Compañeras y Compañeros diputados, medios de comunicación, veracruzanos que nos escuchan y observan, el día de hoy como en 2006, será un día histórico para esta Legislatura, vamos a debatir sobre el destino económico de nuestro estado y por ende de todos los veracruzanos.
Para iniciar el posicionamiento de mi partido Convergencia, me permito casi traducir lo que nuestro compañero de partido el Senador de la República José Luís Lobato Campos señaló en la máxima tribuna del país y con quién coincidimos plenamente: “La situación económica crítica por la que atraviesan los gobiernos estatales y municipales de todo el país, y que repercute gravemente en la población en general, obedece a un problema en la recaudación y de políticas hacendarias erróneas de la administración federal. El índice de recaudación es de los más bajos del mundo, ocupamos entre 181 países, el lugar 149. Con respecto a América Latina, los ingresos tributarios de nuestro país son los más bajos. Las tasas diferenciadas en los impuestos, exenciones, subsidios, créditos y evasión fiscal; son sólo algunas de las causas de la baja recaudación tributaria. Si esto lo sumamos al contrabando, la piratería y la economía informal, además de una baja considerable en la base de contribuyentes, es perfectamente explicable que recaudamos poco y mal. Algunos especialistas estiman la evasión fiscal en el ISR en un 77% y el IVA en un 40%. Y más aún, el gobierno federal calculó que por los tratos preferenciales, deducciones, estímulos y subsidios dejará de recaudar 465 mil millones de pesos, lo que representa el 40% de los ingresos tributarios estimados para este año.
Por si fuera poco, en el primer semestre del año, el gobierno federal reportó devoluciones y compensaciones de impuestos por 228 mil 627 millones de pesos, debido a saldos reflejados por los contribuyentes, por cierto predominan los grandes contribuyentes, ya que cuando los ayuntamientos solicitan devoluciones, el SAT se rehúsa a pagar.
Por último apunto, Lo más lamentable de todo lo anterior, es que el señor Carstens, responsable de las finanzas públicas federales, quién es el encargado de cumplir con las disposiciones financieras señaladas en el pacto federal, les comentó a principios de este mes a los gobernadores, que se podría obtener recursos mediante la bursatilización del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas de este año que suman 37 mil millones de pesos. Concluyó.
Ahora bien, debemos destacar que el estado de Veracruz, este año tiene autorizado por esta soberanía para ejercer 62´290 millones, de los cuales 59´611.5 millones provienen de la federación, lo que representa el 95.7%; y los restantes 2´678.5 millones se recaudan estatalmente. Por lo que la propuesta que les hizo el Secretario de Hacienda a los gobernadores de los estados de bursatilizar las participaciones federales, en Veracruz, se sigue al pie de la letra, el día de hoy seguramente con mayoría de votos, se dispondrá de hasta 75 millones de pesos mensuales de las participaciones federales, lo que sumarán 900 millones que se deberán de descontar año con año del presupuesto estatal durante los próximos 15 años.
A los que se deberán sumar 700 millones de la bursatilización estatal, que se dejan de presupuestar a favor de los veracruzanos año con año durante los próximos 27 años. Lo que quiere decir que las finanzas estatales dejaran de recibir 1´600 millones de pesos año con año durante los siguientes 15 años, recursos etiquetados a cubrir parte del esquema bursátil de la tenencia vehicular y la disposición de participaciones federales futuras que hoy se plantea aprobar; haciendo un total de 24´000 millones de pesos en quince años, más los restantes 8´400 millones que se deberán disponer para completar el compromiso de la bursatilización del 80% de la Tenencia Vehicular; en suma, lo que dejará de percibir las finanzas estatales en el largo plazo serán 34´500 millones de pesos, a cambio de recibir por adelantado para obras y acciones 13´100 millones de pesos, de los cuales alrededor de 5´000 millones serán para pagar deuda directa y otros compromisos financieros, por lo que sólo 8´100 millones son para inversiones productivas a favor de los veracruzanos, lo que representa el 23.5% de lo obtenido de las bursatilizaciones estatales, el restante 76.5% de las operaciones financieras se queda en el camino para el pago de deuda directa y “otros gastos”.
