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Editorial
LA LUCHA POR EL PODER EN LAS CALLES DEL DF
Por Renato Consuegra (*)SE AUTORIZA REPRODUCCIÓN
México, D. F., a 17 de septiembre de 2013
Primero la llegada de los maestros de la CNTE al Zócalo de la Ciudad de México y su posterior desalojo el pasado viernes, más allá de las reivindicaciones laborales y la reforma educativa, se circunscriben en el marco de una lucha por el poder y de las decisiones trascendentes del país en el aspecto económico-financiero, entre los grupos que llevaron a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Los diferentes grupos que perdieron el poder con la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos, olvidaron las diferencias y las afrentas entre ellos, como fueron los asesinatos políticos de finales de los años 80 y de los 90, así como los encarcelamientos políticos y se unieron para recuperarlo. Es tanto su poder y peso específico conjunto que lo lograron.
Pero apenas tuvieron la certeza de ganar, incluso desde antes de la noche del 1 de julio del año pasado, comenzaron los golpeteos entre ellos, las uniones entre algunos otros y la compra de voluntades, incluso, de integrantes de unos más. Como fue comentado en este espacio, es probable que la explosión en las oficinas corporativas de Pemex haya sido un aviso, como ahora fueron las mega manifestaciones y bloqueos de los maestros.
Pero lo que está en el fondo de los conflictos y sucesos ocurridos en el país en este primer tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluido el incremento de la violencia, no es otra cosa que las manifestaciones de una guerra, esta sí, entre los grupos de poder político y económico de nuestro país.
Lo que está en juego es la definición de una privatización fast track del sector energético, la apertura indiscriminada al capital extranjero para que se apropie de la renta que debería quedar en México y en manos de los mexicanos —por ejemplo, Dragón Mart en Cancún o las mineras y otros—, promovidos por el grupo en primera línea del gobierno, con los salinistas encabezados por los alumnos de Pedro Aspe Armella (artífice del TLCAN), y del otro lado, la política administrativa impulsada por los otros grupos más conservadores, quienes pretenden salvaguardar el statu quo, es decir, mantener la propiedad de las empresas energéticas y que continúen como la caja chica del gobierno y sus políticos, para seguir desangrando al país.
Con cualquiera de las dos facciones nos va mal porque finalmente quienes tienen el poder político y económico son los que deciden y se quedan con los dividendos del país, unos con el 10 por ciento inmediato y convertidos en socios de los grandes negocios, con lo que aseguran el futuro de ellos y sus descendientes, mientras nosotros, los ciudadanos de a pie, somos como simples pasajeros en un microbús, que estamos a la suerte de lo que haga el conductor (o como ocurrió en el accidente de Santiago de Compostela en España, amarrados a la locura de quien guía la máquina).
Y eso no lo vamos a poder cambiar mientras la impunidad y corrupción se mantengan reinando, porque nadie que realice acciones en contra de la sociedad y en favor propio y de su grupo, será castigado verdaderamente, salvo los ajustes políticos como ocurrió con Elbs Esther Gordillo. Tal es el caso de Carlos Romero Deschamps, a quien no tocan porque nada ha dicho en contra o a favor de la reforma energética. Sabe bien que si se mete de lleno en el debate, será el próximo acompañante de Elba Esther Gordillo, por lo que se mantiene seguramente alimentando económicamente desde las arcas del sindicato petrolero a sus probables verdugos, para tragtar de salvarse de la quema.
Por lo demás, los ciudadanos somos rehenes de esta guerra en la que los grupos como la CNTE, los llamados "anarquistas" que no son otra cosa que golpeadores, los 400 pueblos y demás, son los soldados de los generales que se encuentran librando batallas desde los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, los Congresos de la Unión, estatales y la ALDF, los partidos políticos y los grandes consorcios económicos, mexicanos y extranjeros.
No es de gratis, por ejemplo que los integrantes de Los 400 Pueblos, un violento grupo de presión social y política al servicio del gobierno de Veracruz desde hace varios años, con una gran cercanía a los dos últimos (Fidel Herrera y Javier Duarte), llegara precisamente una semana antes del desalojo de los maestros del Zócalo y se adelantará a denostar a Mondragón y Kalb como represor, como decían desde esos días las papeletas pegadas a sus calzones.
Así qué lo ocurrido el viernes pasado no es otra cosa que la manifestación de la guerra entre los grupos de poder donde los ciudadanos no contamos. Quienes están contra la política privatizadora estiraron la liga hasta donde se pudo y finalmente no sabemos qué y cuánto negociaron en Gobernación (se habla de 100 millones de pesos), pero los maestros se desaparecieron y sólo quedó el grupo de vándalos que ha violentado en las últimas manifestaciones habidas en la capital, quienes por cierto y por orden de quién sabe quién, ya quedaron libres con el pago de fianzas que tampoco sabemos a ciencia cierta quién costeó.
Aquí lo que privó no fue el bien social, el derecho de los ciudadanos a transitar libremente para llegar a sus escuelas, trabajos y a descansar como nos lo merecemos, no, como ocurrió por más de 15 días y quizá suceda otra vez desde mañana. Aquí lo que defendió el Gobierno Federal fue la imagen de un presidente que no se podía dar el lujo, o mejor dicho, permitirse correr a dar el grito a otro lado, porque estaría manifestando su debilidad y carencia de mano firme para gobernar a un país; por lo tanto, habría perdido una batalla dentro de la guerra intestina que sólo el poder entiende, porque se desarrolla dentro de los entretelones palaciegos, pero está lejos de los ojos de nosotros, el vulgo.
Por cierto, tras el desalojo sólo desafiado por los llamados "anarquistas" que sirvió para el show mediático, este domingo el presidente Peña Nieto ofreció una pobre imagen de poder, donde quedó claro que llegó a un Zócalo comprado, a un Zócalo con acarreados para que gritaran a su favor... porque nuestro presidente aún sigue en campaña porque en esta guerra de grupos, aún no puede gobernar.
Editorial
VUELTA A LA PRESIDENCIA IMPERIAL
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 12 de marzo de 2013
Cien días para darle rumbo a un nuevo gobierno no sólo son pocos, sino también lo son para poner las bases de una nueva forma de gobernar. De hecho, lo que hemos visto a partir del primero de diciembre del año pasado es una restauración del pasado con visos de modernidad. Es volver a colocar el presidencialismo en su máxima dimensión de utilización del poder, vamos, la vuelta a la Presidencia Imperial, pero con los mismos vicios del pasado: grandes efectos mediáticos, simulación, besamanos, pero poca sustancia.
El manotazo a Elba Esther Gordillo fue sólo eso, una venganza política cobrada por el equipo cercano de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray y Alberto Bazbaz Sacal en Hacienda y Navarrete Prida desde la Secretaría del Trabajo. “La Maestra” quiso descarrilar la candidatura presidencial del hoy presidente en 2009-2010 y hoy sufre las consecuencias de su locura política.
Porque la reforma educativa no sólo necesita haberse promulgado, sino que sus acciones verdaderamente se lleven a efecto y no haya sido sólo una mascarada, como excusa para haber llevado a Gordillo a la cárcel con grandes efectos mediáticos para sentar que, ahora sí, se ejerce el poder.
Quizá el único acierto hasta este momento es haber podido sentar a los otros dos partidos mayoritarios en un pacto para discutir y, tal vez, más adelante aprobar las reformas estructurales puestas en la mesa hasta el momento, como son la hacendaria, la energética y la de telecomunicaciones.
Esta acción tiene que ver con los grupos de poder detrás de las vertientes partidistas que aceptaron sentarse. Y haberlo logrado es un buen paso, pero también la factura debió ser muy cara, como también lo será si, en su momento, aceptan modificaciones sustanciales. Así que todavía no hay nada dicho sobre la aprobación de las reformas.
Uno de los grandes desafíos de los albores de este gobierno será la reforma de las telecomunicaciones, donde los caminos están para convertir a México en un país moderno y con expectativas claras a convertirse en la gran potencia del futuro, capaz de que nos lo creamos todos los mexicanos como dice Andrés Hoppenheimer, o resultar un verdadero fiasco, donde el gatopartismo sea la divisa como ocurre generalmente en nuestro país, pues se generan grandes cambios que provocan enormes expectativas pero, al final, todo sigue igual, convirtiendo todo en una gran simulación.
En el tema de la seguridad, por ejemplo, no sólo no hay cambios dramáticos en su manejo, sino que algunos recuentos afirman que la inseguridad se ha incrementado, así como el número de muertos por la delincuencia organizada. La diferencia: en los grandes medios masivos, principalmente los electrónicos donde anteriormente se extrapolaban, los constantes reportes desde las “zonas de guerra”, éstos dejaron de existir.
En tanto, mientras el Ejército y la Marina continúan con su labor de combate a la delincuencia organizada, en las oficinas del Gobierno Federal siguen sin ponerse de acuerdo en qué, quién y cómo, para dar el paso hacia la Gendarmería Nacional.
En el ámbito del Desarrollo Social, la Cruzada Nacional Contra el Hambre se plantea con una estrategia muy cercana en la forma pero sin ir al fondo de lo que en su momento fue el programa Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari. Difícil es hacer llegar al campo de lo social un cambio de fondo, mientras la estructura política del país no se transforme.
Por lo demás, los mexicanos no queremos un gobierno de cien días. Mucho menos una presidencia imperial como la del Siglo pasado. Lo que deseamos es un gobierno que ejerza el poder de manera democrática pero, por sobre todo, que los cambios estructurales realmente permitan tener una Nación que viva con la mira puesta en trabajar todos los días para mejorar su forma de vida de una manera sana, con armonía y la mira puesta en un futuro como el que los expertos miran para México desde fuera.
Editorial
LINCHAMIENTO Y SHOW MEDIÁTICO
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 4 de marzo de 2013
Pensar que cerca de la media noche de hoy, cuando se cumplan las 144 horas de su detención, Elba Esther Gordillo pueda ser liberada por falta de pruebas en su contra es casi imposible. Una probabilidad entre mil. Pero se convierte en una posibilidad si verdaderamente el Poder Judicial es independiente, ya no sólo del Ejecutivo, sino de los grupos que hoy controlan el Ejecutivo.
Que “La Maestra” pueda quedar en libertad por falta de pruebas ya no sólo contundentes, sino debidamente acopiadas para integrar una acusación fuerte, coherente y viable, es lo que queda en el aire. Porque una cosa es que se sepa o que ella misma hiciera presunción pública del dispendio y lujos y otra, que las autoridades hayan realizado un trabajo limpio y certero para acusarla. Por ello sus verdugos políticos buscan una nueva acusación: lavado de dinero.
Mal parado quedaría el nuevo gobierno frente a la opinión pública si Elba Esther Gordillo sale libre esta noche por los dos primeros delitos de los cuales se le acusa: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Arturo Germán Rangel, uno de los abogados de Gordillo, informó en las primeras horas de la detención sobre la inexistencia de una acusación penal o querella directa en contra de la ex líder magisterial. Las acusaciones fueron realizadas en contra de tres personas: Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, como lo explicaron el procurador Jesús Murillo Karan y el subprocurador Alfredo Castillo.
