Ensenada, Baja California. 16/07/26.- Autoridades federales detuvieron este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta relación con una red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, uno de los delitos que en los últimos años ha concentrado los esfuerzos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en México.

La captura fue realizada en el municipio de Ensenada mediante un operativo coordinado por elementos federales, luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión derivada de una investigación en curso. Posteriormente, el exmandatario fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la Fiscalía General de la República investiga la presunta utilización de una empresa vinculada a Ruffo Appel para introducir y comercializar combustible de manera ilegal, un esquema conocido como "huachicol fiscal", mediante el cual se evade el pago de impuestos y se incumplen las disposiciones aduaneras para la importación de hidrocarburos.

Las autoridades sostienen que las investigaciones continúan y buscan establecer el grado de responsabilidad de todas las personas involucradas en la presunta red de operaciones ilícitas. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado si existen más órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.

La detención ha generado amplia atención nacional debido a la trayectoria política del exfuncionario. Ernesto Ruffo Appel marcó un precedente en la historia democrática del país al convertirse, en 1989, en el primer gobernador de oposición en derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una elección para gobernador, al obtener el triunfo como candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Posteriormente ocupó diversos cargos públicos, entre ellos el de senador de la República.

Tras conocerse la noticia, el PAN no había emitido un posicionamiento oficial sobre la detención de uno de sus militantes más emblemáticos. Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales definan si el exgobernador será vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.

El caso se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno de México para combatir las redes dedicadas al robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles, actividades que representan pérdidas millonarias para las finanzas públicas y que, de acuerdo con las investigaciones federales, suelen operar mediante estructuras empresariales y financieras complejas.