Duarte lejos de mostrarse como un gobernador respetuoso de los Derechos Humanos
CECILIO BALTAZAR MIRANDA
Sólo en un país en donde impera la democracia como forma de gobierna existe un verdadero respeto a los derechos humanos…
Con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley Suprema del país, habría de contestarse afirmativamente dicha interrogante, en virtud de que en términos del artículo 40, México es una República representativa, democrática y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unido en una federación establecida según los principios de la propia Constitución.
Abundando habría que decir que en la democracia, como forma de gobierno, la soberanía nacional reside en el pueblo, del que dimana todo poder público, el cual se instituye exclusivamente para beneficio del mismo pueblo, quien en todo tiempo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Sin embargo, en México los representantes del pueblo se sirven del poder que se les confiere, tan es así que, por ejemplo, en México hay ex un gobernador que se niega a cumplir con la sentencia firme de un tribunal y ha impedido que durante varios años su ex cónyuge y madre de sus hijos gemelos (quien es extranjera) los vea y tenga convivencia con ellos; en México, varios ex gobernadores de distintos Estados del país, por no decir que todos, se han apropiado de los recursos públicos que debieron haber asignado a la obra pública y al bienestar social; los mismos ex gobernadores y los actuales en el cargo han permitido el establecimiento de grupos de la delincuencia organizada recibiendo recursos económicos a cambio de que los dejen operar con absoluta impunidad; de modo que, ¿cómo podría así, en esos términos, existir una real democracia en este país?
Sobre el particular, cabe citar a un autor mexicano conocido como RIUS, que en uno de sus tantos libros habla de la democracia a la mexicana, es decir, de una democracia a modo que permita el abuso, la arbitrariedad, la impunidad… pobre México!
Muestras de lo antes dicho hay muchas y diariamente se generan varias, una de ellas es lo que acontece con la comunicadora Maryjose Gamboa, quien así es conocida en el Estado de Veracruz en donde ha trabajado en distintos medios de comunicación y de un tiempo a la fecha escribe una columna en el Diario Notiver. Tiene un estilo valiente, para algunos atrevido, pues se atreve a decir lo que toda la gente pensante y consciente de la situación que se vive en Veracruz comenta, aunque se hace entre amigos o en familia, pues la gente no se atreve a hacerlo públicamente o no tienen los medios al alcance para dar a conocer su opinión. Muchas veces uno se pregunta si todo lo que escribe es real y objetivo, o si en ocasiones, apasionada como parece que es, exagera un poco o mucho…, pero con lo que está sucediendo actualmente con ella todas las dudas se disipan, pues es evidente que todo lo que ha escrito y dicho es VERDAD, así, con mayúsculas, sólo así se entiende el abuso y la arbitrariedad con la que se le ha tratado en un procedimiento que la máxima ley de la Nación dispone que debe ser respetuoso de los derechos humanos de las personas y, por ende, que debe ser justo.
Por partes vamos, qué pasó? Todos en Veracruz y ya fuera del Estado, han leído sobre el evento automovilístico en que se vio involucrada la comunicadora de la que se habla: en la madrugada del pasado sábado doce de julio de este año; ella conducía un vehículo sobre un boulevard de la ciudad de Boca del Río y él, la otra persona que participó en los hechos, caminando cruzaba el boulevard, y el destino, la mala suerte o quién sabe qué, los hizo encontrarse… él lamentablemente perdió su vida y ella lastimosamente perdió su libertad… ambos bienes sujetos de protección jurídica y considerados igualmente derechos humanos.
Tanto la familia del joven que falleció como la de la comunicadora exigen justicia y aquí es donde se presentan el abuso, la arbitrariedad y la venganza.
La familia y demás seres queridos del joven que falleció - de quien se omite su nombre más por respeto, pues lo cierto es que esta opinión es respecto del proceso al que está sujeta la comunicadora -, por justicia, de ninguna manera podrán recuperar con vida a su familiar, a su amigo, sólo recibirán la indemnización que por ley les corresponderá, pues al margen de la sanción que se le imponga a la comunicadora, ello en nada será un paliativo para su dolor. Esto, visto objetivamente como fue, sin apasionamiento de ningún tipo.