Su abogado José Rigoberto González señala la inexistencia de elementos para comprobar que su clienta y sus dos colaboradores cometieron delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, las cuales sostiene con un peritaje contable con el que pretende demostrar también violaciones al artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque los documentos donde se señala un presunto desvío de recursos del gremio magisterial, no fueron certificados en su momento.
Más allá de las declaraciones que realicen sus abogados están los hechos, las mañas o trampas de la instancia acusadora que falta a dos audiencias para ampliar y ratificar las acusaciones en contra de Gordillo Morales y coacusados, con lo que le restan tiempo a la defensa para aportar más pruebas en favor de los detenidos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz, deberá aportar en el transcurso del día, porque no llegó el sábado, elementos adicionales que respalden las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada. Además, será multado por sus ausencias, pero las pagará con recursos del erario, no con sus propios recursos como funcionario público.
Además, existen violaciones al debido proceso, como la exhibición o filtración de la ficha signalética de la ex líder magisterial, violatoria de sus derechos humanos, la cual fue filtrada con toda la intención de que fuera exhibida como una delincuente, sin haberse comprobado de manera oficial, para ser sometida a un linchamiento mediático, como ya ocurrió.
Una lectura A vuelapluma de cómo se conforma el proceso revela varios tópicos:
1.- Probablemente se realizó una acusación y averiguación previa con irregularidades contra el debido proceso para permitir la liberación de Elba Esther Gordillo tras algunos años en la cárcel y un largo litigio donde lo mediático será fundamental, y más adelante se le puedan devolver los recursos que le lleguen a ser embargados. Es decir, lo caído, caído, por ejemplo, el caso de Raúl Salinas de Gortari, como pago a los servicios que en su momento prestaron al sistema.
2.- Elba Esther Gordillo y sus allegados no terminarán en la cárcel de por vida ni pobres porque tienen mucha información que pudiera golpear al llamado sistema político mexicano, por lo que la intención fue pararla y a los demás mandarles el mensaje de que mejor se queden quietos.
3.- Queda más que claro que estamos frente a una venganza política cuando esta mañana, ante las preguntas de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez sobre una continuación de acciones del actual gobierno contra otros líderes que se encuentran en iguales o peores circunstancias que Gordillo, César Camacho Quiroz, presidente del PRI respondió: “se actuará donde haya investigaciones; no se vale persecuciones oficiosas”. Es decir, que Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores, Napoléon Gómez Urrutia y otros pueden dormir tranquilos, mientras sigan siendo útiles al viejo-nuevo PRI que sigue la máxima juarista: A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”.
Que “La Maestra” pueda quedar en libertad por falta de pruebas ya no sólo contundentes, sino debidamente acopiadas para integrar una acusación fuerte, coherente y viable, es lo que queda en el aire. Porque una cosa es que se sepa o que ella misma hiciera presunción pública del dispendio y lujos y otra, que las autoridades hayan realizado un trabajo limpio y certero para acusarla. Por ello sus verdugos políticos buscan una nueva acusación: lavado de dinero.
Mal parado quedaría el nuevo gobierno frente a la opinión pública si Elba Esther Gordillo sale libre esta noche por los dos primeros delitos de los cuales se le acusa: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Arturo Germán Rangel, uno de los abogados de Gordillo, informó en las primeras horas de la detención sobre la inexistencia de una acusación penal o querella directa en contra de la ex líder magisterial. Las acusaciones fueron realizadas en contra de tres personas: Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, como lo explicaron el procurador Jesús Murillo Karan y el subprocurador Alfredo Castillo.
Su abogado José Rigoberto González señala la inexistencia de elementos para comprobar que su clienta y sus dos colaboradores cometieron delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, las cuales sostiene con un peritaje contable con el que pretende demostrar también violaciones al artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque los documentos donde se señala un presunto desvío de recursos del gremio magisterial, no fueron certificados en su momento.
Más allá de las declaraciones que realicen sus abogados están los hechos, las mañas o trampas de la instancia acusadora que falta a dos audiencias para ampliar y ratificar las acusaciones en contra de Gordillo Morales y coacusados, con lo que le restan tiempo a la defensa para aportar más pruebas en favor de los detenidos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz, deberá aportar en el transcurso del día, porque no llegó el sábado, elementos adicionales que respalden las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada. Además, será multado por sus ausencias, pero las pagará con recursos del erario, no con sus propios recursos como funcionario público.
Además, existen violaciones al debido proceso, como la exhibición o filtración de la ficha signalética de la ex líder magisterial, violatoria de sus derechos humanos, la cual fue filtrada con toda la intención de que fuera exhibida como una delincuente, sin haberse comprobado de manera oficial, para ser sometida a un linchamiento mediático, como ya ocurrió.
Una lectura A vuelapluma de cómo se conforma el proceso revela varios tópicos:
1.- Probablemente se realizó una acusación y averiguación previa con irregularidades contra el debido proceso para permitir la liberación de Elba Esther Gordillo tras algunos años en la cárcel y un largo litigio donde lo mediático será fundamental, y más adelante se le puedan devolver los recursos que le lleguen a ser embargados. Es decir, lo caído, caído, por ejemplo, el caso de Raúl Salinas de Gortari, como pago a los servicios que en su momento prestaron al sistema.
2.- Elba Esther Gordillo y sus allegados no terminarán en la cárcel de por vida ni pobres porque tienen mucha información que pudiera golpear al llamado sistema político mexicano, por lo que la intención fue pararla y a los demás mandarles el mensaje de que mejor se queden quietos.
3.- Queda más que claro que estamos frente a una venganza política cuando esta mañana, ante las preguntas de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez sobre una continuación de acciones del actual gobierno contra otros líderes que se encuentran en iguales o peores circunstancias que Gordillo, César Camacho Quiroz, presidente del PRI respondió: “se actuará donde haya investigaciones; no se vale persecuciones oficiosas”. Es decir, que Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores, Napoléon Gómez Urrutia y otros pueden dormir tranquilos, mientras sigan siendo útiles al viejo-nuevo PRI que sigue la máxima juarista: A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas”.
EDITORIAL
GATOPARDISMO EN SINDICATOS
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 3 de marzo de 2013
Gran reto tienen el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo tras el manotazo a Elba Esther Gordillo, para que su acción no quede en la historia como una venganza política más. Sería repetir los golpes de Carlos Salinas de Gortari a Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, Carlos Jonguitud Barrios y Manuel Becerra Acosta, entre otros.
Tampoco se trata solamente de que con la misma vara con la que fue medida Elba Esther Gordillo, sean medidos los demás líderes charros de nuestro sindicalismo; ninguno se salva de haber hecho un usufructo más o menos abusivo del patrimonio de “su” sindicato; es decir, de las cuotas de sus representados. Es necesario evitar la repetición de casos. Lo que menos deseamos los mexicanos es la eliminación de un corrupto(a) que se salió de las normas no escritas, por otro corrupto dócil, porque entonces estaríamos hablando de un gobierno autoritario.
En México los políticos y sus cómplices líderes sindicales están acostumbrados a ejecutar cambios de forma. De fondo, casi nada. El clientelismo es la forma de mantener el poder, sobre todo para el PRI que así se hizo añejo en la silla presidencial y ahora que ha vuelto, lo será más para no perderla en un buen lapso.
Por ejemplo, tras la venganza de Carlos Salinas en contra de “La Quina”, el nombre y las siglas del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, (SRTPRM) fue modificado al quitarle la “R” de Revolucionario y como un mensaje de que ningún líder sindical podría tomar decisiones contrarias a las del caudillo oficial en turno.
Curiosamente a Joaquín Hernández Galicia se le acusó por el presunto asesinato de un agente del Ministerio Público que, después se supo, había muerto días antes en Chihuahua, además de acopio de armas de fuego. Nunca por enriquecimiento ilícito.
Para sucederlo, desde la Secretaría de Gobernación encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios se buscó a un ex líder sindical veracruzano de la sección 10 con sede en Minatitlán, quien ya se encontraba jubilado como resultado de que estuvo en contra de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, impulsada por “La Quina” y a la postre el motivo para hacerlo caer en la picota.
Ese líder fue Sebastián Guzmán Cabrera, antes a quien regresaron fast track a ocupar la dirigencia de la sección que lleva por nombre Frente Liberal Sindicalista, y de ahí a la dirigencia nacional de los petroleros. Fue el encargado de desmantelar la estructura de “La Quina”, entre quienes se encontraban Salvador Barragán Camacho, José Sosa Martínez, Héctor Valladares, Fernando Carvajal Servín, Juan José García Rodríguez, Carlos Antonio Romero Deschamps, Víctor Deschamps Contreras, Emérico Rodríguez y Onésimo Escobar, quienes llegaron a atacar a Salinas de Gortari.
En la limpia, cuando liquidó las tiendas de consumo y ranchos en poder del sindicato y “La Quina”, Guzmán Cabrera estuvo a punto de mandar a la cárcel a Carlos Romero Deschamps como a muchos otros, algunos de los cuales llegaron al suicidio. Pero dicen quienes conocen bien la política del sur de Veracruz que un cercano del entonces dirigente nacional petrolero, Ignacio Hernández Berrueco, le pidió amnistía para Romero Deschamps. Lo que son las cosas.
Romero Deschamps fue un personaje que llegó de la nada al Sindicato, se lo presentaron a “La Quina” quien lo acogió como protegido y pronto lo hizo dirigente de la sección 35, a quien le quedó el mote de “El Güero”. Dice una historia que la madrugada del 10 de enero de 1989 le llamó a Hernández Galicia a su casa, pues ya estaba listo el operativo en su contra y sólo faltaba asegurarse de que estaba allí.
El 4 de enero de 1992 Romero Deschamps fue nombrado como secretario del interior del STPRM por Sebastián Guzmán Cabrera, quien año y medio después renunció a la Secretaría General por cuestiones de salud y el 25 de junio de 1993, Carlos Antonio Romero Deschamps asumió como nuevo líder y a punto de cumplir 20 años al frente de los petroleros.
En su discurso se comprometió a que “jamás haremos ninguna alianza con los enemigos de nuestro partido ni con los adversarios del señor presidente”, frase que ha cumplido hasta hoy y le ha dado impunidad para protegerse contra una estela de corrupción a su paso, ya que no sólo recibió el 5 de junio de 2000 un préstamo aparentemente nunca saldado por 640 millones de pesos, de los cuales casi 500 habrían sido triangulados a la campaña política de Francisco Labastida Ochoa y ha llegado a acumular 2 mil 743 millones de pesos las entregas por parte de PEMEX.
Diversas investigaciones han dado cuenta de sus irregularidades al frente del STPRM que van desde que sus familiares tienen contratos en la paraestatal hasta diciembre de 2999, además de ser auténticos aviadores con permiso, hasta ser poseedor de un departamento en Cancún, frente al Bulevar Kikulkán; una colección de coches antiguos, valuada en 5 millones de dólares; una lujosa residencia en el exclusivo fraccionamiento Paseos de la Reforma, en el Estado de México; un yate nombrado “El Indomable”, valuado en un millón y medio de dólares. Además una flotilla de carros tanque y algunos ranchos y miles cabezas de ganado. Y, para coronar su riqueza, existen indicios de que es socio de Banorte.
