Palabras de la Procuradora General de la República
Maestra Marisela Morales Ibáñez
Inauguración del XI Encuentro Nacional de
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y
Procuradores y Fiscales Generales de Justicia
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y
Procuradores y Fiscales Generales de Justicia
Boca del Río, Veracruz
Jueves 22 de septiembre de 2011
Buenos días,
Señor Doctor Javier Duarte De Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz;
Magistrado Doctor Rodolfo Campos Montejo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia;
Vicealmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Víctor Manuel Gamboa Carvallo, Comandante de la Tercera Zona Naval Militar, en Veracruz, Veracruz;
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Gilberto Balladares Velázquez, Comandante del 83 Batallón de Infantería, representante de la Sexta Región Militar, en La Boticaria, Veracruz;
Licenciado Juan Miguel Alcántara Soria, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
Diputado Eduardo Andrade Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz;
Licenciado Alberto Sosa Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz;
Licenciado Reynaldo Escobar Pérez, Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz;
Licenciado Salvador Manzur Díaz, Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz;
Licenciada Carolina Gudiño Corro, Presidenta Municipal de la ciudad y puerto de Veracruz;
Licenciado Rafael Pretelín Pouchoulén, Delegado Regional de Migración en el Estado de Veracruz.
Maestro Jeremías Zúñiga Mezzano, Vicepresidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana de la PGR en Veracruz;
Comandante Eduardo Fragoso Díaz, Coordinador Estatal de la Policía Federal en Veracruz.
Autoridades federales, legislativas, estatales y municipales que nos acompañan;
Amigas y amigos Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia;
Estimados Procuradores Generales y Fiscales del país;
Señoras y señores:
Agradezco al señor Gobernador Javier Duarte de Ochoa, su hospitalidad y su presencia en este evento, en este hermoso Estado en el que estamos congregando a los representantes de las instituciones de procuración e impartición de justicia de todo el país.
Asimismo, reconozco las atenciones y cortesía del Presidente Municipal de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz.
Agradezco igual forma a nuestros amigos, el Procurador Reynaldo Escobar y el Magistrado Alberto Sosa, a quienes debemos en buena medida la preparación de este Encuentro Nacional. Gracias por todas sus atenciones y anfitrionidad de este evento.
Es para mí una gran satisfacción reunirme con todos ustedes, en este Décimo Primer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia.
El espíritu de colaboración que priva en este foro, ha hecho de él un espacio permanente de diálogo y construcción de acuerdos.
El análisis y el debate de ideas que se da en un marco de respeto, que ha contribuido a tender puentes de comunicación entre autoridades de los tres órdenes y los tres poderes de gobierno.
Todos los aquí presentes, tenemos la obligación y el compromiso de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los mexicanos, mediante la observación y aplicación de la ley, a todos por igual.
Sabemos que enfrentamos tiempos de prueba, y que la Nación nos demanda un redoblado esfuerzo, en el que una coordinación eficaz y una cooperación franca, son esenciales para la modernización del sistema de justicia penal, en los términos de la reforma de 2008 a la Constitución.
A la reunión que hoy celebramos, le precede un trabajo profesional, arduo y comprometido de grupos especializados, de articulación de instituciones y de consensos con diversos sectores organizados de la sociedad, lo que genera expectativas de que los acuerdos que aquí se tomen serán de gran beneficio para la ciudadanía.
Con la participación de los Procuradores, Fiscales y Magistrados Presidentes de los Tribunales Superiores de las entidades federativas del país, elaboramos una agenda para los trabajos de esta reunión, con temas de interés común en nuestros respectivos ámbitos de competencia.
Uno de ellos, de la mayor importancia social, es el narcomenudeo.
Los efectos de esta ilícita actividad se ven reflejados no solo con el envenenamiento material de nuestra sociedad, sino que es el verdadero motor generador de la violencia.
Es una de las causas de los homicidios atroces vividos aquí en Veracruz, donde perdieron la vida 35 personas.
El estado no puede, no debe y nunca permitirá y dejara impune este tipo de acciones cobardes que no solo ofenden y desafían a las autoridades, sino que además lastiman y dañan nuestra estructura social.
Señores, a nadie de los aquí presentes les es ajeno saber, que la lucha entre bandas delictivas tiene como fin el control territorial y como causa y razón el sometimiento de los vendedores de drogas al menudeo.
Es por ello que debemos enfrentar este delito, que requiere necesariamente nuestra coordinación, para realizar investigaciones sólidas que sustenten los procesos penales en contra de quienes realizan este comercio que envenena a la sociedad.
Confío en que en esta reunión avanzaremos en propuestas jurídicamente viables y consensuadas para armonizar las competencias federales y locales, en la atención de este fenómeno delictivo.
Debemos tomar acciones coordinadas de inmediato, porque de no hacerlo seguiremos siendo testigos de hechos deleznables como el que acaba de ocurrir.
Evitemos lavarnos las manos a través de la indiferencia, porque corremos el riesgo de ensuciar nuestra conciencia…
Otro tema que analizaremos es el relativo a la justicia para adolescentes. Si bien se trata de un asunto de jurisdicción local, aún está pendiente la implementación de la reforma federal. Mientras ello ocurre, es necesario redoblar esfuerzos para crear mecanismos e instrumentos en las entidades federativas, que permitan que los adolescentes que incurran en delitos federales, sean enjuiciados por tribunales especializados en materia de adolescentes, con la colaboración del Ministerio Público de la Federación.
El debate y análisis de las diversas propuestas sobre el tema, en sesiones de trabajo precedentes, produjeron resultados positivos. Dos de ellos son el proyecto de protocolo de actuación homologada, y una propuesta de capacitación en materia de justicia para adolescentes. Ambos proyectos serán objeto de examen en esta reunión.
