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  Multi-Medios Las Altas Montañas

CHIAPAS 27/07/26.- La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la agresión sexual cometida en contra de un niño en el municipio de Sabanilla, un caso que generó una fuerte indignación social luego de que un video con los hechos comenzara a circular en redes sociales.

Durante un mensaje oficial, el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que la víctima ya fue localizada, rescatada y permanece bajo resguardo de las autoridades, donde recibe atención médica, psicológica y acompañamiento especializado para proteger su integridad y favorecer su recuperación.

De acuerdo con la investigación, el menor fue encontrado junto con su familia pocas horas después de iniciadas las diligencias y posteriormente trasladado a un sitio seguro en el municipio de Yajalón, donde continúa siendo atendido por personal especializado.

Las autoridades dieron a conocer que fueron detenidos Aurelio "N", señalado como propietario del predio donde presuntamente ocurrieron los hechos; Octavio "N", identificado como el presunto agresor sexual; Gabino "N", acusado de haber grabado el video y difundirlo mediante aplicaciones de mensajería; y Fernando "N", quien presuntamente colaboró para facilitar la evasión de los implicados y alertarlos sobre la presencia de las corporaciones de seguridad.

La Fiscalía precisó que tres de los detenidos enfrentarán el proceso penal por el delito de pederastia, ilícito que en Chiapas contempla penas que pueden alcanzar hasta 50 años de prisión, mientras que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas o posibles responsabilidades adicionales.

El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Justicia Indígena, con el apoyo de un grupo especial de investigación, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.

Durante su intervención, el Fiscal General reiteró que la administración encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar mantiene una política de cero tolerancia contra los delitos que atenten contra niñas, niños y adolescentes, por lo que aseguró que no habrá impunidad para quienes vulneren los derechos de los menores de edad.

Este caso ha provocado una amplia condena ciudadana y ha reavivado el llamado de organizaciones defensoras de la infancia para fortalecer los mecanismos de denuncia, protección y atención integral a víctimas de violencia sexual, además de sancionar con todo el peso de la ley a los responsables.

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La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la agresión sexual cometida en contra de un niño en el municipio de Sabanilla, un caso que generó una fuerte indignación social luego de que un video con los hechos comenzara a circular en redes sociales.

Durante un mensaje oficial, el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que la víctima ya fue localizada, rescatada y permanece bajo resguardo de las autoridades, donde recibe atención médica, psicológica y acompañamiento especializado para proteger su integridad y favorecer su recuperación.

De acuerdo con la investigación, el menor fue encontrado junto con su familia pocas horas después de iniciadas las diligencias y posteriormente trasladado a un sitio seguro en el municipio de Yajalón, donde continúa siendo atendido por personal especializado.

Las autoridades dieron a conocer que fueron detenidos Aurelio "N", señalado como propietario del predio donde presuntamente ocurrieron los hechos; Octavio "N", identificado como el presunto agresor sexual; Gabino "N", acusado de haber grabado el video y difundirlo mediante aplicaciones de mensajería; y Fernando "N", quien presuntamente colaboró para facilitar la evasión de los implicados y alertarlos sobre la presencia de las corporaciones de seguridad.

La Fiscalía precisó que tres de los detenidos enfrentarán el proceso penal por el delito de pederastia, ilícito que en Chiapas contempla penas que pueden alcanzar hasta 50 años de prisión, mientras que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas o posibles responsabilidades adicionales.

El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Justicia Indígena, con el apoyo de un grupo especial de investigación, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.

Durante su intervención, el Fiscal General reiteró que la administración encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar mantiene una política de cero tolerancia contra los delitos que atenten contra niñas, niños y adolescentes, por lo que aseguró que no habrá impunidad para quienes vulneren los derechos de los menores de edad.

Este caso ha provocado una amplia condena ciudadana y ha reavivado el llamado de organizaciones defensoras de la infancia para fortalecer los mecanismos de denuncia, protección y atención integral a víctimas de violencia sexual, además de sancionar con todo el peso de la ley a los responsables.

