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  Orizaba, Veracruz | 31 de octubre de 2026.

Con acciones que ponen en el centro la solidaridad y el compromiso social, Alfredo Hernández Ávila, dirigente regional de la CROM en la zona centro de Veracruz, encabezó una jornada de apoyo mediante la entrega de lonches destinados a personas de casas hogar y al Hospital de Orizaba, llevando un mensaje de acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles.

Esta iniciativa refleja una faceta del trabajo que impulsa Hernández Ávila al frente de la organización sindical, donde la participación no se limita a la defensa de los derechos laborales y la gestión de mejores prestaciones, sino que también busca mantener una presencia cercana a las causas sociales y a los sectores que necesitan respaldo. La intención fue compartir alimentos y, sobre todo, ofrecer un gesto de solidaridad a quienes enfrentan distintas circunstancias personales y familiares.

En esta actividad destacó la colaboración de Rocío Vergara Rodas y del equipo de la Coordinación Jurídica, cuyo respaldo permitió hacer posible esta jornada de apoyo. Asimismo, se reconoció la participación de la empresa AKWEL, patrocinadora de esta iniciativa, cuya generosidad contribuyó a concretar la entrega de los alimentos.

Alfredo Hernández destacó el valor de sumar voluntades para realizar acciones que, independientemente de su dimensión, pueden representar mucho para quienes las reciben. Bajo esta visión, la CROM refrenda su compromiso de mantener una labor cercana a la sociedad, promoviendo la participación, la empatía y el trabajo en equipo. Una muestra de que el liderazgo sindical también puede dejar huella mediante acciones humanas que fortalecen los lazos de solidaridad en Orizaba y la región.

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Orizaba, Veracruz | 31 de octubre de 2026.

En un avance que refleja la importancia de la negociación colectiva cuando se traduce en beneficios concretos para las familias trabajadoras, la CROM, a través de su representación sindical, concretó por primera vez la entrega de 12 tablets a trabajadores y sus hijos de las plantas AKWEL Orizaba e Ixtaczoquitlán, como reconocimiento a su desempeño académico.

Este resultado representa un nuevo logro en la gestión sindical que encabeza en la región centro de Veracruz Alfredo Hernández Ávila, quien ha impulsado una dinámica de trabajo orientada a fortalecer las prestaciones laborales y generar beneficios que vayan más allá del salario. La prestación fue gestionada por el Sindicato de Industrias Distribuidoras y Trabajadores en General del Estado de Veracruz (SIDTGEV), encabezado por Rocío Vergara Rodas, organización afiliada a la CROM.

La entrega se realizó en las instalaciones de la CROM Orizaba y tiene un significado especial, pues el beneficio quedó establecido en la cláusula trigésima quinta del Contrato Colectivo de Trabajo, durante las negociaciones de finales de 2025. De esta manera, el reconocimiento al esfuerzo escolar de los hijos de los trabajadores deja de ser una iniciativa aislada para convertirse en una prestación formal, alcanzada mediante el diálogo, la organización y los acuerdos entre la representación sindical y la empresa.

Durante el encuentro, Alfredo Hernández Ávila subrayó que los dispositivos electrónicos no representan un obsequio, sino el resultado del respaldo de los trabajadores a su organización y de una negociación que permitió incorporar nuevas oportunidades para sus familias. Destacó que reconocer el rendimiento académico de niñas, niños y jóvenes también significa apostar por su preparación y brindarles herramientas que contribuyan a su desarrollo educativo.

En este proceso participaron Rocío Vergara Rodas, dirigente del SIDTGEV; Álvaro Ballesteros de Santiago, gerente de AKWEL Orizaba, y Arturo Norberto Galindo Escobar, directivo de AKWEL Ixtaczoquitlán, quienes forman parte de la coordinación institucional que hizo posible concretar este beneficio.

La jornada también tuvo un componente familiar y cultural. Trabajadores y sus seres queridos disfrutaron de una exhibición de trompo y yoyó, protagonizada por un campeón de juegos tradicionales, quien despertó el entusiasmo de chicos y grandes con sus habilidades. Posteriormente, las familias compartieron alimentos en un ambiente de convivencia, acercamiento y preservación de las tradiciones mexicanas.

