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⚖️ SEÑALAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE ORIZABA; PIDEN INVESTIGAR AL PERSONAL

 


Orizaba, Veracruz | 14 de octubre de 2026.

Ciudadanos y abogados denunciaron presuntas irregularidades en el Juzgado Décimo Quinto de Orizaba y solicitaron al Poder Judicial de Veracruz una revisión integral de su funcionamiento, al considerar que los cambios en la titularidad no serían suficientes para garantizar transparencia en la atención de los asuntos judiciales.

Entre los señalamientos, que hasta el momento deben ser considerados denuncias no acreditadas, se encuentran supuestos cobros indebidos, posibles intermediaciones para agilizar trámites y presuntas anomalías en la programación de audiencias. Los denunciantes sostienen que estas prácticas habrían persistido pese a la salida del anterior titular, Germán Jiménez Oceguera, y señalan a personal administrativo que continúa laborando en el juzgado, entre ellos Ana Ivette Murueta López. No se cuenta aquí con una resolución oficial que confirme estas acusaciones ni que determine responsabilidades individuales.

Ante esta situación, los inconformes piden que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y las instancias de control correspondientes verifiquen los expedientes, las agendas de audiencias, los tiempos de trámite y cualquier posible solicitud de dinero ajena a los procedimientos legales. También demandan mecanismos de denuncia seguros para quienes temen represalias por tener asuntos pendientes ante esa autoridad.

El llamado se extiende a la gobernadora Rocío Nahle García para que, dentro de sus atribuciones, impulse la atención institucional que corresponda. La investigación de posibles faltas debe quedar en manos de las autoridades competentes, con respeto al debido proceso y al derecho de audiencia de las personas señaladas.

La exigencia ciudadana es que cualquier irregularidad se investigue y, si se comprueba, se sancione conforme a la ley. La confianza en la justicia depende de que los trámites se resuelvan con imparcialidad, sin privilegios ni pagos indebidos, y de que las denuncias sean atendidas con pruebas y resultados verificables.


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