¿USTED QUÉ OPINA?
CONTINÚAN LAS CONTRARREFORMAS LEGISLATIVAS
Por: Alfredo Tress Jiménez
La semana pasada les comenté la contrarreforma que sufrió la autorización en el incremento a las tarifas del autotransporte de pasajeros, señalé que la 61 legislatura del estado había determinado que todo lo relativo al incremento de las tarifas del transporte público lo determinaría la Legislatura y no el Ejecutivo del Estado como se venía haciendo, esa determinación se planteó en las diversas modificaciones que sufrió la Ley de Transito, en virtud de que de esa manera los incrementos a las tarifas no estarían normadas por decisiones políticas o acuerdos en lo obscurito que la gran mayoría son de espaldas al pueblo de Veracruz.
Sin embrago, la actual legislatura determinó que era un asunto que escondía negociaciones de los entonces Diputados, por lo que consideraron incorrecto que fuera el Congreso del Estado quien determinara el incrementar las tarifas al servicio público de pasajeros.
Su decisión fue dejar como estaba la ley anteriormente, por lo que actualmente la contrarreforma establece que es el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría General de Gobierno quién determina el incrementar o no las tarifas al transporte público urbano, sub-urbano y foráneo; por lo tanto, es directamente el Gobernador del Estado quién determina si sube el transporte público o no. Ya se escucha que en estos días los veracruzanos de menos ingresos deberán pagar más por transportarse.
En ese mismo sentido, por convenirle a unos cuantos, el avance histórico que había logrado la 61 legislatura de profesionalizar el servicio público municipal, donde tanto el Tesorero; Secretario del Ayuntamiento; Contralor y Director de Obras Públicas, debería disponer de título profesional, los dos primeros de la profesión que fuese, y los dos últimos deberían ser Contador o Auditor e Ingeniero Civil o Arquitecto, y que los cuatro deberían ser aprobados por el cabildo, estas reformas que se hicieron van en estrecha armonía con la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, donde la transparencia y rendición de cuentas responsabiliza de manera contundente a los funcionarios municipales de estos niveles, quienes teniendo el perfil profesional serían directamente responsables de sus actos. Y más aún, el Contralor municipal al no ser nombrado directamente por el Presidente Municipal sino por el cabildo y tener título profesional relativo a su desempeño, los beneficiados serían los ciudadanos del municipio de que se trate, ya que con esta reforma los funcionarios municipales no tan sólo no deberían ser compadres e inclusive hermanos de las autoridades municipales, sino verdaderos ciudadanos con título profesional que tendrían el compromiso más que con la primera autoridad municipal con los ciudadanos, ya que la ley de fiscalización superior del estado responsabiliza severamente a quienes falten a sus responsabilidades, también de esa manera el Presidente Municipal quedaría liberado de la responsabilidad del manejo de los recursos, de la celebración de las sesiones de cabildo, de la fiscalización traducida en transparencia y rendición de cuentas, así como en la calidad y avance de la obra pública.
Sin embargo, el avance que se tuvo en esa materia, la actual legislatura modificó las reformas, dejando las cosas como estaban, muy generosamente incluyeron la palabra preferentemente, lo que quiere decir que si estos servidores públicos que con las reformas de la 61 legislatura debería contar con título profesional y el perfil en la materia, actualmente la 62 legislatura dejó al libre albedrio a los alcaldes para nombrar a sus colaboradores. De esta manera los funcionarios que ocupen las Tesorerías; la Secretaría del Ayuntamiento; el Contralor Municipal y el Director de Obras Públicas, podrán o no ser profesionistas titulados, ello dependerá de lo que los alcaldes decidan.
