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 Juez envía a prisión por un año al director de El Buen Tono; enfrentará proceso penal tras su detención

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial, en la que el juzgador consideró procedente imponer esta medida mientras la Fiscalía continúa con la integración de la investigación y presenta los elementos que sustentan la acusación.

El comunicador fue detenido en días recientes por autoridades de seguridad en el municipio de Córdoba. De acuerdo con la información que ha trascendido, la investigación está relacionada con la presunta posesión de un vehículo con reporte de robo, hecho que derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente ante un juez de control. La investigación continúa y será el proceso judicial el que determine su responsabilidad o, en su caso, su absolución.

Este no es el primer procedimiento legal que enfrenta Sosa García. Durante 2026 también fue presentado ante las autoridades por otra carpeta de investigación relacionada con presuntos delitos distintos, por lo que su nombre ya figuraba en procesos judiciales previos.

La decisión del juez representa un nuevo episodio en un caso que ha generado amplia atención en la región centro de Veracruz, debido a la relevancia pública del imputado como director de un medio de comunicación.

Cabe recordar que la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una sentencia condenatoria. En las próximas etapas del proceso, tanto la Fiscalía como la defensa deberán presentar sus pruebas y argumentos ante la autoridad judicial, que será la encargada de emitir una resolución definitiva conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

El debate abre la puerta a una protección más amplia para cualquier persona víctima de una denuncia falsa 

Xalapa, Ver. 27/07/26.- La discusión sobre la protección jurídica del personal educativo tomó fuerza en Veracruz con una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas en perjuicio de docentes, directivos y trabajadores de apoyo escolar.

La propuesta, impulsada por el diputado local José Reveriano Marín Hernández, plantea reformar el Código Penal del Estado para establecer penas de cuatro a nueve años de prisión, además de sanciones económicas, cuando se acredite que una persona formuló una acusación falsa de manera deliberada con el propósito de afectar la integridad, la reputación o la situación laboral de un integrante del sistema educativo.

De acuerdo con el planteamiento legislativo, la reforma responde a la preocupación expresada por integrantes del magisterio, quienes señalan que un señalamiento infundado puede generar consecuencias irreversibles, incluso antes de que exista una resolución de las autoridades competentes.

El tema ha cobrado relevancia nacional luego del caso del profesor Alberto Israel Jasso, ocurrido en la Ciudad de México, que abrió un amplio debate sobre la necesidad de garantizar la presunción de inocencia de los docentes durante el desarrollo de las investigaciones, sin dejar de proteger el derecho de las posibles víctimas a denunciar hechos que consideren constitutivos de un delito.

Especialistas en materia jurídica coinciden en que cualquier modificación legal debe mantener un equilibrio entre dos principios fundamentales: evitar que las denuncias falsas sean utilizadas como un mecanismo para dañar a una persona y, al mismo tiempo, impedir que quienes hayan sufrido un delito se sientan intimidados o desalentados para acudir ante las autoridades.

La iniciativa presentada en el Congreso de Veracruz no sancionaría a quienes denuncien de buena fe. Las penas serían aplicables únicamente cuando, mediante una resolución de la autoridad competente, se demuestre que la acusación fue fabricada o presentada con pleno conocimiento de su falsedad.

Actualmente, la propuesta continúa en análisis dentro de las comisiones legislativas correspondientes, por lo que aún no ha sido aprobada ni forma parte de la legislación vigente en el estado. En caso de avanzar en el proceso legislativo, el dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso local antes de su posible entrada en vigor.

La iniciativa ha generado opiniones divididas entre organizaciones civiles, especialistas en derecho y representantes del sector educativo, quienes coinciden en que el debate deberá centrarse en fortalecer el acceso a la justicia, proteger los derechos de todas las partes involucradas y garantizar investigaciones objetivas, imparciales y apegadas al debido proceso.

EL DEBATE

Aunque la iniciativa presentada en el Congreso de Veracruz está enfocada en brindar protección al personal educativo, el debate también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este tipo de medidas alcancen a cualquier ciudadano que sea víctima de una denuncia falsa.

Abogados y especialistas en derecho han señalado que las acusaciones fabricadas pueden afectar por igual a personas de cualquier profesión u oficio. Padres de familia, trabajadores, empresarios, servidores públicos, estudiantes e incluso menores de edad pueden enfrentar daños irreparables cuando son señalados públicamente por un delito que no cometieron.