Por cuanto hace a ella, a Maryjose Gamboa, su familia y amigos, por justicia, esperan un juicio justo, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y se observe la ley que sea exactamente aplicable a su caso; sin embargo, está lejos de que así suceda. El Gobierno estatal ha puesto en marcha toda su maquinaria para aplastarla literalmente, para amedrentarla, para callarla, al más puro estilo de lo que el ex gobernador de Puebla Mario Marín le hizo a la periodista Lidia Cacho, pero lo que el gobernador y su gente, entre ellos el Procurador General (no diré de Justicia, porque en absoluto conoce lo que significa esa palabra) no saben, es que están haciendo todo lo contrario, es decir, la están fortaleciendo y haciendo más grande de lo que, a lo mejor, ni ella misma pensó que llegaría a ser algún día.
La percepción de la mayoría de las personas que han seguido el caso a través de los diferentes medios de comunicación es que ella es tan poderosa y les hace tanto daño con lo que escribe de ellos, que por esa razón se han volcado contra ella, dejando entrever que es verdad lo que ella siempre ha escrito: el ejercicio abusivo y arbitrario del pinche poder, como ella le llama, que existe en el Estado de Veracruz; que el gobernador fue impuesto por su antecesor para taparse las espaldas; que en ocasiones se ha comportado como un títere de aquél; que es un hombre sin conocimiento alguno de lo que es el estado de derecho, el orden público y el interés social; que es un hombre intolerante, pues no puede ni sabe manejar el repudio de la gente y los cuestionamientos que se le hacen; que pasa por alto que el puesto que tiene es para gobernar a todos, a los que votaron por él y a los que no, a los que tienen su misma filiación partidista al igual que a los contrarios, así como a los que no comulgan con ningún partido político, en fin, que Javier Duarte, Luis Ángel Bravo y Leopoldo Muñiz, gobernador, procurador general y subprocurador de la zona centro del Estado de Veracruz, respectivamente, son un trío de ignorantes y que la ignorancia es la madre de la prepotencia, del abuso y la arbitrariedad, pues vale preguntarse, antes de que los tres nombrados tuvieran los cargos que actualmente ostentan (no que desempeñan, porque es claro que no ejercen las funciones que derivan de sus respectivos cargos) quiénes eran, quién los conocía como personas estudiosas y respetables? En contrario, se conocen muchas historias que los revelan como personas de poca calidad moral, si es que tienen algo de ella, pues quien tiene de sobra no acepta un cargo o puesto para el que no está preparado y, se insiste, cuándo Luis Ángel Bravo y Leopoldo Muñiz han trabajado en la procuración de Justicia? Seguro ni siquiera entienden la diferencia entre administrar e impartir Justicia.
Ahora, será el turno del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el que nos mostrará a todos si es que como alguna vez lo concibió Montesquieu, existe división de poderes y que entre el Ejecutivo y el Judicial existe independencia e imparcialidad; se verá si el Juez al que le correspondió conocer de la causa penal que se le instruye a la comunicadora por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo va a valorar los hechos objetivamente a partir de las pruebas que existen en el expediente, destacando aquellas que por su inmediatez merecen un valor demostrativo preponderante, sin soslayar las circunstancias particulares del caso, como aquellas relativas a que ella no se dio a la fuga después del evento automovilístico, que no abandonó a la víctima en la calle, que ella misma fue quien llamó a las autoridades de tránsito para reportar el hecho, entre otras.
Si quien esto escribe fuera el juez de la causa no podría soslayar, de ninguna manera, que la comunicadora en cuestión no es una mujer ignorante, puede que no sea licenciada en derecho, pero tiene conocimientos básicos, pues escribe al respecto y crítica y ello requiere de cierta preparación y conocimiento, de ahí que si ella ha afirmado todo el tiempo que no iba en estado de ebriedad y los primeros dictámenes periciales que al respecto le practicaron lo corroboran, tal afirmación merece credibilidad, ya que de haber ido bajo el influjo de alguna bebida alcohólica seguramente no se hubiese quedado en el lugar de los hechos a responsabilizarse de los mismos, sabida de que no es una persona grata para el gobierno estatal, quizá su error fue haber confiado en la Justicia, en una justicia injusta que es claro que está al servicio del gobernador.
Con lo expuesto anteriormente no se pretende que la exoneren de toda culpa, pues sí la tuvo, tan es así que resultó un joven muerto, pero no hay razón para que, con base en pruebas recabadas de mala fe por una institución que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de buena fe, se le mantenga privada de su libertad y se le exhiba en los medios de comunicación como una delincuente de gran peligrosidad (aunque no se ignora que existen protocolos que se deben seguir con las personas detenidas), incluso, que se le tache por algunas personas de asesina, cuando de ninguna manera lo es, en virtud de que este calificativo de asesina sólo corresponde a quien priva de la vida a otro de manera intencional, lo que no se actualiza en este caso, pues fue un fatal accidente automovilístico en donde convergieron tanto la imprudencia de la conductora del vehículo, quizá por conducir con falta de cuidado (pues no hay que descartar que pudo ser un caso fortuito, en donde toda la culpa recae en la otra persona que intervino en el evento, pero eso será motivo de análisis también por parte del juzgador), así como la imprudencia del joven que falleció por no tomar las mínimas precauciones de mirar si al momento en que pretendía cruzar la calle venía o no algún vehículo, sin contar con que, según reportan, los hechos sucedieron a unos cuantos metros de donde hay un puente peatonal que debió haber usado.