Veracruzanos, es una insensatez, en este tiempo de crisis, tratar de colocar en el mercado bursátil participaciones federales donde la supuesta utilidad para los veracruzanos es: por cada peso, veintitrés punto cinco centavos. Es pertinente la prudencia fiscal, sobre todo en momentos de crisis para la economía mundial. Extraer recursos de la bolsa de valores a cuenta de una recaudación futura incierta, que además a todas luces va en descenso, es irresponsable, por decir lo menos. Y aún más cuando Constitucionalmente ningún empréstito puede celebrarse si no es para ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos del estado. Sumado a que al rebasar esta deuda el período de ejercicio de los gobernadores que la contraten, dicha obligación transciende el concepto de soberanía de los estados y, por lo tanto, debe ser aprobada por el Congreso Federal, máxime cuando se trata de participaciones federales.
No existe duda alguna de que las finanzas públicas federal atraviesan por una situación verdaderamente alarmante que a repercutido en una deuda a los estados por 43 mil 948 millones de pesos, de los cuales Veracruz ha dejado de percibir de enero a julio del presente año 2´793 millones, sumado el déficit reportado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado por 4´037 millones de pesos, cantidades que arrojan una necesidad económica a las finanzas estatales de 6´830 millones de pesos, con relación al presupuesto aprobado por esta soberanía para el año en curso.
Para entrar al análisis del dictamen que hoy se presenta, debemos recordar la historia de las bursatilizaciones que se autorizaron por mayoría de este Congreso, tanto por la legislatura pasada, como la que hoy nosotros representamos.
En el año 2006, la LX legislatura aprobó con 48 votaron a favor, una abstención y un voto en contra, el bursátilizar el 80% de las participaciones federales en cuanto al impuesto de la tenencia y uso vehicular. Los argumentos fueron diversos, lo cierto es que se le aprobó al actual gobierno.
El plazo autorizado fue por 30 años, a la fecha han transcurrido escasamente 3 años, faltando por descontar ingresos del estado para los próximos 27 años. El total de los recursos comprometidos del erario estatal durante 30 años son 21´000 millones de pesos. La emisión de los certificados bursátiles a favor del estado fue por 6´300 millones de pesos; de los cuales, se aplicó el 4.8% a previsiones financieras; el 4% a la constitución de un fondo de reservas y el 53.4% para el pago de la deuda pública directa contraída por el entonces gobernador Miguel Alemán; que por cierto se debe destacar que se violaron artículos Constitucionales Federal y Locales, así como disposiciones en esta materia señaladas en el Código Hacendario Estatal, en virtud de que el Ejecutivo de Veracruz no podía bursatilizar recursos públicos para el pago de deuda directa. Sin embargo así se hizo.
Pero más allá de ello, ese hecho se recordará como un pasaje muy doloroso para los veracruzanos, ya que solo se aplicó el 37.8% de los recursos recibidos para ejercerlos en obras y acciones que se dijo beneficiarian a miles de veracruzanos. Por lo que los 2´380 millones que en ese momento fueron definidos en un dictamen para la realización de 5 magnas obras como fueron: 1.- El Libramiento de Xalapa, obra que realiza el gobierno federal vía concesión a un particular; 2.- La Autopista Tuxpan – Tampico, obra que aún planea hacer el gobierno federal con recursos de la iniciativa privada; 3.- Tramo carretero San Julián – Tamaca, que a la fecha no se concluye y que en sus recientes mensajes televisivos rumbo al tercer informe de gobierno, el Presidente de la República lo presume como el libramiento de Veracruz, obra realizada por su gobierno; 4.- El Sistema de Agua Potable en Coatzacoalcos, obra que fue declarada inviable, reparando solo el sistema de conducción existente; 5.- Sistema Múltiple de Agua Potable Industrial de Pueblo Viejo, se encuentra en proceso.
