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Xalapa, Ver., 10 de agosto de 2026.— La violencia contra la prensa y los casos que permanecen sin una respuesta plena de la justicia volvieron al centro del debate público en Veracruz con la presentación del informe “Prohibido Investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, elaborado por el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C.
El documento fue presentado en el auditorio del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-UV), en un encuentro que reunió a familiares de periodistas asesinados, académicos y representantes de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
Durante el panel participaron Isabel Luna Varela y Alejandra Cobo Ordaz, familiares de periodistas asesinados; Guadalupe H. Mar, profesora de la Facultad de Ciencias y Técnicas de Comunicación de la Universidad Veracruzana; Víctor Andrade Guevara, investigador del IIHS-UV, y Luis O. Ramírez Baqueiro, comisionado presidente de la CEAPP.
Una etapa marcada por asesinatos
El informe concentra su investigación en algunos de los episodios más violentos registrados contra periodistas en Veracruz entre 2010 y 2016, periodo en el que diversos comunicadores fueron asesinados en circunstancias que, años después, continúan generando cuestionamientos sobre las investigaciones y el acceso de las familias a la justicia.
Entre los casos documentados se encuentran los asesinatos del periodista Miguel Ángel López Velasco, su esposa Agustina Solana Melo y su hijo, también reportero, Misael López Solana.
El informe también aborda los crímenes de los comunicadores Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.
Más allá de las cifras, durante la presentación fueron los familiares quienes pusieron rostro y memoria a las víctimas. Recordaron a sus seres queridos y reiteraron la exigencia de que los casos sean esclarecidos y que las autoridades determinen responsabilidades.
Impunidad, precariedad y falta de protección
Los especialistas participantes coincidieron en que la violencia contra periodistas no puede analizarse únicamente desde los hechos criminales, sino también desde las condiciones en las que se desarrolla el ejercicio periodístico en Veracruz.
La precariedad laboral, las condiciones de vulnerabilidad y la debilidad de las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia fueron señaladas como factores que han contribuido a mantener un escenario de impunidad.
Durante su intervención, el comisionado presidente de la CEAPP, Luis O. Ramírez Baqueiro, habló sobre el contexto de violencia que enfrentaron los comunicadores durante aquellos años y planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones para garantizar la protección de quienes ejercen el periodismo.
También enfatizó el carácter autónomo de la Comisión y su papel como un organismo público destinado a atender y proteger a los periodistas veracruzanos.
El reclamo que permanece
La presentación del informe reabrió una discusión que permanece vigente: ¿qué ha ocurrido con las investigaciones de los crímenes contra periodistas y por qué algunos casos continúan sin alcanzar justicia plena?
Para los familiares de las víctimas, el paso del tiempo no significa el cierre de los casos. Para el gremio periodístico, cada asesinato sin esclarecimiento representa también un mensaje de vulnerabilidad para quienes continúan ejerciendo la profesión.
La participación de la CEAPP en este encuentro representa además un acercamiento con organizaciones de periodistas, familiares de víctimas y el ámbito académico, en un momento en que la protección de la libertad de expresión y el combate a la impunidad continúan siendo asuntos pendientes en Veracruz.
El informe “Prohibido Investigar” coloca nuevamente estos casos frente a la opinión pública y plantea una pregunta que sigue sin respuesta para numerosas familias: ¿cuándo llegará finalmente la justicia?
