La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa de 643 mil pesos e inhabilitó por un año a una empresa de Córdoba tras detectar que presentó información falsa para obtener un contrato del IMSS; otra compañía también fue sancionada por irregularidades en una licitación federal.

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De acuerdo con el comunicado oficial número 076, emitido el 7 de julio de 2026, la compañía fue sancionada con una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación por un año, luego de que el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acreditó que presentó documentación con información falsa para participar en una licitación pública nacional destinada al suministro de víveres para unidades médicas hospitalarias del IMSS y del programa IMSS-Bienestar.

La investigación determinó que la empresa utilizó tres contratos de compraventa para acreditar experiencia y especialidad técnica, documentos que la autoridad consideró irregulares dentro del procedimiento de contratación identificado con el número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024. La notificación de la sanción fue realizada el pasado 18 de junio.

La empresa tiene su domicilio en Avenida 11 número 1307, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y es propiedad del contador público Víctor Manuel Menéndez Intriago, quien ha participado en distintos organismos empresariales de la región, entre ellos el Club Campestre Cordobés, donde ocupó la vicepresidencia del Consejo de Administración.

Menéndez Intriago también ha sido identificado en encuentros de negocios con integrantes del sector empresarial veracruzano, incluyendo miembros del Club de Empresarios AMVER, organización que reúne a empresarios y directivos de la zona centro del estado para impulsar proyectos de inversión y desarrollo económico.

Asimismo, el empresario ha sido relacionado públicamente con el abogado Rodolfo Reus Medina, quien enfrentó investigaciones federales en 2025 por presuntos delitos de lavado de dinero y fraude en perjuicio de empresarios.

En el mismo comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que también fue sancionada la empresa Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., luego de que el Órgano Interno de Control del Servicio Postal Mexicano determinó imponerle una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses por presentar documentación cuya autenticidad no fue verificada durante una licitación internacional para la adquisición de cascos de protección para motociclistas.

Ambas resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las dos compañías quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar, de manera directa o por medio de intermediarios, en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal mientras permanezcan vigentes las sanciones.

La dependencia federal señaló que las medidas fueron impuestas conforme a la legislación aplicable y en función de la gravedad de las irregularidades detectadas. No obstante, precisó que las empresas conservan el derecho de recurrir a los mecanismos legales correspondientes para impugnar las resoluciones.

Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de vigilancia en las contrataciones públicas, con el propósito de garantizar la transparencia, la legalidad y la correcta aplicación de los recursos públicos.