También se debe significar, que una vez colocados los valores en la bolsa, el Gobierno del Estado planteó la existencia de remanentes e intereses financieros generados a favor de las finanzas del estado, derivados del esquema bursátil para los años 2007 y 2008, los ingresos extraordinarios sumaron 737 millones de pesos, recursos que incorporados a los no aplicados en la obras concesionadas e inviables, dicen que ha permitido realizar un sin número de obras, sumado el programa peso a peso dirigido a 199 ayuntamientos que bursatilizaron el 20% del impuesto federal sobre la tenencia y uso vehicular. Aplicación de recursos y realización de obras que esperamos que a finales de este año queden totalmente solventadas y comentadas en el 5º informe de gobierno del ejecutivo del estado.
Por otro lado, se tiene la autorización que otorgó por mayoría esta soberanía a 199 ayuntamientos para bursatilizar el 20% del Impuesto Federal de la Tenencia y Uso Vehicular, que ascendió la emisión bursátil hasta por 1,500 millones de pesos. De estos recursos recibieron en conjunto los 199 ayuntamientos 1´207.9 millones de pesos, a los que se le sumaron 1´215.1 millones de pesos que otorgó el gobierno del estado de su bursatilización estatal. Por lo que los 2´423 millones de pesos que recibieron este año los ayuntamientos, representan alrededor del 30% más con respecto a lo que recibieron de sus participaciones estatales y federales asignadas para el mismo. Sin embargo declaran que se encuentran en crisis.
De acuerdo al informe proporcionado por él ORFIS, a la fecha el 45% de estos recursos están sin ejercer, el restante 55% solo se enlista su aplicación en un catálogo de obras, reflejando en papel haber ejecutado con los recursos de los dos programas 2,093 obras y acciones, sin que estén aún validadas por el ORFIS, debido a que la Ley de Fiscalización no lo permite sino hasta el mes de Octubre del próximo año. En estos días presentare a la Diputación Permanente un anteproyecto con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que se faculte al ORFIS auditar, verificar y sancionar las obras y acciones que se dice se realizaron con los dos programas antes expuestos, así como emitir su fallo de multas y responsabilidades a los que no han aplicado los recursos. Confío que sea aprobado por unanimidad de los diputados que conforman la diputación permanente.
En suma, con estos nuevos errores de cálculos en las finanzas públicas, las próximas generaciones de veracruzanos tendrán que cargar con una deuda que no contrajeron y que no les generó ningún beneficio.
Por lo tanto, y en virtud de que los pasivos que refleja el dictamen sobre la situación financiero del estado que asciende a 6´800 millones de pesos, mismos que pretenden bursatilizar mediante la recomendación del Secretario de Hacienda, un porcentaje de las participaciones federales hasta por 75 millones de pesos mensuales que serán utilizados para el desfasamiento estatal que corresponde a: aportaciones al fondo de desastres naturales; infraestructura para el desarrollo, obras y servicios relacionados; aportaciones a otros fondos y programas federales; inversiones públicas productivas en los sectores de la educación, seguridad pública, gobierno, desarrollo social y medio ambiente y desarrollo económico; entre otros; así como gastos relacionados con la estructuración, colocación, constitución de fondos de reservas, cobertura de tasas y adquisición de bono cupón cero de la bursatilización.
Es importante apuntar que por ser un déficit económico responsabilidad del gobierno federal, se debe insistir que sea la federación quién haga frente a este problema económico y plantear un ejercicio de ajuste presupuestal al gasto corriente federal que asciende al 78% del gasto programable, además de permitirle a los estados y municipios, hasta superar esta recesión, recaudar el ISR y el IVA en el porcentaje que no recauda la federación, eso ayudaría a combatir el comercio informal pues supondría el diseño de un esquema de participaciones federales por la recaudación efectuada por estados y municipios, quienes además saben dónde se localiza la evasión. Solo que estos recursos deberán ser aplicados a la inversión en áreas estratégicas que potencien el desarrollo económico y hacer con ello un círculo virtuoso, donde el estado y municipios recauden donde la federación ha mostrado incompetencia y los sectores productivos generen riqueza y por ende empleos.
Sin duda esta propuesta no es sencilla pero es mejor, ya que con la que hoy se toma en este dictamen, lo diremos una y otra vez, es el camino más fácil e irresponsable recomendado por el gobierno federal, presumiendo que lo más sencillo es hipotecar el futuro de los veracruzanos, y con ello, una vez más los ciudadanos deberán cubrir los errores de un gobierno ineficaz al frente de la función pública.