Su descendencia no queda atrás. Su hija Paulina viaja por el mundo, en avión privado y acompañada de sus tres perros; con paseos en yate y todo el dispendio que quizá un millonario que trabajó para ganar el dinero, no hace. Otro de sus hijos, además, puede vivir sin trabajar, recorre Miami a bordo de un Ferrari Enzo de colección de 7 millones de dólares.
Ese es el tipo de líderes sindicales a modo para el PRI. El gatopardismo puro en el sector sindical. Ya veremos qué tipo de personaje es Juan Díaz de la Torre, nuevo presidente del SNTE. Eso sí, hay muchas posibilidades de que sea igual o peor que Gordillo. Un dato más. Es previamente, como la propia Elba Esther o como Sebastián Guzmán Cabrera o Carlos Romero Deschamps, de los favoritos del líder caído.
Tampoco se trata solamente de que con la misma vara con la que fue medida Elba Esther Gordillo, sean medidos los demás líderes charros de nuestro sindicalismo; ninguno se salva de haber hecho un usufructo más o menos abusivo del patrimonio de “su” sindicato; es decir, de las cuotas de sus representados. Es necesario evitar la repetición de casos. Lo que menos deseamos los mexicanos es la eliminación de un corrupto(a) que se salió de las normas no escritas, por otro corrupto dócil, porque entonces estaríamos hablando de un gobierno autoritario.
En México los políticos y sus cómplices líderes sindicales están acostumbrados a ejecutar cambios de forma. De fondo, casi nada. El clientelismo es la forma de mantener el poder, sobre todo para el PRI que así se hizo añejo en la silla presidencial y ahora que ha vuelto, lo será más para no perderla en un buen lapso.
Por ejemplo, tras la venganza de Carlos Salinas en contra de “La Quina”, el nombre y las siglas del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, (SRTPRM) fue modificado al quitarle la “R” de Revolucionario y como un mensaje de que ningún líder sindical podría tomar decisiones contrarias a las del caudillo oficial en turno.
Curiosamente a Joaquín Hernández Galicia se le acusó por el presunto asesinato de un agente del Ministerio Público que, después se supo, había muerto días antes en Chihuahua, además de acopio de armas de fuego. Nunca por enriquecimiento ilícito.
Para sucederlo, desde la Secretaría de Gobernación encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios se buscó a un ex líder sindical veracruzano de la sección 10 con sede en Minatitlán, quien ya se encontraba jubilado como resultado de que estuvo en contra de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, impulsada por “La Quina” y a la postre el motivo para hacerlo caer en la picota.
Ese líder fue Sebastián Guzmán Cabrera, antes a quien regresaron fast track a ocupar la dirigencia de la sección que lleva por nombre Frente Liberal Sindicalista, y de ahí a la dirigencia nacional de los petroleros. Fue el encargado de desmantelar la estructura de “La Quina”, entre quienes se encontraban Salvador Barragán Camacho, José Sosa Martínez, Héctor Valladares, Fernando Carvajal Servín, Juan José García Rodríguez, Carlos Antonio Romero Deschamps, Víctor Deschamps Contreras, Emérico Rodríguez y Onésimo Escobar, quienes llegaron a atacar a Salinas de Gortari.
En la limpia, cuando liquidó las tiendas de consumo y ranchos en poder del sindicato y “La Quina”, Guzmán Cabrera estuvo a punto de mandar a la cárcel a Carlos Romero Deschamps como a muchos otros, algunos de los cuales llegaron al suicidio. Pero dicen quienes conocen bien la política del sur de Veracruz que un cercano del entonces dirigente nacional petrolero, Ignacio Hernández Berrueco, le pidió amnistía para Romero Deschamps. Lo que son las cosas.
Romero Deschamps fue un personaje que llegó de la nada al Sindicato, se lo presentaron a “La Quina” quien lo acogió como protegido y pronto lo hizo dirigente de la sección 35, a quien le quedó el mote de “El Güero”. Dice una historia que la madrugada del 10 de enero de 1989 le llamó a Hernández Galicia a su casa, pues ya estaba listo el operativo en su contra y sólo faltaba asegurarse de que estaba allí.
El 4 de enero de 1992 Romero Deschamps fue nombrado como secretario del interior del STPRM por Sebastián Guzmán Cabrera, quien año y medio después renunció a la Secretaría General por cuestiones de salud y el 25 de junio de 1993, Carlos Antonio Romero Deschamps asumió como nuevo líder y a punto de cumplir 20 años al frente de los petroleros.
En su discurso se comprometió a que “jamás haremos ninguna alianza con los enemigos de nuestro partido ni con los adversarios del señor presidente”, frase que ha cumplido hasta hoy y le ha dado impunidad para protegerse contra una estela de corrupción a su paso, ya que no sólo recibió el 5 de junio de 2000 un préstamo aparentemente nunca saldado por 640 millones de pesos, de los cuales casi 500 habrían sido triangulados a la campaña política de Francisco Labastida Ochoa y ha llegado a acumular 2 mil 743 millones de pesos las entregas por parte de PEMEX.
Diversas investigaciones han dado cuenta de sus irregularidades al frente del STPRM que van desde que sus familiares tienen contratos en la paraestatal hasta diciembre de 2999, además de ser auténticos aviadores con permiso, hasta ser poseedor de un departamento en Cancún, frente al Bulevar Kikulkán; una colección de coches antiguos, valuada en 5 millones de dólares; una lujosa residencia en el exclusivo fraccionamiento Paseos de la Reforma, en el Estado de México; un yate nombrado “El Indomable”, valuado en un millón y medio de dólares. Además una flotilla de carros tanque y algunos ranchos y miles cabezas de ganado. Y, para coronar su riqueza, existen indicios de que es socio de Banorte.
Su descendencia no queda atrás. Su hija Paulina viaja por el mundo, en avión privado y acompañada de sus tres perros; con paseos en yate y todo el dispendio que quizá un millonario que trabajó para ganar el dinero, no hace. Otro de sus hijos, además, puede vivir sin trabajar, recorre Miami a bordo de un Ferrari Enzo de colección de 7 millones de dólares.
Ese es el tipo de líderes sindicales a modo para el PRI. El gatopardismo puro en el sector sindical. Ya veremos qué tipo de personaje es Juan Díaz de la Torre, nuevo presidente del SNTE. Eso sí, hay muchas posibilidades de que sea igual o peor que Gordillo. Un dato más. Es previamente, como la propia Elba Esther o como Sebastián Guzmán Cabrera o Carlos Romero Deschamps, de los favoritos del líder caído.
Editorial
GOLPE POLÍTICO A LA HOFFA MEXICANA
Por Renato Consuegra
La detención de Elba Esther Gordillo se inscribe dentro de la lucha de los grupos de poder que, una vez lograda la Presidencia de México, se combaten para supervivir o sobrevivir. “La Maestra”, “La Hoffa mexicana”, como la bautizó la experta del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) en Washington, Delal Baer, se convirtió en una bisagra de la política mexicana en la última década y su figura se volvió peligrosa para ciertos grupos cuando su ambición pasó de ser sólo un alfil a querer controlar los hilos del poder.
Alineada con el grupo que tenía el control de la transición pactada, tuvo sus mejores años en el sexenio de Vicente Fox. Entonces dio un duro golpe al priismo duro, con su campaña contra el candidato de su partido: “¿Tú le crees a Madrazo?”. Para esos años ya había iniciado la construcción de Nueva Alianza que compitió en 2006.
Jimmy Hoffa, con quien la comparó Baer, fue un poderoso dirigente del sindicato del transporte en Estados Unidos, ligado a la mafia; tenía enorme poder dentro de los círculos del Congreso y Asamblea de Representantes para que llevaran adelante sus encargos, pues financiaba las campañas políticas de congresistas y senadores. Desde allí presionaba a los presidentes de su país.
El propio Madrazo afirma que “La Maestra” se sumó a las filas de Felipe Calderón, quien como Vicente Fox, le dio prácticamente lo que quiso, incluso una subsecretaría en Educación Pública, además del ISSSTE y la Lotería Nacional que ya controlaba desde el sexenio anterior. A diferencia de Fox, con quien había un acuerdo político, con Calderón fue un acuerdo de intereses mutuos y posteriormente lo presionó.
Pero su principal afrenta al priismo tradicional fue cuando quiso convertirse en factor de poder e impulsó las alianzas electorales en diferentes estados. Fue clave su participación en los triunfos aliancistas en Oaxaca, Sinaloa, Guerrero y Puebla. Su apuesta fue conseguir la coalición en el Estado de México, que Fernando Gómez Mont paró desde la Secretaría de Gobernación, porque de haberla logrado, el candidato en contra de Enrique Peña Nieto hubiera sido Marcelo Ebrard Casaubón —ahijado político de su padrino político Manuel Camacho Solís— y no Andrés Manuel López Obrador ni Josefina Vázquez Mota.
Ahí comenzó su declive. El equipo cercano a Peña Nieto primero la atrajo con un planteamiento de ajedrecista, al entregar la presidencia del PRI nacional a uno de sus aliados, Humberto Moreira, a quien posteriormente lanzaron andanadas mediáticas para acusarlo de dejar al estado de Coahuila en la bancarrota y, así, obligarlo a renunciar en diciembre de 2011. Gordillo y Moreira algún día pensaron que tenían en sus manos las claves de la elección de 2012.
Antes del moreirazo, el 17 de noviembre de 2011 Gordillo fue atraída para evitar que ahora con su partido se aliara nuevamente con el PAN, pero apenas pasado el plazo fatal para el registro de las coaliciones, el 20 de enero el PRI la echó de su seno y le quitó también las 24 diputaciones federales y cuatro senadurías, entre las que estaban consideradas la de Mónica Arriola, hija de la maestra, su yerno Fernando González Sánchez, por Sinaloa, y Jorge Kahwagi, por Nayarit. Estas posiciones las había firmado Humberto Moreira.
Apenas iniciada la administración de Enrique Peña Nieto los mensajes de lo que sobrevendría no se hicieron esperar. Le quitaron la concesión del ISSSTE y la Lotería Nacional, a la vez que su partido no fue tomado en cuenta para el Pacto por México, como tampoco ella fue invitada a la presentación de la Reforma Educativa promulgada este lunes.
Se dice que a cambio de no resistirse a la Reforma Educativa pactó con Peña Nieto mantenerse al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no ser investigada por las más de 70 propiedades que posee, como tampoco las más de 90 cuentas bancarias desde donde maneja los recursos económicos del gremio magisterial. Pero nuevamente le falló.
Quizá al presentir o tal vez saber lo que vendría en adelante, a principios de este febrero dictó su epitafio: “Aquí yace una guerrera y como guerrera murió”, aunque a decir verdad, políticamente durante los últimos meses se le vio tan dócil que muchos creyeron que se había fraguado un teatro, primero para impulsar la candidatura de Peña Nieto al romper la alianza con el PANAL y, recientemente, con la propuesta de reforma educativa de la que, prácticamente no dijo ni pio.
Jimmy Hoffa cayó en desgracia y desapareció sin dejar rastro al encontrar un fuerte obstáculo en otro grupo en el poder relacionado con la mafia estadounidense, los Kennedy.
