Orizaba, Ver. 04/09/26.- El Ayuntamiento de Orizaba y la Universidad Veracruzana (UV) formalizaron convenios de colaboración que permitirá a estudiantes realizar prácticas profesionales y servicio social, así como fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y el municipio.

Durante la firma, el Dr. Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas, vicerrector de la Región Orizaba-Córdoba de la UV, destacó que estos acuerdos permiten a ambas instituciones trabajar de manera conjunta, compartir recursos y desarrollar proyectos en beneficio de la sociedad.

Señaló que la vinculación forma parte de las funciones sustantivas de la máxima casa de estudios del estado de Veracruz, como la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, por lo que esta alianza representa una oportunidad para ampliar su impacto en Orizaba.

Estos convenios contemplan la participación de estudiantes y entidades académicas de la UV en proyectos específicos del Ayuntamiento, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la formación profesional de los jóvenes.

En la firma de estos convenios estuvieron presentes, por el Ayuntamiento, la Síndica Única, Tania Giles Martínez; el Secretario del Ayuntamiento, Enrique Galland Díaz; integrantes del Cabildo; el titular de Recursos Humanos, Gonzalo Audirac; la Jefa de Gabinete, Marie Michelle Fragoso Martínez, y el coordinador de Educación Municipal, Jobo Lara Rivera. 

Por la Universidad Veracruzana asistieron el Vicerrector de la Región Orizaba-Córdoba, Dr. Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas; la Secretaria Académica Regional, Dra. Patricia Espinosa García, y el Secretario de Administración y Finanzas Regional, Mtro. Diego Chávez González.

Los convenios (General y específico) de colaboración fueron suscritos por Tania Giles Martínez y el Dr. Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas, en representación del Ayuntamiento y la Universidad Veracruzana, respectivamente.

Adultos mayores reciben aparatos de movilidad durante festejo del Día del Abuelo en Orizaba

La actividad se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre, en un restaurante de la ciudad, donde los beneficiarios, además de recibir los aparatos de movilidad, participaron en un desayuno y una convivencia organizada especialmente para ellos.

Durante el encuentro, el presidente de FEVAN, Gerardo Gallardo, destacó que la organización mantiene desde hace 12 años una labor de apoyo y gestión social, como parte de su compromiso de contribuir con las comunidades y municipios que han depositado su confianza en este tipo de iniciativas.

Gallardo subrayó que para muchos adultos mayores contar con un aparato de movilidad representa una herramienta fundamental para desplazarse con mayor seguridad e independencia.

“Nosotros sabemos lo importante que es para ustedes, porque algunos pueden moverse, otros necesitan una silla, y para esto es importante este tipo de actividad”, expresó.

Por su parte, la regidora quinta, Guadalupe del Real Roa, agradeció la participación de los adultos mayores y reconoció el trabajo de gestión realizado conjuntamente para concretar la entrega de estos apoyos.

La funcionaria señaló que, mediante la confianza de la ciudadanía y la colaboración con organizaciones sociales, fue posible acercar programas que se traducen en beneficios concretos para las personas que requieren apoyo para mejorar su movilidad.

“Estamos festejando el Día del Abuelo. Damos las gracias a Gerardo porque con el apoyo de él también pudimos gestionar estos aparatos de movilidad para ustedes”, manifestó.

Del Real Roa resaltó que entre los apoyos entregados se incluyeron sillas de ruedas, andaderas y bastones, destinados a facilitar los desplazamientos cotidianos de los beneficiarios.

En la actividad también participó la regidora Lizbeth Pacheco Osorno, quien, junto con Del Real Roa y FEVAN, formó parte de las gestiones para hacer posible la entrega.

Los adultos mayores recibieron los apoyos entre aplausos y muestras de agradecimiento. Posteriormente compartieron un desayuno y un momento de convivencia, en una jornada que buscó no solamente atender una necesidad de movilidad, sino también reconocer la importancia de las personas adultas mayores dentro de la comunidad.

La entrega representa para los beneficiarios una ayuda práctica para realizar sus actividades cotidianas con mayor autonomía y, en algunos casos, disminuir las dificultades que enfrentan para trasladarse.

 Asesinan a diputado federal Zenyazen Escobar; fuerte operativo provoca cierre en la Veracruz-Xalapa

4 de septiembre de 2026 | Veracruz

Los primeros reportes señalan que el legislador habría sido atacado con arma de fuego mientras se encontraba en esta zona, cercana a Cardel. Tras conocerse el homicidio, elementos de seguridad desplegaron un operativo en el sector para localizar indicios y establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Cierre y afectaciones en la carretera

La presencia de las fuerzas de seguridad y del personal encargado de las diligencias provocó afectaciones a la circulación sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de Chichicaxtle.

