Por otra parte, las instituciones federales y locales encargadas de
proteger a periodistas o perseguir a sus agresores han resultado ineficaces. Un
dato basta: de los siete periodistas asesinados en 2014, cinco de ellos fueron
secuestrados previamente y estuvieron desaparecidos durante varios días antes
de morir. Esto significa que ante las denuncias de plagio las autoridades
federales o locales (dos casos ocurrieron en Tamaulipas y el resto en Veracruz,
Sinaloa y Guerrero) fueron incapaces de montar operativos para encontrarlos o
presionar a los delincuentes para liberar a los comunicadores e impedir su
muerte. La falta de castigo a los agresores de periodistas y de disuasión hacia
atacantes potenciales alimenta la vulnerabilidad de la prensa mexicana.
Mariclaire Acosta es la directora de Freedom House. Señala que en
México la libertad de expresión está protegida por el artículo 6°
constitucional y que pese a ello las violaciones a la libertad de informar
están a la orden del día.
Freedom House ha dedicado buena parte de sus esfuerzos como
organización de derechos humanos a defender la libertad de expresión en donde
sea que ésta se encuentre seriamente amenazada. Año con año, desde 1980 publica
un informe anual sobre el estado que guarda la libertad de prensa en el mundo.
Cubre a 199 países y territorios donde expertos nacionales y regionales, así
como organizaciones de la sociedad civil, consultan documentos gubernamentales,
de instituciones multilaterales y de los propios medios de comunicación. El
informe asigna a cada uno de los países y territorios bajo estudio una
puntuación de cero a cien puntos, el cero constituye la mejor en términos del
disfrute de la libertad de prensa, y cien la peor. Según el puntaje obtenido,
los países se clasifican en tres grandes categorías: países libres (puntaje
menor a 30); países parcialmente libres (puntaje entre 31 y 60 puntos), y
países no libres (con puntajes mayores a los 61 puntos).
México,
un “país no libre”
Lamentablemente, México ha recibido la
calificación de “país no libre” desde hace varios años. Su puntuación ha
incrementado en forma continua desde los 60 puntos en 2010 a los 63 en 2015,
quedando casi a la par de Irán y Turquía, y ligeramente por debajo de Ecuador.
Mariclaire Acosta relata con ejemplos cómo el entorno jurídico que regula a la
prensa en México inhibe su libertad, debido entre otros factores a la
persistencia de leyes que penalizan la difamación en 12 de los 32 estados de la
República. Considera que la imposición de altísimas multas a las estaciones de
radio no autorizadas, frecuentemente comunitarias, se traduce en una forma de
censura de facto para estos medios, que prestan un servicio invaluable en las
zonas indígenas y las más alejadas en el país.
Asimismo, resalta que la alta concentración
de la propiedad de los medios, sobre todo en el sector de las
telecomunicaciones, también inhibe la libertad de prensa en México, toda vez
que atenta contra la pluralidad y la diversidad en la información. La
dependencia de la publicidad oficial como medio de supervivencia de muchos
medios, los obliga a mostrarse benévolos con los gobiernos y frecuentemente los
somete a sus agendas e intereses.
Por otra parte, los altos niveles de
violencia y agresión a periodistas y medios de comunicación en México, la
impunidad de los múltiples ataques a éstos, y la corrupción en los aparatos de
seguridad y justicia, representan en los informes de Freedom House, el motivo
más grande de preocupación, porque la libertad de prensa simplemente no se
puede producir en un clima político como el prevaleciente, marcado por una
profunda crisis de derechos humanos, seguridad y legitimidad. Y es en este
contexto de enorme precariedad donde los periodistas se vuelven un grupo
sumamente vulnerable y blanco de ataques tanto por parte del crimen organizado
como por las autoridades.
La directora de Freedom House va al fondo al
indicar que la impunidad crónica tiene muchos efectos nocivos, pero uno
de ellos, que vale la pena destacar es que estimula el miedo y la autocensura
de los informadores, como el único medio al alcance para protegerse. En
consecuencia, el silencio impuesto en amplias zonas del país afecta a la
población en su conjunto y es un atentado al derecho a la información y a la
convivencia democrática.
Así es como en las últimas cinco décadas la
clase política hundió al Estado Mexicano en las profundas aguas fangosas de la
corrupción e impunidad que en contubernio con el crimen organizado mantiene
sometida y aterrorizada a su población; de la misma manera que, a través de la
publicidad, controla a la mayoría de los medios de comunicación y a sus
periodistas, la delincuencia hace lo propio con los comunicadores, a los que
amenaza para que cubran y publiquen sus actividades delictivas o de no hacerlo,
los “levantan”, torturan, asesinan o lo desaparecen.
De esa manera, gobernantes y clase política
en general actúan con total cinismo e impunidad a sabiendas del control
discrecional de la información que mantienen con los organismos oficiales como
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) y de las empresas editoriales quienes a su vez tienen
bajo control a sus reporteros y solamente uno que otro se lanza a la aventura
de investigar.
