PÉNDULO POLÍTICO 38-2019
DR. EMILIANO CARRILLO CARRASCO
El PRESUPUESTO Y SU APLICACIÓN EN EL
EJERCICIO 2020.

El
ahorro del plan de austeridad tendrá que pasar el tamiz de la burocracia y los
cambios a las partidas federalizadas por la SHCP a las reglas del nuevo estilo
del ejecutivo y con el riesgo del centralismo y a la violación a la autonomía
de los estados y a los municipios por acciones de inacción o acciones públicas
de rentismo social, abatir entre ellas. El presupuesto público está sujeto a
dos elementos, la ley de ingresos y presupuesto de egresos que permitirán obra
pública y prestación de servicios como, salud, educación, Seguridad,
transporte, ecología, deporte, investigación, etc. Toda esta argamasa de dinero
que tiene el Estado permite ser parte de la actividad económica del país y ser
canal de inversión de la incentivación de la inversión privada conforme a las
reglas de operación desde la transparencia y rendición de cuentas.
Los
jóvenes son un segmento estratégico para las sociedades. Han logrado acumular
un gran capital cultural y social en base a la expansión de la información
cibernética en relación al siglo pasado, para el futuro de México podría
mejorar si las condiciones de vida de
millones menores de edad, cifra que actualmente reside en el país, son
mejor atendidas en todo lo relacionado con sus derechos. En principio, salvar
su entorno de la violencia porque este mal se perpetra cuando secuestra mentes
pequeñas.
El
Consejo Nacional de Población, para el año 2030 habrá menos niños, la cifra
representará 17.8% de la población de menores.
Los próximos años 2020-2024 serán fundamentales para los sistemas de
administración pública con acciones de una visión orgánica administrativa de
eficiencia y eficacia, los retos son abismales ante un esquema histórico de
corrupción e impunidad del poder público como medio enriquecimiento ilícito y
en agravio a la administración pública, reflejado en situaciones de desigualdad
social y pobreza. Además de contribuir a los esfuerzos encaminados a aliviarla
pobreza, esos sistemas deberán establecer condiciones esenciales. Las
iniciativas de gobernanza comprometida; aplicación de tecnologías de la
información y las comunicaciones, y la ejecución de programas de lucha contrala
corrupción. Hay más de 10 millones de jóvenes en rezago educativo. Son casi
exactamente la mitad de quienes son mayores de 20 y menores de 30 años de edad.
Eso les genera pobreza y vulnerabilidad, incrementa riesgos de todo tipo: a la
violencia, las adicciones, el empleo precario. Y lo más grave, no tienen
opciones. Aunque son muchos no se ven. Parece que no cuentan. Nadie se hace
responsable de abrirles otra oportunidad.
Las
demandas sociales, a través de políticas públicas orientadas a la seguridad,
educación, salud y combate a la pobreza, para dar atención a la población,
principalmente a mujeres y hombres en condiciones de marginación y rezago
social.
El
problema de la seguridad pública se ha convertido en la principal preocupación
de los mexicanos. El incremento en la incidencia delictiva en general, la tasa
de homicidios y el aumento de los delitos patrimoniales, han dañado la
percepción que tienen los ciudadanos sobre la seguridad en sus ciudades, colonias
y comunidades, dañando a su vez la convivencia cotidiana y a las afectaciones
de las perdidas d sus salarios de una clase desprotegida las más vulnerable de
la delincuencia, en trasuntes, casas habitación, estudiantes, en el
transporte. Para hacer frente al
problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de
aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal
penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema
penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad
pública.
Factor
multifactorial de la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad
se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. Repetir
las mismas estrategias podría agravar la de por sí delicada situación en muchos
estados y ciudades del país. En este sentido, la política de paz y seguridad
del actual Gobierno de México gira en torno a cuatro grandes ejes; a) Una
sólida estrategia anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social
y económico que fortalezcan el tejido social; b) La creación de la Guardia
Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser
subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones
en los estados de fuerza con los que cuentan; c) El fortalecimiento de las
policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus
funciones y facultades y se articulen con el Ministerio Público para la
investigación y persecución de los delitos; y
d) El desarrollo de un sólido sistema de justicia cívica y programas de
trabajo a favor de la comunidad que prevenga el delito en sus etapas más tempranas.
El reto del gobierno en entrarle al tema central: el marco jurídico de la defensa
nacional dentro de la República, comprendido en el concepto de seguridad
interior, con el intento fracasado del presidente Peña Nieto en 2018 para
reglamentarla con la Ley de Seguridad Interior que diseñó, aprobó, promulgó y
congeló y que echó abajo la Suprema Corte.
La seguridad interior es la garantía de estabilidad interna para el
desarrollo.
El
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 la define con claridad:
“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de
sus ciudadanos el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de
Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Al
garantizar el orden constitucional la gobernabilidad democrática, sienta las
bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país,
permitiendo así el mejoramiento delas condiciones de vida de su
población”. La herencia transexenal que
simboliza el caso Ayotzinapa. Los
Municipios y estados son dos
actores del federalismo con una relación peculiar de dependencia en aspectos
centrales, al mismo tiempo que gozan de autonomía tutelados
constitucionalmente; de esta forma, las legislaturas estatales tienen
facultades de decisión sobre la hacienda pública, cuyo abuso o mal uso pude
comprometer el diseño de la legitimidad y eficiencia de
fragmentación del poder en la
constitución.
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útil para captar agua y evita… https://youtu.be/183etu4HUpc vía @YouTube