Responde Enrique Peña Nieto a Diez Preguntas: Reducción de facturas de luz
y precios de gas, a más tardar 2 años después de entrada en vigor de leyes
secundarias.
Preguntas y respuestas sobre la Reforma Energética
1.
Sobre los precios de los energéticos, los beneficios tangibles de la reforma, y
su cronograma
La Reforma Energética permitirá reducir los precios del gas natural y
la electricidad en el mediano plazo. A pesar de ser un país con grandes
yacimientos de este combustible en el subsuelo, México estaba importando cada
vez más gas natural. En 2013, por ejemplo, México importó 30% del gas natural
que se consumió en el país. Pemex no estaba produciendo todo el gas natural que
el país necesita, por las limitaciones que imponía el modelo regulatorio que
estamos cambiando.
Con el modelo anterior, la producción de gas natural no podía ser
llevada a cabo por el sector privado, ya que estaba prohibido por la
Constitución. Eso nos llevó a una situación paradójica. Por un lado, no
permitíamos que empresas particulares extrajeran gas natural en México, pero sí
comprábamos gas natural a empresas privadas extranjeras en Estados Unidos y
otros países, que se revende en nuestro país a un precio mayor del que tendría
si se produjera en México.
Adicionalmente, en los últimos años, el país no desarrolló la
infraestructura necesaria para transportar el gas por ductos acorde con las
necesidades nacionales, lo que se tradujo en desabasto y racionamiento de gas
natural (alertas críticas) durante el 2012 y el primer semestre de 2013.
El costo de la electricidad depende en gran medida del combustible
que se utiliza para generarla. La energía eléctrica que se genera con gas
natural es cuatro veces más barata que cuando se utiliza combustóleo y seis
veces más económica que cuando se emplea diésel, además de que el gas natural
es un combustible más amigable con el medio ambiente.
Con la Reforma Energética, las empresas privadas podrán producir gas
natural en México, por sí solas o asociadas con Pemex, y venderlo en nuestro
país, generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio, en lugar de
hacerlo del otro lado de la frontera. A partir de los nuevos cambios, existirán
múltiples productores de gas natural en México, compitiendo entre sí, con lo
cual tendremos gas natural suficiente y a menor precio.
Además, bajo el Programa Nacional de Infraestructura se construirán a
lo largo del sexenio 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán al
país contar con una red nacional e integrada, que contribuirá a transportar el
gas natural a precios competitivos, en beneficio de los hogares y las empresas.
De esta manera, podrá utilizarse ese gas natural para sustituir el
combustóleo y el diésel en la generación de electricidad. Ello permitirá
reducir los costos de 2 generación y, por tanto, también disminuir las tarifas
de la luz en beneficio de las familias, los comercios y las industrias
mexicanas. Entre más gas natural se produzca en México, menores serán los
costos de generar electricidad y, en consecuencia, se podrán reducir los
recibos de luz.
Con el aumento de la oferta de gas natural, también se impulsará la
producción nacional de fertilizantes para beneficiar al campo mexicano. Pemex
invertirá 15 mil millones de pesos para producir 480 mil toneladas de amoniaco
que servirán de insumo para un millón de toneladas de urea. Esta producción
ahorrará importaciones por 400 millones de dólares anuales.
En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo
nacional, por lo que la reforma prevé la apertura a la inversión en refinación
y de su cadena productiva para incrementar la oferta del combustible. Además,
la gasolina es subsidiada y es menester reconocer que el esquema de subsidios
vigente es altamente regresivo: el decil de la población con menores ingresos
recibe sólo el 1.6% del subsidio; mientras que el 10% de los hogares con
mayores ingresos concentra más del 30% del mismo.
No obstante lo anterior, la Reforma nos permitirá establecer precios
máximos para los combustibles que harán que sus precios se muevan de forma
parecida a los precios de otros productos. Eso contrasta con años previos donde
los precios de las gasolinas y otros combustibles crecieron entre 2 y 4 veces
más que la inflación general. Como la reforma prevé abrir el sector de
refinación, transporte y despacho de combustibles, estableciendo una
competencia efectiva, los precios a los consumidores podrían incluso aumentar
menos que el de otros productos.
En conclusión, entre los beneficios esperados de la Reforma
Energética se encuentran los siguientes:
· Reducción de
las facturas de luz y los precios de gas, a más tardar dos años después de la
fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria.