ORIZABA 27/07/26.- Más de 100 niñas y niños comenzaron este lunes el primer Clinic de la Fundación Real Madrid en Orizaba, organizado por True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México.

Del 27 al 31 de julio, las y los participantes entrenarán con la metodología The Real Way, que utiliza el deporte para fomentar valores como el respeto, el trabajo en equipo y el esfuerzo.

El programa busca contribuir al desarrollo integral de la niñez a través del deporte y la educación en valores, por lo que no se trata de una visoría para seleccionar jugadores.

La inauguración realizada en la Ciudad de los Deportes, contó con la presencia del presidente municipal, Hugo Chahín Kuri, autoridades, patrocinadores y familias de los participantes, quienes dieron el arranque oficial a esta experiencia deportiva y formativa.

Aquí las palabras del alcalde Hugo Chahín Kuri en este evento.

POLICIACA 🚔 

Ixtaczoquitlán, Ver. 27/07/26.- Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán luego de que presuntamente cargó combustible en una estación de servicio y abandonó el lugar sin realizar el pago correspondiente, en un hecho registrado durante el pasado fin de semana en la congregación de Cuautlapan.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió en una gasolinera de la cadena Red-Energy, donde el conductor solicitó el suministro de combustible. Una vez concluida la carga, aceleró la marcha y se retiró del establecimiento sin cubrir el importe del servicio, situación que fue reportada de inmediato a las autoridades.

Tras recibir el aviso mediante el sistema de comunicación ciudadana SeguriChat, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio. Minutos después lograron ubicar tanto al conductor como al vehículo presuntamente involucrado en los hechos.

El individuo fue asegurado y, junto con la unidad, quedó a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

En Veracruz, abandonar una estación de servicio sin pagar el combustible puede dar origen a una investigación por la probable comisión de delitos patrimoniales, dependiendo de las circunstancias del caso y de las pruebas que sean integradas por el Ministerio Público. Será esa autoridad la que determine la responsabilidad legal del detenido.

Este tipo de incidentes representa pérdidas económicas para las estaciones de servicio, por lo que muchas de ellas cuentan con sistemas de videovigilancia y mantienen coordinación con las corporaciones de seguridad para facilitar la identificación de los responsables.

La Policía Municipal destacó que la colaboración ciudadana y los reportes oportunos continúan siendo fundamentales para atender este tipo de hechos y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

 Ixtaczoquitlán, Ver. Como parte del compromiso de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias zoquitecas, el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, encabezado por el presidente municipal José Luis Cortés Gutiérrez, inauguró la rehabilitación de cinco cuadras de la avenida Ignacio Zaragoza, en la comunidad de Potrerillo, una obra que representa un importante avance en materia de movilidad, seguridad y desarrollo para esta zona del municipio.

Los trabajos contemplaron la rehabilitación de pavimentación con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, en dos importantes tramos de la avenida Ignacio Zaragoza: el primero, entre las avenidas Galeana y Carrizalillo, y el segundo, entre las avenidas Reforma y Galeana. En conjunto, estas acciones abarcaron una superficie total de 3 mil 889 metros cuadrados de pavimento, además de la instalación de 18 luminarias LED, beneficiando directamente a quienes diariamente transitan por esta vialidad.

Durante la inauguración, el alcalde destacó que estas obras no solo mejoran la imagen urbana de Potrerillo, sino que también brindan mayor seguridad para peatones y automovilistas, al contar con una vialidad más resistente, banquetas dignas y un sistema de iluminación eficiente. Asimismo, reiteró que la administración municipal continúa trabajando con una visión de largo plazo, impulsando proyectos que atienden las necesidades prioritarias de la población y generan mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades.

Con la rehabilitación de estas cinco cuadras de la avenida Ignacio Zaragoza, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar invirtiendo en obras de alto impacto social que fortalezcan la conectividad, impulsen el desarrollo urbano y contribuyan a construir un Ixtaczoquitlán con mejores servicios, espacios públicos de calidad y mayor bienestar para todas y todos.