Las empresas de comunicación se justifican al
señalar a los reporteros como faltos de iniciativa, pocos profesionales, con
deficiente preparación. Pero no los actualizan y sobre todo les niegan tiempo
para investigar, además de que la mayoría sobrevive con el salario mínimo
profesional que es de 4,546 pesos mensuales, sin prestaciones y solamente dos o
tres medios ofrecen una remuneración suficiente a sus reporteros.
Cabe recordar que el entonces secretario
General de la Organización Internacional de Periodistas (OIP), Jiri Kubka, en
un artículo titulado ¿Profesión o misión? Publicado en El Periodista Demócrata,
órgano oficial de la OIP del nueve de septiembre de 1986 dijo que “…el
periodismo no solamente es una profesión que defiende sus propios intereses,
sino que es una noble y responsable misión, cuyo incumplimiento arrastra a los
pueblos a la perdición y con ellos se lleva a los periodistas.”
En un vuelco direccional de los medios que
hoy día padecemos, asumió que durante los tiempos de la revolución burguesa los
editores no buscaban tanto el beneficio como la posibilidad de influir en los
pensamientos humanos. Sin embargo, la permanente divulgación de la palabra
impresa empezó a ofrecer la posibilidad de sacar beneficio, sobre todo al
convertirse en un poderoso medio para dar publicidad a todo tipo de mercancías.
Así, el redactor se convirtió en productor de mercancías, las cuales podían
ayudar a vender otras mercancías influyendo en el pensamiento de las personas.
Un
fantasma en los escombros
Como muestra está el caso de la niña Frida
Sofía que nunca salió de los escombros de la escuela Enrique Rébsamen ubicada
al sur de la ciudad de México, en la calle Rancho Tamboreo y calzada de Las
Brujas, colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, uno de los 44
edificios colapsados por el sismo de 7.1 en la escala Richter del pasado 19 de
septiembre.
Curiosamente, justo cuando en las redes
sociales arreciaban las críticas en contra de toda la clase política y la
administración encabezada por Enrique Peña Nieto se anunció el rescate de la
niña de 12 años, aunque después de 24 horas, cuando el guion era ya
insostenible igual que la manipulación, se acabó el teatro y se dio a conocer
que la infante ¡nunca existió! Que todo se trató de un montaje de la Armada de
México y Televisa, la empresa especializada en hacer telenovelas.
Cuando acabó esta farsa la indignación en las
redes sociales fue mayúscula. Una anciana replicó la condena popular al
suplicar a los medios de comunicación no andar haciendo este tipo de burlas. “A
una vieja como yo la tuvieron sentada todo el día, nomás llorando y ahora salen
que es falso. Esas son chingaderas. ¡Qué poca Madre tienen!”, expresó.
La libertad del periodista es proporcional a
la libertad de los demás ciudadanos, decía Jiri Kubka. Lo malo es que este
escenario se repite por diferentes medios con la finalidad de tapar un
comportamiento que nubla la libertad de conocer la verdad.
Para el caso se recuerda que en noviembre de
2014 el noticiario MVS-Radio, con Carmen Aristegui al frente denunció en
investigación de varios meses realizada por su equipo de periodistas, y con
apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas y el
International Center For Journalists, pudo confirmar que una residencia ubicada
en Sierra Gorda número 150, en una de las colonias más lujosas de la capital
del país –con un valor aproximado de 86 millones de pesos, alrededor de 7
millones de dólares-- era propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro,
empresa que pertenece al Grupo Higa. Lo cierto es que resultó ser de Angélica
Rivera -esposa del presidente de la República- quien más tarde, presionada por
la opinión pública, a través de un video que difundieron las principales
televisoras y medios de comunicación, trató infructuosamente de justificar su
posesión al decir que la había adquirido con dinero ganado a lo largo de su
vida como actriz.
Interminable
lista de corruptelas e impunidad
La lista de casos como el anterior parece
interminable. Pero son tantos que, como sucede con el asesinato descrito al
inicio, no pasa nada. Recientemente un grupo de periodistas en conjunto con la
organización civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
exhibieron otra de tantas redes de corruptelas en el Gobierno Federal en la que
participaron 186 compañías quienes recibieron 7 mil 670 millones de pesos del
erario federal, a través de contratos que violan la Ley General de
Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014. Por
lo menos 3 mil 433 millones de pesos se esfumaron por arte de magia, terminaron
en empresas fantasmas.
En todo este entramado participaron once
dependencias gubernamentales y ocho universidades cómplices quienes recibieron
mil millones de pesos solamente por servir de intermediarias; se mencionan a la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la gestión de Rosario Robles
Berlanga; a BANOBRAS, con Alfredo del Mazo Maza al frente —hoy gobernador
del Estado de México—; a la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada
en ese momento por Emilio Chuayffet, amigo del presidente; al FOVISSSTE, organismo
de vivienda del ISSSTE que dirige José Reyes Baeza Terrazas, exgobernador de
Chihuahua. También la Secretaría de Agricultura en la época reciente de Enrique
Martínez y Martínez; al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio
Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo
Ruiz Esparza como secretario, y a la Secretaría de Economía, con Ildefonso
Guajardo. En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era
director Juan José Suárez y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN)
Presidente de la República.