· Cabe destacar
que ésta no es una reducción voluntariosa, populista o por decreto. Es una
reducción sostenida como resultado de que bajarán los costos de producción y de
generación, y por lo tanto ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones
en gas y en electricidad.
· 500,000 empleos
adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025.
· 1% adicional
de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025.
· Aumentar
la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos y evitar
la importación de este insumo por 400 millones de dólares.
· Incremento
en la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios en 2013, a 3
millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025.
· Incremento en
la producción de gas natural, de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en
2013, a 8,000 millones de pies cúbicos diarios en 2018 y 10,400 millones
en 2025.
2.-
Sobre el riesgo de afectaciones al medio ambiente, las medidas para protegerlo,
y la responsabilidad ante el caso de accidentes
El transitorio décimo noveno del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre de 2013 (en adelante El Decreto), mandata la
creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del
Sector
Hidrocarburos.
La Agencia se plantea como un órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que tendrá
dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad
industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y
actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de
desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de
residuos.
La Agencia tendrá la capacidad para, en coordinación con la
Secretaría de Marina y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, responder
ante cualquier accidente industrial que ponga en peligro la salud de los
trabajadores así como el medio ambiente. Actualmente, la Secretaría de Marina
ya cuenta con un Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar
Derrames de Hidrocarburos y otras
Substancias
Nocivas en el Mar.
La Reforma enfatizará una explotación de recursos que sea responsable
ambientalmente, minimizando las afectaciones previsibles al medio ambiente al
mismo tiempo que se garantiza una capacidad efectiva de respuesta frente a cualquier
accidente o imprevisto.
Para ello, además, se adoptarán las mejores prácticas internacionales
desde el punto de vista de responsabilidad plena de cualquier contratista que
esté llevando a cabo actividades de exploración y explotación. En este sentido,
la iniciativa de legislación secundaria establece con claridad que son las
empresas petroleras las responsables de cualquier afectación al medio ambiente.
En ese sentido, la Reforma Energética dotará al Estado mexicano de la capacidad
para poder exigir que las empresas en el sector cumplan con sus obligaciones.
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Sobre los planes para desarrollar tecnologías e infraestructura de
energía alternativa
Existen planes
concretos para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía
alternativa en nuestro país, y ya están implementándose.
Tal es el caso de los Centros Mexicanos en Innovación en Energía,
financiados con fondos de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), enfocados a desarrollar las tecnologías y
aprovechar los recursos renovables del país.
Se crearon tres centros, con una inversión entre pública y privada
cercana a los 2 mil millones de pesos: uno en energía geotérmica, liderado por
el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California; uno en energía solar, encabezado por el Instituto de Energías
Renovables de la UNAM, y otro más en energía eólica, coordinado por el
Instituto de Investigaciones
Eléctricas. Estos centros representan la mayor inversión gubernamental en
investigación, desarrollo e innovación en materia de energías renovables.
Cada centro involucra investigadores de distintas instituciones académicas,
científicas y empresas, con el propósito de vincular el conocimiento con la
producción en proyectos compartidos, en la formación de recursos humanos
especializados y en el fortalecimiento de la infraestructura de investigación.
El desarrollo y adopción de nuevas tecnologías es importante para
mitigar el impacto de la generación de energía sobre el medio ambiente, pero
también para asegurar una diversificación adecuada en las fuentes de energía.
La diversificación es relevante dado que los hidrocarburos son recursos no
renovables, y porque contar con muchas fuentes de energía permite aumentar la
seguridad energética para las familias y las actividades económicas del país.
Además, la iniciativa de legislación secundaria de la reforma incluye
distintas medidas para fomentar el uso de energías limpias y energías
renovables. Entre ellas, destacan el establecimiento de Certificados de
Energías Limpias que fomentarán un mayor uso de esas fuentes para la generación
de electricidad en el país; se propondrá una ley de Geotermia para aprovechar
el calor de origen volcánico en las aguas subterráneas del país, y se
perseguirán metas sobre cuánta electricidad deberá generarse con energías
limpias.
Cabe recordar que, como parte de la Reforma Hacendaria aprobada en 2013, se
estableció en el país un impuesto especial que aplica al uso de combustibles
que liberan bióxido de carbono y, además, las inversiones en generación que
usen energías limpias tendrán deducibilidad inmediata para efectos del impuesto
sobre la renta.