Veracruz en La Mañanera.

Lo que yo pienso.

Juan Javier Gómez Cazarín.

Veracruz volvió a aparecer en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum como buen ejemplo a nivel nacional.

Desde luego, el mérito pertenece a la buena administración de la gobernadora Rocío Nahle, cuya eficiente gestión de los recursos estatales permitió aprovechar las facilidades otorgadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para liquidar la deuda de la entidad con ese organismo federal.

En pocas palabras, la presidenta Sheinbaum pidió a los estados y municipios del país que mantengan adeudos con el SAT seguir el ejemplo de lo hecho por Veracruz.

Y el pago de esa deuda se suma a otra, de la que habló la gobernadora Nahle en su propia conferencia de los lunes:  liberar a 199 municipios de la lacra de la famosa bursatilización, deuda impagable que consumió las finanzas de esos Ayuntamientos por más de 20 años.

Claro: ni la deuda del SAT ni la bursatilización fueron consecuencia de los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino herencia maldita de las épocas en las que se gobernaba de espaldas al pueblo.

Hubo, incluso, una diputada de la derecha, que hace poco cuestionó la veracidad del pago de la bursatilización con recursos estatales. La Gobernadora le reviró con elegancia a la Diputada, diciéndole que “tiene razón en dudar”, porque lo que se está haciendo en Veracruz parecía imposible.

La explicación más detallada es que el registro del no adeudo toma un proceso (hay que liquidar tres fideicomisos) que se reflejará en los próximos días, para despejar cualquier resto de incredulidad, sea legítima o de mala leche.

Por lo pronto, el gobierno humanista de Veracruz, a cargo de una gran mujer como la ingeniera Rocío Nahle, sigue avanzando para resolver pendientes que llevaban décadas siendo un dolor de cabeza para los veracruzanos.

Cuando un estado da resultados, termina convirtiéndose en ejemplo. Y todo indica que Veracruz seguirá siéndolo en las Mañaneras.

 Multi-Medios Las Altas Montañas

 CHIAPAS 27/07/26.- En un fuerte operativo derivado de investigaciones por presuntos actos de corrupción, autoridades lograron la detención de seis exservidores públicos señalados por su probable participación en delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad, en perjuicio del sector salud, la Hacienda Pública y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA).

Las investigaciones, desarrolladas de manera coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado, apuntan a diversas irregularidades administrativas y financieras detectadas durante revisiones a recursos públicos.

Irregularidades en el sector salud

De acuerdo con las indagatorias, en la Secretaría de Salud fueron detectadas anomalías como adquisiciones sin la documentación correspondiente, ausencia de dictámenes económicos y expedientes incompletos que no acreditaban la ejecución de diversos servicios contratados con recursos públicos.

Como resultado de estas investigaciones fueron detenidos Rosario Esmeralda "N", exdirectora de Infraestructura; Sinar Rodrigo "N", exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios Federales; Cleofas "N", exjefe del Departamento de Servicios Generales; y Sonely "N", exjefa del Departamento de Recursos Materiales.

Cateos revelan más de 2,500 tarjetas bancarias

En una segunda línea de investigación relacionada con el ICHEJA y el programa social "Chiapas Puede", las autoridades capturaron a Luis Manuel "N", exjefe del Departamento de Planeación, y a Lidia "N", extrabajadora de la institución.

Durante diligencias de cateo, agentes localizaron y aseguraron más de 2,500 tarjetas bancarias en el domicilio de uno de los imputados. De acuerdo con las investigaciones, estos plásticos estaban destinados a beneficiarios del programa social y presuntamente nunca fueron entregados.

El hallazgo fortaleció las investigaciones sobre el posible manejo irregular de recursos públicos y programas sociales.

Continúan las investigaciones

Los seis detenidos fueron presentados ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso legal.

