🚨 DENUNCIAN PRESUNTOS COBROS DE $500 PARA AGILIZAR LICENCIAS EN ORIZABA
Orizaba, Ver., 18 de septiembre de 2026.– Una denuncia ciudadana puso nuevamente bajo cuestionamiento la operación del Módulo de Licencias de Conducir de Orizaba, donde, de acuerdo con el testimonio de una persona que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, presuntamente se estaría cobrando dinero a los usuarios para permitirles realizar el trámite de manera inmediata.
Según el relato recibido, personas que se encontraban en el acceso de las oficinas habrían solicitado 500 pesos a quienes acudían a tramitar o renovar su licencia, bajo el argumento de que, sin ese pago, tendrían que regresar otro día debido a supuestas fallas en la impresora utilizada para emitir los documentos.
El señalamiento adquiere relevancia porque no se trataría únicamente de una inconformidad relacionada con tiempos de espera, sino de una acusación sobre un presunto mecanismo irregular para obtener dinero a cambio de agilizar un servicio público.
La denuncia solicita que las autoridades estatales realicen una revisión directa del funcionamiento del módulo y, particularmente, de la actuación de las personas que tienen contacto con los ciudadanos desde el ingreso a las instalaciones.
El módulo de Orizaba se encuentra oficialmente registrado por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en Poniente 7 número 870, colonia Centro, y forma parte de la red estatal de módulos para la expedición de licencias.
UN PROBLEMA QUE YA HA GENERADO QUEJAS POR DEMORAS
Los problemas de atención en este punto no son nuevos. En julio de 2024, medios locales documentaron saturación, largas esperas y dificultades para atender la demanda en el módulo de Orizaba. En aquella ocasión se informó que diariamente podían expedirse entre 100 y 120 licencias y que el módulo atendía a habitantes de municipios de las Altas Montañas.
También en agosto de 2024 fueron reportadas largas filas y retrasos atribuidos a problemas con el equipo, situación que provocó que algunos ciudadanos tuvieran que esperar durante horas o incluso acudir desde la noche anterior para intentar obtener un lugar.
Estos antecedentes hacen necesario distinguir entre fallas técnicas reales, saturación del servicio y cualquier eventual cobro irregular, pues una deficiencia administrativa no puede convertirse en una oportunidad para condicionar la atención mediante pagos no contemplados oficialmente.
¿CUÁNTO DEBE PAGAR REALMENTE EL CIUDADANO?
La propia Secretaría de Seguridad Pública publica los requisitos y costos oficiales de los distintos tipos de licencia. Entre ellos aparecen conceptos como expedición, canje y duplicado, además de los requisitos documentales correspondientes; no aparece un pago de 500 pesos a personal del módulo para obtener atención preferente o inmediata.
Además, el Gobierno de Veracruz ha señalado que la digitalización de sus procesos busca reducir tiempos de espera, eliminar intermediarios y controlar las distintas etapas de atención.
Por ello, si se confirma que particulares o servidores públicos están solicitando dinero adicional para adelantar trámites, se trataría de una situación que merece una investigación administrativa y, en su caso, las acciones legales correspondientes.
PIDEN INVESTIGAR QUIÉNES CONTROLAN EL ACCESO
La denuncia ciudadana plantea una pregunta que corresponde responder a las autoridades: ¿quién controla el acceso de los usuarios, quién decide quién es atendido y quién tiene conocimiento de los supuestos cobros?
El señalamiento apunta a que quienes solicitan el dinero operarían dentro o en las inmediaciones del módulo, por lo que resulta pertinente que la autoridad revise cámaras de vigilancia, registros de atención, personal asignado, turnos, reportes de fallas técnicas y cualquier mecanismo utilizado para organizar la atención.
También sería necesario determinar si existen antecedentes formales de quejas similares y si algún servidor público ha sido señalado anteriormente por conductas relacionadas con cobros indebidos.
AUTORIDADES DEBEN ACLARAR
Hasta el momento, la acusación corresponde a un testimonio ciudadano y no constituye por sí misma una prueba de que exista una red de corrupción ni permite atribuir responsabilidad al encargado del módulo o a otros servidores públicos.
Por esa razón, la exigencia central es que las autoridades competentes investiguen y determinen qué está ocurriendo.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los procedimientos, requisitos y costos oficiales de sus trámites, pero también a recibir atención sin que se le condicione mediante pagos no establecidos.
El caso queda ahora en manos de las autoridades estatales, que deberán aclarar si las acusaciones corresponden a un hecho aislado, a una práctica irregular de particulares o a una situación que involucre a personal del propio módulo.
La pregunta permanece abierta: ¿quién está cobrando los 500 pesos y bajo qué argumento se estaría condicionando la atención a los ciudadanos?