Alfredo Hernández señaló que esta primera entrega de 12 tablets constituye un punto de partida para continuar ampliando las prestaciones en futuras revisiones contractuales. Su planteamiento es que los resultados de la representación sindical se reflejen no solamente en mejores condiciones para quienes laboran en las empresas, sino también en oportunidades para sus hijos y en una mayor calidad de vida para sus hogares.

Con acciones como esta, la dirigencia regional de la CROM reafirma una línea de trabajo en la que la negociación colectiva busca convertirse en resultados tangibles. El beneficio alcanzado con AKWEL demuestra que un contrato laboral también puede abrir espacios para respaldar la educación, reconocer el esfuerzo de las nuevas generaciones y fortalecer la relación entre trabajadores, sindicato y empresa.

 Domingo 1 de noviembre de 2026 | Xalapa, Veracruz.

Dos municipios de la región de las Altas Montañas quedaron bajo el escrutinio de las autoridades fiscalizadoras, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) identificara observaciones que, en conjunto, ascienden a **126 millones 233 mil 31.52 pesos**, como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2025. Se trata de Coscomatepec, con señalamientos por 69 millones 280 mil 259.79 pesos, e Ixhuatlán del Café, donde el monto observado alcanza los 56 millones 952 mil 771.73 pesos. Ambas demarcaciones figuran entre los ayuntamientos con mayores cantidades de presunto daño patrimonial detectadas durante el proceso de fiscalización.

Ante este panorama, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández, sostuvo que las irregularidades detectadas deben investigarse hasta sus últimas consecuencias y que quienes resulten responsables tendrán que responder ante la ley. El legislador puntualizó que la aprobación de la Cuenta Pública 2025 por parte del Poder Legislativo no representa una exoneración para los exfuncionarios o servidores públicos señalados, ni significa que los procedimientos de fiscalización hayan concluido. “El hecho de que se apruebe la Cuenta Pública no quiere decir que estén salvos o que ahí se queda. Nosotros la aprobamos; quien tiene que proceder es el órgano de fiscalización. Yo soy partidario, como son recursos públicos, de que quien desvió dinero lo devuelva y quien no lo devuelva, pues que lo pague. Que se aplique la ley como tal”, manifestó. También hizo un llamado al ORFIS y a la Fiscalía General del Estado para dar continuidad a las investigaciones, promover la recuperación de los recursos públicos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El alcance de las observaciones no se limita a estos dos municipios. En el balance estatal de la Cuenta Pública 2025 se reportaron montos superiores a los 2 mil 700 millones de pesos en observaciones correspondientes a 181 ayuntamientos veracruzanos, colocando bajo revisión a administraciones de distintas filiaciones políticas. En el caso de Coscomatepec e Ixhuatlán del Café, ahora corresponde atender los señalamientos, aportar los expedientes, comprobantes y documentación que permitan justificar el ejercicio de los recursos, así como cumplir con los procedimientos de aclaración y solventación establecidos por la legislación. Las observaciones representan señalamientos derivados de la fiscalización y no constituyen por sí mismas una sentencia definitiva ni demuestran automáticamente que existió un desvío de dinero.

La dimensión de las cantidades observadas abre un nuevo capítulo de exigencia ciudadana sobre la transparencia y el manejo de las finanzas municipales en la región de las Altas Montañas. La responsabilidad de las autoridades será demostrar documentalmente que los recursos públicos se ejercieron conforme a la ley o, en su caso, enfrentar las consecuencias administrativas, resarcitorias o penales que correspondan. La interrogante permanece: ¿podrán Coscomatepec e Ixhuatlán del Café aclarar el destino de los más de 126 millones de pesos que aparecen bajo observación del órgano fiscalizador?

#Coscomatepec #IxhuatlánDelCafé #AltasMontañas #Veracruz #ORFIS #CuentaPública2025 #Fiscalización #Transparencia

 Tierra Blanca, Veracruz | 1 de noviembre de 2026.

