Qué se debe reformar en el código penal, para garantizar la legítima defensa.

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NACIONAL (27/02/26). El debate sobre la legítima defensa ha vuelto al centro de la discusión pública: ¿puede una persona terminar en prisión por defender su propia casa? En distintos países de América Latina, casos en los que un propietario mata a un delincuente dentro de su vivienda han terminado en procesos penales prolongados, generando indignación en sectores que consideran que el sistema castiga a la víctima y no al agresor. La polémica gira en torno a los límites legales de la fuerza y a cómo los jueces interpretan el principio de proporcionalidad.

En términos jurídicos, la legítima defensa suele estar contemplada en el Código Penal como una causa de justificación que excluye la responsabilidad criminal cuando concurren ciertos requisitos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Sin embargo, en la práctica, determinar si la respuesta fue proporcional y necesaria puede convertirse en un terreno gris. Cada caso es analizado de manera individual, y si la fiscalía considera que hubo exceso en la defensa, el propietario puede enfrentar cargos.

En países como Argentina y México, el debate ha cobrado fuerza tras casos mediáticos donde ciudadanos fueron imputados luego de abatir a intrusos en sus domicilios. Mientras algunos sectores reclaman reformas más contundentes para proteger al dueño de casa, otros advierten que flexibilizar en exceso la legítima defensa podría abrir la puerta a abusos o ejecuciones encubiertas bajo la apariencia de autoprotección.

Los especialistas en derecho penal señalan que el problema no radica necesariamente en la existencia de la figura jurídica, sino en su interpretación. La ausencia de presunciones claras —como la llamada “defensa privilegiada del hogar”— obliga a que cada ciudadano deba probar que actuó bajo peligro real e inminente. Para quienes promueven cambios, el Código Penal debería incorporar criterios más objetivos que otorguen mayor seguridad jurídica al propietario que enfrenta una intrusión violenta en su vivienda.

Entre las propuestas de reforma se mencionan la ampliación de la presunción de legítima defensa cuando el hecho ocurre dentro del domicilio, la inversión de la carga probatoria en ciertos supuestos y la definición más precisa del concepto de “proporcionalidad”. No obstante, constitucionalistas advierten que cualquier modificación debe equilibrar el derecho a la vida y el principio de uso racional de la fuerza, evitando convertir la defensa en una licencia para matar.

En definitiva, la discusión no se limita a un enfrentamiento entre garantismo y mano dura, sino que expone una tensión más profunda: cómo proteger a quien es víctima de un delito sin erosionar los estándares básicos del Estado de Derecho. La pregunta que subyace es si la ley ofrece hoy suficiente amparo a quien defiende su hogar o si, por el contrario, deja una zona de incertidumbre que termina trasladando al ciudadano el peso de un proceso penal tras haber sobrevivido a una situación límite.