El movimiento de este martes 26 es similar a los realizados por Carlos Salinas de Gortari en los albores de su gobierno contra los dirigentes sindicales Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, de los petroleros y Carlos Jonguitud Barrios de los maestros, a quien Gordillo Morales sustituyó por consejo de Manuel Camacho Solís.
Por lo pronto, los suspiros porque haya “justicia” parecen hacerse realidad. Hasta el momento nada han podido realizar los maestros disidentes para demostrar la autoría intelectual de Gordillo en los crímenes de por lo menos 156 maestros a partir de los ochenta, entre ellos el de Misael Núñez Acosta, ocurrido en 1981. Tampoco nada se había podido establecer en su contra por el uso indiscriminado y patrimonial de los recursos de los maestros.
Si es responsable, primero se le deberá investigar y hasta no encontrarla culpable se le deberá enjuiciar mediáticamente, como debe serlo jurídicamente. Pero es una lástima que la justicia se utilice para hacerle justicia a los grupos de poder político y económico; es decir, para quitarse enemigos del frente, porque los maestros y sus cuotas, ya veremos, continuarán siendo manejados por otro personaje igual o peor que Elba Esther Gordillo.
Alineada con el grupo que tenía el control de la transición pactada, tuvo sus mejores años en el sexenio de Vicente Fox. Entonces dio un duro golpe al priismo duro, con su campaña contra el candidato de su partido: “¿Tú le crees a Madrazo?”. Para esos años ya había iniciado la construcción de Nueva Alianza que compitió en 2006.
Jimmy Hoffa, con quien la comparó Baer, fue un poderoso dirigente del sindicato del transporte en Estados Unidos, ligado a la mafia; tenía enorme poder dentro de los círculos del Congreso y Asamblea de Representantes para que llevaran adelante sus encargos, pues financiaba las campañas políticas de congresistas y senadores. Desde allí presionaba a los presidentes de su país.
El propio Madrazo afirma que “La Maestra” se sumó a las filas de Felipe Calderón, quien como Vicente Fox, le dio prácticamente lo que quiso, incluso una subsecretaría en Educación Pública, además del ISSSTE y la Lotería Nacional que ya controlaba desde el sexenio anterior. A diferencia de Fox, con quien había un acuerdo político, con Calderón fue un acuerdo de intereses mutuos y posteriormente lo presionó.
Pero su principal afrenta al priismo tradicional fue cuando quiso convertirse en factor de poder e impulsó las alianzas electorales en diferentes estados. Fue clave su participación en los triunfos aliancistas en Oaxaca, Sinaloa, Guerrero y Puebla. Su apuesta fue conseguir la coalición en el Estado de México, que Fernando Gómez Mont paró desde la Secretaría de Gobernación, porque de haberla logrado, el candidato en contra de Enrique Peña Nieto hubiera sido Marcelo Ebrard Casaubón —ahijado político de su padrino político Manuel Camacho Solís— y no Andrés Manuel López Obrador ni Josefina Vázquez Mota.
Ahí comenzó su declive. El equipo cercano a Peña Nieto primero la atrajo con un planteamiento de ajedrecista, al entregar la presidencia del PRI nacional a uno de sus aliados, Humberto Moreira, a quien posteriormente lanzaron andanadas mediáticas para acusarlo de dejar al estado de Coahuila en la bancarrota y, así, obligarlo a renunciar en diciembre de 2011. Gordillo y Moreira algún día pensaron que tenían en sus manos las claves de la elección de 2012.
Antes del moreirazo, el 17 de noviembre de 2011 Gordillo fue atraída para evitar que ahora con su partido se aliara nuevamente con el PAN, pero apenas pasado el plazo fatal para el registro de las coaliciones, el 20 de enero el PRI la echó de su seno y le quitó también las 24 diputaciones federales y cuatro senadurías, entre las que estaban consideradas la de Mónica Arriola, hija de la maestra, su yerno Fernando González Sánchez, por Sinaloa, y Jorge Kahwagi, por Nayarit. Estas posiciones las había firmado Humberto Moreira.
Apenas iniciada la administración de Enrique Peña Nieto los mensajes de lo que sobrevendría no se hicieron esperar. Le quitaron la concesión del ISSSTE y la Lotería Nacional, a la vez que su partido no fue tomado en cuenta para el Pacto por México, como tampoco ella fue invitada a la presentación de la Reforma Educativa promulgada este lunes.
Se dice que a cambio de no resistirse a la Reforma Educativa pactó con Peña Nieto mantenerse al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no ser investigada por las más de 70 propiedades que posee, como tampoco las más de 90 cuentas bancarias desde donde maneja los recursos económicos del gremio magisterial. Pero nuevamente le falló.
Quizá al presentir o tal vez saber lo que vendría en adelante, a principios de este febrero dictó su epitafio: “Aquí yace una guerrera y como guerrera murió”, aunque a decir verdad, políticamente durante los últimos meses se le vio tan dócil que muchos creyeron que se había fraguado un teatro, primero para impulsar la candidatura de Peña Nieto al romper la alianza con el PANAL y, recientemente, con la propuesta de reforma educativa de la que, prácticamente no dijo ni pio.
Jimmy Hoffa cayó en desgracia y desapareció sin dejar rastro al encontrar un fuerte obstáculo en otro grupo en el poder relacionado con la mafia estadounidense, los Kennedy.
El movimiento de este martes 26 es similar a los realizados por Carlos Salinas de Gortari en los albores de su gobierno contra los dirigentes sindicales Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, de los petroleros y Carlos Jonguitud Barrios de los maestros, a quien Gordillo Morales sustituyó por consejo de Manuel Camacho Solís.
Por lo pronto, los suspiros porque haya “justicia” parecen hacerse realidad. Hasta el momento nada han podido realizar los maestros disidentes para demostrar la autoría intelectual de Gordillo en los crímenes de por lo menos 156 maestros a partir de los ochenta, entre ellos el de Misael Núñez Acosta, ocurrido en 1981. Tampoco nada se había podido establecer en su contra por el uso indiscriminado y patrimonial de los recursos de los maestros.
Si es responsable, primero se le deberá investigar y hasta no encontrarla culpable se le deberá enjuiciar mediáticamente, como debe serlo jurídicamente. Pero es una lástima que la justicia se utilice para hacerle justicia a los grupos de poder político y económico; es decir, para quitarse enemigos del frente, porque los maestros y sus cuotas, ya veremos, continuarán siendo manejados por otro personaje igual o peor que Elba Esther Gordillo.
EDITORIAL
ENFERMÓ DE PODER
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 1 de marzo de 2013
En el México post-revolucionario los líderes sindicales han sido sólo alfiles. No les ha dado para más ni el sistema les permite más. Por lo menos, hasta ahora en México las condiciones para que llegue al poder un trabajador o líder sindical no está previsto; no hay lugar para los Lech Walesa o Lula mexicanos. Mucho menos para que un sindicalista controle el poder.
El movimiento obrero mexicano surgió en 1912 como una idea de los anarcosindicalistas españoles Juan Francisco Moncaleano y Eloy Armenta, pero pronto el espíritu inicial se quebró cuando Luis Napoleón Morones comenzó a realizar alianzas políticas. El sindicalismo perdió su carácter social y de beneficio gremial al ser utilizado desde la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) como mediador, es decir, controlador de la clase trabajadora, a cambio de apoyo y beneficios particulares para sus dirigentes y círculo cercano, como fueron puestos gubernamentales y, posteriormente, al crearse el sistema de partidos, candidaturas a puestos legislativos.
El propio Morones probó la miel de los beneficios y la picota. Creó el Partido Laborista Mexicano en 1922 y con el poder acumulado logró ser secretario de Industria, Comercio y Trabajo en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Más adelante regresó a dirigir la CROM e hizo equipo con el llamado Jefe Máximo durante el Maximato, hasta que Lázaro Cárdenas los mandó al exilio; el primero de ellos fue Morones.
Líderes sindicales ha habido muchos en nuestros país: desde Fidel Velázquez pasando por Leonardo Rodríguez Alcaine, Bas Chumacero, Rafael Camacho Guzmán, José I. Aguilar Irungaray, Netzahualcóyotl de la Vega, Joaquín Gamboa Pascoe, Emilio M. González, Juan José Osorio Palacios, Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros, Jesús Yurén Aguilar y otros. La mayoría de ellos supieron cuál era su papel y lo jugaron.
El ejemplo más fehaciente de la sumisión sindicalista a los grupos de poder político y económico fue Fidel Velázquez Sánchez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por más de 50 años y a quien se le llegó a considerar como el gran elector, ya que los presidentes de la República le conferían el “gran honor” de “destapar” al “tapado”.
Carlos Salinas de Gortari habla sobre él en su libro México: Un paso difícil a la modernidad, donde afirma que la mañana del 29 de marzo de 1994, frente al dilema de nombrar al candidato sustituto de Luis Donaldo Colosio, Fidel Velázquez se pronunció por Pedro Aspe, pero luego de expresarle puntos de vista y reconsiderarlo, le dio el apoyo para Ernesto Zedillo.
De Fidel Velázquez escribió Miguel Ángel Granados Chapa en el libro ‘El Siglo de Fidel Velázquez’: “Su acción estaba orientada por la lógica del poder institucional. Eso significaba, entre otras cosas, mostrarse como dúctil instrumento de la política presidencial, ser sensible a sus orientaciones, percibir órdenes que no se expresan. Y adular, adular, adular… El halago rompió sus propias cotas y llegó al servilismo en octubre de 1951, cuando se exploraba la posibilidad de la reelección presidencial (de Miguel Alemán). El comité nacional de la CTM, encabezado por Fidel Velázquez, otorgó al presidente un título que, no obstante la diferencia jerárquica, era sustancialmente igual que el de ‘Alteza Serenísima’ conferido a Santa Anna un siglo atrás: se lo declaró "Obrero de la Patria", se lo nombró secretario general honorario de la CTM y se anunció un Homenaje Nacional (así, con mayúsculas) que se realizaría el 7 de diciembre siguiente”.
Su talento organizador le permitió acrecentar las bases de la CTM; inteligente, se acomodó a todas las modas del México que encumbró al PRI y fue ayudado desde el poder político a deshacerse, políticamente, de quienes pudieran disputarle el poder absoluto de la central obrera.
Fue dos veces senador. Nada más. No sucumbió a las mieles del poder. A él se atribuye la famosa frase disuasoria para quienes tienen intenciones políticas de que “quien se mueve no sale en la foto” y él fue el primero en practicarla.
En la anterior A vuelapluma describimos cómo, desde una óptica distinta, “La Maestra” pretendió controlar la sucesión presidencial, primero con la serie de alianzas entre el PAN y el PRD, como ocurrió en Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Puebla, y el grado de poder que pudo llegar a tener de concretarse la del Estado de México, pues le seguiría la del Distrito Federal.
Pero Fernando Gómez Mont paró las alianzas desde la Secretaría de Gobernación y ya no pudo impulsar a Marcelo Ebrard, quien decidió dejar el camino libre a Andrés Manuel López Obrador y esperar a 2018. Y si Gordillo pretendió controlar a quien sería el nuevo presidente de México a través de Humberto Moreira, uno de sus más aventajados alumnos cuando lograron la presidencia del PRI, el tiro les salió por la culata.
