Orizaba, Ver. 13/08/26.- Un grupo de vendedoras ambulantes de Orizaba manifestó públicamente su desconocimiento hacia Gaudencio Brito como supuesto representante del sector y denunció que, de acuerdo con sus testimonios, se les estarían solicitando cuotas económicas y condicionando su participación en determinadas actividades.
Las comerciantes dejaron claro que no reconocen a Brito como su dirigente ni le han otorgado facultades para tomar decisiones a su nombre. Señalaron que varias de ellas cuentan con años de antigüedad en la actividad comercial y rechazaron que se les considere como personas recién incorporadas al ambulantaje.
Durante su pronunciamiento, las mujeres expusieron que presuntamente se les han solicitado pagos de hasta 300 pesos por no acudir a reuniones, movilizaciones u otras actividades, además de posibles cobros relacionados con retardos o inasistencias.
Las inconformes señalaron que estas cantidades representan un impacto considerable para quienes dependen de sus ventas diarias para sostener a sus familias. Entre los testimonios se encuentran los de mujeres que tienen bajo su responsabilidad a familiares y que, por sus circunstancias económicas, aseguran necesitar permanecer trabajando en lugar de acudir a movilizaciones.
También señalaron presuntos cambios en las sanciones aplicadas a quienes no participan en las actividades convocadas. Según sus versiones, inicialmente se habría hablado de suspensiones de 15 días, posteriormente de un mes y finalmente de hasta dos meses.
Las comerciantes explicaron que algunas de estas disposiciones fueron comunicadas mediante grupos de comunicación entre las propias vendedoras, por lo que solicitaron que se aclare quién determina las sanciones, con qué fundamento y, particularmente, cuál sería el destino de las aportaciones económicas que aseguran se les solicitan.
Otro de los puntos que generó inconformidad fue la participación de mujeres embarazadas y menores de edad en algunas movilizaciones. Las comerciantes consideraron que los niños no deberían ser involucrados en este tipo de actividades y reiteraron que su principal preocupación es conservar una fuente de ingresos para sus familias.
Sobre el manejo de los recursos, las mujeres mencionaron que presuntamente parte de las aportaciones habría sido utilizada para adquirir materiales o bienes empleados por el grupo; sin embargo, reconocieron que no cuentan con información precisa sobre el monto total recaudado ni sobre su destino, razón por la que exigieron mayor transparencia.
Las inconformes estimaron que alrededor de 65 comerciantes forman parte del grupo que se ha deslindado de Brito. Afirmaron que algunas mujeres todavía mantienen algún vínculo con él debido al temor de enfrentar sanciones económicas o perder sus espacios de venta, mientras que otras ya decidieron apartarse.
En contraste con la figura de un representante externo, las comerciantes manifestaron su disposición a mantener comunicación directa con el Ayuntamiento de Orizaba, particularmente con la Dirección de Comercio, para atender los asuntos relacionados con su actividad.
Las vendedoras señalaron que están dispuestas a cumplir con las disposiciones municipales encaminadas a mantener ordenados los espacios de venta, entre ellas conservar sus puestos alineados y evitar obstrucciones al paso peatonal.
Asimismo, aseguraron que las cuotas que denuncian no provienen de la autoridad municipal, sino que estarían relacionadas con la organización que encabeza Brito. Por ello, pidieron que cualquier acuerdo relacionado con sus lugares de trabajo sea establecido directamente con la autoridad competente y no quede sujeto a intermediarios o a presuntos condicionamientos económicos.
El posicionamiento ocurre en medio del proceso de ordenamiento del comercio en la vía pública que se mantiene en distintos puntos de Orizaba. Las autoridades municipales han planteado la necesidad de mantener libres las zonas peatonales y establecer condiciones que permitan la convivencia entre comerciantes, peatones y habitantes.
En este contexto, las comerciantes expresaron su disposición a dialogar con el Ayuntamiento y solicitaron una audiencia formal con el director de Comercio para presentar sus inconformidades, aclarar su situación y conocer directamente las condiciones que deberán cumplir para continuar desarrollando su actividad.
El principal reclamo del grupo es, por tanto, que Gaudencio Brito deje de ser considerado su representante, al tiempo que demandan claridad sobre las presuntas cuotas y sanciones que, según sus testimonios, se les han aplicado.
Hasta el momento, los señalamientos sobre los cobros y condicionamientos corresponden a las declaraciones realizadas por las propias comerciantes y deberán ser aclarados por las partes involucradas. Las vendedoras, en tanto, buscan que su relación con las autoridades municipales se mantenga de manera directa, transparente y dentro de las disposiciones establecidas para el comercio en la vía pública.