Automovilistas que transitaban por este importante tramo carretero se encontraron con el cierre y tránsito lento generado por el operativo, mientras las autoridades mantenían acordonada el área para realizar las investigaciones correspondientes.

La carretera Veracruz-Xalapa constituye una de las principales vías de comunicación de la región, por lo que la movilización generó complicaciones para quienes se desplazaban entre Veracruz, Cardel y Xalapa.

Investigación, todavía sin móvil confirmado

Hasta el momento de esta publicación, no se ha informado oficialmente el móvil del homicidio ni se ha confirmado la detención de personas relacionadas con el crimen.

Las autoridades ministeriales realizan el procesamiento de la escena y la recopilación de evidencias que permitan determinar cómo ocurrió la agresión y establecer responsabilidades.

Por ello, cualquier versión relacionada con los posibles responsables, un supuesto móvil político o alguna relación con grupos delictivos debe considerarse no confirmada mientras no exista información oficial de la autoridad investigadora.

Una figura conocida en la política veracruzana

Zenyazen Escobar García tenía una trayectoria dentro de la política veracruzana. Antes de llegar a la Cámara de Diputados federal, se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz y ocupó una diputación local.

Actualmente representaba en San Lázaro al Distrito 16 federal, con cabecera en Córdoba, por Morena.

Su asesinato ocurre en una zona estratégica de comunicación entre la región de Cardel y la capital veracruzana, por lo que el hecho generó rápidamente movilización de las corporaciones de seguridad y atención de las autoridades.

Información en desarrollo

La investigación permanece abierta y se espera que las autoridades proporcionen información oficial conforme avancen las diligencias.

Hasta ahora, los datos confirmados apuntan al homicidio del diputado federal y al despliegue de un operativo de seguridad en Chichicaxtle, con afectaciones a la circulación en la carretera Veracruz-Xalapa.

Esta información se encuentra en desarrollo y será actualizada conforme existan nuevos datos oficiales.

🏔️ Multi-Medios Las Altas Montañas

Ciudad Mendoza, Ver. 04/09/26.- La comunidad montañista de la región de las Altas Montañas fue convocada a participar en una jornada de trabajo para apoyar en el traslado de materiales y el asta que será instalada nuevamente en el Mirador del Gentil, como parte de un proyecto impulsado por la Hermandad de las Altas Montañas.

De acuerdo con la convocatoria difundida, la actividad se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre, teniendo como punto de reunión Ciudad Mendoza a las 7:30 de la mañana.

La jornada contempla el traslado del material necesario para reinstalar el asta que permitirá colocar nuevamente la Bandera Nacional en el Mirador del Gentil, uno de los puntos de interés para quienes practican actividades de montaña en la región.

Los organizadores señalaron que esta acción forma parte de un proyecto más amplio de la Hermandad de las Altas Montañas, que posteriormente realizará, durante el campamento programado para los días 12 y 13 de septiembre, el izamiento de la bandera en la cima.

La iniciativa busca fortalecer la participación de la comunidad montañista y promover el cuidado, recuperación y apropiación de espacios naturales y de montaña, bajo el lema “Juntos subimos, juntos dejamos huella”.

Para la jornada de este sábado se solicita a los participantes acudir preparados para realizar labores físicas y llevar pala, pico, botellas de agua y bolsas para herramientas.

El proyecto cuenta además con la colaboración y respaldo del Ayuntamiento de Huiloapan, que realizará la donación de los materiales necesarios para hacer posible la instalación.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad montañista de las Altas Montañas, invitándola a sumar esfuerzos en una actividad que combina el trabajo colectivo, el montañismo y el simbolismo de volver a colocar la Bandera Nacional en un punto elevado de la región.

La Hermandad de las Altas Montañas destacó que la participación de los asistentes será fundamental para concretar esta primera gran actividad del grupo y dejar una huella positiva en uno de los escenarios naturales de la zona.

“Tu apoyo hace la diferencia, ¡sumemos esfuerzos!”, es el llamado realizado a quienes deseen participar en esta jornada.

#AltasMontañas #CiudadMendoza #MiradorDelGentil #Huiloapan #Montañismo #HermandadDeLasAltasMontañas #BanderaNacional #Veracruz

🚨 ALERTA EN REDES SOCIALES: OFRECEN DINERO POR “RENTAR” CUENTAS DE MERCADO LIBRE

Usuarios reciben mensajes por Facebook con una pregunta que parece inofensiva: “¿Estarías dispuesto a rentar tu cuenta?”