Una denuncia por presunto despojo de propiedades en Tierra Blanca ha puesto nuevamente bajo cuestionamiento la seguridad jurídica del patrimonio de los ciudadanos en Veracruz. El caso fue expuesto por el periodista Edgar Hernández, en su columna *Línea Caliente*, publicada el pasado 29 de octubre, donde dio voz a Ignacio Lara, un adulto mayor que asegura haber perdido la posesión de un inmueble que adquirió mediante una operación de compraventa que considera legítima. Su testimonio plantea señalamientos delicados sobre posibles irregularidades documentales, actuaciones ministeriales y la intervención de particulares que, presuntamente, habrían facilitado la ocupación del bien.

De acuerdo con la denuncia de Ignacio Lara, el conflicto involucra a Ana Vélia Ocampo Aguirre y a otras personas a quienes señala por su presunta participación en la ocupación de su propiedad. El afectado sostiene que compró legalmente el inmueble a Alfredo de Ita, pero posteriormente la Fiscalía habría cuestionado la autenticidad de la firma del vendedor, situación que, según su versión, terminó perjudicando sus derechos sobre la propiedad. En su exposición también menciona el expediente 190/2020, presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento con fechas retroactivas y la posible utilización de documentos para justificar la posesión del inmueble. Asimismo, señala a funcionarios ministeriales y judiciales por su actuación en el procedimiento. Hasta ahora, estos señalamientos requieren ser contrastados con las constancias oficiales y las resoluciones correspondientes.

La denuncia también adquiere relevancia por las referencias a una posible estructura de despojo inmobiliario que, según el testimonio difundido, operaría mediante organizaciones, intermediarios y documentos cuya legalidad está en entredicho. Lara menciona una supuesta relación con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la utilización de una organización identificada como FULNA y el concepto de “Casa Amiga”. Se trata de acusaciones graves que ameritan una investigación ministerial independiente para determinar si existe alguna relación entre los hechos denunciados y actividades delictivas organizadas. El denunciante asegura que promovió un amparo federal el 19 de octubre contra personas a quienes atribuye responsabilidad en el conflicto y reclama la restitución de su patrimonio, además del pago por el uso del inmueble.

El problema no es menor si se considera que Veracruz enfrenta otros conflictos relacionados con la certeza jurídica de los bienes inmuebles. El 17 de agosto de 2026, el Gobierno estatal informó que había atendido 106 audiencias ciudadanas relacionadas con posibles despojos o afectaciones a propiedades desde diciembre de 2025. De esos casos, el 92 por ciento correspondía a conflictos entre particulares, mientras que el 8 por ciento presentaba posibles irregularidades como documentos falsos, suplantación de identidad, falsificación de poderes notariales y simulación de actos jurídicos. También se anunció la revisión de las 260 notarías de la entidad, con la participación de las instancias competentes. Estas cifras muestran que la problemática requiere atención institucional, aunque no significan que todos los expedientes correspondan a delitos comprobados.

En este contexto, la exigencia de Ignacio Lara es concreta: que las autoridades revisen su expediente, esclarezcan la legalidad de los documentos utilizados, determinen si hubo responsabilidades de servidores públicos o particulares y garanticen que su patrimonio no sea vulnerado mediante procedimientos irregulares. También resulta indispensable que la Fiscalía General del Estado informe sobre el estado de las investigaciones y que el Poder Judicial dé claridad sobre las actuaciones relacionadas con el inmueble. La edad de una persona no puede convertirse en una condición de vulnerabilidad frente a disputas patrimoniales ni en un obstáculo para acceder a la justicia. La denuncia merece una respuesta documentada, imparcial y transparente.

 Esta publicación retoma como punto de partida la denuncia periodística de Edgar Hernández, publicada en su columna *Línea Caliente*, el 29 de octubre de 2026. La presente información constituye una elaboración periodística independiente, con contexto adicional y referencias institucionales. Los señalamientos contra personas identificadas se presentan como denuncias pendientes de esclarecimiento, no como responsabilidades penales acreditadas.

