EN LA CUENTA PÚBLICA 2012
*Grupo Legislativo del
PAN vota en contra del dictamen
*Acusan al ORFIS de
trato diferenciado a órganos fiscalizados
*Hubo adquisiciones
directas fuera de la norma
*Señalan entrega de
anticipo de obras no registradas
*Encuentran obras
inexistentes o en su caso sobrecotizadas
*Se omitieron sanciones
a contratistas por incumplimiento
*Hallan trasferencias
anómalas en Fideicomisos Públicos
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Hubo trato diferenciado,
ambigüedad e incongruencia en los criterios de fiscalización aplicados por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en el Informe de Resultados
de la Cuenta Pública 2012, sostuvo el Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (GLPAN).
Durante la Decimaséptima
Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado, los diez legisladores panistas
votaron en contra del dictamen de la Cuenta Pública 2012 por encontrar serias
irregularidades como parte del análisis realizado al informe de resultados.
Julen Rementería del
Puerto, coordinador de la fracción azul, dijo que entregaron al titular del
ORFIS y a la Comisión Permanente de Vigilancia un documento de 443 páginas,
donde se destacan las observaciones hechas por la fracción panista a las 1,020
auditorías, de las cuales 793 fueron financieras presupuestales y 227 técnicas
de obras públicas.
El diputado reprochó en
tribuna que el informe de resultados les fue entregado casi ocho días después
de lo estipulado por la normatividad, documento que -dijo- posee una
interpretación juarista: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la
ley a secas”.
Rementería del Puerto
remarcó que debe existir daño patrimonial por arriba de los 409 millones de
pesos que asegura ORFIS, porque sus criterios de fiscalización son
relativos -aplican para unos y para otros no- con algunos ayuntamientos,
dependencias y fideicomisos que no lograron la justificación de sus gastos.
Precisó que dicho trato
selectivo sucedió también con los entes fiscalizados que erogaron cantidades
sin contar con el convenio correspondiente de las dependencias del gobierno
estatal o federal, o bien con aquellos que no hicieron las cotizaciones
convenientes de precios y calidad de productos y servicios.
El GLPAN a través de su
coordinador, informó que se detectaron adquisiciones por adjudicación directa
cuando no era el caso, así como entrega de anticipos para obras de
administración directa no estipulados en contrato, o bien entrega de anticipos
para obras que no fueron concluidas.
El ex alcalde de
Veracruz indicó que se detectaron procesos de licitación efectuados de manera
irregular, pago de obras inexistentes o montos elevados en comparación con los
establecidos por el mercado; y la omisión de sanciones y retenciones por
atrasos o incumplimiento de contratos.
Con el respaldo de sus
compañeros panistas, Rementería del Puerto comentó que algunos Fideicomisos
Públicos hicieron transferencias bancarias sin contar con la Carta Instrucción
del Comité a la Fiduciaria que da soporte a dichos movimientos financieros.
Acusó al ORFIS de no
advertir un posible fraude fiscal por parte de servidores públicos que no
declaran Impuesto sobre la Renta (ISR), al Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR), el 2 por ciento sobre la nómina, y en el caso de los constructores, a la
retención del 5 al millar (recursos para pagar la supervisión o en su caso
la auditoría a la obra pública).
El diputado panista
destacó que en el caso de los fideicomisos públicos se identificaron
irregularidades importantes que fueron –a todas luces- exentas; específicamente
en lo que el organismo llama “Desahorro”, cuando hay mayor gasto que ingreso.
Al votarse en el pleno
el dictamen de la Cuenta Pública 2012, los diputados panistas Ana Cristina
Ledezma López, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, María del Carmen Pontón Villa,
Domingo Bahena Corbalá, Edgar Hugo Fernández Bernal, Alejandro Zairick Morante,
Víctor Román Jiménez Rodríguez, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia, Jorge Vera
Hernández y Julen Rementería del Puerto votaron en contra.
El GLPAN anunció –que
aún aprobado el dictamen- no quitarán el dedo del renglón y exigirán al ORFIS
sea objetivo, justo y profesional en su trabajo fiscalizador, por tratarse de
recursos de los propios veracruzanos que deben ser administrados de manera
transparente.
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