Corrupción, desvíos, facturas falsas y violencia: así termina el gobierno más opaco en Coetzala
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Efraín Hernández
Coetzala, Ver. 01/08/25 (LasAltasMontañas). Bajo un esquema de simulación, abuso de poder y desfalco sistemático, el gobierno municipal de Coetzala concluirá su cuatrienio arrastrando múltiples señalamientos por corrupción, desvío de recursos públicos, uso de facturas falsas, obras infladas, contratos amañados y total opacidad en el manejo del presupuesto. Desde el inicio de la administración, las irregularidades fueron constantes y quedaron documentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que mantiene bajo lupa diversos rubros, en especial obra pública, nómina y servicios.
Por si fuera poco, las autoridades locales difundieron una supuesta “liberación” de deuda pública que no tiene sustento alguno. Ni esta administración ni las anteriores contrataron financiamiento bancario; por lo tanto, no existe deuda pública bajo ese concepto. Sin embargo, sí hay adeudos millonarios acumulados: 2 millones 500 mil pesos con el SAT por el incumplimiento en el pago del ISR a los trabajadores, 1 millón de pesos con el IPE por cuotas omitidas y 1 millón 500 mil pesos reconocidos como deuda pública ante el ORFIS. Lo demás es una mentira oficial que busca maquillar el quebranto financiero.
Durante cuatro años, el alcalde operó con total impunidad. Controló la narrativa institucional, ocultó contratos, manipuló cifras, y restringió el acceso a la información pública. Mantuvo una red de protección con medios afines, filtrando únicamente lo que servía a sus intereses, mientras bloqueaba a reporteros críticos que documentaban su historial como agresor y su responsabilidad directa en el saqueo. Alejandro García Hernández figura en el padrón estatal de agresores por violencia política en razón de género.
Asimismo, se amparó en el discurso de una supuesta “disciplina financiera” para justificar la cancelación de proyectos prioritarios, el abandono de comunidades y la parálisis de servicios básicos. La realidad fue otra: calles destruidas, obras sin terminar y comunidades marginadas. Empresas fantasma fueron utilizadas para emitir facturas falsas con las que se inflaron gastos en materiales, combustibles y servicios inexistentes.
No hubo rendición de cuentas, ni mecanismos de contraloría ciudadana, ni transparencia en el ejercicio del presupuesto. En el proceso de entrega-recepción, persiste el riesgo de que todo se reduzca a una simulación más, sin auditorías reales, sin denuncias penales, y sin reparación del daño.
Ante esa situación la exigencia pública ahora recae sobre Geremías Nereo Apale Tehuintle, alcalde electo. Quien tendra que auditar con rigor cada peso ejercido, y sobre todo tendra que investigar los desvíos, que presente las denuncias correspondientes y que rompa con el pacto de impunidad que tiene cada presidente municipal en turno con su amtecesor.