Para iniciar el posicionamiento de mi partido Convergencia, me permito casi traducir lo que nuestro compañero de partido el Senador de la República José Luís Lobato Campos señaló en la máxima tribuna del país y con quién coincidimos plenamente: “La situación económica crítica por la que atraviesan los gobiernos estatales y municipales de todo el país, y que repercute gravemente en la población en general, obedece a un problema en la recaudación y de políticas hacendarias erróneas de la administración federal. El índice de recaudación es de los más bajos del mundo, ocupamos entre 181 países, el lugar 149. Con respecto a América Latina, los ingresos tributarios de nuestro país son los más bajos. Las tasas diferenciadas en los impuestos, exenciones, subsidios, créditos y evasión fiscal; son sólo algunas de las causas de la baja recaudación tributaria. Si esto lo sumamos al contrabando, la piratería y la economía informal, además de una baja considerable en la base de contribuyentes, es perfectamente explicable que recaudamos poco y mal. Algunos especialistas estiman la evasión fiscal en el ISR en un 77% y el IVA en un 40%. Y más aún, el gobierno federal calculó que por los tratos preferenciales, deducciones, estímulos y subsidios dejará de recaudar 465 mil millones de pesos, lo que representa el 40% de los ingresos tributarios estimados para este año.
Por si fuera poco, en el primer semestre del año, el gobierno federal reportó devoluciones y compensaciones de impuestos por 228 mil 627 millones de pesos, debido a saldos reflejados por los contribuyentes, por cierto predominan los grandes contribuyentes, ya que cuando los ayuntamientos solicitan devoluciones, el SAT se rehúsa a pagar.
Por último apunto, Lo más lamentable de todo lo anterior, es que el señor Carstens, responsable de las finanzas públicas federales, quién es el encargado de cumplir con las disposiciones financieras señaladas en el pacto federal, les comentó a principios de este mes a los gobernadores, que se podría obtener recursos mediante la bursatilización del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas de este año que suman 37 mil millones de pesos. Concluyó.
Ahora bien, debemos destacar que el estado de Veracruz, este año tiene autorizado por esta soberanía para ejercer 62´290 millones, de los cuales 59´611.5 millones provienen de la federación, lo que representa el 95.7%; y los restantes 2´678.5 millones se recaudan estatalmente. Por lo que la propuesta que les hizo el Secretario de Hacienda a los gobernadores de los estados de bursatilizar las participaciones federales, en Veracruz, se sigue al pie de la letra, el día de hoy seguramente con mayoría de votos, se dispondrá de hasta 75 millones de pesos mensuales de las participaciones federales, lo que sumarán 900 millones que se deberán de descontar año con año del presupuesto estatal durante los próximos 15 años.
A los que se deberán sumar 700 millones de la bursatilización estatal, que se dejan de presupuestar a favor de los veracruzanos año con año durante los próximos 27 años. Lo que quiere decir que las finanzas estatales dejaran de recibir 1´600 millones de pesos año con año durante los siguientes 15 años, recursos etiquetados a cubrir parte del esquema bursátil de la tenencia vehicular y la disposición de participaciones federales futuras que hoy se plantea aprobar; haciendo un total de 24´000 millones de pesos en quince años, más los restantes 8´400 millones que se deberán disponer para completar el compromiso de la bursatilización del 80% de la Tenencia Vehicular; en suma, lo que dejará de percibir las finanzas estatales en el largo plazo serán 34´500 millones de pesos, a cambio de recibir por adelantado para obras y acciones 13´100 millones de pesos, de los cuales alrededor de 5´000 millones serán para pagar deuda directa y otros compromisos financieros, por lo que sólo 8´100 millones son para inversiones productivas a favor de los veracruzanos, lo que representa el 23.5% de lo obtenido de las bursatilizaciones estatales, el restante 76.5% de las operaciones financieras se queda en el camino para el pago de deuda directa y “otros gastos”.