Editorial
NIÑO IMPUNE
Por Renato Consuegra
Es un cachorro si no de la Revolución, si de la impunidad que el amparo del poder ha dado a la vieja clase política priista. Se viste de verde pero por dentro es más priista que muchos. Y tiene por qué. Sin embargo, su detención la madrugada del domingo 17 puede ser el inicio de una andanada en su contra por parte de algún grupo político contrario, entre los que se disputan el poder. Es un aviso para Jorge Emilio González Martínez, el “Niño Verde”.
Su abuelo, Emilio Martínez Manautou fue un cacique latifundista en Tamaulipas, Diputado y Senador de la República en los años 50 y 60, quien compitió contra Luis Echeverría como precandidato para las elecciones de 1970, cuando ocupaba el cargo de Secretario de la Presidencia de la República con Gustavo Díaz Ordaz; luego fue Secretario de Salubridad y Asistencia en la presidencia de su ex colaborador José López Portillo, desde donde acumuló una mayor fortuna al realizar negocios desde la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, entregando obras a empresas cercanas a él. Fue el sexenio del saqueo al país.
Ahí también fortaleció su relación económica y familiar con los González Torres, dueños de las farmacias El Fénix de Tampico, uno de cuyos integrantes, Jorge, se casó con su hija Leticia. De este matrimonio nació Jorge Emilio, “El Niño Verde” en 1972.
López Portillo hizo al abuelo Martínez Manatou gobernador de Tamaulipas de 1981 a 1987, lapso en el que también fue señalado como uno de los “sacadólares”, junto con Rodolfo Echeverría —hermano del ex presidente—, el también gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra; el hijo del ex regente Carlos Hank González, Carlos Hank Rhon y el empresario Pablo Aramburuzabala, accionista entonces del Grupo Modelo, entre los más destacados.
Con el apoyo de su suegro el todavía gobernador, Jorge González Torres se integró a la política dentro del PRI y tras crear la Alianza Ecologista Nacional a principios de los 80, en 1986 fundó el Partido Verde Mexicano, en el momento en el que varios priistas decidieron salir, como lo hiciera también Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, candidato al que el padre de Jorge Emilio se unió en la presidencial de 1988.
Luego de perder el registro, insistió ahora con el Partido Ecologista de México en 1990 y volvió a perder el registro en las elecciones de 1991. Sin embargo, por quién sabe qué extraña razón jurídica lo recuperó en 1993, mediante la realización de las asambleas en las que logró confirmar 86 mil simpatizantes; ese año también cambió el nombre al actual Partido Verde Ecologista de México.
Tras 14 años al frente del partido, en 2001 Jorge González Torres heredó la empresa-política familiar a su hijo, el joven Jorge Emilio González Martínez, quien ha sido más conocido por su vida ligera y los escándalos que lo acompañan, incluido el de su arresto la madrugada de este domingo.
El partido de la familia y amigos de los González Martínez sorteó a lo largo de los siguientes años una serie de problemas legales y electorales, producto de su cercanía con los grupos de poder político.
En 2006 A vuelapluma se publicó un estudio notarial donde se expresaba que el Partido Verde Ecologista de México sólo contaba con el 8.91 por ciento de los afiliados que el propio instituto político propuso en 2003 para los nuevos partidos o la conservación del registro de los ya existentes. El 28 de octubre de 2003 el Verde presentó una iniciativa en el Senado de la República a fin de incrementar al doble los requisitos para que las agrupaciones políticas obtuvieran su registro como Partidos Políticos Nacionales.
De acuerdo con la escritura pública 20,952 de fecha 31 de octubre del 2005, el Notario Público 142, Daniel Luna Ramos, señaló que una vez realizada la compulsa del padrón de militantes y del quórum de las asambleas estatales del instituto político, se desprendía que el PVEM estaba integrado por apenas 16 mil 668 miembros y no los 170 mil 788 que se necesitaban en ese momento. Pero el IFE nunca le quitó el registro.
En tanto, en 2004, cuando el PVEM gobernaba Cancún, se dio a conocer un video en el que se intentaba sobornar al nieto de Martínez Manautou con 2 millones de dólares para la liberación de unos terrenos protegidos ecológicamente.
En uno de los más recientes escándalos, el 2 de abril de 2011 una joven de 25 años, originaria de Bulgaria, Galina Chankov, cayó del departamento 19B de las Torres Emerald de Cancún, presuntamente propiedad del llamado “Niño Verde”. Nunca se le investigó formalmente, a pesar de las evidencias.
En la madrugada del domingo fue detenido por el alcoholímetro en el Distrito Federal y llevado al centro de arresto administrativo conocido como “El Torito”. En alguna otra circunstancia, tal vez, la detención del político pudo pasar desapercibida o no realizarse. Sin embargo, al reportar los policías a sus jefes, la orden seguramente fue arrestarlo para darle un golpe mediático, salvo que también haya sido una acción bien estructurada, con el mismo propósito.
Sea cual sea el caso, Jorge Emilio, quien ha sido cubierto con el manto de la impunidad que le heredó su abuelo desde 1994, cuando a sus 22 años fue electo a un cargo de elección popular: asambleísta del Distrito Federal, ahora comenzó a saber lo que implica carecer de él, aunque sea por una noche de copas.
Su abuelo, Emilio Martínez Manautou fue un cacique latifundista en Tamaulipas, Diputado y Senador de la República en los años 50 y 60, quien compitió contra Luis Echeverría como precandidato para las elecciones de 1970, cuando ocupaba el cargo de Secretario de la Presidencia de la República con Gustavo Díaz Ordaz; luego fue Secretario de Salubridad y Asistencia en la presidencia de su ex colaborador José López Portillo, desde donde acumuló una mayor fortuna al realizar negocios desde la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria, entregando obras a empresas cercanas a él. Fue el sexenio del saqueo al país.
Ahí también fortaleció su relación económica y familiar con los González Torres, dueños de las farmacias El Fénix de Tampico, uno de cuyos integrantes, Jorge, se casó con su hija Leticia. De este matrimonio nació Jorge Emilio, “El Niño Verde” en 1972.
López Portillo hizo al abuelo Martínez Manatou gobernador de Tamaulipas de 1981 a 1987, lapso en el que también fue señalado como uno de los “sacadólares”, junto con Rodolfo Echeverría —hermano del ex presidente—, el también gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra; el hijo del ex regente Carlos Hank González, Carlos Hank Rhon y el empresario Pablo Aramburuzabala, accionista entonces del Grupo Modelo, entre los más destacados.
Con el apoyo de su suegro el todavía gobernador, Jorge González Torres se integró a la política dentro del PRI y tras crear la Alianza Ecologista Nacional a principios de los 80, en 1986 fundó el Partido Verde Mexicano, en el momento en el que varios priistas decidieron salir, como lo hiciera también Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros, candidato al que el padre de Jorge Emilio se unió en la presidencial de 1988.
Luego de perder el registro, insistió ahora con el Partido Ecologista de México en 1990 y volvió a perder el registro en las elecciones de 1991. Sin embargo, por quién sabe qué extraña razón jurídica lo recuperó en 1993, mediante la realización de las asambleas en las que logró confirmar 86 mil simpatizantes; ese año también cambió el nombre al actual Partido Verde Ecologista de México.
Tras 14 años al frente del partido, en 2001 Jorge González Torres heredó la empresa-política familiar a su hijo, el joven Jorge Emilio González Martínez, quien ha sido más conocido por su vida ligera y los escándalos que lo acompañan, incluido el de su arresto la madrugada de este domingo.
El partido de la familia y amigos de los González Martínez sorteó a lo largo de los siguientes años una serie de problemas legales y electorales, producto de su cercanía con los grupos de poder político.
En 2006 A vuelapluma se publicó un estudio notarial donde se expresaba que el Partido Verde Ecologista de México sólo contaba con el 8.91 por ciento de los afiliados que el propio instituto político propuso en 2003 para los nuevos partidos o la conservación del registro de los ya existentes. El 28 de octubre de 2003 el Verde presentó una iniciativa en el Senado de la República a fin de incrementar al doble los requisitos para que las agrupaciones políticas obtuvieran su registro como Partidos Políticos Nacionales.
De acuerdo con la escritura pública 20,952 de fecha 31 de octubre del 2005, el Notario Público 142, Daniel Luna Ramos, señaló que una vez realizada la compulsa del padrón de militantes y del quórum de las asambleas estatales del instituto político, se desprendía que el PVEM estaba integrado por apenas 16 mil 668 miembros y no los 170 mil 788 que se necesitaban en ese momento. Pero el IFE nunca le quitó el registro.
En tanto, en 2004, cuando el PVEM gobernaba Cancún, se dio a conocer un video en el que se intentaba sobornar al nieto de Martínez Manautou con 2 millones de dólares para la liberación de unos terrenos protegidos ecológicamente.
En uno de los más recientes escándalos, el 2 de abril de 2011 una joven de 25 años, originaria de Bulgaria, Galina Chankov, cayó del departamento 19B de las Torres Emerald de Cancún, presuntamente propiedad del llamado “Niño Verde”. Nunca se le investigó formalmente, a pesar de las evidencias.
En la madrugada del domingo fue detenido por el alcoholímetro en el Distrito Federal y llevado al centro de arresto administrativo conocido como “El Torito”. En alguna otra circunstancia, tal vez, la detención del político pudo pasar desapercibida o no realizarse. Sin embargo, al reportar los policías a sus jefes, la orden seguramente fue arrestarlo para darle un golpe mediático, salvo que también haya sido una acción bien estructurada, con el mismo propósito.
Sea cual sea el caso, Jorge Emilio, quien ha sido cubierto con el manto de la impunidad que le heredó su abuelo desde 1994, cuando a sus 22 años fue electo a un cargo de elección popular: asambleísta del Distrito Federal, ahora comenzó a saber lo que implica carecer de él, aunque sea por una noche de copas.
EDITORIAL
¿ATENTADO POR PEMEX?
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 4 de febrero de 2013
Si la explosión en las oficinas centrales de Pemex fue producto de cualquiera otra circunstancia, menos de un atentado, ¿cuáles son los motivos para que las autoridades se frenen para dar la información de manera que permita a la comunidad tener certeza en los resultados de las investigaciones? En la anterior A vuelapluma expresamos que finalmente la verdad saldría por conductos oficiales o extraoficiales y esto, al parecer, ya ocurre.
La mañana del primero de febrero ya se corría el rumor de que la noche anterior, los topos encontraron dos cargas explosivas sin detonar. Esto habría ocurrido precisamente minutos antes del reporte del periodista Salvador Maceda, ya narrado también. En aquellos momentos del jueves 31 de enero salieron del lugar dos camiones que presuntamente transportaban picos y palas pero, curiosamente, iban fuertemente custodiados. Al parecer transportaban las cargas de los explosivos plásticos no detonados, 540 gramos.