 Datos adicionales de la investigación que conviene destacar

Hay dos elementos importantes:

1\. Revisión de notarías en Veracruz. El Gobierno estatal anunció la revisión de 260 notarías y reportó 106 audiencias relacionadas con conflictos patrimoniales. Es un dato oficial que demuestra la dimensión institucional del problema. Gobierno del Estado de Veracruz.

2\. Una discrepancia en la identificación de la notaría. La columna atribuye los hechos a la Notaría número 3 de Martínez de la Torre y menciona a Campillo Dávila. Sin embargo, el directorio del Colegio Nacional del Notariado Mexicano consultado identifica como titular de esa Notaría número 3 a Horacio Gabriel Nagore Hernández. 

Esto se aclarara antes cualquier acusación contra un fedatario. Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C.

3\. La situación judicial de las personas señaladas. No sé encontró una resolución judicial pública que permita confirmar la supuesta orden de aprehensión de 2018 contra Ana Vélia Ocampo Aguirre ni comprobar la participación de las personas mencionadas en una organización criminal. Tampoco se pudo verificar el contenido del expediente 190/2020.

Fuentes consultadas:

* [Edgar Hernández, Línea Caliente – publicación original del 29 de octubre de 2026](https://elregionalcoatepec.com/el-cjng-invade-propiedades-en-tierra-blanca-a-traves-de-ana-velia-ocampo-aguirre/?utm_source=chatgpt.com).

* [Gobierno de Veracruz – revisión de 260 notarías y atención de casos de despojo, 17 de agosto de 2026](https://www.veracruz.gob.mx/2026/08/17/gobierno-de-veracruz-pone-orden-y-da-certeza-ante-casos-de-despojo-inmobiliario/?utm_source=chatgpt.com).

* [Colegio Nacional del Notariado Mexicano – directorio de notarías de Veracruz](https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/veracruz/?utm_source=chatgpt.com).

  🌧️🌧️ 31 de octubre de 2026

La llegada del domingo 1 de noviembre estará acompañada de condiciones meteorológicas variables en distintas regiones de México. El frente frío número 4 avanzará sobre el noroeste del territorio nacional, favoreciendo lluvias de fuertes a muy fuertes, rachas de viento y un descenso de temperaturas, principalmente en Baja California, Sonora y Chihuahua. Mientras tanto, en Veracruz se mantiene la posibilidad de precipitaciones aisladas, particularmente en las cuencas del centro y sur del estado. 

Para la zona costera central de Veracruz, el pronóstico contempla un incremento en la probabilidad de lluvias durante la tarde y noche del domingo, con posibilidad de que las precipitaciones se extiendan hacia las llanuras y costas durante la noche y primeras horas de la madrugada. Los acumulados estimados para algunas regiones costeras podrían ubicarse entre 5 y 20 milímetros, aunque no se espera un episodio generalizado de lluvias intensas en la entidad. 

En el panorama nacional, el sistema frontal también favorecerá temperaturas mínimas de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Para las regiones montañosas de Veracruz se contemplan temperaturas de entre 0 y 5 grados durante la madrugada del lunes, por lo que persistirá un ambiente fresco a frío en las zonas de mayor altitud. 

Ante estos cambios, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, tomar precauciones al conducir por carreteras ante posibles pavimentos mojados y bancos de niebla, así como evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. Aunque el frente frío 4 tendrá sus principales efectos en el norte del país, Veracruz deberá permanecer atento a las condiciones de lluvia previstas para el inicio de noviembre. 

 Poza Rica, Veracruz, 30 de octubre de 2026

Se realiza Asamblea para la asignación de créditos del programa Vivienda para el Bienestar; en otras 14 sedes también se garantizará el derecho a una casa digna, dijo el Delegado de Bienestar

Al participar en la Asamblea Ordinaria de asignación de créditos hipotecarios del programa Vivienda para el Bienestar a más de 2 mil familias de la región de Poza Rica, que el año pasado se vieron afectadas por las intensas lluvias, Juan Javier Gómez Cazarín afirmó que para los gobiernos de la Transformación cada familia importa; “aquí, a nadie se le deja solo”, afirmó.

Junto con la gobernadora Rocío Nahle García, Gómez Cazarín compartió el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a quienes hoy están a un paso de materializar el sueño de tener una vivienda propia, accesible, que les brinde tranquilidad y seguridad.