ORIZABA, VER. .- Una nueva práctica está llamando la atención de usuarios de Facebook: personas que, mediante mensajes privados o inbox, preguntan a los propietarios de cuentas de Mercado Libre si estarían dispuestos a “rentar” su perfil a cambio de dinero.

Aunque la propuesta puede presentarse como una manera sencilla de obtener ingresos adicionales, especialistas y usuarios advierten que entregar una cuenta personal de una plataforma de comercio electrónico puede representar un riesgo importante, particularmente cuando ésta se encuentra vinculada con información personal, métodos de pago o servicios financieros.

El contacto suele comenzar de manera aparentemente informal. El usuario recibe un mensaje en Facebook en el que se le pregunta si tiene una cuenta de Mercado Libre y si estaría dispuesto a permitir que otra persona la utilice durante determinado periodo.

La pregunta que surge es: ¿por qué alguien necesitaría rentar la cuenta de otra persona cuando puede abrir la suya?

Ahí se encuentra uno de los principales focos de alerta.

¿QUÉ PODRÍA BUSCAR QUIEN QUIERE UNA CUENTA AJENA?

No es posible determinar las intenciones de cada persona que realiza este tipo de ofrecimientos sin conocer cada caso y contar con una investigación formal. Sin embargo, el uso de cuentas de terceros puede generar un problema porque las operaciones realizadas desde ellas pueden quedar asociadas al titular original.

En comunidades de usuarios de internet ya se han reportado mensajes similares relacionados específicamente con la renta de cuentas de Mercado Libre. Algunas personas han expresado preocupación por la posibilidad de que terceros utilicen esas cuentas para realizar operaciones financieras o comerciales que posteriormente puedan generar conflictos para el propietario original.

El antecedente no es menor: en México ya se ha documentado la existencia de mercados informales dedicados a la venta, renta y manipulación de cuentas de plataformas digitales. En 2023, por ejemplo, se reportó la existencia de un mercado negro de cuentas de aplicaciones de transporte, ofrecidas mediante Facebook, WhatsApp y otros canales.

EL PELIGRO NO TERMINA EN LA CONTRASEÑA

Una cuenta de comercio electrónico puede estar relacionada con datos personales, historial de operaciones y, dependiendo de los servicios utilizados, información financiera.

Por eso, proporcionar usuario, contraseña, códigos de autenticación o acceso al correo electrónico asociado podría permitir que un tercero tenga control sobre información que originalmente pertenece al titular.

Además, si desde una cuenta se realizan operaciones irregulares, el propietario podría verse obligado a explicar por qué su identidad aparece relacionada con determinada actividad.

El hecho de recibir una oferta para rentar una cuenta no significa por sí mismo que exista un delito, pero sí constituye una situación que amerita extrema precaución.

🚨 “TE PAGAMOS POR ALGO QUE TÚ NI USAS”

Precisamente esa es la clase de argumento que puede hacer atractiva la propuesta.

La posibilidad de obtener dinero simplemente por prestar una cuenta que aparentemente permanece inactiva puede resultar tentadora. Sin embargo, el usuario debe preguntarse qué beneficio obtiene la otra persona y, sobre todo, qué riesgo está asumiendo él a cambio de ese pago.

Las autoridades mexicanas han insistido en que uno de los principales mecanismos de protección frente a fraudes digitales es no compartir información sensible y verificar la identidad de las personas con las que se realizan operaciones por internet. La Fiscalía de Chihuahua, por ejemplo, ha alertado sobre distintas modalidades de fraude cometidas mediante redes sociales y recomienda no compartir datos sensibles con desconocidos.

❌ ¿QUÉ NO SE DEBE ENTREGAR?

Ante un mensaje de este tipo, lo recomendable es no proporcionar:

• Contraseña de Mercado Libre.
• Código enviado por SMS o aplicación de autenticación.
• Acceso al correo electrónico vinculado.
• Datos de tarjetas bancarias.
• Información de Mercado Pago.
• Fotografías de identificaciones oficiales.
• Códigos de recuperación.
• Capturas de pantalla que contengan información sensible.

Tampoco se recomienda instalar aplicaciones o programas que supuestamente permitan “compartir” o “administrar” la cuenta a distancia.

📱 SI YA RECIBISTE EL MENSAJE...

Lo más prudente es no continuar la conversación si la persona comienza a solicitar información de acceso.