En muchos casos, el impacto trasciende el ámbito legal. Una acusación falsa puede provocar la pérdida del empleo, afectaciones psicológicas, ruptura de relaciones familiares, rechazo social y un daño permanente a la reputación, aun cuando posteriormente la persona sea declarada inocente.

Diversas voces consideran que la protección jurídica no debería limitarse únicamente al sector educativo, sino que tendría que garantizarse para toda persona que pueda demostrar que fue objeto de una denuncia presentada con dolo y con la intención de perjudicarla. Al mismo tiempo, subrayan que cualquier reforma debe preservar el derecho de las verdaderas víctimas a denunciar delitos sin temor a represalias, siempre que lo hagan de buena fe.

El reto para los legisladores será encontrar un equilibrio entre castigar las denuncias deliberadamente falsas y fortalecer el acceso a la justicia para quienes realmente han sido víctimas de un delito, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

Córdoba, Ver. 26/07/26.- Un hombre identificado como Norberto Hernández Romero, señalado de manera preliminar como presunto chofer particular del presidente municipal de Acultzingo, fue detenido la tarde de este domingo en este municipio en Sierra de Agua por la probable comisión de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de que autoridades localizaran armamento y equipo táctico durante una inspección preventiva.

De acuerdo con la información disponible, elementos de seguridad le marcaron el alto a una camioneta Chevrolet Suburban sin placas de circulación. Durante la revisión, los oficiales localizaron diverso material cuya posesión no habría podido ser acreditada con la documentación correspondiente, por lo que procedieron a la detención y al aseguramiento de los objetos.

Entre lo decomisado se encuentran:

Dos armas largas.

Dos chalecos balísticos.

Cascos tácticos.

Varios cargadores.

41 cartuchos útiles calibre 7.62 × 39 milímetros.

Tres teléfonos celulares.

Una camioneta Chevrolet Suburban sin placas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará continuidad a las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a la legislación federal aplicable. La portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la posesión de cartuchos sin la autorización correspondiente constituye un delito federal cuando así lo establece la ley. 

Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Acultzingo no había emitido un posicionamiento oficial para confirmar o desmentir la relación laboral del detenido con el alcalde, por lo que ese señalamiento permanece como parte de las versiones iniciales difundidas y deberá ser esclarecido por las autoridades competentes.

La detención ocurre en un contexto en el que el municipio de Acultzingo ha permanecido bajo el escrutinio de las autoridades de seguridad por diversas investigaciones relacionadas con hechos delictivos registrados en la región durante los últimos años. 

Cabe señalar que, conforme al artículo 20 de la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona detenida se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

Multi-Medios Las Altas Montañas 

Ciudad de México. 2/07/26.– En las últimas horas se ha intensificado la difusión de publicaciones en redes sociales y diversas plataformas digitales que aseguran la existencia de una presunta orden de aprehensión internacional contra el senador Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme esa versión.

La difusión de estas afirmaciones ocurre en medio del creciente escrutinio sobre investigaciones relacionadas con redes de presunto contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, un caso que en los últimos meses ha derivado en aseguramientos millonarios, cateos e investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.

A pesar de las versiones que circulan, ninguna autoridad mexicana ha informado sobre la emisión de una orden de captura contra ambos personajes. Tampoco la Fiscalía General de la República (FGR), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han hecho pública alguna solicitud de búsqueda o procedimiento internacional relacionado con ellos.

Especialistas en derecho penal señalan que una orden de aprehensión internacional o una ficha roja de Interpol no suele mantenerse en secreto una vez que entra en operación, especialmente cuando involucra a figuras públicas de alto perfil. De existir una medida de esta naturaleza, normalmente sería respaldada por documentación oficial o comunicados de las autoridades competentes.

El contexto político ha contribuido a la circulación de estas versiones. En semanas recientes, Adán Augusto López ha enfrentado cuestionamientos derivados de investigaciones sobre exfuncionarios que integraron su administración en Tabasco, mientras que el nombre de Andrés Manuel López Beltrán ha sido mencionado en diversas publicaciones y declaraciones sin que hasta ahora se hayan presentado resoluciones judiciales o imputaciones oficiales en su contra.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado públicamente que su administración no protegerá a ninguna persona si existen pruebas suficientes para proceder conforme a la ley y ha insistido en que las investigaciones corresponden exclusivamente a las fiscalías y al Poder Judicial.