El secuestro es otro tema en la agenda de trabajo que hoy nos ocupa. El combate y erradicación de este delito, es una demanda reiterada de la sociedad.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entró en vigor en febrero de este año, se erige en el instrumento rector, que a su vez otorga sustento al Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Secuestro 2011–2012, recientemente aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Programa establece las directrices para reforzar la coordinación de esfuerzos de las distintas instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federales y estatales, para combatir este crimen que tanto lastima a las víctimas y a sus familias.
En relación con este asunto tan delicado, con pleno respeto a la independencia de los Tribunales Superiores de Justicia, se planteará la necesidad de alinear los criterios en la aplicación de la Ley General. Tengo la firme convicción de que el profesionalismo, el compromiso institucional y la claridad de objetivos que hoy nos congregan, derivarán en pronunciamientos trascendentes sobre este tema. Nos guía el interés general.
Respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la extinción de dominio, es necesario que los Tribunales Superiores de Justicia, Procuradurías y Fiscalías, continuemos analizando la viabilidad de compatibilizar, en la medida de lo posible, los criterios para definir claramente las respectivas competencias en ambos temas.
Asimismo, nos pondremos de acuerdo en cómo redoblar esfuerzos para impulsar propuestas legislativas a fin de fortalecer y homologar los marcos regulatorios sobre el combate al lavado de dinero y extinción de dominio.
Contamos ya con una propuesta de reforma federal que fortalece el combate al lavado de dinero, y debemos continuar los esfuerzos para que se legisle en el orden estatal, de modo que se incorporen en los códigos penales tipos delictivos actualizados y homologados, que faciliten la persecución de estas conductas.
En relación con los delitos cometidos contra mujeres en razón de su sexo, tenemos resultados mixtos, pues por una parte se han registrado importantes avances en materia legal y de creación de instancias especializadas para atenderlos, y por otra tenemos un fuerte rezago en la resolución de feminicidios.
En los avances, ha sido esencial la concertación de esfuerzos con organismos de la sociedad civil y con instituciones académicas, y la coordinación con instituciones públicas de todo el país, que han permitido diseñar programas que fortalecen la prevención e investigación de estos delitos, así como establecer modelos de atención a las víctimas y ofendidos.
Requerimos, sin embargo, un seguimiento permanente y esfuerzos continuados para mejorar las leyes e instrumentos institucionales, y para satisfacer la demanda de justicia de quienes han sufrido en sus familias el dolor de un homicidio contra alguna de sus integrantes.
El adjetivo jurídico con el que debemos calificar estos delitos aún provoca debate, y requiere de un profundo análisis, que abordaremos en esta reunión, así como la propuesta de un protocolo de investigación para responder de manera homologada al combate de homicidios cometidos en contra de mujeres por su género.
Reitero que asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y trabajar en su promoción y defensa, forma parte de la estrategia del Gobierno Federal. En junio de este año, entraron en vigor las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, como resultado de un importante trabajo conjunto de la administración del Presidente Felipe Calderón, y de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.
Estas modificaciones obligan a todas las autoridades del Estado mexicano, a respetar y proteger los derechos humanos de cada una de las personas que habitan o transitan por el país, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. También se establece la obligación de todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
Es necesario, por tanto, analizar en este foro los contenidos de dichas reformas, sus alcances y su efecto en las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Señoras y señores Magistrados, Fiscales y Procuradores Generales de justicia:
El México de hoy requiere que las instituciones de procuración e impartición de justicia fortalezcan su coordinación y colaboración, pues la suma de nuestras capacidades es la mejor garantía de la justicia pronta y eficaz a la que tienen derecho los mexicanos.
Las circunstancias actuales nos exigen fortalecer y renovar a las instituciones responsables de la seguridad y justicia, esto es posible a través de la depuración de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en la totalidad del país.
Estoy totalmente convencida de que para combatir a la delincuencia debemos iniciar por colocar a funcionarios de probada honorabilidad en los cargos.
Aprovecho para hacer un reconocimiento a nuestras heroicas fuerzas armadas, permitiéndome enviarles a sus integrantes nuestro eterno agradecimiento por su valor y lealtad institucional en la lucha contra la delincuencia.
Ante las acciones de la delincuencia, nuestra patria y sus hijos nos exigen resultados, como funcionarios públicos, como mexicanos y como madres y padres de familia nada de lo que ocurra nos debe ser indiferente.
Es conveniente coordinar nuestros esfuerzos en torno a los ejes estratégicos nacionales, diseñados para combatir la criminalidad; avanzar hacia la homologación de las legislaciones y de los criterios jurídicos aplicables en la ejecución de sanciones; fortalecer los procesos de capacitación y profesionalización de servidores públicos, y, en todo momento, ser referentes obligados del cumplimiento de la ley y del respeto a los derechos humanos.
Confío en que este Encuentro Nacional significará un paso más en la modernización de nuestro sistema penal, de modo que pueda dar los resultados que, con toda razón, demanda la sociedad.
Finalmente, quiero manifestar que una vez más es motivo de condena nacional la violencia que genera la rivalidad entre grupos del crimen organizado, en cualquier punto del territorio mexicano, ya que vulnera la seguridad y la paz social de nuestras familias.
Los lamentables hechos acaecidos en esta ciudad el pasado 20 de septiembre nos exigen a todos quienes tenemos responsabilidad en la preservación de la seguridad pública y el estado de Derecho, redoblar los esfuerzos en la lucha contra todas las manifestaciones criminales.
No vamos a claudicar. Por el contrario, hoy más que nunca tenemos que actuar con firmeza para dirigir toda la fuerza del Estado mexicano contra quienes desafían a la autoridad lastimando a la Sociedad.
Muchas gracias.