Guarda capturas de pantalla del mensaje, perfil, número telefónico, nombre de usuario y cualquier dato proporcionado por quien hizo el ofrecimiento. Posteriormente, puedes reportar el perfil o mensaje dentro de la plataforma correspondiente.

Si ya entregaste tu contraseña o códigos de acceso, cambia inmediatamente la contraseña y revisa la actividad de seguridad de las cuentas relacionadas.

⚠️ UNA REGLA SENCILLA

Si alguien necesita tu identidad digital para hacer negocios que él mismo podría realizar con una cuenta propia, detente y pregunta por qué.

Un ingreso aparentemente fácil puede convertirse en un problema mucho más costoso si la cuenta termina involucrada en operaciones que el titular desconoce.

La recomendación es clara: las cuentas personales no son mercancía y no deben prestarse a desconocidos.

Multi-Medios Las Altas Montañas Información que te ayuda a identificar nuevas modalidades de riesgo en internet.

Redacción || Las Altas Montañas

 Río Blanco, Ver., 3 de septiembre de 2026.- Trabajadores docentes y administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 304, con sede en Río Blanco y vinculada históricamente con Orizaba, hicieron público este jueves su malestar por la suspensión de diversos estímulos y prestaciones laborales, al advertir que la falta de aplicación de los recursos podría derivar en un subejercicio y, eventualmente, poner en riesgo que esos recursos vuelvan a ser asignados en ejercicios posteriores.

Durante una rueda de prensa realizada en un aula de la institución, representantes de la Delegación D-II-285 expusieron que llevan meses realizando gestiones ante autoridades educativas estatales sin obtener, según su versión, una solución definitiva a los pagos que consideran parte de sus derechos laborales.

Entre los participantes estuvieron Miguel Ángel González Rivera, secretario de Trabajo y Conflictos; Marco Alfredo Bazán Flores, secretario de Organización; Leticia Rojas Herrera, responsable de Escalafón; Rafael Serrano García, secretario de Finanzas, y Rosa Mayra Reyes Meneses, secretaria general suplente.

El planteamiento central de los trabajadores es que los recursos destinados a determinadas prestaciones federales no se ejerzan durante 2026. Rafael Serrano García explicó que existe preocupación de que, al no aplicarse el presupuesto, éste tenga que regresar a la Federación y posteriormente se interprete que la institución no requiere esos recursos.

“El temor que nosotros tenemos es que al ser de la Federación, una vez que el presupuesto no se ocupa se regresa a la Federación y después la Federación va a decir: como no se ocupó ese dinero, pues no lo necesitan, entonces el próximo año ya no se los mandan”, expusieron.

Al ser cuestionados sobre si el escenario planteado podría constituir un subejercicio, los representantes sindicales respondieron afirmativamente.

Señalan a Oficialía Mayor por falta de respuestas

Uno de los principales puntos de la protesta está dirigido hacia la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Los trabajadores aseguran que esa instancia es la encargada de administrar los pagos correspondientes a los recursos federales y cuestionaron que ahora sean los propios docentes y administrativos quienes tengan que explicar a los funcionarios cómo deben tramitarse las prestaciones.

“Ellos están a cargo de dar la atención, ellos son los que deberían ser conocedores de los procesos para llevarlos a cabo y decirnos por qué sí aplican y por qué no aplican”, señalaron.

Los inconformes aseguraron además que recientemente fueron convocados responsables administrativos de las cinco unidades de la UPN —Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz, Xalapa y Orizaba— a una reunión en Xalapa para buscar acuerdos, pero afirmaron que el Oficial Mayor no acudió.

De acuerdo con su relato, los trabajadores se trasladaron desde distintos puntos del estado para asistir a la reunión y encontraron que las personas que quedaron a cargo no tenían capacidad para tomar decisiones definitivas.

Los sindicalizados calificaron el hecho como una falta de respeto y consideraron que las mesas de trabajo se han convertido en un mecanismo dilatorio que podría llevar el conflicto hasta el cierre del ejercicio fiscal 2026.

La inconformidad por estos pagos no surgió esta semana. Desde julio se habían registrado movilizaciones de trabajadores de la Unidad 304 y, posteriormente, las cinco unidades estatales coordinaron nuevas acciones ante la falta de acuerdos. Reportes publicados durante los primeros días de septiembre confirmaron que el movimiento pasó de protestas parciales a un paro por tiempo indefinido.

¿Qué prestaciones reclaman?

Entre los conceptos que los trabajadores aseguran que permanecen pendientes se encuentran el fomento administrativo, fomento docente, renivelaciones administrativas, apoyos mensuales para directivos que realizan comisiones a Xalapa y pagos relacionados con años de servicio.