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Sobre cómo evitar fenómenos de corrupción en los contratos
Con el objetivo de rendir cuentas ante la sociedad mexicana, la
Reforma Energética establece siete mecanismos principales de transparencia y de
combate a la corrupción, que obedecen a las mejores prácticas internacionales:
En primer lugar, todas las rondas de licitación para asignar los nuevos
contratos de servicios, utilidad o producción compartidas, y licencias para
producir gas natural o petróleo, así como sus lineamientos, serán públicos.
En segundo lugar, los propios contratos, como instrumentos jurídicos,
contarán con cláusulas de transparencia para que los pueda consultar cualquier
interesado.
En tercer lugar, las empresas exploradoras y extractoras de gas natural o
petróleo deberán hacer públicos los costos en los que incurran y los pagos que
reciban en consecuencia.
En cuarto lugar, también serán públicos, transparentes y auditables
los recursos que reciba el Estado por el gas natural o el petróleo que se
extraiga consecuente con los nuevos contratos que establece la reforma, así
como la forma en que dichos recursos serán utilizados.
En quinto lugar, los órganos reguladores estarán sujetos a estrictas
normas de transparencia y rendición de cuentas. Entre estas destacan las
siguientes: se obliga a que cuenten con un código de ética; los comisionados
estarán impedidos
para conocer asuntos en que tengan conflictos de interés y podrán ser
removidos por ese causal; sus sesiones, acuerdos y resoluciones se harán
públicas, y se establecen reglas para llevar a cabo audiencias con los sujetos
regulados, como el que para cualquier reunión con las empresas se requerirá la
presencia mínima de dos comisionados y en todos los casos se levantará una
minuta con los puntos tratados que será pública.
En sexto lugar, Pemex y CFE deberán de revelar información en los
mismos términos que las empresas que cotizan en bolsa bajo los más estrictos
estándares internacionales.
Finalmente, la reforma energética establece un arreglo institucional
de pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado que asegura la
transparencia y la rendición de cuentas en el diseño, administración y
licitación de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos e
impiden que su asignación sea la decisión discrecional de una sola autoridad.
En este sentido, corresponderá a la Secretaría de Energía el diseño
de los contratos; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la definición
de los términos fiscales; a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la licitación
y su administración técnica y, finalmente, al Fondo Mexicano del Petróleo para
la 6
Estabilización y el Desarrollo la recepción y administración de los
ingresos y pagos que se deriven de los contratos.
Cabe enfatizar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos está
conformada por profesionales especializados en el sector, y que se propone sean
aprobados por dos terceras partes del Senado de la República. En el caso del
órgano de gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo, los dos miembros del
Gobierno Federal, los Secretarios de Hacienda y de Energía, están en minoría.
Los otros miembros son el Gobernador del Banco de México, el cual es una
institución autónoma, y cuatro miembros independientes que también tienen que
ser aprobados por el Senado.
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Sobre las medidas para evitar que financiamientos ilícitos y presiones de
grandes intereses afecten el proceso democrático de nuestro país
Para evitar la captura regulatoria de intereses políticos se
seguirán las siguientes
tres estrategias:
1. Se separan las decisiones
técnicas del proceso político-electoral.
Por eso, quienes asignan los contratos y regulan al sector son órganos
especializados que contarán con personalidad jurídica propia, autonomía técnica
y de gestión, y autosuficiencia presupuestal. Esto aplicará tanto para la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía
(CRE).
2. Ningún proceso se estará llevando a cabo en una sola instancia,
asegurando esquemas institucionales de pesos y contrapesos. Por ejemplo, en el
caso de la administración de los contratos estarán involucrados la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, la Secretaría de Energía y la Secretaría de
Hacienda. Asimismo, no se asignará ningún contrato de forma directa sino que se
hará a través de licitaciones abiertas y transparentes, con base en criterios
objetivos y en las que competirán las empresas interesadas. Quien gane una
licitación será quien ofrezca el mayor beneficio al Estado mexicano por sus
actividades.
3. Se promueve total transparencia y rendición de cuentas. Nuestro mejor
activo como sociedad es una democracia en la que se involucra una ciudadanía
exigente e informada. En ese contexto, el mejor mecanismo para garantizar que
la ciudadanía le exija a las autoridades actuar en beneficio de toda la
sociedad es que disponga de toda la información relevante y que se mantenga la
plena libertad de expresión y de participación política que hoy existe en
nuestro país.