Mientras no exista un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes, la versión sobre una presunta orden de aprehensión internacional contra Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán permanece sin confirmación. En un entorno donde la desinformación puede propagarse con rapidez, la verificación de los hechos continúa siendo un elemento indispensable para informar con objetividad y responsabilidad.

Orizaba, Ver. 26/07/27.— El conflicto interno en la Delegación Regional de los Programas para el Bienestar en Orizaba se intensifica. Trabajadores mantienen sus señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y ahora sostienen que Itzel López López estaría ejerciendo el control operativo y político de la dependencia sin contar, presuntamente, con un nombramiento oficial que la acredite como titular de la Dirección Regional.

De acuerdo con la documentación que exhiben los inconformes, el servidor público que aparece como encargado de la Dirección Regional es Jesús Antonio Cardona Juárez, quien ocupa un puesto operativo como Enlace Servidor de la Nación. Sin embargo, los trabajadores afirman que las decisiones de mayor relevancia, la conducción del personal y la representación institucional son asumidas en la práctica por Itzel López.

Los empleados consideran que esta situación genera incertidumbre jurídica sobre la conducción de la delegación, ya que, según su versión, existe una diferencia entre quien figura formalmente como responsable administrativo y quien presuntamente ejerce el mando cotidiano de la oficina.

Protesta continúa; exigen intervención de autoridades

La inconformidad mantiene movilizados a Servidores de la Nación, personal de Salud del Bienestar y trabajadores de programas federales, quienes exigen la intervención de la Secretaría de Bienestar y de las instancias de control interno para esclarecer quién ostenta legalmente la responsabilidad de la Dirección Regional.

Los manifestantes sostienen que la permanencia de Itzel López al frente de las decisiones administrativas, sin que exista un nombramiento público que respalde esa función, debe ser revisada por las autoridades competentes para determinar si la actuación de la dependencia se encuentra ajustada al marco legal.

Denuncian intervención de particular en asuntos oficiales

A las acusaciones anteriores se suma nuevamente el señalamiento contra José Alberto Flores Luna, esposo de Itzel López, de quien los trabajadores afirman que continúa interviniendo en reuniones internas, emitiendo instrucciones y participando en decisiones administrativas, pese a que —aseguran— no ocupa un cargo dentro de la estructura de la Secretaría de Bienestar.

Los inconformes reiteran que esta situación también debe ser investigada, debido a que anteriormente denunciaron un presunto acceso indebido a información relacionada con los padrones de beneficiarios de programas sociales, una acusación que hasta el momento no ha sido acreditada por autoridad competente.

Persisten denuncias por hostigamiento laboral

Los trabajadores sostienen que el ambiente laboral continúa marcado por presuntos actos de intimidación y hostigamiento, situación que atribuyen tanto a Itzel López como a personas cercanas a ella.

Entre las inconformidades mencionan presión constante sobre el personal, cambios en la estructura de coordinación y prácticas que consideran contrarias a un entorno laboral respetuoso.

Además, aseguran que, pese a las protestas y a las denuncias presentadas ante distintas instancias gubernamentales, hasta ahora no han recibido una respuesta formal sobre el fondo de sus señalamientos.

Cuestionan legalidad de actos administrativos

Los manifestantes advierten que, de confirmarse que una persona sin nombramiento oficial ejerce funciones propias de la Dirección Regional, podría abrirse un debate sobre la validez jurídica de determinadas actuaciones administrativas realizadas dentro de la delegación.

No obstante, especialistas en derecho administrativo señalan que cualquier posible afectación a la legalidad de actos públicos únicamente puede ser determinada mediante los procedimientos correspondientes y por las autoridades competentes, por lo que no existe, hasta este momento, una resolución oficial que declare la invalidez de actuación alguna.

Sin posicionamiento oficial

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Bienestar, la Delegación de Programas para el Bienestar en Veracruz, Itzel López López, Jesús Antonio Cardona Juárez, José Alberto Flores Luna y el delegado estatal Juan Javier Gómez Cazarín no han emitido un pronunciamiento público sobre los nuevos señalamientos.