Lo cierto es que con esta nueva contrarreforma o atraso legislativo, lo único que se logra es retroceder en la profesionalización del servicio público, los funcionarios municipales tendrán responsabilidad en su desempeño siempre y cuando no obedezcan las instrucciones de los alcaldes, nuevamente los servidores públicos estarán a merced de hacer lo que la autoridad municipal quiera, no importando que vayan en contra de los ciudadanos. No les bastó a los actuales diputados observar como las autoridades municipales anteriores, fueron en su gran mayoría las más corruptas en la historia de los municipios, el incumplimiento en las obras y acciones y el enriquecimiento de unos cuantos no les importó, seguramente al finalizar su periodo como diputados se darán cuenta que cometieron un grave error, la única duda es que si ese error fue involuntario o premeditado, ¿el pueblo se dará cuenta?. ¿Usted qué Opina?
alfredotress@hotmail.com
Sin embrago, la actual legislatura determinó que era un asunto que escondía negociaciones de los entonces Diputados, por lo que consideraron incorrecto que fuera el Congreso del Estado quien determinara el incrementar las tarifas al servicio público de pasajeros.
Su decisión fue dejar como estaba la ley anteriormente, por lo que actualmente la contrarreforma establece que es el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría General de Gobierno quién determina el incrementar o no las tarifas al transporte público urbano, sub-urbano y foráneo; por lo tanto, es directamente el Gobernador del Estado quién determina si sube el transporte público o no. Ya se escucha que en estos días los veracruzanos de menos ingresos deberán pagar más por transportarse.
En ese mismo sentido, por convenirle a unos cuantos, el avance histórico que había logrado la 61 legislatura de profesionalizar el servicio público municipal, donde tanto el Tesorero; Secretario del Ayuntamiento; Contralor y Director de Obras Públicas, debería disponer de título profesional, los dos primeros de la profesión que fuese, y los dos últimos deberían ser Contador o Auditor e Ingeniero Civil o Arquitecto, y que los cuatro deberían ser aprobados por el cabildo, estas reformas que se hicieron van en estrecha armonía con la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, donde la transparencia y rendición de cuentas responsabiliza de manera contundente a los funcionarios municipales de estos niveles, quienes teniendo el perfil profesional serían directamente responsables de sus actos. Y más aún, el Contralor municipal al no ser nombrado directamente por el Presidente Municipal sino por el cabildo y tener título profesional relativo a su desempeño, los beneficiados serían los ciudadanos del municipio de que se trate, ya que con esta reforma los funcionarios municipales no tan sólo no deberían ser compadres e inclusive hermanos de las autoridades municipales, sino verdaderos ciudadanos con título profesional que tendrían el compromiso más que con la primera autoridad municipal con los ciudadanos, ya que la ley de fiscalización superior del estado responsabiliza severamente a quienes falten a sus responsabilidades, también de esa manera el Presidente Municipal quedaría liberado de la responsabilidad del manejo de los recursos, de la celebración de las sesiones de cabildo, de la fiscalización traducida en transparencia y rendición de cuentas, así como en la calidad y avance de la obra pública.
Sin embargo, el avance que se tuvo en esa materia, la actual legislatura modificó las reformas, dejando las cosas como estaban, muy generosamente incluyeron la palabra preferentemente, lo que quiere decir que si estos servidores públicos que con las reformas de la 61 legislatura debería contar con título profesional y el perfil en la materia, actualmente la 62 legislatura dejó al libre albedrio a los alcaldes para nombrar a sus colaboradores. De esta manera los funcionarios que ocupen las Tesorerías; la Secretaría del Ayuntamiento; el Contralor Municipal y el Director de Obras Públicas, podrán o no ser profesionistas titulados, ello dependerá de lo que los alcaldes decidan.
Lo cierto es que con esta nueva contrarreforma o atraso legislativo, lo único que se logra es retroceder en la profesionalización del servicio público, los funcionarios municipales tendrán responsabilidad en su desempeño siempre y cuando no obedezcan las instrucciones de los alcaldes, nuevamente los servidores públicos estarán a merced de hacer lo que la autoridad municipal quiera, no importando que vayan en contra de los ciudadanos. No les bastó a los actuales diputados observar como las autoridades municipales anteriores, fueron en su gran mayoría las más corruptas en la historia de los municipios, el incumplimiento en las obras y acciones y el enriquecimiento de unos cuantos no les importó, seguramente al finalizar su periodo como diputados se darán cuenta que cometieron un grave error, la única duda es que si ese error fue involuntario o premeditado, ¿el pueblo se dará cuenta?. ¿Usted qué Opina?
alfredotress@hotmail.com