Tras la lectura de la columna titulada ¿Zona Cero? ¡Cero Mentiras!, un experto, perito en explosivos me escribió: “OK, muy en el blanco, tienes razón en general” y destacó: “Técnicamente, el evento fue así de ‘demoledor’ porque provino de/desde un impacto sónico —de una deflagración explosiva (muy seguramente originada en explosivos de tipo ‘plástico’ (la dinamita y Pablo Escobar ya pasaron a la historia)—, y no hay fuego/humo porque ‘la combustión’, es instantánea; lo buscado en el diseño del intrusor, es generar una ‘onda de choque’ para un radio de efecto predecible (si observas las imágenes de las losas del piso 1, ‘que colapsó’ hacia el sentido ‘sótano’ (de abajo), se aprecia como si un gran mazo la hubiera impactado ‘al centro’). Estas son operaciones similares a las de ‘cortar puentes’ o tirar edificaciones de modo ‘limpio’”.
La anterior información ya salió del ámbito nacional y la compañía texana de inteligencia Stratfor se hizo eco de los rumores, por lo que “si las conjeturas sobre una causa no accidental del hecho son ciertas, el nuevo gobierno en México se enfrentaría a varios desafíos políticos, como la intimidación criminal y disputas políticas alrededor de la reforma a Pemex, que busca aumentar la producción de petróleo y de gas natural. La empresa proporciona entre el 30 % y el 40 % del presupuesto nacional”.
Esta información fue publicada el 3 de febrero por CNN en español (http://cnnespanol.cnn.com/2013/02/03/compania-de-inteligencia-se-hace-eco-de-los-rumores-de-atentado-en-la-explosion-en-pemex/) y agrega: “El análisis de Stratfor sugiere que si la explosión llegase a ser un ataque, la explicación estaría en los intereses dentro de Pemex frente a la búsqueda de eficiencia de parte del gobierno del presidente Peña Nieto. Las reformas impedirían que algunos funcionarios tengan acceso a los fondos de la compañía y presuntamente se ha discutido que la nueva dirigencia de la empresa despediría a miles de empleados. Así, las tensiones dentro de Pemex y del Partido Revolucionario Institucional —cercano a los líderes sindicales de la compañía— podrían ser un factor de peso dentro de la investigación”.
La empresa estadounidense pone el dedo en la llaga al indicar que “las tensiones” dentro de Pemex y del PRI “podrían ser un factor de peso dentro de la investigación”. Es decir, que ya existiría en el partido en el poder, una pugna entre los diversos grupos que el año pasado se unieron para recuperar la presidencia.
El actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fuera director general del ISSSTE y terminara el sexenio de su amigo Carlos Salinas de Gortari como Secretario de Energía. Lozoya Thalmann fue quien presuntamente habría ofrecido total certeza y seguridad a un grupo de empresarios japoneses, en diciembre de 1993, para invertir en México porque el grupo en el poder, en ese momento liderado por Salinas de Gortari, tendría la Presidencia de México durante 25 años más. Otro dato es que Lozoya Austin es un cercano a otro de los hombres fuertes de Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella.
Los intereses por dirigir el futuro de la compañía estatal y la forma cómo explicarlo podrían ser los motivos por los cuáles no se da, ni se dará a conocer la verdad. Hacerlo pondría al actual gobierno y su partido en una mala situación frente a los mexicanos por las personas fallecidas, por lo que nuevamente los mexicanos nos quedaremos con la duda. Los hechos, sin embargo, están a la vista.
EDITORIAL
A VUELAPLUMA | Verdad difusa y confusa
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 5 de febrero de 2013
La verdad de Estado es que no fue atentado. Pero la explosión del pasado jueves fue tan difusa como difusa y confusa la explicación ofrecida la noche del lunes 4 de febrero por el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien no sólo dejó muchas dudas en el aire, sino que en un intento por desacreditar una nota incómoda del diario La Jornada, es decir, al pretender echar por tierra cualquier posibilidad de un atentado —presuntamente habrían sido encontrados explosivos en una maleta—, realizó un mal chiste de un evento en el que perdieron la vida 37 personas a la fecha y un centenar resultaron lesionadas.
Si Murillo Karam carece de tino para dar información creíble y detallada, ojalá lo tenga para disculparse con los deudos de las víctimas y lesionados, por el mal chiste. Ya no digo a las mujeres por ese chiste sexista, que también debería.
El Procurador no entiende que han sido tantas las mentiras y simulaciones con las que los gobernantes han violentado la confianza de los mexicanos, que poco se les cree. Pero, sobre todo, parece no entender que la muerte de 37 personas es cosa seria, que un “estadista” o político con tablas como él —así le llamaron algunos lisonjeros gratuitos en días anteriores— tiene la responsabilidad de dar certezas a los ciudadanos, sin dejar cabos sueltos. Finalmente es el “abogado del pueblo”.
En cambio, parece que la explicación a los mexicanos sobre la explosión en las oficinas de Pemex, la tomó de la misma forma como respondió la pregunta sobre la maleta, a la ligera.
La verdad del Gobierno, entonces, creó sospechas. Se convirtió en la verdad sospechosa.
Debieron darnos, entre otras, las siguientes explicaciones: ¿Qué cantidad de gas metano debe acumularse para generar una explosión con la magnitud de la del jueves? ¿Cómo y dónde pudo haberse acumulado? Pregunta Xóchitl Gálvez, que de edificios inteligentes sabe lo suyo, sobre qué pasó, porque “se supone que el gas metano contiene mercaptano (aromatizante), justo para detectar alguna fuga”.
¿Por qué tardaron cuatro días para darnos esa explicación que siguió el mismo rumbo que la ofrecida la noche del mismo jueves 31 de enero por el presidente Enrique Peña Nieto?
Pero quizá una de las más importantes respuestas no fue dada: ¿Por qué la empresa que maneja riesgos todos los días en los pozos petroleros, las plataformas de extracción, las refinerías, los oleoductos y gasoductos, etc., tuvo tan escaso cuidado en las instalaciones donde se encuentran sus oficinas centrales, es decir, las oficinas donde labora la gente que dirige a la empresa más importante del país?
Ya tenemos una verdad de Estado, difusa y confusa, pero la tenemos. Lo que no hubo fueron certezas.
EDITORIAL
¿ZONA CERO? ¡CERO MENTIRAS!
Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 2 de febrero de 2013
Quizá sin pensarlo ni quererlo o porque alguien se los indujo, la mayoría de los medios de comunicación se han referido a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos tras el siniestro del jueves 31 de enero, como la Zona Cero, acostumbrados a copiar todo lo que viene de los Estados Unidos, como cuando las autoridades de Nueva York llamaron así al lugar del atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas.
De acuerdo con la información disponible en la WWW, la expresión Zona Cero surge como traducción de la expresión inglesa Ground Zero y tuvo su primer uso para referirse a la zona donde explotaron las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Antes se habían referido a la zona donde realizaron ensayos atómicos exitosos, en Alamogordo, Nuevo México, como el Point Zero. El Diccionario de Inglés Oxford cita el uso de este término definiéndolo como la parte de tierra o suelo inmediatamente debajo de una explosión de bomba y sobre todo en el caso de un arma nuclear.
Es una obligación de los periodistas y los medios de comunicación evitar la especulación. Es un deber, también, de las autoridades en el Gobierno de la República, informar a la población de manera puntual, clara y protegiendo sólo los intereses de la Nación, sobre la realidad de los acontecimientos. Es nuestro derecho. Debemos estar informados sobre lo que ocurrió y es hora de conocer la verdad.
En cambio, ante la falta de una información precisa y sólo evasivas a la pregunta central, se da pie a la especulación, a que la información se salga de los cauces oficiales y la verdad aparezca en los informales, lo que daña aún más la confianza ciudadana en sus gobernantes.
Por esto mismo llama la atención que no exista un pronunciamiento claro y oportuno. Se han dejado correr versiones interesadas de que hubo un estallido de gas, los cuales expertos en este tipo de explosiones han echado por tierra. Lo mismo ocurrió ante la posibilidad de una explosión causada por fallos eléctricos.
Un estallido de gas o conflagración eléctrica necesariamente habrían causado incendios. No así una bomba, cuyas consecuencias, además del gran golpe de la detonación, son las de una gran fuerza expansiva como ocurrió ayer en Pemex.
Si esto fue así, entonces el Gobierno muy probablemente se encuentra frente a un gran dilema de comunicación para explicar el presunto origen. El gobierno de México carece en este momento de argumentos para culpar a algún extranjero como sí los tuvieron los estadounidenses con Osama Bin Laden. Tampoco existen hoy fuerzas radicales de izquierda o comunistas, como los tuvieron los gobiernos de los años 70, puesto que la presunta izquierda mexicana actual está más que cooperativa con el nuevo gobierno. ¿Entonces, quién?
Algunos de los testigos han comentado que se escuchó una explosión seca, sin eco. ¿Y si no fue una, sino varias? La reportera Icela Lagunas recogió el testimonio de uno de los trabajadores de Pemex, Roberto, para Reporte Índigo: “Muchos corrimos a esa zona, no sabíamos qué había pasado, sólo sentimos la sacudida, después la nube de polvo y los gritos de ayuda, pero de pronto se escuchó otro sonido, como si el edificio tronara o se fuera a caer, luego otro ruido más fuerte, todos corrimos y nos alejaron del B2”.
¿Pudieron ser más explosiones? Salvador Maceda, reportero de TV Azteca, relató el jueves 31 de enero que 10 minutos antes del inicio del noticiario nocturno, alrededor de las 22:20 horas, hubo una gran movilización de cuerpos de seguridad, emergencia y personal que se encontraba en la zona del siniestro en las oficinas centrales de Pemex. Las imágenes proyectaban gente corriendo despavorida. ¿Cuál fue la orden para tal estampida humana? ¿Acaso encontraron algún o algunos artefactos sin explotar?
Hablar de Zona Cero en su concepción original implica aceptar que hubo alguna bomba. A 24 horas no existe una aclaración contundente. “Todo apunta a que fue un accidente”, opina el director de la paraestatal, Emilio Lozoya. “Que la investigación sea seria y transparente”, reclama el ex Presidente Felipe Calderón.
Que se nos diga la verdad, Cero Mentiras, reclamamos todos los mexicanos.
EDITORIAL
¿Y LA JUSTICIA, PA'?
Por Renato Consuegra
Que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassez está apegada a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos que México aprobó y firmó, no hay duda. Que se privilegió el derecho y en su caso el “debido proceso”, por sobre la justicia y este caso debe servir como parteaguas para el nuevo paradigma del sistema procesal penal mexicano, llamado acusatorio y adversarial, tampoco. Se otorgó la presunción de inocencia.
Sin embargo, debemos recordar cómo en nuestro país, desgraciadamente, las cosas cuando ocurren, pocas veces son circunstanciales. Fue una decisión donde no se repuso el caso como en algunas otras ocasiones, sino se otorgó el amparo directo para liberarla de inmediato, justo para que la francesa tuviera tiempo de llegar al aeropuerto y huir a su país. Esto permitió evitarle se le pudieran fincar responsabilidades por cualquiera otro probable delito.
De esta forma, nunca sabremos si en realidad era culpable o inocente. Es decir, que por un error de forma simplemente no se llegó al fondo. De esta forma, Cassez se convertirá en una mancha más del sistema judicial mexicano.
No será lo mismo para el resto de la presunta banda de secuestradores porque en México nada ha cambiado aunque haya cambios. Nada se ha movido. Todo sigue igual porque los presuntos cambios hasta ahora no son otra cosa que simulación. La justicia responde sólo a los intereses políticos y económicos. Los intereses de los ciudadanos y de la Nación como tal, pueden seguir esperando como ha sido durante décadas.