Lo que sorprendió fue la participación en
estas sucias maniobras corruptas de instituciones de educación superior como la
Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de
la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT); la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las
tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica
del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese
estado. Un modus operandi que a decir del grupo de periodistas investigadores
se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información
indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y
hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que
involucran 31 mil 668 millones de pesos.
Otro hecho grave, que más que causar asombro
provoca impotencia y desánimo entre la ciudadanía es la complicidad del crimen
organizado con autoridades de cualquier índole, como el que se descubrió el 25
de agosto pasado cuando elementos de la Gendarmería de la Policía Federal y de
la Policía Estatal detuvieron a siete personas que intentaban descargar
combustible ilegal en la estación E 07181, ubicada en el kilómetro 2.4 de la
carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco, Municipio de Chapultepec,
Estado de México.
El negocio resultó ser propiedad de Ricardo
Víctor Mercado Galán, María del Carmen Miranda Nava y tres de sus hijos;
cuñado, hermana y sobrinos del titular de la Sedesol, Luis Miranda Nava, uno de
los políticos más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto. La investigación del
diario Reforma reveló que la estación con razón social Super Servicio M y M,
S.A. de C.V., opera bajo el nombre comercial del franquiciatario Easy Gas,
igual que las gasolinerías Servicio Megal, S.A. de C.V., en Metepec, y Servicio
Rimer, S.A. de C.V., en Santiago Tianguistenco. Mercado Galán, quien además es
Rector de la Universidad Isidro Fabela de Toluca, fundada en 1970, funge como
accionista mayoritario en Servicio Megal y Servicio Rimer, según las actas de
esas razones sociales. El negocio fue clausurado, mientras los detenidos fueron
puestos a disposición del Ministerio Público, pero de la acción en contra de
los propietarios nada se sabe.
Pero si de impunidad se trata hay que empezar
por el esclarecimiento de los periodistas asesinados, secuestrados,
desaparecidos y agredidos, cuyos resultados han sido más que infructuosos,
desesperantes. Otro caso ilustrativo es el de la Guardería ABC de Hermosillo,
Sonora, entidad federativa ubicada al noroeste de México donde por negligencia,
hace ocho años murieron 49 niños y niñas, ninguno mayor de cinco años. El
suceso dejó una profunda herida en la sociedad ya que hasta el momento ninguna
autoridad de alto nivel ha sido condenada.
Tampoco hay que olvidar a los 43 estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre
de 2014 cuando unos 100 estudiantes llegaron a Iguala con el fin de tomar
autobuses para dirigirse a la ciudad de México con el fin de participar en la
manifestación del 2 de octubre para recordar los hechos de la matanza
estudiantil de1968 en que elemento del Ejército y francotiradores masacraron a
jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco.
Y los migrantes, la mayoría centroamericanos,
no se salvan de morir en su tránsito por México hacia Estados Unidos. Fue el
caso de 72 migrantes en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando,
Tamaulipas donde fueron masacrados. A siete años de esa agresión hasta el
momento la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 15 personas
consignadas, pero ni una sola condenada.
A Javier Valdés, un periodista sinaloense,
comprometido con la causa y asesinado apenas el 15 de mayo último a plena luz
del día en la ciudad de Culiacán, se le recuerda por sus reportajes y sus
libros, casi todos sobre el narcotráfico, el tema que mejor cubrió. En una
entrevista hecha casi al final de su vida, respondió: “Al gobierno federal le
vale madre el tema de los periodistas, no le importa, la libertad de expresión…
No le interesa. Lo que te puedo decir ahora es que no hay condiciones para una
vida digna en México, y si no hay estas condiciones, tampoco hay condiciones
para ejercer el periodismo. Al gobierno no le importa este aspecto, no le
importa aplicar la ley. Por eso, creo que solo son dos casos en los que hay
detenidos de cerca de un centenar de homicidios y desaparecidos, etcétera. Son
como 250 periodistas que están pidiendo asilo político en Estados Unidos.
“Se sigue manejando el tema de la publicidad
oficial con mucha discrecionalidad. Se privilegia mucho a las televisoras, a
las estaciones de radio por la audiencia y porque es discrecional el asunto de
las concesiones que se dan a estaciones de radio y televisión. Entonces, es un
criterio de carácter político, no hay igualdad, no hay transparencia. A los
medios críticos nos siguen castigando con publicidad. Entonces, no hay
salvación. Tú no puedes acudir al gobierno si te amenaza el narco. Lo mejor si
te amenaza el narco y es un narco poderoso… lo mejor es o te sales del
periodismo o te vas del país, porque ya no hay donde acudir o a quien acudir”.
Para los organismos de derechos humanos
nacionales y extranjeros, México sigue siendo el tercer país del mundo más
peligroso para ejercer el periodismo.
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