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JUAN MARTÍNEZ FLORES ENTREGA EL PODER ANTES DE TIEMPO A MANUEL ALONSO Y ZENYAZEN SIN RESPALDO LEGAL



Efraín Hernández 


Córdoba, Ver. 25/07/25 (LasAltasMontañas).  En una acción que viola abiertamente la ley, el presidente municipal de Córdoba, Juan Martínez Flores, reconoció haber cedido el control de la administración local al candidato morenista Manuel Alonso Cerezo, pese a que el Tribunal Electoral de Veracruz aún no valida oficialmente el resultado de la elección. Su periodo concluye legalmente el 31 de diciembre.

Durante la sesión de Cabildo celebrada el viernes, Martínez Flores confirmó que ya permitió el ingreso del equipo de Alonso Cerezo a distintas áreas del gobierno, esto tras ser cuestionado por el regidor noveno, Rodrigo Javier Flores Morales. Lejos de desmentir, el alcalde aceptó que el nuevo grupo político ya comenzó a operar en la administración, sin contar con ninguna legitimidad institucional.

Entre las dependencias que ya estarían bajo control del equipo de Manuel Alonso se encuentran la Tesorería Municipal, la Dirección de Comercio, Servicios Municipales e incluso Hidrosistema de Córdoba. Información obtenida al interior del Ayuntamiento señala que personal vinculado a Alonso y a Zenyazen Escobar García —actual diputado federal y operador político del morenismo local— ya despacha en oficinas públicas y cobra sueldos, mientras empleados de la gestión actual han sido desplazados sin procedimiento alguno.

La Constitución del Estado de Veracruz establece que los gobiernos municipales deben concluir su periodo el último día del año. Sin embargo, la administración de Córdoba ha sido entregada de facto con seis meses de anticipación, en un acto que analistas y actores políticos señalan como una imposición orquestada desde las filas de Morena, sin sustento legal ni resolutivo electoral.


Dato 

La constante presencia de Alonso Cerezo en actos oficiales, particularmente en eventos escolares organizados por la SEV —estructura que sigue bajo influencia de Zenyazen Escobar—, confirma la operación política anticipada que mantiene al municipio en un limbo legal, con una administración dividida, debilitada y sin rumbo claro.
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