De acuerdo con los representantes sindicales, algunos de estos beneficios se otorgaban de manera regular desde hace años. Señalaron particularmente que el pago de años de servicio dejó de convocarse desde 2016, mientras que otros estímulos habrían dejado de cubrirse durante el actual ejercicio.

Los trabajadores sostienen que se trata de derechos constituidos desde 2001 y argumentan que existen criterios jurídicos y jurisprudencia relacionados con la protección de prestaciones que forman parte de las condiciones laborales. También hicieron referencia al artículo 26 y a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sustentar su posición sobre los derechos adquiridos.

El señalamiento jurídico, sin embargo, forma parte de los argumentos expuestos por los propios trabajadores y deberá ser valorado por las instancias competentes conforme a la normatividad específica aplicable a cada prestación.

El conflicto ya alcanza a los estudiantes

La disputa laboral dejó de ser exclusivamente administrativa. El paro ha repercutido directamente en las actividades académicas de la Unidad 304.

Los trabajadores informaron que mantienen un paro de brazos caídos de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, iniciado los días 1 y 2 de septiembre y que posteriormente se convirtió en una suspensión por tiempo indefinido ante la ausencia de acuerdos.

La protesta afecta a aproximadamente 700 estudiantes, incluidos alumnos de los turnos matutino y vespertino, así como de programas de posgrado.

El impacto alcanza particularmente a estudiantes que se encuentran en etapas de titulación, prácticas profesionales y servicio social, procesos que requieren actividades administrativas y académicas para poder avanzar.

Reportes periodísticos de los primeros días del paro ubican entre 43 y 47 trabajadores a la plantilla de la Unidad 304, mientras que las estimaciones sobre estudiantes afectados oscilan entre 600 y 800.

La propia Secretaría de Educación de Veracruz identifica oficialmente a la institución como Unidad Regional UPN 304 Orizaba, aunque su edificio se encuentra en Río Blanco, y señala que la UPN Veracruz está integrada por cinco unidades regionales: Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Río Blanco-Orizaba y Coatzacoalcos. En conjunto, la institución atiende a más de 4 mil alumnos en sus diferentes programas académicos.

Cuestionan designación de la coordinación estatal

Otro de los puntos de desacuerdo se encuentra en la conducción de la UPN en Veracruz.

Los trabajadores cuestionaron la designación de la coordinación estatal y sostienen que, conforme al reglamento que ellos invocan, quien ocupe esa responsabilidad debería emanar de alguna de las cinco unidades existentes en el estado.

En el material proporcionado para esta cobertura aparece una referencia inicial a una persona identificada como Jessica Ramírez; posteriormente, en el posicionamiento detallado de la delegación sindical, los inconformes señalaron a Yesica Estévez Montalvo como la coordinadora estatal cuya designación cuestionan. Los trabajadores aseguran que dicha designación habría sido realizada desde la administración anterior de la Secretaría de Educación y que no habría surgido de las cinco unidades regionales.

Los inconformes responsabilizan a la coordinación estatal de no haber dado una respuesta favorable a sus demandas.

De Veracruz a Xalapa, si no hay solución

Los trabajadores recordaron que anteriormente han realizado paros de 48 horas y otras acciones de protesta. Ante lo que consideran una falta de resultados después de varios meses de gestiones, anticiparon que podrían trasladar el conflicto directamente a Xalapa.

La intención, dijeron, es instalarse en las inmediaciones de la Oficialía Mayor hasta conseguir una mesa de diálogo con capacidad resolutiva y exigir el pago de las prestaciones que consideran pendientes.

“No estamos pidiendo privilegios, estamos peleando lo que ya nos ganamos y que por derecho nos corresponde”, señalaron.

También solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz, de la gobernadora Rocío Nahle García y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el conflicto ha rebasado el ámbito interno de la Unidad 304.

El movimiento tiene además una dimensión estatal: las cinco unidades de la UPN en Veracruz han participado en las acciones de protesta, en medio de reclamos similares relacionados con prestaciones y pagos pendientes. En otras unidades también se han reportado afectaciones al personal docente, administrativo y directivo.

Una institución con más de cuatro décadas de servicio

La UPN 304 representa una pieza relevante en la formación y profesionalización del sector educativo de la región de las Altas Montañas. Los propios trabajadores recordaron que la institución acumula más de 40 años de servicio, formando, actualizando y profesionalizando principalmente a docentes y profesionistas que han participado en el desarrollo educativo de Veracruz y del país.