Durante el pasado sexenio hubo una colusión de grupos políticos e intereses empresariales, incluidos los de algunos medios de comunicación, con toda la intención de poner en ridículo y hacer ver mal al anterior gobierno y abonar el regreso del viejo PRI con el cual se hicieron y crecieron hasta alcanzar un poder casi absoluto. Poco batallaron para lograrlo. Genaro García Luna y los distintos procuradores nombrados por Felipe Calderón, les hicieron la tarea.
Ante este fracaso de quienes fueron autoridad en su momento e hicieron mal su trabajo, es preciso que haya una investigación a fondo, imparcial y expedita para deslindar responsabilidades, localizar a los responsables y castigarlos, sea porque indebidamente montaron un espectáculo y se olvidaron de seguir los pasos que las leyes y el derecho marcan o porque su incapacidad fue tal que los resultados están ahí, muy claros.
No hacerlo es mantener la impunidad. No hacerlo es alimentar la simulación. No hacerlo es continuar con un México lastimado por la corrupción. No hacerlo es simplemente burlarse una vez más de sus ciudadanos.
Mucho cuidado también con los juzgadores. Así como hay jueces de consigna, los puede haber entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y no está por demás realizar una revisión de las posturas de los integrantes de la Primera Sala el 8 de marzo pasado y ayer 23 de enero, así como los casos que han dictaminado. Eso lo analizaremos más adelante.
Empero la forma de gobernar y procurar justicia del viejo PRI, que es el nuevo reciclado, no es mejor que la del anterior gobierno. Por fallas al “debido proceso” hubo casos que se les cayeron de las manos a los priistas de entonces, como ocurrió con el montaje de “La Paca”, ideado por Pablo Chapa Bezanilla en contra de Raúl Salinas de Gortari, otro presunto delincuente absuelto por las inconsistencias en las acusaciones pero, sobre todo, por el teatro de la osamenta que probablemente pertenecía a Manuel Muñoz Rocha.
Como también, por faltas al debido proceso, muy probablemente pronto veamos fuera de las rejas al presunto Mario Aburto, el que se encuentra recluido en Almoloya y que en nada se parece al que presuntamente asesinó a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas y que desapareció tras la calentadita que le habría dado Manlio Fabio Beltrones en Playas de Tijuana.
En fin, nuevamente en México no se hizo justicia y justicia es justificar con elementos probatorios la culpabilidad o en su caso la inocencia del o los indiciados, en un caso que fue, además de aplicación del derecho, de aplicación de la fuerza política.
A VUELAPLUMA
Mitos geniales
México, D. F., a 12 de octubre de 2012
A lo largo de los últimos 20 años los mexicanos hemos sido víctimas —no se puede decir lo contrario cuando las agresiones vienen del poder— de lo que la propia gente, es decir, el imaginario popular supone una burla para despistar a la opinión pública: los mitos geniales, construidos para desviar la atención sobre hechos importantes de la vida nacional. Pan y circo dirían los clásicos.
Parafraseando al insigne poeta chiapaneco Jaime Sabines en el fragmento de uno de sus también notables poemas: "Yo no lo sé de cierto, lo supongo", es lo mismo que realiza una porción de los mexicanos, la opinión pública —que es lo mismo que la gente informada la cual, desgraciadamente, es una proporción menor—: suponen a la luz de los hechos, de las barrocas explicaciones, que sus gobernantes en función de autoridad, los pretenden engañar. Y decir los pretenden engañar es dar por ciento que los mexicanos lo consienten, más no lo aprueban.
Sean verdad o mentira, a lo largo de las dos últimas décadas ocurrieron temas que distrajeron la atención pública y que pasaron a ser mitos geniales porque las pruebas de su certeza siempre fueron cuestionadas.
Uno de los primeros mitos geniales fue la aparición del famoso chupacabras, aparecido allá por 1992, en pleno auge del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se aprobaban en el Congreso de la Unión varias reformas que consolidaban la fortaleza política del entonces presidente.
Al año siguiente ocurrió el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y la famosa teoría de la confusión explicada por el entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo McGregor con el famoso Nintendo. Hoy aún existen versiones contrarias a dicha teoría por diversos sectores de la política nacional y de la propia Iglesia.
Otro año más tarde, ocurrió el cuestionamiento nacional y bien merecido de la suplantación del famoso Mario Aburto, presunto asesino material de Luis Donaldo Colosio, pues el que se encuentra en Almoloya de Juárez difiere mucho del que fue detenido inicialmente en Lomas Taurinas.
Al año siguiente, en 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo y la Procuraduría General de la República encabezada por el panista Fernando Antonio Lozano Gracia sacaron a la luz pública e hicieron famosa a la presunta vidente Francisca Zetina, mejor conocida como “La Paca”, quien habría ayudado a descubrir los restos del ex diputado Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual del asesinato del entonces diputado José Francisco Ruiz Massieu. Hoy se encuentra presa por haber sembrado un cadáver en una propiedad de Raúl Salinas de Gortari.
En 1997, el 4 de julio, se anunció que Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido con el sobrenombre de Señor de los Cielos, supuesto líder del Cártel de Juárez, habría muerto en un Hospital en la ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia, cuando era acusado de haber lavado de más de $200 millones de dólares del Cartel de Medellín para financiar su flota e introducir más de 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Hay quienes afirman que se encuentra vivo y vive en otro continente.
Desde que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer el suicidio de Mario Ruiz Massieu el 15 de septiembre de 1999, la polémica sobre su muerte creció a través de los años, debido a que nadie, en ningún momento, vio el cuerpo sin vida de quien fuera subprocurador general de la República. Años más tarde las dudas siguen sobre la muerte de quien en noviembre de 1994, cuando investigaba el asesinato de su hermano José Francisco, ocurrido el 28 de septiembre de ese año, denunció que “los demonios andan sueltos”, y demandaba iniciar la investigación iniciando precisamente con el entonces presidente electo, Ernesto Zedillo.
Este domingo desapareció de las propias narices del gobierno del estado de Coahuila el cadáver de uno de los delincuentes más buscados de los últimos años, Heriberto Lazcano Lazcano y a pesar de todas las explicaciones oficiales, la opinión pública, la gente informada, considera que es otro mito genial.
Editorial
RECURSOS PÚBLICOS, ABUSO DE PODER Y MUERTE
Por Renato Consuegra
Un análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey presentado la semana pasada, nos informa que más de 25 mil servidores públicos en el país perciben más de 1 millón de pesos al año. De ellos, 250 se llevan a sus bolsillos entre 3 y 3.5 millones de pesos anualmente; mil funcionarios ganan entre 2.5 y 3 millones; 2 mil burócratas de primer nivel perciben entre 2 y 2.5 millones; 7 mil 250 obtienen una remuneración de entre 1.5 y 2 millones de pesos anuales y los restantes 14 mil 500 tienen salarios de entre 1 y 1.5 millones de pesos.
La semana pasada, también, de acuerdo con una nota del diario La Jornada, una niña murió y siete menores indígenas fueron trasladados a hospitales con graves afectaciones propiciadas por una aguda desnutrición. La niña tenía cinco años de edad, cuatro son bebés, menores de un año, y tres más tienen entre uno y cuatro años. Están graves.
Desde noviembre de 2011 se alertó de la situación alimentaria sufrida por los pobladores de la zona y a principios de 2012 hubo alarma por la grave sequía sobre las grandes extensiones de la Sierra de Chihuahua donde habita la comunidad rarámuri. Se realizó una campaña nacional y diversos sectores de la sociedad, desde los medios de comunicación, figuras del espectáculo y gobiernos decidieron ayudar.
Sin embargo, llegaron las elecciones y todo mundo se olvidó de los más de 75 mil rarámuris que habitan en los municipios de Guachochi, Urique, Bocoyna, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Carichí, Chínipas, Guazapares y Temósachic. Por el contrario, entre los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral se gastaron más de 10 mil 200 millones de pesos del presupuesto federal, además del dinero operado fuera de los márgenes oficiales, que seguramente fue una cantidad superior.
10 mil 200 millones de pesos equivalen, por ejemplo, a pagar un salario mínimo general por un año a casi 450 mil trabajadores o comprar 20 mil 400 casas o departamentos de interés social.
El dispendio del sector oficial, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Tec de Monterrey es en ocasiones hasta vulgar. “La percepción de ingresos es contrastante: 6.7 millones de personas cuando mucho ganan un salario mínimo en tanto que en el sector público los gastos en servicios personales van al alza”, apunta el análisis.
Para los estudiosos de la casa de estudios “si se llevara a cabo una disminución de tan solo el 10% del presupuesto destinado a las remuneraciones de los funcionaros que ganan cuando menos un millón de pesos, alcanzaría a pagar alrededor de 178 mil salarios mínimos (3,948 millones de pesos aproximadamente)”.
El abuso de poder observado en el manejo de los recursos públicos no es de hoy. Es una práctica observada durante muchos años por quienes llegan a ocupar cargos públicos de relevancia, aunque quienes van como segundos o terceros de abordo se despachan con singular alegría y prácticamente nunca se conoce de ellos.
Es urgente que exista también un tabulador en salarios mínimos para los funcionarios de todas las dependencias de gobierno federales, estatales y municipales. Ahí están los cálculos del Tec de Monterrey. Deben entender que ser servidores públicos no es sinónimo de riqueza inmediata y que, por el contrario, hacerlo debe convertirse en un motivo de orgullo y satisfacción, porque de otra forma, continuarán las rencillas y peleas entre la llamada clase política para alcanzar el poder y hacerse millonarios de la noche a la mañana.
De esta forma, a gente como los rarámuris, pero también a las etnias de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, por decir de algunas, se les podría dotar de mayores oportunidades —que no darles dinero— para que puedan aspirar a una vida mejor.
Editorial
REHENES DE PARTIDOS
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 28 de septiembre de 2012
El trámite para el análisis, dictamen y debate de la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón demuestra una vez más que México es rehén de sus partidos políticos y sólo cuando a estos se les reste poder, el país avanzará.
Con la partidización y politización de la vida pública se mantiene a los ciudadanos como rehenes políticos de entes depredadoras como son “sus” propios institutos de representación para acceder al poder, que no cesan de llenarse las manos de recursos públicos, como ocurre también cada año y todavía más durante los procesos electorales.
Los legisladores de la Comisión del Trabajo decidieron que los sindicatos continuarán como entes perversas que atentan contra la productividad del país y continúen como una fuerza enorme de presión política. Es decir, habrá una reforma laboral a modo porque, además, son la caja chica de votos para dos de los tres partidos políticos considerados como “grandes”.
De ahí que tanto el PRI como el PRD se opusieran a pasarla completa; uno se fue por una reforma a modo, donde se “consultó” a los sindicatos y el otro a un rechazo completo para proteger sus estructuras clientelares y las que le han apoyado económicamente durante las campañas políticas. Esto habla muy mal del PRI y de sus legisladores, sobre todo, porque demuestra ser el PRI de siempre que cobija sus propios intereses y los de sus aliados políticos.