“Junto a la CONAVI y los gobiernos municipales se trabaja para garantizar el derecho a la vivienda, pues éste no debe ser un privilegio, sino un derecho que hoy se hace realidad, cuando el Estado trabaja a diario, sin descanso, para reducir las desigualdades y garantizar un hogar donde vivir en paz, con seguridad y bienestar”, destacó.

Nuestro país, dijo, está viviendo una transformación profunda que se construye con derechos, no sólo con palabras, y una de esas realidades es el de Vivienda para el Bienestar que se está desplegando en todo el territorio nacional y que coloca en el centro a quienes históricamente han sido relegados de una vivienda adecuada y digna.

Ante más de dos mil 500 solicitantes de vivienda, Gómez Cazarín destacó que este programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle y de las y los presidentes municipales, se deja atrás las promesas vacías de gobiernos neoliberales para traducirlas en hechos, porque en los gobiernos de la transformación se tiene claro que cada persona cuenta y cada familia importa.

A través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), este viernes, en Poza Rica se realizó la Asamblea Informativa Ordinaria para la asignación de los primeros 2 mil 500 créditos de Vivienda para el Bienestar, cuyo conjunto habitacional ya se edifica en un predio seguro y con servicios básicos.

Citó que este viernes en los municipios de Coatzintla, Emiliano Zapata, Jamapa, Medellín de Bravo y Tlalixcoyan se realizarán asambleas ordinarias de asignación de créditos a todos los inscritos, en tanto que en Perote, Tomatlán, Soconusco, Tierra Blanca, Cotaxtla, Las Choapas, San Rafael, Álamo Temapache, Alto Lucero y Maltrata se llevarán a cabo sorteos mediante tómbola, porque la demanda superó la oferta de vivienda en esta convocatoria.

Posterior a este evento, el delegado federal Juan Javier Gómez Cazarín se dirigió a Papantla junto con la gobernadora Rocío Nahle García para encabezar la entrega de créditos a la palabra del programa APOYARTE, dirigido a artesanas indígenas y afrodescendientes, a quienes se les otorgan apoyos de 10 mil, 20 mil y 30 mil pesos.

En el parque temático Takilhsukut, las mujeres que preservan el arte totonaco agradecieron el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de FINABIEN, por creer en ellas, en su compromiso para mejorar sus familias y comunidades indígenas, pero -sobre todo- por hacerlas sentir valoradas.

Tras la entrega simbólica de los créditos, la gobernadora Rocío Nahle ofreció a las artesanas del Totonacapan y del estado llevar una delegación artesanal a Xcaret, durante dos semanas, para la comercialización directa de sus productos al turismo nacional y extranjero, así como a la festividad de El Viejo en el puerto de Veracruz, en diciembre próximo.

Orizaba, Veracruz, 30 de octubre de 2026. 

La violencia que se desató durante un operativo ministerial en la colonia El Espinal, en la zona norte de Orizaba, tuvo un desenlace aún más doloroso. Este viernes se confirmó el fallecimiento de Francisco Rueda, elemento de la Policía Ministerial que resultó gravemente herido por impactos de arma de fuego durante un enfrentamiento ocurrido mientras se cumplimentaba una orden de cateo.

El agente permaneció durante 16 días bajo atención médica especializada. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde finalmente perdió la vida.

Francisco Rueda era originario de Xalapa y tenía cinco años de servicio en la corporación. Su labor estaba relacionada con las investigaciones de personas desaparecidas, una de las áreas que participó en la intervención realizada en este sector de Orizaba.

Su fallecimiento modifica de manera importante el saldo de aquel operativo, que inicialmente había dejado un hombre abatido y dos policías ministeriales lesionados.

 UN CATEO QUE TERMINÓ EN ENFRENTAMIENTO ARMADO

La intervención se realizó durante la noche del 13 de octubre, cuando agentes ministeriales cumplimentaban una orden judicial en un inmueble de la colonia El Espinal, en las inmediaciones de las calles 5 de Mayo y Las Fuentes.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, los elementos fueron recibidos con disparos de arma de fuego, situación que provocó un enfrentamiento y la movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Ministerial, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Policía Municipal, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Las autoridades confirmaron inicialmente la detención de cuatro personas identificadas como Julio César “N”, Guadalupe Itzel “N”, Celeste Anastacia “N” y Adair “N”, este último señalado por contar con una orden de aprehensión por el delito de secuestro.