Las autoridades informaron que las investigaciones permanecen abiertas y no descartan nuevas órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios que pudieran estar involucrados en la presunta red de corrupción.

Sabanilla, Chiapas. 27/07/26.- Un hombre identificado como Fernando "N" fue detenido por autoridades estatales y ministeriales en el municipio de Sabanilla, luego de ser sorprendido presuntamente realizando labores de vigilancia y transmisión de información sobre los movimientos de corporaciones de seguridad, conducta conocida como halconeo.

La detención ocurrió durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Guardia Estatal y personal de inteligencia ministerial, quienes desplegaban acciones de investigación relacionadas con una carpeta abierta tras la difusión de un video en el que presuntamente se documenta una agresión sexual contra un menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Fernando "N", originario de la comunidad de El Naranjo, fue detectado en flagrancia mientras presuntamente monitoreaba y comunicaba los desplazamientos de las fuerzas de seguridad, lo que podría haber comprometido el desarrollo de las investigaciones.

Tras su aseguramiento, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que integrará la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

El delito de halconeo consiste en vigilar, obtener o transmitir información sobre las operaciones de las autoridades para favorecer a grupos delictivos o entorpecer acciones de seguridad. En diversas entidades del país esta conducta está tipificada y puede derivar en sanciones penales, especialmente cuando afecta investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

Editorial | El halconeo: la red silenciosa que protege al crimen

La captura de un presunto "halcón" recuerda que el combate a la delincuencia no solo depende de detener a quienes ejecutan los delitos, sino también de desarticular las redes de apoyo que les permiten anticiparse a los operativos policiales.

Quienes realizan labores de vigilancia para organizaciones criminales pueden parecer actores secundarios; sin embargo, su participación puede frustrar cateos, facilitar fugas, poner en riesgo la vida de policías y militares, e incluso retrasar investigaciones sobre delitos tan graves como los que involucran a niñas, niños y adolescentes.

No obstante, el respeto al debido proceso sigue siendo indispensable. Toda persona detenida debe ser considerada inocente hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad. Al mismo tiempo, las instituciones tienen la obligación de presentar investigaciones sólidas que permitan sancionar tanto a quienes participan como informantes del crimen organizado como a los autores intelectuales y materiales de los delitos que se investigan.

La seguridad pública requiere una estrategia integral: inteligencia, prevención, justicia eficaz y participación ciudadana. Combatir el halconeo significa cerrar uno de los canales que permiten al crimen organizado operar con ventaja sobre las autoridades. Solo así será posible fortalecer el Estado de derecho y brindar mayor protección a la población, especialmente a las víctimas de los delitos más graves.

 Juez envía a prisión por un año al director de El Buen Tono; enfrentará proceso penal tras su detención

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial, en la que el juzgador consideró procedente imponer esta medida mientras la Fiscalía continúa con la integración de la investigación y presenta los elementos que sustentan la acusación.

El comunicador fue detenido en días recientes por autoridades de seguridad en el municipio de Córdoba. De acuerdo con la información que ha trascendido, la investigación está relacionada con la presunta posesión de un vehículo con reporte de robo, hecho que derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente ante un juez de control. La investigación continúa y será el proceso judicial el que determine su responsabilidad o, en su caso, su absolución.

Este no es el primer procedimiento legal que enfrenta Sosa García. Durante 2026 también fue presentado ante las autoridades por otra carpeta de investigación relacionada con presuntos delitos distintos, por lo que su nombre ya figuraba en procesos judiciales previos.

La decisión del juez representa un nuevo episodio en un caso que ha generado amplia atención en la región centro de Veracruz, debido a la relevancia pública del imputado como director de un medio de comunicación.

Cabe recordar que la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una sentencia condenatoria. En las próximas etapas del proceso, tanto la Fiscalía como la defensa deberán presentar sus pruebas y argumentos ante la autoridad judicial, que será la encargada de emitir una resolución definitiva conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

El debate abre la puerta a una protección más amplia para cualquier persona víctima de una denuncia falsa 

Xalapa, Ver. 27/07/26.- La discusión sobre la protección jurídica del personal educativo tomó fuerza en Veracruz con una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas en perjuicio de docentes, directivos y trabajadores de apoyo escolar.