Veracruzanos, es una insensatez, en este tiempo de crisis, tratar de colocar en el mercado bursátil participaciones federales donde la supuesta utilidad para los veracruzanos es: por cada peso, veintitrés punto cinco centavos. Es pertinente la prudencia fiscal, sobre todo en momentos de crisis para la economía mundial. Extraer recursos de la bolsa de valores a cuenta de una recaudación futura incierta, que además a todas luces va en descenso, es irresponsable, por decir lo menos. Y aún más cuando Constitucionalmente ningún empréstito puede celebrarse si no es para ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos del estado. Sumado a que al rebasar esta deuda el período de ejercicio de los gobernadores que la contraten, dicha obligación transciende el concepto de soberanía de los estados y, por lo tanto, debe ser aprobada por el Congreso Federal, máxime cuando se trata de participaciones federales.
No existe duda alguna de que las finanzas públicas federal atraviesan por una situación verdaderamente alarmante que a repercutido en una deuda a los estados por 43 mil 948 millones de pesos, de los cuales Veracruz ha dejado de percibir de enero a julio del presente año 2´793 millones, sumado el déficit reportado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado por 4´037 millones de pesos, cantidades que arrojan una necesidad económica a las finanzas estatales de 6´830 millones de pesos, con relación al presupuesto aprobado por esta soberanía para el año en curso.
Para entrar al análisis del dictamen que hoy se presenta, debemos recordar la historia de las bursatilizaciones que se autorizaron por mayoría de este Congreso, tanto por la legislatura pasada, como la que hoy nosotros representamos.
En el año 2006, la LX legislatura aprobó con 48 votaron a favor, una abstención y un voto en contra, el bursátilizar el 80% de las participaciones federales en cuanto al impuesto de la tenencia y uso vehicular. Los argumentos fueron diversos, lo cierto es que se le aprobó al actual gobierno.
El plazo autorizado fue por 30 años, a la fecha han transcurrido escasamente 3 años, faltando por descontar ingresos del estado para los próximos 27 años. El total de los recursos comprometidos del erario estatal durante 30 años son 21´000 millones de pesos. La emisión de los certificados bursátiles a favor del estado fue por 6´300 millones de pesos; de los cuales, se aplicó el 4.8% a previsiones financieras; el 4% a la constitución de un fondo de reservas y el 53.4% para el pago de la deuda pública directa contraída por el entonces gobernador Miguel Alemán; que por cierto se debe destacar que se violaron artículos Constitucionales Federal y Locales, así como disposiciones en esta materia señaladas en el Código Hacendario Estatal, en virtud de que el Ejecutivo de Veracruz no podía bursatilizar recursos públicos para el pago de deuda directa. Sin embargo así se hizo.
Pero más allá de ello, ese hecho se recordará como un pasaje muy doloroso para los veracruzanos, ya que solo se aplicó el 37.8% de los recursos recibidos para ejercerlos en obras y acciones que se dijo beneficiarian a miles de veracruzanos. Por lo que los 2´380 millones que en ese momento fueron definidos en un dictamen para la realización de 5 magnas obras como fueron: 1.- El Libramiento de Xalapa, obra que realiza el gobierno federal vía concesión a un particular; 2.- La Autopista Tuxpan – Tampico, obra que aún planea hacer el gobierno federal con recursos de la iniciativa privada; 3.- Tramo carretero San Julián – Tamaca, que a la fecha no se concluye y que en sus recientes mensajes televisivos rumbo al tercer informe de gobierno, el Presidente de la República lo presume como el libramiento de Veracruz, obra realizada por su gobierno; 4.- El Sistema de Agua Potable en Coatzacoalcos, obra que fue declarada inviable, reparando solo el sistema de conducción existente; 5.- Sistema Múltiple de Agua Potable Industrial de Pueblo Viejo, se encuentra en proceso.
También se debe significar, que una vez colocados los valores en la bolsa, el Gobierno del Estado planteó la existencia de remanentes e intereses financieros generados a favor de las finanzas del estado, derivados del esquema bursátil para los años 2007 y 2008, los ingresos extraordinarios sumaron 737 millones de pesos, recursos que incorporados a los no aplicados en la obras concesionadas e inviables, dicen que ha permitido realizar un sin número de obras, sumado el programa peso a peso dirigido a 199 ayuntamientos que bursatilizaron el 20% del impuesto federal sobre la tenencia y uso vehicular. Aplicación de recursos y realización de obras que esperamos que a finales de este año queden totalmente solventadas y comentadas en el 5º informe de gobierno del ejecutivo del estado.