También fueron aseguradas cinco armas de fuego, tres largas y dos cortas, además de casquillos percutidos, equipo táctico y otros indicios que quedaron incorporados a las investigaciones. Al Calor Político +1

 DOS PERSONAS HABRÍAN SIDO RESCATADAS DURANTE LA INTERVENCIÓN

Entre los datos relevantes que trascendieron después del enfrentamiento se encuentra el rescate de dos personas que presuntamente permanecían privadas de su libertad en el inmueble intervenido.

Esta información fue publicada por Excélsior, que también reportó la detención de un policía estatal presuntamente relacionado con las personas investigadas. Estos señalamientos forman parte de las versiones difundidas sobre el caso y deben distinguirse de la información confirmada oficialmente por la Fiscalía. Excélsior

 DOS VIDAS PERDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL ENFRENTAMIENTO

Con el fallecimiento de Francisco Rueda, el operativo de El Espinal deja un saldo fatal de dos personas fallecidas: el hombre que murió durante el enfrentamiento y el agente ministerial que perdió la vida después de permanecer hospitalizado durante poco más de dos semanas.

El caso vuelve a colocar en el centro de la atención pública los riesgos que enfrentan los elementos de investigación durante el cumplimiento de órdenes judiciales, particularmente en intervenciones relacionadas con delitos de alto impacto como el secuestro.

La muerte del investigador representa también una pérdida para la corporación ministerial, donde había acumulado cinco años de servicio.

Hasta este viernes, la información difundida sobre el fallecimiento del agente no incluía detalles de las ceremonias de despedida ni de posibles homenajes institucionales.

La investigación sobre los hechos registrados en El Espinal permanece como un asunto de relevancia para Orizaba y la región de las Altas Montañas, tanto por la violencia del enfrentamiento como por las circunstancias que rodearon el operativo.

Francisco Rueda perdió la vida después de luchar durante 16 días contra las heridas que sufrió en cumplimiento de su labor.

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Orizaba, Ver. 30/10/26.

La seguridad de los miles de espectadores que se esperan para el desfile “De un Jalón pa’l Panteón”, sobre avenida Cri Cri, es una prioridad para el Ayuntamiento de Orizaba, por lo que la instalación de las gradas se desarrolla bajo un proceso de revisión y supervisión antes de permitir el ingreso de la ciudadanía.

El coordinador de Protección Civil, Alexis Jiménez Rodríguez, explicó que la colocación inicial de las estructuras es provisional y forma parte del procedimiento habitual de montaje, que contempla primero su alineación y nivelación para posteriormente realizar el armado y ajuste definitivo.

Detalló que actualmente se revisa grada por grada, particularmente la estabilidad, los barandales, la tornillería y todos los elementos que pudieran representar algún riesgo. Para ello, se cuenta con personal de Servicios Públicos Municipales con experiencia en este tipo de instalaciones, además de equipos de trabajo que participan en las verificaciones correspondientes.

Jiménez Rodríguez precisó que las gradas permanecen acordonadas y sin acceso al público mientras continúan estos trabajos. De igual manera, se realizarán las pruebas necesarias para verificar su capacidad y estabilidad, antes de otorgar el visto bueno para su utilización.

Reiteró que no se trata de un montaje improvisado ni de un proceso concluido, sino de distintas etapas de instalación y revisión que deben cumplirse responsablemente, esta no es la primera vez que se utilizan gradas para el evento en la ciudad y el personal encargado, desarrolla su trabajo de manera responsable.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Orizaba refrenda su compromiso de ofrecer espacios seguros para las familias y visitantes que disfrutarán de esta celebración, priorizando en todo momento la prevención y la integridad de la ciudadanía, reiteró el coordinador de Protección Civil.

  Orizaba, Ver., 30 de octubre de 2026. 