Por ello, el conflicto actual no solamente representa una disputa por pagos: también coloca sobre la mesa el funcionamiento de una institución que tiene a cientos de estudiantes dependiendo de sus servicios académicos y administrativos.

Mientras los trabajadores mantienen su postura de no ceder hasta obtener respuestas concretas, el escenario se mantiene abierto y con la posibilidad de nuevas movilizaciones en Xalapa.

Hasta este jueves 3 de septiembre, los representantes sindicales sostienen que las respuestas recibidas no han resuelto sus demandas y mantienen como principal preocupación que los recursos destinados a las prestaciones no sean ejercidos durante 2026 y terminen regresando a la Federación.

El conflicto queda ahora en manos de las autoridades educativas estatales y federales, que deberán definir si existen condiciones presupuestales y jurídicas para atender los pagos reclamados y, al mismo tiempo, evitar que la suspensión de actividades continúe afectando a la comunidad estudiantil.

 ColumnaSinNombre 

QUE FESAPAUV SÍ NEGOCIÓ EN LO OSCURITO PERMISOS PARA CATEDRÁTICOS

Pablo Jair Ortega

Bien dicen que cuando la perra es brava, hasta a sus maestros los muerde.

Resulta que ayer el dizque líder regional del fesapauv (en minúsculas, porque ya se están acabando a ese sindicato) en la zona de Veracruz, un tal Felipe Verdalet, terminó aceptando delante de todos los maestros de la facultad de Comunicación —que lo encararon a él junto con su dama de compañía y achichincles de su comité— que siempre sí negociaron y cedieron ante la Universidad Veracruzana (UV) algunas de las prestaciones que por años defendió el fallecido “Papo” Levet.

Y es que ahora se obliga a los maestros a que si solicitan un permiso, tienen que tramitarlo el mismo día ante el sindicato o se los descontará el patrón (la UV)… O sea, por ejemplo, si los van a operar de emergencia, tendrán que llegar en la ambulancia o la camilla para meter su permiso ese mismo día.

Parece un mal chiste, pero no lo es...

Esta situación provocó la semana pasada que toda la plantilla de maestros de la facultad de Comunicación, encabezados por su líder Rocío Ojeda, se encrespara y exigiera una aclaración a sus dirigentes, cuestionando la actitud “agachona” y vendida de la dirigencia estatal, que encabeza una señora que no sabe ni quien le pegó a Lucas.

Como a los catedráticos de Comunicación difícilmente los pueden callar o amenazar como lo hacen con los maestros de otras facultades, el dirigente Verdalet no tuvo otra opción que ir a darles la cara.

Primero lo negaba, pero terminó reconociendo que siempre sí habían aceptado que les pisotearan el derecho que tenían estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, argumentando que se trataba de una “prueba piloto”, lo que enardeció a los maestros que le cuestionaron por qué aceptaban esa “prueba” sin consultarlos.

Pero así quieren disfrazar su entreguismo y negociaciones en lo oscurito con funcionarios de la Universidad Veracruzana.

Además, todavía el tal Verdalet todavía quería “regañar” a los catedráticos porque “no entendían” la postura entreguista del sindicato a nivel estatal.

En pasillos de la UV se dice que ya bastante tienen con las presuntas corruptelas y desvío de recursos públicos que hacen la dirigente estatal y su tesorero (una tal Rosita y una persona que apodan “RaTavo”). Sin duda, apenas empieza esta película que podría llevar a sus dirigentes hasta la cárcel por malversación de fondos, algo que hace evidente cómo les hace falta el extinto “Papo” Levet para meter en orden a la pandilla.

Dicen los maestros universitarios que sólo ven de lejos cómo se malgastan las cuotas y ahora empiezan a vender las prestaciones y conquistas sindicales que tantos años costó lograr.

Vaya “pruebitas” que permite la fesapauv en contra de los catedráticos…

 ¿Hasta dónde puede una minoría paralizar una ciudad?

 El conflicto de taxistas en Córdoba exhibe fallas de autoridad

Córdoba, Ver., 3 de septiembre de 2026.— La movilización de taxistas registrada este miércoles en Córdoba dejó algo más que calles bloqueadas y automovilistas atrapados: abrió un debate sobre los límites de la protesta social, la responsabilidad de las autoridades y la capacidad del Gobierno para prevenir que un conflicto sectorial termine afectando a miles de ciudadanos.

