LIBRE EXPRESIÓN
En Tlatlaya e Iguala, “graves” delitos del ejercito y PGR contra la juventud
Se busca fortalecer la atención a las sobrevivientes, sostiene Enrique Guadarrama
Reclasificación del caso Tlatlaya no implica cambios esenciales: visitador de la CNDH
Lo que ocurrió en esa localidad mexiquense fue “muy grave” y debía señalarse, afirma
Imagen de uno de los muertos en Tlatlaya, estado de México, durante un operativo del Ejército, el 30 de junio de 2014 Foto Agencia MVT
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 16 de enero de 2015, p. 7
La reclasificación del caso Tlatlaya como “violación grave de derechos humanos” busca fortalecer la atención a las sobrevivientes de los hechos y subrayar la importancia de lo ocurrido, para que las instituciones mencionadas en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo “consideren” cuando presenten sus respuestas, pero no modifica puntos sustanciales de ese documento, indicó el segundo visitador general de dicho organismo, Enrique Guadarrama.
Afirmó que las tres instancias mencionadas en la recomendación 51/2014 –la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del estado de México– ya enviaron algunas “pruebas de cumplimiento”, las cuales están en proceso de análisis para verificar si son válidas.
“Cuando la CNDH supo de lo ocurrido abrió un expediente de oficio, pero no hizo ninguna consideración sobre la gravedad de los hechos, y así se siguió durante toda la indagatoria hasta que se emitió la recomendación. Lo que pasó en Tlatlaya fue muy grave y esa situación debía señalarse, por eso se reclasificó” el tema, explicó el funcionario en entrevista.
Este cambio, apuntó Guadarrama, no implica que la recomendación se modifique o se amplíe. “Lo que genera, por un lado, es un intento de fortalecer la atención a las víctimas de los hechos y, por el otro, se hace del conocimiento de las autoridades para que tomen en cuenta el calificativo de ‘grave’ y lo consideren para efectos de lo que les toca cumplir.
“Ya hay una recomendación emitida por el organismo y existe la obligación de aceptarla. Esto es igual en las que se señalan como graves y en las que no se consideran así. Los organismos señalados ya aceptaron (el documento) y ahora estamos en la etapa del seguimiento.”
Acerca del nivel de cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a cada instancia (10 al Ejército, cinco a la PGR y ocho al gobierno mexiquense), el visitador Guadarrama informó que la CNDH ha comenzado a recibir algunas pruebas al respecto, las cuales se evalúan para determinar si se ajustan a lo dicho por la comisión.
“Los tres organismos nos han estado enviando documentación, y ahora la estamos analizando para determinar si es suficiente. En el caso de la PGR, por ejemplo, presentaron conclusiones no acusatorias contra las dos mujeres que estaban en la cárcel por este hecho. Vemos que sí hay buena disposición de cumplir con la reparación del daño”, aseveró.
En el basurero hay vegetación que no podría crecer en tierra arrasada, sostiene
“Nula”, la posibilidad de que cremaran a los alumnos en Cocula, afirma experto
Si arrojaron los cuerpos a un barranco, habría muestras de ADN, señala Montemayor Aldrete
El investigador Jorge Antonio Montemayor Aldrete, durante la mesa redonda Imposibilidad de cremación de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero, celebrada en el auditorio Rolando García del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM Foto Guillermo Sologuren
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de enero de 2015, p. 4
La posibilidad de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde septiembre, hayan sido cremados en el basurero de Cocula, como sostiene la principal hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR), “es nula”.
A esta conclusión llegaron Jorge Antonio Montemayor Aldrete, doctor en ciencias físicas e integrante del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Pablo Ugalde Vélez, maestro en ciencia de materiales e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-Azcapotzalco), en un análisis basado en criterios científicos que realizaron para confrontar la versión del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre pasado.
Ayer, Montemayor Aldrete ofreció una conferencia en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, por invitación del colegio académico de esa entidad (que contará con una versión completa del análisis), durante la cual mostró fotografías de la barranca donde habrían quemado los cuerpos –publicadas por varios medios de comunicación en noviembre– en las que se observa un espacio con gran vegetación.
Recordó que, de acuerdo con la hipótesis de PGR, la hoguera habría alcanzado una temperatura hasta de mil 600 grados centígrados y se habría realizado el 27 de septiembre. “En menos de dos meses en ese terreno no puede crecer nueva vegetación y tendría que estar dañado por el nivel de calor que en teoría se alcanzó”.
Otro elemento del análisis científico –elaborado a partir de varias teorías, como las leyes de la termodinámica o de la conservación de la materia– es que, debido a que se trata de una barranca, los criminales tuvieron que bajar arrastrando los cuerpos de los normalistas –la versión oficial señala que algunos ya iban muertos–, por lo cual habrían quedado sobre el terreno restos de ADN, como sangre, cabellos o hasta piel, pues pudieron chocar con rocas o sufrido raspones.
Si los mataron ahí, debe haber sangre infiltrada en el suelo. Para eliminar esa evidencia debieron usar una excavadora que levantara entre tres y cuatro metros de tierra. Esas son huellas de ADN y no era necesario enviar los restos que según encontraron a Austria para su identificación: bastaría con hacer un análisis del terreno”.
Montemayor Aldrete –experto en el trabajo de propiedades mecánicas de materiales, quien ha sido asesor técnico en peritajes de la propia PGR, el Poder Judicial, y recientemente apoyó las investigaciones para conocer las causas del accidente que sufrió un grupo de jóvenes universitarios en la carretera México-Toluca– reiteró que para incinerar los 43 cuerpos se necesitarían 33 toneladas de leña de al menos cuatro pulgadas de diámetro o 995 neumáticos, y éstos no pudieron ser colocados uno sobre otro, sino extenderse en todo el terreno, para lo cual se hubiesen necesitado 540 metros cuadrados, un espacio 10 veces más grande que el señalado.
Agregó que si fueran leños, se requeriría de dos tráileres para transportarlos y de un pedido especial para comprar ese lote. De haberse usado llantas, dijo, en el lugar debieron quedar toneladas de restos de alambre de acero al carbón, que representa casi 30 por ciento de los elementos con los que se fabrica un neumático estándar, y si ese metal se hubiese fundido, debieron aparecer rastros de los charcos porque al disminuir la temperatura volvería a ser material sólido.
Dijo que por medio de diversos mediadores tanto él como su colega Ugalde Vélez han ofrecido apoyo como peritos técnicos a los padres de los normalistas y están a la espera de su respuesta.
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En vigor, lineamientos para el apoyo a víctimas del delito
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 16 de enero de 2015, p. 7
Hoy entran en vigor los lineamientos con base en los cuales se analizarán los casos de víctimas del delito, tanto del fuero común como del federal y, cuando proceda, indemnizarlas como parte de la reparación del daño.
También se prevé, aunque no se especifican montos, la compensación a víctimas de violación a sus derechos humanos cometidas por autoridades federales.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) constituyó en el Banco del Ahorro Nacional el fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Los pagos por ayuda, asistencia y atención con cargo al patrimonio del fondo son servicios de emergencia médica, fármacos, honorarios médicos, hospitalización, atención mental y materno-infantil, anticoncepción de emergencia, interrupción voluntaria del embarazo en casos permitidos por la ley, gastos funerarios y becas para deudos, entre otros. Un grupo especial de la CEAV analizará los casos y emitirá los dictámenes correspondientes.
