20 de octubre de 2026
Veracruz, Ver.— Bajo reserva de identidad y por temor a posibles represalias, un grupo de comerciantes y campesinos hizo un llamado público a la gobernadora Rocío Nahle García y al secretario de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes Garcés, para que investiguen presuntas extorsiones, amenazas y posibles actos de abuso de autoridad que, aseguran, afectan a personas dedicadas al trabajo y al comercio.
Mediante una carta abierta dirigida a las autoridades estatales, los denunciantes manifestaron su preocupación por supuestos cobros de piso atribuidos al grupo conocido como Los Chivos. De acuerdo con el documento, quienes se niegan a entregar dinero presuntamente enfrentarían intimidaciones y amenazas que les impiden desarrollar sus actividades con tranquilidad.
Uno de los señalamientos más delicados expuestos en el escrito apunta a una posible participación de elementos policiales. Los firmantes sostienen que algunas personas habrían sido amenazadas con ser involucradas en delitos mediante la supuesta colocación de drogas o armas, presuntamente provenientes de decomisos policiales.
Estas acusaciones forman parte de la denuncia pública y, hasta el momento, no se presentan en el documento elementos que permitan considerarlas hechos comprobados. Por ello, los firmantes solicitan que las autoridades competentes investiguen los señalamientos y determinen si existe alguna responsabilidad individual o institucional.
Solicitan revisar cinco patrullas
Como parte de su petición, los denunciantes proporcionaron los números económicos de cinco unidades policiales para que se verifiquen sus asignaciones, recorridos, bitácoras y servicios realizados:
- Patrulla 4229
- Patrulla 4737
- Patrulla 4074
- Patrulla 4969
- Patrulla 4469
La inclusión de estas unidades, aclararon en la carta, no constituye por sí misma una prueba de irregularidades, sino una referencia que solicitan sea revisada durante las investigaciones.
Los firmantes pidieron que cualquier indagatoria se realice de manera imparcial, sin privilegios ni interferencias, y que se proteja la identidad de quienes proporcionen información ante el temor de sufrir represalias. También demandaron que, si se acreditan conductas ilícitas, las personas responsables sean sancionadas conforme a la ley.
Piden garantías para trabajar sin miedo
En su mensaje, comerciantes y campesinos señalaron que su intención no es condenar anticipadamente a ninguna persona, sino conseguir que las autoridades esclarezcan hechos que consideran graves y garanticen condiciones de seguridad para sus familias y comunidades.
La petición se suma a la preocupación que distintos sectores productivos han expresado públicamente en Veracruz por el impacto de la extorsión. En mayo y junio de 2026, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, llamó a empresarios y ciudadanos a presentar denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado para que los casos puedan investigarse con información verificable.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública ha informado que cuenta con mecanismos para recibir reportes sobre presunta corrupción, abuso policial y otras irregularidades cometidas por servidores públicos, a través de su área de Asuntos Internos.
Hasta la información consultada para esta nota, no se localizó una confirmación oficial específica sobre la carta abierta ni sobre una investigación relacionada con las cinco patrullas mencionadas.
El llamado de los denunciantes queda ahora a la espera de una respuesta institucional que permita esclarecer los señalamientos, determinar si existen elementos de prueba y garantizar que quienes denuncien puedan hacerlo sin poner en riesgo su integridad.