Estamos convencidos que México puede tener instituciones más fuertes que lleven
a mejores resultados en materia energética. En ese sentido, cabe destacar que
prácticamente todos los países del mundo cuentan con un grado importante de
participación de la iniciativa privada en las actividades del sector petrolero
sin que ello haya afectado sus procesos democráticos. Ello va desde países
industriales como Canadá y Noruega, países con nivel de desarrollo similar al
de México como Brasil, Colombia y Malasia, e incluso países con menor nivel de
desarrollo como Angola e Indonesia. En todos estos casos, y no hay razones para
que no sea ese el caso en México, se han llevado a cabo distintas medidas para
asegurar que las empresas del sector no tengan una influencia indebida.
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Sobre las herramientas regulatorias para evitar prácticas de depredación
La industria de hidrocarburos operará con un marco de
responsabilidades que garantice que sus decisiones serán tomadas con total
transparencia e independencia de los regulados y sujeta a fuertes obligaciones
de rendición de cuentas.
Para evitar la depredación en la explotación de los recursos, se
establece que la toma de decisiones recaiga en tres instituciones con
atribuciones claramente definidas: la Secretaría de Energía, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Industrial y
Protección al Medio Ambiente.
La Secretaría de Energía seleccionará las áreas a desarrollarse
mientras que la CNH será la responsable de garantizar que la extracción de los
hidrocarburos se realice de manera sustentable en el tiempo, con bases
técnicamente sólidas que permitan maximizar la recuperación total de los
hidrocarburos a lo largo de la vida productiva de los yacimientos. Entre otras
obligaciones que la CNH deberá de establecer en los contratos, destacan las
siguientes:
· Los
contratistas deberán de ejecutar planes mínimos de trabajo;
· Deberán
obtener la aprobación de la CNH a los planes de desarrollo y el diseño de los
pozos. Para su aprobación, la CNH velará por que se maximice la recuperación de
los hidrocarburos de los yacimientos;
· La devolución
de áreas contractuales en caso de inactividad por parte del Contratista;
· Cumplir con un
programa de auditorías técnicas y contables conducidas por el Estado, ya sea
directamente o a través de terceros;
· Contar con
sistemas de medición aprobados y auditados por la CNH;
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· Fondear con
anticipación las actividades necesarias para el correcto abandono de las áreas
contractuales, evitando contingencias a los recursos naturales y a la seguridad
de las personas; y
· Obligaciones
de remediación en caso de afectaciones al medio ambiente.
La CNH y la Secretaría de Energía llevarán a cabo un seguimiento
continuo del cumplimiento con estas obligaciones. Por su parte, la Agencia
regulará y supervisará la adecuada explotación de los yacimientos asegurando
que se realice de una manera industrialmente segura y respetuosa del medio
ambiente. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán rescindir los
contratos además de establecer las penalizaciones y los actos remediales que
sean necesarios.
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Sobre la productividad laboral en el sector energético y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros
En primer lugar, la Reforma Energética representa una gran
oportunidad para todas las mexicanas y mexicanos que decidan ingresar a la
industria petrolera. Se abrirán nuevas oportunidades laborales bien
remuneradas, que representen retos profesionales interesantes, permitiendo
mayor satisfacción personal. Para ello es esencial que se respeten todos los
derechos laborales, incluyendo los de los trabajadores de Pemex, quienes
durante décadas han demostrado su capacidad y su entrega en beneficio de
México, tanto asegurando que el país cuente con energéticos como por la
importante contribución de su labor para las finanzas públicas.
Sin embargo, la Reforma parte de la premisa de que no es función del
Sindicato tomar decisiones gerenciales. Una muestra de ello es que desde la
reforma constitucional se estableció que el sindicato ya no participará en el
Consejo de Pemex.
Asimismo, debe de haber total transparencia por parte del Sindicato
con respecto de los recursos que recibe provenientes de entidades públicas. Al
respecto, hay que recordar que la Reforma constitucional en materia de Transparencia
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014
establece, en su artículo 6º, que toda la información en posesión de cualquier
persona física, moral o sindicato es pública. Por tanto, el sindicato petrolero
está obligado a poner a disposición de cualquier ciudadano interesado la
información que posea sobre el manejo de los recursos asignados y ejercidos por
éste, a fin de garantizar el principio de máxima publicidad.
