FRAUDE ELECTORAL. ¡DURANGO!
*** Robo de urnas en 37 casillas y ciudadanos eliminados del padrón.
*** Miles no pudieron votar en Durango y Gómez Palacio.
*** El atraco, operado por el PRI estatal, el gobernador y el IEPC de Durango.
Lo que ya se veía venir como una crónica de un fraude anunciado se cumplió el 4 de julio pasado en el estado de Durango. El PRI “ganó” la gubernatura a sus adversarios de la coalición Durango nos une con una diferencia porcentual del 1.9 (11,426 votos), 13 de 17 diputaciones y 21 de los 37 ayuntamientos en juego en un proceso electoral calificado como el más sucio en la historia de Durango ya que este partido, el gobierno estatal y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana local se coordinaron para practicar todo tipo de anomalías y delitos electorales que tendrán un alto costo político, social y económico para los duranguenses.
El fraude comenzó desde antes de que iniciara la campaña electoral con el desvío de recursos públicos del gobierno estatal para apoyar al PRI; luego, para evadir el tope de gastos de campaña, la dirigencia del PRI duranguense utilizó a varios empresarios para que triangularan esas enormes cantidades de dinero provenientes del erario y pagaran a la infinidad de prestadores de servicios que requirieron para sus eventos proselitistas, desde artistas, banqueteros y sonideros hasta impresores, asesores de imagen y medios de comunicación. Uno de esos empresarios fue Don Nabor, el padre del candidato priísta a la gubernatura, Jorge Herrera Caldera.
El día de las elecciones, el contubernio del IEPC de Durango con el PRI local fue evidente; primero, con el “rasuramiento” del padrón electoral ya que fueron varios miles de ciudadanos los que no pudieron ejercer su derecho; luego, con la suspensión de su sesión permanente por espacio de 8 horas; después, con la anulación de cientos de actas y miles de votos por ser “ilegibles” y, finalmente, proporcionando resultados preliminares con extrema lentitud.
El fraude fue complementado por personajes prominentes del PRI duranguense y el gobernador Ismael Hernández Deras, quienes orquestaron el robo de casi 40 urnas en los municipios de Durango y Gómez Palacio ya que, por sus monitoreos, supieron que la coalición Durango nos une, encabezada por el Lic. José Aispuro como candidato a gobernador, aventajaba notoriamente a su partido. ¿Falló la seguridad que tanto prometió este gobernador durante los comicios o fue muy eficaz la falta de operativos de la policía estatal?
Todas estas anomalías, tipificadas como delitos electorales, por el momento benefician a las mismas élites que han gobernado este estado los últimos 80 años, saqueando el erario impunemente y hundiendo a Durango en la corrupción, inseguridad y violencia extrema, pero perjudican sobremanera a esa mayoría de duranguenses que se agolpó en las urnas con el deseo de cambiar las cosas y ahora tendrán que testificar la impugnación de esta elección en los tribunales correspondientes.
¿Quién castigará a los delincuentes electorales que actuaron el 4 de julio pasado en Durango? ¿Quién castigará al gobernador Ismael Hernández Deras quien, por acción u omisión, manchó estos comicios? ¿Quién castigará a los funcionarios del IEPC de Durango por su complicidad en este atraco a la ciudadanía duranguense?
Organización raza
Para la Defensa de los Derechos Ciudadanos
Calle San Fernando Núm. 108 Fracc. Aranjuez C.P. 34235 Durango, Dgo.
Informes al tel. 618 146 71 33 185 60 28 y al correo electrónico fermis9@hotmail.com
Responsable: Fernando Miranda Servín.
Lo que ya se veía venir como una crónica de un fraude anunciado se cumplió el 4 de julio pasado en el estado de Durango. El PRI “ganó” la gubernatura a sus adversarios de la coalición Durango nos une con una diferencia porcentual del 1.9 (11,426 votos), 13 de 17 diputaciones y 21 de los 37 ayuntamientos en juego en un proceso electoral calificado como el más sucio en la historia de Durango ya que este partido, el gobierno estatal y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana local se coordinaron para practicar todo tipo de anomalías y delitos electorales que tendrán un alto costo político, social y económico para los duranguenses.
El fraude comenzó desde antes de que iniciara la campaña electoral con el desvío de recursos públicos del gobierno estatal para apoyar al PRI; luego, para evadir el tope de gastos de campaña, la dirigencia del PRI duranguense utilizó a varios empresarios para que triangularan esas enormes cantidades de dinero provenientes del erario y pagaran a la infinidad de prestadores de servicios que requirieron para sus eventos proselitistas, desde artistas, banqueteros y sonideros hasta impresores, asesores de imagen y medios de comunicación. Uno de esos empresarios fue Don Nabor, el padre del candidato priísta a la gubernatura, Jorge Herrera Caldera.
El día de las elecciones, el contubernio del IEPC de Durango con el PRI local fue evidente; primero, con el “rasuramiento” del padrón electoral ya que fueron varios miles de ciudadanos los que no pudieron ejercer su derecho; luego, con la suspensión de su sesión permanente por espacio de 8 horas; después, con la anulación de cientos de actas y miles de votos por ser “ilegibles” y, finalmente, proporcionando resultados preliminares con extrema lentitud.
El fraude fue complementado por personajes prominentes del PRI duranguense y el gobernador Ismael Hernández Deras, quienes orquestaron el robo de casi 40 urnas en los municipios de Durango y Gómez Palacio ya que, por sus monitoreos, supieron que la coalición Durango nos une, encabezada por el Lic. José Aispuro como candidato a gobernador, aventajaba notoriamente a su partido. ¿Falló la seguridad que tanto prometió este gobernador durante los comicios o fue muy eficaz la falta de operativos de la policía estatal?
Todas estas anomalías, tipificadas como delitos electorales, por el momento benefician a las mismas élites que han gobernado este estado los últimos 80 años, saqueando el erario impunemente y hundiendo a Durango en la corrupción, inseguridad y violencia extrema, pero perjudican sobremanera a esa mayoría de duranguenses que se agolpó en las urnas con el deseo de cambiar las cosas y ahora tendrán que testificar la impugnación de esta elección en los tribunales correspondientes.
¿Quién castigará a los delincuentes electorales que actuaron el 4 de julio pasado en Durango? ¿Quién castigará al gobernador Ismael Hernández Deras quien, por acción u omisión, manchó estos comicios? ¿Quién castigará a los funcionarios del IEPC de Durango por su complicidad en este atraco a la ciudadanía duranguense?
Organización raza
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