La propuesta, impulsada por el diputado local José Reveriano Marín Hernández, plantea reformar el Código Penal del Estado para establecer penas de cuatro a nueve años de prisión, además de sanciones económicas, cuando se acredite que una persona formuló una acusación falsa de manera deliberada con el propósito de afectar la integridad, la reputación o la situación laboral de un integrante del sistema educativo.

De acuerdo con el planteamiento legislativo, la reforma responde a la preocupación expresada por integrantes del magisterio, quienes señalan que un señalamiento infundado puede generar consecuencias irreversibles, incluso antes de que exista una resolución de las autoridades competentes.

El tema ha cobrado relevancia nacional luego del caso del profesor Alberto Israel Jasso, ocurrido en la Ciudad de México, que abrió un amplio debate sobre la necesidad de garantizar la presunción de inocencia de los docentes durante el desarrollo de las investigaciones, sin dejar de proteger el derecho de las posibles víctimas a denunciar hechos que consideren constitutivos de un delito.

Especialistas en materia jurídica coinciden en que cualquier modificación legal debe mantener un equilibrio entre dos principios fundamentales: evitar que las denuncias falsas sean utilizadas como un mecanismo para dañar a una persona y, al mismo tiempo, impedir que quienes hayan sufrido un delito se sientan intimidados o desalentados para acudir ante las autoridades.

La iniciativa presentada en el Congreso de Veracruz no sancionaría a quienes denuncien de buena fe. Las penas serían aplicables únicamente cuando, mediante una resolución de la autoridad competente, se demuestre que la acusación fue fabricada o presentada con pleno conocimiento de su falsedad.

Actualmente, la propuesta continúa en análisis dentro de las comisiones legislativas correspondientes, por lo que aún no ha sido aprobada ni forma parte de la legislación vigente en el estado. En caso de avanzar en el proceso legislativo, el dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno del Congreso local antes de su posible entrada en vigor.

La iniciativa ha generado opiniones divididas entre organizaciones civiles, especialistas en derecho y representantes del sector educativo, quienes coinciden en que el debate deberá centrarse en fortalecer el acceso a la justicia, proteger los derechos de todas las partes involucradas y garantizar investigaciones objetivas, imparciales y apegadas al debido proceso.

EL DEBATE

Aunque la iniciativa presentada en el Congreso de Veracruz está enfocada en brindar protección al personal educativo, el debate también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que este tipo de medidas alcancen a cualquier ciudadano que sea víctima de una denuncia falsa.

Abogados y especialistas en derecho han señalado que las acusaciones fabricadas pueden afectar por igual a personas de cualquier profesión u oficio. Padres de familia, trabajadores, empresarios, servidores públicos, estudiantes e incluso menores de edad pueden enfrentar daños irreparables cuando son señalados públicamente por un delito que no cometieron.

En muchos casos, el impacto trasciende el ámbito legal. Una acusación falsa puede provocar la pérdida del empleo, afectaciones psicológicas, ruptura de relaciones familiares, rechazo social y un daño permanente a la reputación, aun cuando posteriormente la persona sea declarada inocente.

Diversas voces consideran que la protección jurídica no debería limitarse únicamente al sector educativo, sino que tendría que garantizarse para toda persona que pueda demostrar que fue objeto de una denuncia presentada con dolo y con la intención de perjudicarla. Al mismo tiempo, subrayan que cualquier reforma debe preservar el derecho de las verdaderas víctimas a denunciar delitos sin temor a represalias, siempre que lo hagan de buena fe.

El reto para los legisladores será encontrar un equilibrio entre castigar las denuncias deliberadamente falsas y fortalecer el acceso a la justicia para quienes realmente han sido víctimas de un delito, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.