Por esto mismo, cuando Carlos Romero Deschamps fue cuestionado sobre si el accidente en la planta de Pemex en Reynosa fue por las instalaciones obsoletas, respondió que "no, es una instalación reciente, mantenida. O sea, no tenemos por qué maximizar un evento que no lo merece ¿no? Vamos a esperar a que las autoridades hagan el peritaje correspondiente y den a conocer cuál fue la causa (de la explosión)".
Para Romero Deschamps fue sólo un accidente en una planta donde manejan riesgo. NO hay que maximizar el hecho, respondió. Es decir, la vida de 30 personas para él son “daños colaterales”. Ese es el verdadero trabajo que realizan los líderes sindicales: se sitúan como controladores o mediadores en las crisis y, ellos sí, minimizan las responsabilidades del Estado Mexicano como es el caso de Pemex, porque como sucede de forma recurrente, contratan empresas a modo para realizar peritajes donde Petróleos Mexicanos no sea implicada y, finalmente, se atribuya la explosión a una falla humana.
En la anterior A vuelapluma recordamos que con Luis N. Morones, en la segunda década del siglo pasado, el sindicalismo en México se alejó de sus ideas iniciáticas al utilizarlo para alianzas con el Estado. La realidad confirma cómo Romero Deschamps está convertido en controlador de la clase trabajadora, a cambio de apoyo y beneficios particulares para sus dirigentes y círculo cercano, como son puestos gubernamentales y candidaturas a puestos legislativos.
En días pasados, Carlos de Buen, abogado laboralista, expresó que actualmente 90% de los contratos colectivos de trabajo se hacen a espaldas del trabajador y con la reforma el patrón va a tener una completa “subordinación” de sus empleados, al poder decidir aspectos como modificar las actividades del empleado.
Es decir: si hoy el 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo se hacen a espaldas del trabajador es porque los realizan sus líderes corruptos. Entonces, ¿cuándo los van a realizar de frente al trabajador? Seguramente cuando haya democracia sindical, pero ¿dónde están las propuestas para asegurar esa democracia sindical?
Lo que se votará en estos días será una reforma donde se mantendrá a los trabajadores de los sindicatos, poco menos del 10 por ciento de la fuerza laboral del país, con grandes privilegios, a sus dirigentes como otra clase de virreyes transexenales, con todo el poder e impunidad a su alcance, y la clase trabajadora que realmente mueve la economía del país continuará sufriendo, injustamente, de oportunidades para mejorar su condición de ciudadanos de primera, porque continuarán en su situación de rehenes de los partidos políticos.
E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Twitter: @renatoconsuegra
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CORRUPCIÓN, RIQUEZA Y PODER
Por Renato Consuegra
México, D. F., a 21 de septiembre de 2012
Con la reforma laboral y el tema de la transparencia, el Partido Acción Nacional y el Presidente Felipe Calderón han puesto la mira en un grupo de enorme poder en la vida pública de México: los sindicatos, agrupaciones intocadas por décadas que se han convertido en cómplices de grupos de poder, arma política para chantajear, un pesado lastre para la economía mexicana y la productividad del país. Pero, ante todo, son edificadores de oscuras y grandes fortunas de sus dirigentes a costa de los intereses de aquellos a quienes deberían beneficiar: los trabajadores, pero sobre todo, del resto de los ciudadanos cuando estas organizaciones “defienden” a los trabajadores del Estado.
Partidos y dirigencias sindicales han levantado la voz contra la reforma que sólo propone lo básico en una democracia: transparencia en el manejo de los recursos de los trabajadores y en la elección de los dirigentes. Parece algo normal en cualquiera organización, sobre todo de aquellas como los sindicatos, donde sus dirigentes se llenan la boca para ofrecer democracia.
El origen del movimiento obrero en México se estableció con el surgimiento de la Casa del Obrero Mundial, fundada el 22 de septiembre de 1912 como una idea de los anarcosindicalistas españoles Juan Francisco Moncaleano y Eloy Armenta. Luego vino en 1917 la formación de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Las alianzas políticas cobraron fuerza durante la gestión de Morones como secretario de la CROM, que bajo la dirigencia de Luis N. Morones se alejó de las ideas iniciáticas del sindicalismo al utilizarlo para alianzas con el Estado.
Con este dirigente el sindicalismo perdió su carácter social y de beneficio gremial al ser utilizado como mediador, es decir, controlador de la clase trabajadora, a cambio de apoyo y beneficios particulares para sus dirigentes y círculo cercano, como fueron puestos gubernamentales y, posteriormente, al crearse el sistema de partidos, candidaturas a puestos legislativos.
Los partidos de izquierda se oponen a la reforma laboral. Podrían tener razón en ciertos puntos de la propuesta calderonista. Pero, ¿estarían dispuestos a meter las manos al fuego por los actuales líderes sindicales, dirigentes que, incluso, mediante el corrupto control de los trabajadores les han impedido alcanzar la Presidencia de la República?
Elba Esther Gordillo se autoproclamó presidencia vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el mismo que desde 1989 ha recibido cerca de 100 mil millones de pesos de la SEP, por concepto de "cuotas sindicales", recursos cuyo manejo y destino final se desconoce. Lo que si se conoce son las más de 61 posesiones de bienes inmuebles como son departamentos, condominios y casas en Polanco y Lomas de Chapultepec, así como oficinas para ella, sus hijas y el resto de su familia a la que se agregan los nietos. Algunas de las propiedades en los Estados Unidos y Europa.
Carlos Romero Deschamps, cuyos hijos son la imagen del derroche y el lujo: el varón, poseedor entre otros bienes de un Ferrari; la mujer, notoria viajera en aviones propiedad del dirigente de los trabajadores al servicio de Petróleos Mexicanos, que se da el exceso de manifestar la opulencia en que vive, llevando a todos lados a sus mascotas en viajes de compras por México, Europa, Estados Unidos y Sudamérica.
Romero Deschamps, quien oficialmente tiene un salario de alrededor de 24 mil pesos mensuales como motorista, tiene pequeños lujos como comprar relojes Rolex.
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Minero, es otro caso. Nunca fue minero. Heredó el cargo de su padre, Napoleón Gómez Sada. Es acusado de desaparecer una cantidad menor a los anteriores de las arcas del Sindicato: 55 millones de pesos. Sin embargo, como los otros, nunca ha rendido cuentas a sus agremiados.
Martín Esparza, dirigente de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es otro monumento a la corrupción, cuya fortuna es incuantificable como las de los otros dirigentes, quien acumuló en pocos años de liderazgo bienes como edificios, escuelas, centros vacacionales y de recreación, gimnasios, áreas deportivas y una duela de bambú de 103 millones de pesos y un rancho, además de casas y departamentos.
¿Son estos líderes a los que quiere proteger la llamada izquierda? ¿La sociedad mexicana debe proteger a los dirigentes de estas entidades de corrupción, fuerza y poder? México debe cambiar y para hacerlo, debe comenzar a sacudirse el lastre y algunos de estos sindicatos lo son.
Editorial
Paralelismos
México, D. F., a 17 de septiembre de 2012
A la luz de los últimos acontecimientos, los hechos permiten analizar, suponer y prácticamente acertar los motivos por los que el Partido Acción Nacional perdió el poder político presidencial el pasado 1 de julio. La división observada a lo largo del sexenio de Felipe Calderón hizo crisis en la pasada jornada electoral y continuará hasta en tanto los distintos grupos no lleguen a un pacto que permita estabilizar al partido, pero, sobre todo, ponerse de acuerdo en qué van a hacer de él: un partido que luche por el poder político o que sirva al poder de los grupos que gobiernan fuera de los partidos.
Al grupo de panistas-empresarios-salinistas llegados al PAN a partir del segundo quinquenio de los 80, les dolió perder el poder presidencial y desde la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos, atacaron su liderazgo dentro del partido y en el gobierno federal. Fueron parte de la oposición dentro del partido y, posteriormente, fuera de él.
Manuel Espino fue uno de los primeros. Quién no recuerda su campaña a lo largo y ancho del país, con espectaculares, sobre todo en los estados priístas, para promover su libro contra Calderón. ¿Con dinero de quién efectuó esa costosa campaña?. Y con él, se engendraron alianzas que llevaron a muchos panistas a cambiar de color, junto con sus colaboradores cercanos y a la sombra de todos ellos, a miles de seguidores.
Salieron Manuel Clouthier, su hermana Tatiana —por cierto, esposa del secretario de la Sedesol Heriberto Félix Guerra—; Gerardo Buganza Salmerón, excandidato a gobernador de Veracruz y hoy Secretario del gobierno priísta de aquel estado; Ana Rosa Payán Cervera, ex alcaldesa de Mérida y ex directora nacional del DIF; Silvia López Escoffie, ex diputada federal y ex candidata a presidenta municipal de Mérida; Luis Aldana Burgos, ex diputado federal; Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación de Felipe Calderón e hijo de un ex fundador del PAN; Fernando Canales Stelzer, hijo del ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond; Mauricio Sada Santos, ex-coordinador de la bancada panista en el Congreso local de Nuevo León y muchos otros más, cuyos nombres poco dicen pero que suman como el de Lía Limón.
Es nada casual el encuentro entre los gobernadores emanados del PAN y la propia presidencia del partido con el presidente electo, Enrique peña Nieto, más allá de vérsele como un acto de civilidad política. Bien decía el ideólogo priísta Jesús Reyes Heroles: “La forma es fondo”.
Si bien en 2000 el PAN alcanzó el poder, merced a una estrategia de alternancia controlada por el stablishment, ese poder que debía “entregarse” en 2006 fue retenido por Calderón y los grupos que lo impulsaron, los cuales habían sido excluidos de la “fiesta democrática” acordada tras los hechos lamentables de 2003-2004, entre los que se cuentan los asesinatos del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, además de la irrupción mediática del Ejército Zapatista y su líder Rafael Sebastián Guillén Vicente.
Así, desde dentro del PAN y del gobierno fue dinamitado el partido. Dejó de ser un organismo político que ejercería el poder para beneficio de aquella parte de la sociedad que creyó haberlo encumbrado merced a su voto, para convertirse en un partido con el objetivo de ejercer el poder para apropiárselo primero hacia el interior, y posteriormente salir a pelear fuera. Pero sus grupos, divididos, no lograron ni lo uno ni lo otro.
Le pasó al propio PRI seis años atrás. Quienes creían tener el control de la alternancia y quienes iban por el poder a como diera lugar se encontraron en una disputa que los llevó a jugar con todo y a librar batallas nunca antes vistas ni esperadas: ¿Recuerdan el “¿Tú le crees a Madrazo? Yo tampoco?”.
Tras la derrota y la posibilidad de que el poder se les alejara de forma natural, los líderes del PRI decidieron ceder espacios en sus cotos de poder y alinearse en torno al carisma e imagen de Enrique Peña Nieto; los espacios de poder ya los negociarán o negociaron. Pero por lo pronto, recuperaron el poder. Seguramente no lo tienen aquellos que iniciaron la alternancia pactada o controlada. Ese será motivo de una disputa posterior.
En el PAN la disputa es fuerte. La carta de Javier Corral al presidente Felipe Calderón y el secuestro de Diego Fernández de Ceballos son sólo algunos de los signos más elevados de la división. La pregunta es si los panistas tendrán la capacidad política para re-unirse, re-hacerse y recuperar el poder.