Los trabajadores y administradores mexicanos han mostrado tener un
potencial equivalente o superior al de los de cualquier país del mundo. Hoy en
día, la productividad laboral en sectores abiertos a la competencia y a todo
tipo de inversión, como el automotriz o el aeroespacial, es la mayor del mundo.
No hay 9 nada que implique que los trabajadores mexicanos no puedan hacer lo
mismo en la industria petrolera.
Este es un proceso que ya se ha observado en países con niveles de
desarrollo económico y una cultura similar a la de México. Tanto en Colombia
como en Brasil, la apertura en el sector energético ha llevado a incrementos
importantes en la producción, incluso después de etapas de declinación como la
que hoy en día se observa en México. Más aún, parte de los incrementos en
productividad se han observado en las empresas petroleras estatales.
La evidencia es contundente. En otros sectores en México, se han
alcanzado niveles de productividad comparables con los más altos del mundo, y
la experiencia en otros países de la región muestra que se puede lograr lo
mismo en el sector de energía de nuestro país.
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Sobre los ingresos petroleros y la contribución de Pemex para fondear el
presupuesto
En primer lugar, es necesario enfatizar que la situación actual del
sector petrolero representa un reto significativo para las finanzas públicas
del país. Aun cuando la inversión de Pemex se ha triplicado en los últimos 13
años pasando de 9 mil millones de dólares en 2001 a 28 mil millones de dólares
en 2014, la producción de crudo ha disminuido en alrededor de una tercera parte
de 2004 a 2014.
En otras palabras, el país lleva diez años pasando por una transición
en el sector petrolero que nos está llevando de una época de yacimientos
grandes de bajos costos a una época de yacimientos más moderados con mayor
complejidad geológica, mayores costos y mayores riesgos. Este es un proceso al
que se enfrentan todos los países productores, y ya ha tenido un impacto sobre
las finanzas públicas del país tanto por menores ingresos de petróleo como por
mayor gasto para su extracción. El tema no es que la reforma vaya a llevar a un
deterioro en las finanzas públicas, el reto es como logramos que la reforma nos
permita dar vuelta al deterioro que ya se observó.
La reforma justamente nos permitirá revertir esta situación. El uso
de contratos permitirá que aumente aún más la inversión en el sector, al mismo
tiempo que el costo y el riesgo del desarrollo de nuevos proyectos se
compartirá entre un mayor número de participantes. Así, la reforma nos
permitirá dar vuelta a la caída en la plataforma de producción de petróleo que
se observa desde 2004 al mismo tiempo que el Estado mexicano ya no es el único
que incurre en todos los riesgos y costos asociados a esa mayor producción. Se
espera que con la reforma, la producción pueda aumentar de alrededor de 2.5
millones de barriles diarios en la actualidad a 3 millones de barriles diarios
para el 2018.
En todo momento, la renta petrolera seguirá aportándose al Estado
mexicano. Para asegurar lo anterior, los contratos se asignarán sólo a quien
ofrezca el mayor 10 pago al Estado mexicano. Eso implica que la renta petrolera
asociada a la producción adicional seguirá siendo de los mexicanos,
fortaleciendo las finanzas públicas.
En el caso específico de Pemex, la reforma propone un régimen fiscal
similar al de las empresas estatales en el resto del mundo. Seguirá realizando
pagos directos al fisco, pero serán más moderados que anteriormente. Eso
mantendrá mayores niveles de caja en Pemex y nos permitirá hacer una reflexión
más profunda sobre el uso de sus utilidades, en uanto a si tiene sentido que
esas utilidades se reinviertan en la empresa o se paguen al fisco en forma de
un dividendo. Hoy en día no tenemos esa discusión, ya que el régimen fiscal de
Pemex implica que todas las utilidades se transfieren a la Secretaría de
Hacienda independientemente de si Pemex tiene buenas oportunidades de
reinversión de esas utilidades.
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Sobre cómo garantizar un buen uso de los recursos petroleros, y que no se
canalicen a aumentar la burocracia
En el Transitorio
Décimo Cuarto del Decreto de la reforma constitucional se establece la creación
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que
será un fideicomiso del Banco de México integrado por cuatro consejeros
independientes, ratificados por el Senado, y además el gobernador del Banco de
México y los titulares de Hacienda y Energía.
