Xalapa, Ver. 22/07/26.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de declaración de procedencia (desafuero) en contra de los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, para que puedan ser investigados penalmente por diversos hechos.
En el caso de Raúl González Martínez, la FGE lo señala como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, crimen que ha generado una amplia condena entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el gremio periodístico.
De acuerdo con la investigación ministerial, la Fiscalía sostiene que el alcalde habría ordenado el crimen tras enterarse de que la comunicadora presuntamente poseía una fotografía en la que aparecía portando un arma de uso exclusivo del Ejército. Esa hipótesis forma parte de la carpeta de investigación y será analizada durante el proceso judicial correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades reportan ocho personas detenidas y vinculadas al caso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para solicitar el retiro del fuero constitucional del edil y continuar con la investigación penal.
En cuanto al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, la Fiscalía también solicitó al Congreso del Estado iniciar el procedimiento de desafuero para permitir el desarrollo de investigaciones en su contra. Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha hecho públicos mayores detalles sobre los delitos que motivan esta segunda solicitud.
El procedimiento de desafuero será analizado por la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz, la cual deberá revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía y otorgar a los ediles el derecho de audiencia antes de emitir un dictamen que posteriormente será sometido a votación del Pleno del Poder Legislativo.
El asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez se convirtió en uno de los casos más relevantes de violencia contra periodistas registrados este año en México. Organizaciones nacionales e internacionales han insistido en que el crimen sea esclarecido plenamente y que todos los responsables, materiales e intelectuales, sean llevados ante la justicia, en un contexto donde persisten altos niveles de riesgo para el ejercicio periodístico en diversas regiones del país.
