DEBERÁ
EL CONGRESO ESTATAL ENMENDAR ERROR EN
LEY
DEL IPE: BUENO TORIO
- URGENTE QUE CUMPLAN CON PLAZO FIJADO POR LA SCJN
El
diputado federal veracruzano, Juan Bueno Torio, dio a conocer que se ha instado
al Congreso del Estado de Veracruz a que en la brevedad remita a los
magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa
presentada debidamente certificada, en cuanto a la Acción de
Inconstitucionalidad del IPE, para que no se presenten más dilaciones y se
emita un resolutivo, el cual confió que será favorable para los intereses de
los miles de trabajadores veracruzanos que durante toda su vida han cotizado
para el Instituto de Pensiones del Estado.
“Una vez que
ya se notificó a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a
quien incluso multaron por no integrar de forma correcta la documentación
requerida, es urgente que cumplan con el plazo fijado por la SCJN para concluir
con la entrega de los documentos que sustentan dicha Ley”
Bueno Torio,
insistió que una vez más se demuestra la falta de conocimiento de los
legisladores priístas en la aprobación de leyes al vapor, solamente para
complacer al gobernador Javier Duarte, “la Ley de IPE es una muestra de que en
todos sus apartados intenta quitarle lo que por muchos años tienen ganados los
trabajadores al servicio del estado.”
Cabe
recordar que Juan Bueno Torio, presentó dicha acción de inconstitucionalidad
ante la CNDH el pasado 30 de julio, exponiendo que en la llamada Ley del IPE,
existen diversos artículos que violentan derechos garantizados por la
Constitución Política e incluso se lesiona el derecho de acceso a la
información pública.
El
legislador, explicó que los artículos 16, 19, 32 y 59 de la Ley de Pensiones
del Estado de Veracruz, violan el
derecho fundamental a la igualdad ante la ley, de prevención social y de irretroactividad.
Además los principios de
contabilidad gubernamental y el acceso a la información pública gubernamental
son vulnerados pues mediante mecanismos contables se pretende borrar el historial de pasivos, contratos y
convenios que atentan incluso contra el patrimonio de los trabajadores, pues
muchos de esos actos jurídicos son
disposiciones que hizo el Gobierno del Estado sin retribuir ninguna
ganancia al IPE o bien son cuentas irrecuperables que han mermado la
capacidad económica para otorgar beneficios
en pensiones y préstamos en agravio de los
trabajadores.
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