Si el joven venía en estado de ebriedad, ya no importa, su imprudencia la pagó con su vida. Si la comunicadora no venía en ese estado de ebriedad que le achacan, más allá de la sanción que se le imponga, cargará toda su vida con su parte de culpa sin contar las horas, los días, quizás los meses que pasará en la cárcel alejada de sus suyos, pero finalmente saldrá ganadora a causa del gobierno que la quiere ver perder: ganadora de verdad y de integridad.
Podría abundar en más cosas, pero vale terminar estas líneas con una interrogante: ¿será que en el gobierno de Javier Duarte no hay un solo colaborador de él (que sea estudioso del Derecho) que pueda decirle que se ha equivocado y que está causando el efecto contrario en la persona de la comunicadora, pues a ella la respetarán aún más los que ya lo hacían y lo harán quienes a lo mejor no sabían de su existencia; que lejos de mostrarse como un gobernador respetuoso y cumplido de las leyes, se ve en toda su expresión como el personaje ignorante, abusivo y arbitrario que ella tanto ha denunciado y que lo seguirá haciendo ahora con mayor razón?. ¿Qué no habrá quien le diga al gobernador que, de llegar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como seguramente se empeñará en hacerlo llegar la comunicadora y sus abogados, quizá no pronto, porque tal instancia ahora se ve lejana), con su actuación dará lugar a que se declare al Estado Mexicano con responsabilidad internacional?, con lo que quedará más desacreditado, si es que eso es posible, pero no sólo él, sino el país completo, quedará México y, por ende, todos los mexicanos que hacemos que esté país camine, como represores, abusivos, arbitrarios, prepotentes y, lo que es peor, como IGNORANTES.
De lo que ahora vive Maryjose Gamboa se pueden plantear y analizar muchas cuestiones que saltan a la vista; pero destaca por su relevancia la necesidad de que el pueblo (en el que residen la soberanía), no sólo el del Estado de Veracruz, sino el del país entero, despierte y se queje abiertamente, y que de la queja pasemos a la acción, a cuestionar y pedir cuentas a quienes nos gobiernan, que hagamos valer la soberanía de la que somos titulares y que castiguemos con el voto responsable y razonado a los malos gobernantes, es decir, que nos convirtamos en personas valientes y que no permitamos, en esta medida, que se cometan estas barbaridades que hoy está padeciendo la comunicadora en mención, no porque en forma probable se considere que con su conducta privó de la vida a otra persona, sino porque tener una afiliación partidista distinta a la del gobernador en turno y por ser una voz crítica de la actuación de éste.
Al gobernador, al procurador general de justicia y al subprocurador de la zona centro del Estado de Veracruz les conviene leer la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, documento que fue ratificado por el Estado Mexicano, para que se enteren de la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, respecto de la que México reconoció su jurisdicción contenciosa, por lo que todos los que ostentan un cargo o puesto de autoridad están obligados a cumplirla, so pena de hacer incurrir al país en responsabilidad internacional; sólo consta de ochenta y dos (82) artículos, así que no implicará mucho tiempo y esfuerzo leerla.
Con esa lectura será suficiente para tomar un poco de consciencia sobre la forma en la que han actuado hasta ahora, pero hay múltiples instrumentos internacionales que México se ha obligado a respetar y que están violando sistemáticamente con este y otros muchos casos.
Al juez de la causa se le recomienda leer antes de que resuelva la situación jurídica de la comunicadora y de todas las personas a las que les instruye un proceso en el juzgado a su cargo, losPrincipios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General (de las Naciones Unidas) en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, así como el Informe de la Relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados identificado como A/HRC/17/30/Add.3. Documentos internacionales que serán suficientes para que no permita que lo presionen a actuar en contra de las constancias que integren los expedientes y a favor de los intereses mezquinos del gobierno o de cualquier persona que se sienta con influencias derivadas de un cargo que el propio pueblo le ha dado.
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