Alrededor del 80 por ciento de los motociclistas que circulan diariamente por las calles de Orizaba provienen de municipios aledaños, mientras que el 20 por ciento restante corresponde a conductores locales, informó Ignacio César Paz Casillas, jefe de la Policía Vial municipal.

Explicó que diariamente se levantan entre cinco y seis infracciones a conductores de motocicletas, principalmente por no utilizar casco de protección, circular en sentido contrario, conducir sin licencia o estacionarse en lugares prohibidos.

Paz Casillas destacó que uno de los principales retos de la corporación es generar una mayor cultura de prevención entre los motociclistas, particularmente ante los accidentes que han dejado consecuencias graves y pérdidas humanas, afectando no solamente a los conductores, sino también a sus familias.

17 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA MOTOCICLISTAS

Como parte de las estrategias preventivas, informó que durante este año se han impartido 17 cursos de capacitación dirigidos a motociclistas, en coordinación con universidades, bachilleratos, empresas y establecimientos dedicados al servicio de reparto, entre ellos pizzerías.

Estas actividades también se encuentran abiertas al público en general y buscan fortalecer los conocimientos sobre conducción responsable, medidas de seguridad y respeto a las disposiciones viales.

Sin embargo, reconoció que todavía existe resistencia por parte de algunos conductores, pues estimó que aproximadamente el 20 por ciento de quienes reciben la capacitación no atienden las recomendaciones.

Ante esta situación, señaló que la aplicación de infracciones continúa siendo una herramienta necesaria para generar conciencia, particularmente en aspectos fundamentales como el uso obligatorio del casco, respetar los límites de velocidad y cumplir con el reglamento de tránsito.

VAN CONTRA MOTOCICLETAS CON ESCAPES MODIFICADOS

Otro de los problemas abordados durante la entrevista fue el ruido excesivo que generan algunas motocicletas, particularmente aquellas cuyos propietarios modifican los sistemas de escape para incrementar el sonido de sus unidades.

El jefe de la Policía Vial reconoció que esta situación representa una molestia constante para numerosas familias, especialmente para personas adultas mayores, niños y bebés, quienes ven afectado su descanso por el ruido de estos vehículos.

Indicó que ya se están tomando medidas para realizar las infracciones y operativos correspondientes contra las motocicletas que circulen con modificaciones que generen niveles excesivos de ruido.

También explicó que existen motocicletas de alto cilindraje, diseñadas para otro tipo de condiciones de circulación, cuyo sonido puede ser considerable incluso cuando transitan a velocidades moderadas; no obstante, precisó que las modificaciones realizadas por algunos conductores también forman parte de la problemática que se busca atender.

Finalmente, Ignacio César Paz Casillas reiteró que la Policía Vial mantiene las acciones de capacitación, vigilancia y aplicación del reglamento, con el propósito de mejorar la seguridad de quienes utilizan motocicletas y de todos los ciudadanos que diariamente transitan por las calles de Orizaba.

El dato de que ocho de cada diez motociclistas que circulan en la ciudad proceden de municipios vecinos pone de manifiesto la importancia de fortalecer la coordinación y la cultura vial en toda la región de las Altas Montañas, debido a que la movilidad de Orizaba no se limita únicamente a sus habitantes.

30 de octubre de 2026

La dependencia federal informó que la captura responde a una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. La Fiscalía adelantó que proporcionará mayores detalles sobre el procedimiento y la situación jurídica de la exconductora.

La detención representa un nuevo capítulo en uno de los expedientes financieros más mediáticos de los últimos años, en el que también está involucrado su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿DE QUÉ SE ACUSA A INÉS GÓMEZ MONT?

La investigación contra Gómez Mont y su esposo comenzó a tomar relevancia pública en septiembre de 2021, cuando la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos por su presunta participación en una estructura financiera relacionada con el desvío de recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la pareja habría participado en operaciones irregulares que involucraban aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, provenientes de contratos federales relacionados con servicios de seguridad penitenciaria.

