¿Usted qué Opina?

¿SERÁ EN SERIO?

Por: Alfredo Tress Jiménez

Los ciudadanos solo observan cómo se abre la cloaca en los municipios, existen liberadas órdenes de aprehensión a 35 ex – alcaldes y 123 cuentas públicas en la misma cantidad de ayuntamientos del ejercicio 2009 en las que se presume daño patrimonial a las arcas municipales. Este acicate contó sin duda con el visto bueno del Gobernador del Estado.
Debemos saber que las cuentas públicas por ley año con año son revisadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), la autoridad responsable de la transparencia y rendición de cuentas elabora un resolutivo en función de que se hayan ejercido correctamente los recursos del pueblo, esta revisión la lleva a cabo tanto al Poder Ejecutivo, llámense dependencias y órganos desconcentrados del gobierno del estado y a los 212 ayuntamientos; así como a los poderes Legislativo y Judicial. De esta revisión se puede desprender el ejercicio incorrecto administrativo o el desvío de los recursos económicos. Una vez teniendo el dictamen de cada ente público, es remitido al Congreso del Estado para que determine lo procedente.
Sin embargo, se ha hecho costumbre que, antes de llegar el dictamen de resultados a los diputados locales, es analizado por el ejecutivo estatal en turno, quién define el perdón o no; asimismo, el gobernador conoce de los funcionarios públicos que actúan con transparencia y los que actúan desviando los recursos que deben ejercerse a favor del pueblo. Esto quiere decir que es él gobernador quién decide a que autoridades se les sanciona.
Posterior a este análisis, se envía el dictamen correspondiente al Congreso del Estado, para que los diputados, en uso de sus facultades de ley, validen las cuentas públicas de los entes fiscalizables que son todas las dependencias donde se ejercen recursos públicos. Una vez que los diputados votan el dictamen, el ORFIS manda a llamar a los funcionarios que no se les aprobó su cuenta pública a efecto que en su derecho de audiencia desahoguen y soporten por lo que se les acusa, de no poder validar al 100% la dictaminación y validación de los diputados sobre el probable daño patrimonial, abuso de autoridad u obras y acciones mal hechas o inexistentes en cualquier nivel de gobierno, el ORFIS remite su resolutivo a la Procuraduría de Justicia del Estado, para que ésta a su vez le notifique a la Fiscalía Especializada contra Delitos de Servidores Públicos, quién es la responsable de elaborar y emitir las órdenes de aprehensión.
Asimismo, el ORFIS le notifica a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, los montos del probable daño patrimonial, a efecto de que proceda a recuperar los recursos económicos llegando si es necesario a los embargos para resarcir el daño que se causó en los recursos económicos del pueblo.
Las explicaciones de las etapas que se deben seguir en la rendición de cuentas son debido a que durante mi paso por la Legislatura del Estado, observé que las órdenes de aprehensión y la recaudación del daño patrimonial fueron archivadas por las áreas correspondientes. ¡O no se atrevieron a ejecutar las sanciones, o se les dio la orden de no hacerlo!, pero como dice el dicho “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”.
De los múltiples pronunciamientos en tribuna y las exigencias por escrito que realizó un servidor para que se sancionaran a las autoridades que no habían cumplido con la transparencia y rendición de cuentas, el resultado fue silencio de las autoridades correspondientes. Derivado de ello se pensó en reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre, a efecto de iniciar la profesionalización de ciertas áreas que requieren personal que conozca los riesgos que puede tener el no aplicar los recursos económicos de los veracruzanos correctamente; asimismo la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado, sanciona con mayor contundencia si se cuenta con el perfil adecuado para el cargo que se ocupa, en ese sentido se determinó por unanimidad de los diputados de la 61 legislatura que, el Tesorero, el Secretario del Ayuntamiento, el Director de Obras Públicas y el Contralor Municipal, fueran profesionistas titulados y con experiencia en el cargo que ocuparan. No obstante, los actuales diputados de la 62 legislatura, también por unanimidad, a unos cuantos días de ocupar su encargo, contrarreformaron esta disposición sin conocer siquiera su impacto, agregándole la palabra “Podrán”, lo que quiere decir que los actuales funcionarios públicos municipales de esos niveles, “podrán” ser profesionistas titulados con experiencia en el área en que se desempeñan.
Luego entonces el haber sancionado a 123 municipios con un probable desvío de recursos cercano a los 1,000 millones de pesos, los diputados con esta contrarreforma contribuyeron a que los actuales alcaldes puedan seguir cometiendo errores o desvío de recursos, ya que al no tener personal profesional en áreas tan delicadas, continuarán echándole la culpa a la falta de preparación en sus cuadros municipales de primer nivel.
En el desvío de recursos económicos en 123 ayuntamientos, sólo nos queda confiar en que el gobernador del estado actúe como hasta ahora, sin rencores pero con mano firme, que paguen los servidores públicos que piensan que el ser alcalde o funcionario de cualquier nivel se pueden enriquecer a costillas de recursos que deben aplicarse a favor del pueblo, ya basta de solapar a los cuates, el gobernador ya mandó su mensaje, esperemos que se mantenga hasta sus últimas consecuencia y no vengan las negociaciones políticas o los favores personales. ¿Usted qué Opina?
alfredotress@hotmail.com