El Fondo será el encargado de recibir todos los ingresos, con
excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de
las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo
27 de la Constitución
Los
ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y
conforme se establezca en la ley para:
1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y
contratos.
2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los
Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros,
o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al
Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo.
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o
gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e
imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener
ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación,
ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y
demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a
través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley
Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos
las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En
cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y
así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. (Cfr. en Art. 27 de la
CPEUM)
3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a
los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad
energética, y en materia de fiscalización petrolera.
4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para
que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el
Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el cuatro
punto siete por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón
equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013.
5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión
en activos financieros. Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro
público de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto
Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá
destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente:
a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento
observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para
el sistema de pensión universal conforme a lo que señale su ley;
b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento
observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar
proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías
renovables;
c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento
observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un
vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la
Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, en inversiones en
infraestructura para el desarrollo nacional, y
d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento
observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en becas para
la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de
mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria.
Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto
corriente.
Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea
equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año
previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a
los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería
de la Federación.
En conclusión, queda claro que la Reforma Energética a través de
estas disposiciones, cancela absolutamente la posibilidad de que las utilidades
llegaran a canalizarse a la expansión de la burocracia.
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Sobre cómo evitar crisis como la de 1982 o la creación de monopolios en
el sector, asegurando que la reforma se lleve a cabo con eficacia, sentido
social y transparencia
La Reforma Energética busca justamente evitar el que se repita una
crisis como la de 1982. Al respecto, hay que recordar cuales fueron las causas
de esa crisis. En ese momento, se siguió un modelo de desarrollo del sector
petrolero que, si bien permitió desarrollar una cantidad importante de
infraestructura en el país, estuvo basado en un proceso de endeudamiento
público que derivó en la crisis de la deuda de los ochenta. Esa crisis hizo que
se perdiera una década completa para el desarrollo del país.
No podemos recurrir a un endeudamiento público excesivo para
pretender desarrollar el país o el sector energético. Quienes argumentan que
Pemex debe desarrollar el sector por si sólo están justamente optando por el
mismo modelo insostenible que llevó a la crisis de 1982.
Es por ello que la Reforma Energética propone dar la vuelta a la
caída en la producción de petróleo e impulsar el desarrollo del sector, pero
sin incurrir en un mayor endeudamiento público. En consecuencia, deben
emplearse otros instrumentos, incluyendo el que haya una mayor participación de
inversión privada que disminuya, para el Estado mexicano, los costos y riesgos
de la exploración y producción de crudo.
Una segunda característica del modelo que se adoptó en ese momento es
que era plenamente estatista y monolítico, sin ningún tipo de control
ciudadano. Ese es un modelo que no es aceptable ni política ni éticamente en
una sociedad democrática. Todo lo contrario, se debe de avanzar para establecer
un sistema abierto con fuerte competencia, total transparencia y plena
rendición de cuentas.
La reforma energética no está privatizando ninguna empresa ni bien
público. Por el contrario, Pemex y CFE se fortalecerán y se transformarán en
empresas productivas propiedad 100% del Estado, con incentivos para asociarse o
competir con empresas particulares, bajo la estricta regulación de los órganos
del Estado.
La iniciativa de legislación secundaria propone dotarlas de autonomía
presupuestaria, de gestión y técnica; gozarán de un nuevo régimen fiscal mucho
más competitivo y de un gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas
internacionales. Sin embargo, con un espíritu de apertura y para fomentar
las mejores condiciones para los hogares y las empresas mexicanos, sí se
plantea que ambas empresas deberán de competir. Asimismo, la recientemente
fortalecida Comisión Federal de Competencia Económica asegurará que en ningún
caso se genere concentración de poder de mercado. Para ello, la Comisión vetará
de las licitaciones que se lleven a cabo en el sector energético a cualquier
participante que detente o pudiera llegar a detentar poder monopólico.
Los mexicanos estamos ante una disyuntiva: o abrimos el sector
energético a la participación y escrutinio de la sociedad con objeto de que se
fortalezca en beneficio de todos, o nos condenamos a una inmovilidad
monolítica, a un modelo burocrático y al endeudamiento como única vía para
financiar al sector. La decisión del Constituyente Permanente fue optar por el
cambio, basado en los principios de competencia, apertura, transparencia y
responsabilidad fiscal.
Nota en: www.revistarepublica.com.mx
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