Desde las 10:00 horas, integrantes de aproximadamente 15 agrupaciones de taxistas colocaron unidades y obstáculos en distintos puntos estratégicos de Córdoba. Entre los sitios afectados estuvieron el Parque 21 de Mayo, las avenidas 1 y 3, San Miguelito, El Diamante, los bulevares Tratados de Córdoba y Córdoba-Peñuela, además de accesos hacia la zona de Peñuela y otros puntos de conexión regional.

Los bloqueos provocaron importantes afectaciones a la movilidad y prácticamente estrangularon durante varias horas algunos de los principales accesos y salidas de la ciudad. Reportes periodísticos señalan que la circulación comenzó a normalizarse después del retiro de los obstáculos, alrededor del mediodía.

El origen del conflicto

Los taxistas argumentaron que su protesta obedecía a los operativos realizados por Transporte Público, con participación de corporaciones de seguridad, los cuales —según sus propios señalamientos— han derivado en revisiones que consideran excesivas, retiro de unidades y sanciones relacionadas con documentación, placas, verificaciones y otros requisitos.

Una de las principales inconformidades es que parte de la documentación que les estaría siendo requerida permanece pendiente de resolución o entrega por parte de la propia autoridad.

El gremio también reclama condiciones que considera inequitativas frente a los servicios de transporte mediante aplicaciones digitales y demanda que las autoridades regulen a quienes prestan servicio de pasajeros bajo esta modalidad.

Además, los taxistas señalaron directamente al subdirector de Transporte Público del Estado, Jonathan de Guadalupe Cabrales Castro, a quien atribuyen responsabilidad en los operativos y al que incluso han acusado públicamente de presuntos cobros indebidos o actos de extorsión.

Estas acusaciones deben entenderse como señalamientos de los manifestantes y no como hechos judicialmente acreditados. Hasta ahora, lo responsable es exigir que cualquier denuncia de corrupción o extorsión sea investigada por las instancias competentes y que, si existen pruebas, se determine quién es responsable.

Pero hay otra pregunta: ¿qué responsabilidad tiene la autoridad?

El problema de fondo no termina en los taxistas.

La propia administración estatal anunció desde mayo un programa de reordenamiento y modernización del transporte público. De acuerdo con el Gobierno de Veracruz, la segunda etapa del programa contempla para 2027 a más de 74 mil unidades de taxi y busca resolver rezagos administrativos, regularizar concesiones y ordenar el transporte.

Entonces surge una pregunta legítima:

¿Por qué un problema administrativo que lleva años acumulándose termina resolviéndose mediante bloqueos de calles?

Si existen expedientes atrasados, concesiones pendientes, documentación sin entregar o inconsistencias administrativas, corresponde a las instituciones resolverlos mediante procedimientos claros, plazos y ventanillas eficientes.

Y si existen unidades que operan fuera de la ley, también corresponde a la autoridad aplicar la legislación de manera uniforme.

Lo que no parece sostenible es un escenario en el que la autoridad realiza operativos sin haber resuelto previamente los rezagos administrativos que afectan a los propios concesionarios y, posteriormente, un grupo organizado consigue detener la actividad de una ciudad para obligar a las instituciones a sentarse a negociar.

¿Hasta dónde es legítima una protesta?

El derecho a manifestarse es fundamental. Los trabajadores del volante tienen derecho a expresar inconformidades, denunciar abusos y exigir que las autoridades los escuchen.

Pero ese derecho no significa que cualquier forma de protesta sea jurídicamente ilimitada.

Una cosa es manifestarse frente a una dependencia pública; otra muy distinta es bloquear simultáneamente accesos, avenidas y corredores estratégicos de una ciudad.

Cuando una protesta impide durante horas que trabajadores lleguen a sus empleos, estudiantes acudan a clases, comerciantes reciban mercancías, pacientes lleguen a hospitales o ciudadanos puedan desplazarse libremente, el conflicto deja de afectar únicamente a la autoridad contra la que se protesta.

La factura la termina pagando la sociedad.

Por eso la discusión no debería plantearse como “taxistas contra ciudadanos”, sino como una cuestión de equilibrio entre dos derechos: el derecho a la protesta y el derecho de la población a la movilidad, al trabajo, a la educación, a la salud y a desarrollar normalmente sus actividades.

¿Puede una minoría paralizar una ciudad?

Esta es probablemente la pregunta más incómoda.

Una ciudad no puede quedar a merced de quien tenga mayor capacidad de movilización.

Si cada sector inconforme descubre que puede cerrar las principales avenidas y obtener una respuesta inmediata del Gobierno, se genera un incentivo perverso: la protesta deja de ser el último recurso y se convierte en el mecanismo más eficaz para negociar.