Las acusaciones corresponden a denuncias formuladas por trabajadores de la dependencia y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

Ciudad de México. 26/07/26.- La diputada federal Araceli Reyes Terán enfrenta nuevas críticas luego de que colectivos ciudadanos y organizaciones enfocadas en derechos de los hombres y la familia difundieran un pronunciamiento en el que solicitan que las autoridades competentes revisen su actuación como servidora pública, al considerar que diversas declaraciones públicas podrían comprometer el principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio de cualquier cargo público.

La campaña, difundida bajo el lema #SerHombreNoEsDelito, sostiene que las expresiones atribuidas a la legisladora reflejan una postura ideológica que, a juicio de sus promotores, fomenta la confrontación entre hombres y mujeres y descalifica de manera anticipada a un sector de la población.

En el documento, los promoventes afirman que ningún servidor público puede emitir opiniones que aparenten prejuzgar casos o vulnerar principios fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, piden que las instancias correspondientes analicen si existe alguna responsabilidad administrativa, ética o política derivada de sus declaraciones.

Los colectivos también argumentan que la función pública exige actuar con neutralidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, sin privilegiar ideologías o discursos que puedan interpretarse como discriminatorios hacia cualquier grupo social.

Asimismo, hacen un llamado a la ciudadanía para utilizar los mecanismos legales de participación y exigir que cualquier conducta atribuida a funcionarios públicos sea investigada conforme a derecho, enfatizando que las instituciones deben garantizar justicia sin favoritismos ni prejuicios.

En redes sociales, la campaña ha generado un intenso debate. Mientras algunos usuarios respaldan la exigencia de una investigación al considerar que el discurso institucional debe ser imparcial e incluyente, otros defienden las posturas de la legisladora al señalar que forman parte de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos de las mujeres.

Hasta el momento, Araceli Reyes Terán no ha emitido un posicionamiento público específico sobre esta campaña ni sobre las solicitudes de investigación difundidas por los colectivos.

El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de los límites del discurso de los servidores públicos y la responsabilidad que tienen de garantizar que sus expresiones no sean interpretadas como actos de discriminación o como una afectación a los principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y presunción de inocencia.

Alvarado, Ver. 25/07/26.– Un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales culminó con la detención de Francisco “N”, alias “Gordo Frank”, señalado por las instituciones de seguridad como un presunto generador de violencia y considerado un objetivo prioritario dentro de las investigaciones relacionadas con la operación de una célula delictiva en el sur y centro de Veracruz.

La intervención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el respaldo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, como parte de una estrategia de inteligencia enfocada en la desarticulación de estructuras criminales que operan en la Cuenca del Papaloapan y parte de la región de Los Tuxtlas.

Además de Francisco “N”, las fuerzas de seguridad detuvieron a otras tres personas que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, presuntamente mantenían vínculos con la misma organización. Durante la diligencia fueron aseguradas armas de fuego, diversas dosis de presunta droga, dinero en efectivo, una camioneta que no cuenta con reporte de robo y otros indicios que serán analizados por los peritos ministeriales e incorporados a la carpeta de investigación.

La captura se registró tras un despliegue táctico efectuado en el municipio de Alvarado, donde horas antes se reportó una movilización derivada de acciones de seguimiento a personas consideradas de interés para las autoridades. El operativo permitió concretar las detenciones sin que se informara oficialmente de víctimas civiles.

De acuerdo con la información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado, los detenidos fueron presentados ante la autoridad ministerial para definir su situación jurídica. En una primera audiencia, el Ministerio Público les formuló imputaciones por su probable participación en delitos contra las instituciones de seguridad pública, delitos contra la salud y cohecho, por lo que un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Aunque distintas publicaciones periodísticas han relacionado a Francisco “N” con una organización delictiva que mantiene presencia en Veracruz, hasta el momento las autoridades únicamente lo identifican como presunto líder regional de una célula criminal, por lo que cualquier posible vínculo con un grupo específico deberá acreditarse durante las investigaciones y, en su caso, ante los tribunales.

La detención forma parte de las acciones emprendidas por las corporaciones de seguridad para reducir la capacidad operativa de grupos dedicados a actividades ilícitas en la zona sur del estado, una región que en los últimos años ha enfrentado diversos episodios de violencia asociados a la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas estratégicas y actividades ilegales.

Las autoridades reiteraron que las cuatro personas detenidas gozan de la presunción de inocencia, conforme al artículo 20 de la Constitución, y será el Poder Judicial quien determine su responsabilidad penal con base en las pruebas que presente el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.

