Xalapa, Veracruz | 6 de octubre de 2026.

Una serie de señalamientos internos, aún no acreditados oficialmente, puso nuevamente bajo los reflectores a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz. Las acusaciones apuntan a una presunta red de cobros indebidos, favoritismos, ausencias toleradas y supuestos “moches” relacionados con los operativos de alcoholimetría.

De acuerdo con información que circula en redes sociales y que fue hecha llegar a esta redacción, algunos elementos inconformes aseguran que existirían cuotas de entre mil 500 y hasta 4 mil pesos semanales para determinados integrantes de la corporación que buscarían evitar su participación en los puntos de revisión.

El asunto, de comprobarse, tendría una ironía bastante amarga: mientras el alcoholímetro pretende detectar cuánto alcohol lleva un conductor en la sangre, las denuncias plantean que habría que averiguar cuánto dinero circula debajo de la mesa.

EL ALCOHOLÍMETRO, EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Los operativos de alcoholimetría sí forman parte de una estrategia oficial de seguridad vial en Veracruz. Durante 2026 se han realizado revisiones en Xalapa y otros municipios, con participación de Tránsito Estatal, Policía Estatal, autoridades municipales, Asuntos Internos y, en determinados casos, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En una jornada realizada en Xalapa en septiembre se reportaron 3 mil 82 pruebas cualitativas y 15 conductores infraccionados, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Además, la CEDHV ha informado que acompaña estos operativos para vigilar que las actuaciones de los servidores públicos se desarrollen conforme a la legalidad y con respeto a los derechos humanos.

Precisamente por ello, las acusaciones adquieren relevancia: si alguien estuviera utilizando un operativo diseñado para prevenir accidentes como mecanismo de beneficio personal, no solamente estaría dañando a los automovilistas, sino también la credibilidad de toda la estrategia.

¿“CUOTA PARA NO IR”? ESO ES LO QUE DEBE INVESTIGARSE

Los denunciantes mencionan nombres, apodos y presuntos esquemas de protección dentro de la corporación. También hablan de supuestos privilegios para determinados elementos, mientras otros serían enviados de manera recurrente a las comisiones más pesadas.

Ninguna de estas acusaciones ha sido acreditada públicamente por una autoridad ministerial o administrativa, por lo que los nombres mencionados en las denuncias deben considerarse únicamente como personas señaladas por terceros y no como responsables de algún delito.

De confirmarse un sistema en el que unos elementos trabajan y otros pagan para no hacerlo, la escena tendría un humor negro difícil de superar: el famoso “servicio público” convertido, presuntamente, en servicio personalizado.

Y si además hubiera dinero para “comprar” descansos, evitar comisiones o conseguir privilegios, entonces el problema dejaría de ser una simple indisciplina interna para convertirse en un asunto que tendría que ser revisado por las instancias de control correspondientes.

TAMBIÉN SEÑALAN COBROS POR ESPACIOS EN LA VÍA PÚBLICA

Las denuncias difundidas no se limitan a los alcoholímetros.

También se habla de presuntos cobros relacionados con el apartado de lugares en la vía pública, así como de una supuesta administración informal del dinero obtenido mediante esas prácticas.

Una acusación de esta naturaleza tendría que ser particularmente delicada porque implicaría utilizar facultades relacionadas con la movilidad y el espacio público para obtener beneficios económicos particulares.

En Veracruz ya existen antecedentes recientes de denuncias públicas relacionadas con presuntos cobros indebidos en otras áreas de la administración estatal. Por ejemplo, en septiembre pasado concesionarios de verificentros acusaron públicamente a funcionarios de una dependencia estatal de exigir cuotas para poder operar; el caso fue presentado ante autoridades estatales y un órgano interno de control.

Eso no demuestra que las acusaciones contra Tránsito sean verdaderas, pero sí evidencia que las denuncias de corrupción dentro de dependencias públicas deben ser investigadas y no simplemente archivadas debajo de una montaña de papeles.

¿Y LAS AUTORIDADES?

La propia Secretaría de Seguridad Pública ha establecido públicamente una política de “cero tolerancia” al abuso y la extorsión, y mantiene mecanismos para recibir denuncias contra servidores públicos. Entre ellos se encuentran la Dirección General de Asuntos Internos, el número 089 y una línea directa de atención.

La dependencia señala que pueden presentarse datos como fecha, lugar, hora, corporación, identificación del elemento, número de patrulla y evidencia fotográfica o videográfica.

Por eso, si los señalamientos que circulan en redes tienen sustento, la prueba debería estar en manos de las autoridades y no únicamente en publicaciones de Facebook.

Porque una cosa es hacer una acusación en redes sociales y otra muy distinta es presentar evidencias que permitan abrir una investigación administrativa o penal.

LA PREGUNTA INCÓMODA

El verdadero problema no sería solamente determinar si alguien cobró mil 500, 3 mil o 4 mil pesos.

La pregunta importante sería:

¿Existe una estructura organizada para cobrar, proteger, favorecer o castigar selectivamente a integrantes de la corporación?

Y si existe, ¿desde dónde opera?

Hasta el momento no se localizó un comunicado oficial que confirme una investigación específica relacionada con los nombres y señalamientos contenidos en la denuncia difundida en redes.

La SSP, sin embargo, mantiene canales formales para investigar casos de corrupción, abuso y extorsión.

Mientras tanto, el expediente mediático ya tiene todos los ingredientes: cuotas, alcoholímetros, presuntos protegidos, supuestos privilegios, vehículos nuevos y una larga lista de preguntas.

Ahora falta lo menos divertido: que alguien investigue y determine qué es verdad y qué no.

Porque si el alcoholímetro sirve para detectar quién viene pasado de copas, quizá también haga falta un “corrupciómetro” institucional para detectar quién anda pasado de confianza.

Importante: Los señalamientos contenidos en esta nota corresponden a denuncias difundidas y entregadas a esta redacción. No constituyen por sí mismos prueba de responsabilidad penal o administrativa. Las personas mencionadas conservan su derecho a la presunción de inocencia y a responder públicamente a las acusaciones.

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