Los contratos investigados fueron otorgados durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, particularmente entre 2016 y 2017, a través del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Las autoridades señalaron la presunta utilización de empresas que carecían de infraestructura y capacidad operativa para prestar los servicios contratados, así como mecanismos de facturación y movimientos financieros que habrían permitido triangular los recursos.

Entre los delitos investigados se encuentran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delitos fiscales.

Es importante precisar que se trata de acusaciones que deberán acreditarse ante los tribunales y que Gómez Mont conserva el derecho a la presunción de inocencia. El País +2

VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA, EL ESPOSO QUE TAMBIÉN ES BUSCADO POR LA JUSTICIA MEXICANA

El nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, ocupa un lugar central en el expediente.

El empresario y abogado fiscalista fue señalado por las autoridades mexicanas como uno de los presuntos operadores de la estructura empresarial que habría intervenido en las operaciones financieras investigadas.

De acuerdo con las investigaciones, desde su despacho Álvarez Puga y Asociados se habrían creado o utilizado diversas empresas para obtener contratos públicos y posteriormente movilizar los recursos mediante operaciones financieras presuntamente irregulares.

En octubre de 2025, el empresario volvió a aparecer en los titulares internacionales luego de que autoridades migratorias de Estados Unidos lo detuvieran en Miami, Florida.

Su arresto ocurrió el 24 de septiembre de ese año y estuvo relacionado inicialmente con su situación migratoria, debido a irregularidades en su estancia en territorio estadounidense.

Álvarez Puga fue trasladado al centro de procesamiento migratorio Krome North, donde permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su defensa promovió un recurso judicial y, en octubre de 2025, una jueza federal ordenó que se le concediera una audiencia individualizada para determinar su situación migratoria o se procediera a su liberación.

Es importante señalar que aquella detención migratoria en Estados Unidos no significó que hubiera sido condenado ni que se hubiera ejecutado automáticamente una orden de extradición por los delitos que enfrenta en México.

CINCO AÑOS FUERA DE MÉXICO Y UNA FICHA ROJA QUE DEJÓ DE ESTAR VIGENTE

Desde 2021, Inés Gómez Mont y su esposo permanecieron fuera de México mientras avanzaban las investigaciones judiciales en su contra.

Durante ese periodo, las autoridades mexicanas recurrieron a mecanismos de cooperación internacional para tratar de localizarlos y conseguir que respondieran ante la justicia.

Sin embargo, en septiembre de 2026 trascendió que Interpol había cancelado las fichas rojas de búsqueda internacional contra ambos.

La noticia generó cuestionamientos, particularmente porque la cancelación de una ficha roja no representa la eliminación de las órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades mexicanas ni significa que los investigados hayan quedado exonerados.

El Gobierno mexicano había manifestado su intención de continuar las gestiones para conseguir que ambos fueran presentados ante la justicia.

Ahora, con la detención de Inés Gómez Mont en Miami, el expediente vuelve a colocarse en el centro de la atención pública y abre un nuevo escenario para conocer qué procedimiento seguirá Estados Unidos y si finalmente será trasladada a territorio mexicano. El País +2

¿QUÉ SIGUE PARA LA EXCONDUCTORA?

Hasta la información oficial difundida durante la tarde de este viernes, la FGR confirmó que Gómez Mont fue asegurada en Miami por una orden de aprehensión vigente relacionada con una investigación por defraudación fiscal equiparada.

Todavía deberán conocerse los detalles del procedimiento, las condiciones de su custodia y los pasos legales que podrían conducir a su eventual extradición a México.

También permanece pendiente conocer la situación actual de Víctor Manuel Álvarez Puga y si las autoridades estadounidenses mantienen algún procedimiento migratorio o judicial en su contra.

La captura de Inés Gómez Mont representa un acontecimiento relevante en un caso que durante cinco años permaneció marcado por investigaciones financieras, órdenes de aprehensión, búsquedas internacionales y cuestionamientos sobre el destino de miles de millones de pesos del erario público.

Un expediente que ahora vuelve a cobrar fuerza y que podría tener nuevos capítulos en los tribunales de México y Estados Unidos.

FUENTES: Fiscalía General de la República, El País, El Financiero, Aristegui Noticias y La Jornada.