  Orizaba, Ver. 26/07/26 - Entre ovaciones, música y un mosaico de expresiones multiculturales, este sábado concluyó con gran éxito la décimo segunda edición del Festival Internacional del Folklore Orizaba 2026, encuentro que durante una semana convirtió a la ciudad en un escaparate de las tradiciones y manifestaciones artísticas de seis países.

El Auditorio Metropolitano fue sede de la gala de clausura, donde las delegaciones de Colombia, Polonia, Eslovaquia, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos como invitado especial y México ofrecieron una última presentación que reflejó el talento, la pasión y la riqueza cultural que distinguieron a cada una de las naciones participantes.

Miles de asistentes disfrutaron del colorido de los trajes típicos, la fuerza de la música tradicional y el dinamismo de las danzas, mientras cada delegación compartía parte de su historia, costumbres e identidad, fortaleciendo el intercambio cultural y la convivencia entre los pueblos.

Durante la ceremonia, la coordinadora de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Orizaba, Ivonne Risso López, agradeció a los artistas su profesionalismo, entrega y el cariño compartido con los orizabeños. Destacó que la cultura es un puente que une a las naciones, rompe fronteras y fortalece los lazos de amistad y entendimiento entre los pueblos.

La clausura culminó con un emotivo momento en el que todas las delegaciones, junto con la representación de México y Estados Unidos, unieron sus voces para interpretar Cielito Lindo y, bailaron La Bamba, en un mensaje de fraternidad, respeto y unidad que puso el broche de oro al festival que espera la edición XIII para el 2027.

Destaca la legisladora local de Morena el trabajo coordinado con la gobernadora Rocío Nahle García para consolidar a Veracruz como ejemplo de bienestar.

Minatitlán, Ver., 25 de julio de 2026.- Con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle García, de miles de ciudadanos y representantes de autoridades municipales del distrito XXVIII, la diputada local Naomi Edith Gómez Santos presentó su Informe correspondiente al segundo año de labores legislativas. En el Polideportivo Cultural “Hidalgo”, de la ciudad de Minatitlán, rindió cuentas sobre el trabajo realizado, las reformas aprobadas, las gestiones emprendidas y las acciones impulsadas para beneficio de sus representados.

En este acto, la representante popular habló sobre la importancia de que México y Veracruz estén gobernados por mujeres como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y como la gobernadora Rocío Nahle García, quienes asumieron esa gran responsabilidad y trabajan diariamente para que los recursos de las y los mexicanos y veracruzanos se apliquen adecuadamente en beneficio del pueblo.

Expresó que representar al pueblo no es un privilegio, sino una alta responsabilidad que se honra con cercanía y resultados, ya que significa “trabajar diariamente para que las decisiones que se tomen desde el Congreso se traduzcan en más justicia y para hacer más visibles a quienes durante muchos años fueron olvidados”.

Previamente, la legisladora resaltó el papel de las mujeres de su distrito, toda vez que con su trabajo constante y ejemplo incansable en las tareas diarias, son su inspiración para continuar impulsando acciones en beneficio de la ciudadanía, “mujeres como la gobernadora Rocío Nahle nos enseñan que ningún sueño es imposible y que el mejor legado que podemos dejar después de los cargos es abrir caminos para quienes vienen atrás”.

Ante la titular del Poder Ejecutivo, Rocío Nahle, y del presidente municipal de Minatitlán, Guillermo Reyes Espronceda, la diputada se comprometió a continuar impulsando leyes que protejan a las familias, fortalezcan los derechos de las mujeres, promuevan oportunidades para niñas, niños y jóvenes y respalden al campo, a los pescadores, a personas con discapacidad y a quienes más necesiten el apoyo y acompañamiento de las instituciones.

El informe tuvo la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura y líder de la bancada de Morena, diputado Esteban Bautista Hernández; del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; de la Senadora de la República, Raquel Bonilla Herrera; del dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; de diputadas y diputados del Congreso local, así como de los presidentes municipales de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García; de Oteapan, Noé Gómez Pérez; de Acayucan, Raúl David Salomón García; de Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi, de Uxpanapa, Martín Alberto Aguilar Cuéllar y de Hidalgotitlán, Floricela Antonio Sánchez. 

