Ixhuatlancillo, Ver. 15/06/26.– La disputa por la integración del Comité de Administración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) ha derivado en una creciente confrontación social y política en Ixhuatlancillo, donde habitantes denuncian presuntas presiones, intentos de intervención política y hechos de violencia ocurridos durante las asambleas comunitarias.

El conflicto gira en torno a la administración de aproximadamente 11 millones de pesos que serán destinados a obras de infraestructura social para comunidades indígenas del municipio, recursos que han colocado el proceso de elección bajo una intensa atención pública.

Tres asambleas marcadas por la tensión

De acuerdo con testimonios de habitantes, el proceso para definir a los integrantes del comité no ha logrado desarrollarse con normalidad.

La primera asamblea concluyó entre desacuerdos y confrontaciones verbales. Posteriormente, una segunda reunión terminó en disturbios que fueron documentados por asistentes mediante videos difundidos en redes sociales.

La situación alcanzó un nivel más delicado durante una tercera asamblea, donde se registraron nuevos enfrentamientos y, según reportes de pobladores, un menor de edad resultó lesionado en un ojo tras ser alcanzado por un objeto lanzado durante los incidentes.

Estos hechos han generado preocupación entre diversos sectores de la población, quienes consideran que un mecanismo de participación ciudadana destinado a fortalecer la toma de decisiones comunitarias se ha convertido en un escenario de polarización.

Señalamientos sobre presunta intervención política

Habitantes inconformes han señalado públicamente a diversos actores políticos locales de intentar influir en el desarrollo de las asambleas.

Entre los nombres mencionados se encuentran personas identificadas como cercanas al gobierno municipal, así como figuras vinculadas a grupos políticos de oposición.

De acuerdo con estas versiones ciudadanas, existirían intereses por influir en la conformación del comité encargado de administrar los recursos federales.

Hasta el momento, ninguna autoridad competente ha emitido una resolución que determine responsabilidades sobre los señalamientos realizados, por lo que las acusaciones permanecen en el ámbito de las denuncias ciudadanas.

Polémica por la integración del comité

Uno de los puntos que más inconformidad ha generado entre los habitantes es la situación del comité que habría sido respaldado durante la última asamblea comunitaria.

Según asistentes al proceso, ante la falta de consenso entre distintos grupos se acordó dar continuidad a integrantes del comité anterior, incluyendo a Bernardo Dionicio Teresa, quien habría recibido nuevamente el respaldo de los participantes.

Sin embargo, posteriormente surgieron denuncias sobre presuntas presiones dirigidas a algunos integrantes para que abandonaran sus cargos, situación que ha incrementado la inconformidad entre sectores de la población.

"Si la asamblea ya tomó una decisión, debe respetarse la voluntad de quienes participaron", expresaron algunos habitantes consultados.

Los recursos en el centro de la disputa

Para numerosos pobladores, el trasfondo del conflicto radica en el control e influencia sobre los recursos del FAISPIAM, un fondo federal destinado a mejorar las condiciones de infraestructura en comunidades indígenas y afromexicanas.

La importancia de estos recursos ha provocado que el proceso comunitario se convierta en uno de los temas más sensibles de la agenda pública local.

Exigen transparencia y respeto a la decisión comunitaria

Mientras continúan las diferencias entre grupos, habitantes han solicitado que las autoridades correspondientes garanticen condiciones de transparencia, legalidad y respeto a las decisiones adoptadas mediante los mecanismos de participación comunitaria.

La controversia mantiene dividido al municipio y ha abierto un debate sobre la necesidad de proteger los procesos de representación ciudadana de cualquier tipo de presión o interés externo.

En tanto no exista una definición oficial por parte de las autoridades competentes, la incertidumbre persiste entre los habitantes, quienes demandan claridad sobre el futuro de los recursos y sobre la legitimidad de las decisiones tomadas durante las asambleas.