Por otro lado, se tiene la autorización que otorgó por mayoría esta soberanía a 199 ayuntamientos para bursatilizar el 20% del Impuesto Federal de la Tenencia y Uso Vehicular, que ascendió la emisión bursátil hasta por 1,500 millones de pesos. De estos recursos recibieron en conjunto los 199 ayuntamientos 1´207.9 millones de pesos, a los que se le sumaron 1´215.1 millones de pesos que otorgó el gobierno del estado de su bursatilización estatal. Por lo que los 2´423 millones de pesos que recibieron este año los ayuntamientos, representan alrededor del 30% más con respecto a lo que recibieron de sus participaciones estatales y federales asignadas para el mismo. Sin embargo declaran que se encuentran en crisis.
De acuerdo al informe proporcionado por él ORFIS, a la fecha el 45% de estos recursos están sin ejercer, el restante 55% solo se enlista su aplicación en un catálogo de obras, reflejando en papel haber ejecutado con los recursos de los dos programas 2,093 obras y acciones, sin que estén aún validadas por el ORFIS, debido a que la Ley de Fiscalización no lo permite sino hasta el mes de Octubre del próximo año. En estos días presentare a la Diputación Permanente un anteproyecto con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que se faculte al ORFIS auditar, verificar y sancionar las obras y acciones que se dice se realizaron con los dos programas antes expuestos, así como emitir su fallo de multas y responsabilidades a los que no han aplicado los recursos. Confío que sea aprobado por unanimidad de los diputados que conforman la diputación permanente.
En suma, con estos nuevos errores de cálculos en las finanzas públicas, las próximas generaciones de veracruzanos tendrán que cargar con una deuda que no contrajeron y que no les generó ningún beneficio.
Por lo tanto, y en virtud de que los pasivos que refleja el dictamen sobre la situación financiero del estado que asciende a 6´800 millones de pesos, mismos que pretenden bursatilizar mediante la recomendación del Secretario de Hacienda, un porcentaje de las participaciones federales hasta por 75 millones de pesos mensuales que serán utilizados para el desfasamiento estatal que corresponde a: aportaciones al fondo de desastres naturales; infraestructura para el desarrollo, obras y servicios relacionados; aportaciones a otros fondos y programas federales; inversiones públicas productivas en los sectores de la educación, seguridad pública, gobierno, desarrollo social y medio ambiente y desarrollo económico; entre otros; así como gastos relacionados con la estructuración, colocación, constitución de fondos de reservas, cobertura de tasas y adquisición de bono cupón cero de la bursatilización.
Es importante apuntar que por ser un déficit económico responsabilidad del gobierno federal, se debe insistir que sea la federación quién haga frente a este problema económico y plantear un ejercicio de ajuste presupuestal al gasto corriente federal que asciende al 78% del gasto programable, además de permitirle a los estados y municipios, hasta superar esta recesión, recaudar el ISR y el IVA en el porcentaje que no recauda la federación, eso ayudaría a combatir el comercio informal pues supondría el diseño de un esquema de participaciones federales por la recaudación efectuada por estados y municipios, quienes además saben dónde se localiza la evasión. Solo que estos recursos deberán ser aplicados a la inversión en áreas estratégicas que potencien el desarrollo económico y hacer con ello un círculo virtuoso, donde el estado y municipios recauden donde la federación ha mostrado incompetencia y los sectores productivos generen riqueza y por ende empleos.
Sin duda esta propuesta no es sencilla pero es mejor, ya que con la que hoy se toma en este dictamen, lo diremos una y otra vez, es el camino más fácil e irresponsable recomendado por el gobierno federal, presumiendo que lo más sencillo es hipotecar el futuro de los veracruzanos, y con ello, una vez más los ciudadanos deberán cubrir los errores de un gobierno ineficaz al frente de la función pública.