Responsabilidad legislativa

En el periodo informado y con la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva, la legisladora Naomi Santos condujo acertadamente 60 sesiones, en las cuales turnó a comisiones 257 iniciativas, dio trámite a ocho minutas federales, 28 puntos de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 134 Anteproyectos con Punto de Acuerdo, 61 pronunciamientos y mil 262 asuntos de correspondencia; además de la aprobación de 314 dictámenes, de acuerdo y de decreto.

En cumplimiento de su convicción de escuchar con atención, actuar con responsabilidad y legislar son decisión en pos de mejores oportunidades para las familias veracruzanas, la morenista presentó tres propuestas legislativas: una, ya aprobada, para sancionar severamente el abigeato, catalogado como delito contra la producción pecuaria y tráfico ilegal de ganado; dos, para vigilar que en los centros de internamiento por adicciones se dé un trato digno y respetuoso y, tres, para castigar penalmente el envenenamiento de animales.

Rocío Nahle y Naomi Santos, aliadas de Veracruz y del desarrollo

La legisladora destacó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y habló del respaldo de la LXVII Legislatura a las iniciativas presentadas por la titular del Ejecutivo, mismas que han servido para fortalecer derechos y llevar a Veracruz hacia el progreso y bienestar social. Entre las reformas resaltó el rescate financiero de 199 municipios que, al ya no tener deuda bursátil, ahora contarán con más recursos para beneficio de sus poblaciones.

También, la aprobación de Veracruzana Protegida, que permite la emisión de órdenes de protección inmediata; la simplificación de trámites ante el Registro Civil; la creación de mecanismos para responder de manera rápida ante desastres naturales y el combate al lavado de dinero, mediante la ampliación del catálogo de conductas que pueden relacionarse con este ilícito.

Respalda Veracruz a la presidenta Claudia Sheinbaum

Como parte del compromiso con la ciudadanía de impulsar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la diputada Naomi Santos y la bancada de Morena dieron su voto aprobatorio a las reformas federales promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la firme convicción de terminar con los privilegios de unos cuantos, legislar para consolidar una justicia social y laboral y proteger a los menores.

De esta manera, Veracruz es una de las primeras entidades que aprobaron las minutas remitidas por el Congreso de la Unión relativas a la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes y legisladores, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la defensa de la soberanía nacional mediante la nulidad de elecciones cuando se compruebe la injerencia extranjera, la homologación nacional del tipo penal de feminicidio y la puesta en marcha del Plan B, con lo que se recortan gastos en congresos locales y regidurías municipales.

Trabajo en territorio

El acercamiento de la legisladora con las mujeres y los hombres de su distrito se reflejó este año a través de brigadas que consistieron en atención médica general y especializada, orientación jurídica, apoyos visuales, salud auditiva, esterilización de mascotas y jornadas de cine, a fin de promover la sana convivencia, además de la entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y tripies. 

Participación en actos solemnes

A esto se suma que la legisladora Naomi Santos tomó la protesta a las y los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz, elegidos democráticamente por la vía del voto popular, inauguró la XX edición del Parlamento de la Juventud Veracruzana, y encabezó la entrega de la medalla Adolfo Ruiz Cortines a la ciudadana María Luisa Bandala Pantoja, del Premio Estatal a la Mujer 2026 a la doctora Ana María Autrán Gómez y de la Medalla al Mérito Ambiental 2026 al biólogo Roberto Mora Gallardo.

Orizaba, Ver. 25/07/26.- En un ambiente de alegría, convivencia y fraternidad, las delegaciones de Polonia y Eslovaquia, participantes del XII Festival Internacional del Folklore, ofrecieron este sábado su último taller gratuito de baile al público en la explanada del Palacio Municipal.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una experiencia única al aprender pasos de danza tradicional, cantar y convivir con los artistas, quienes durante una semana recorrieron Orizaba y la región llevando un mensaje de amistad a través de sus expresiones culturales.

Con sonrisas, aplausos y emotivos momentos de intercambio cultural, ambas delegaciones prácticamente se despidieron de la ciudad, dejando un grato recuerdo entre los asistentes.

La celebración culminará este sábado 25 de julio a las 18:00 horas con la gala de clausura del XII Festival Internacional del Folklore, que se llevará a cabo en el Auditorio Metropolitano de Orizaba, donde Polonia y Eslovaquia compartirán escenario con las delegaciones de Costa Rica, Argentina y Colombia, en un espectáculo que promete cerrar con broche de oro esta gran fiesta de la cultura y la tradición.