Y ahí la responsabilidad ya no es exclusivamente de quienes bloquean.

También existe una responsabilidad institucional cuando las autoridades permiten que estos mecanismos se conviertan en una práctica recurrente.

El precedente más delicado

Después de los bloqueos, los representantes de los taxistas informaron que se alcanzaron acuerdos con autoridades estatales para suspender los operativos de revisión mientras se atienden los pendientes administrativos. También se anunció una reunión de seguimiento en Xalapa.

El acuerdo permitió recuperar la movilidad.

Sin embargo, desde una perspectiva ciudadana queda una interrogante:

¿La negociación se habría producido con la misma rapidez si los taxistas no hubieran bloqueado la ciudad?

Si la respuesta es no, entonces el mensaje que reciben otros sectores sociales es preocupante: quien cierre una carretera, una avenida o una ciudad podría tener mayores posibilidades de ser escuchado que quien presenta una solicitud, interpone un recurso o espera el trámite administrativo correspondiente.

¿A quién corresponde asumir la responsabilidad?

No sería serio responsabilizar automáticamente a una sola persona.

Hay distintos niveles de responsabilidad que deben analizarse.

Primero, los organizadores de la protesta, si deliberadamente ordenaron bloquear vialidades y utilizaron obstáculos para impedir la circulación, deben responder por las consecuencias que legalmente correspondan.

Segundo, las autoridades de Transporte Público, si existen irregularidades en los operativos, abusos, cobros indebidos o expedientes administrativos que no han sido atendidos, deben investigarse y, en su caso, sancionarse.

Tercero, la Secretaría de Gobierno, encabezada actualmente por Ricardo Ahued Bardahuil, tiene una responsabilidad política de coordinación y gobernabilidad. El propio Gobierno estatal identifica a Ahued como secretario de Gobierno y lo ha mostrado participando en asuntos de coordinación institucional y representación de la gobernadora.

Cuarto, la gobernadora Rocío Nahle García, como titular del Ejecutivo estatal, tiene la responsabilidad política última sobre el funcionamiento de las dependencias estatales. Eso no significa atribuirle automáticamente responsabilidad personal por cada decisión operativa de un funcionario, pero sí implica exigirle resultados cuando una problemática de carácter estatal escala hasta paralizar una ciudad.

Y quinto, el Ayuntamiento de Córdoba, encabezado por el alcalde Manuel Alonso Cerezo, tiene responsabilidad en el ámbito de sus competencias municipales, particularmente en materia de movilidad local, protección de la población y coordinación con las autoridades estatales. El propio Ayuntamiento reconoce a Alonso Cerezo como presidente municipal de Córdoba para el periodo 2026-2029.

El problema no se resuelve solamente levantando los bloqueos

La salida negociada evitó que el conflicto escalara, pero no necesariamente resuelve su origen.

El Gobierno estatal debe transparentar qué documentos están pendientes, qué unidades tienen irregularidades, cuáles son los criterios de los operativos y qué denuncias contra servidores públicos existen formalmente.

También debe aclararse cómo se garantizará que las plataformas digitales sean reguladas bajo reglas equivalentes y que los operativos no sean utilizados de manera selectiva.

Y, sobre todo, debe establecerse una ruta institucional que impida que los conflictos administrativos tengan como desenlace recurrente el cierre de calles.

Córdoba es uno de los principales centros comerciales, industriales y de servicios de la región. Su actividad económica no puede depender de cuál grupo tenga suficiente capacidad para bloquear sus principales arterias.

La protesta es un derecho. La ciudad no puede convertirse en rehén de la protesta.

Y del otro lado, la autoridad tampoco puede exigir cumplimiento de la ley mientras mantiene trámites atorados, criterios confusos o denuncias de abuso sin investigar.

El verdadero reto para el Gobierno estatal no es solamente haber conseguido que los taxistas retiraran sus unidades.

El verdadero reto será demostrar que, la próxima vez que exista un conflicto, la mesa de diálogo se abrirá antes de que las calles tengan que ser cerradas.Hashtags

Mariano Escobedo, Ver., 2 de septiembre de 2026.— Una denuncia ciudadana puso bajo cuestionamiento la actuación de elementos de la Policía Municipal de Mariano Escobedo, luego de que un trabajador de la construcción fuera detenido durante la tarde del martes 1 de septiembre, en circunstancias que sus familiares califican como arbitrarias.

Los hechos, según el relato proporcionado por los denunciantes, ocurrieron aproximadamente a las 17:00 horas del 1 de septiembre de 2026, cuando varios elementos policiales acudieron al lugar a bordo de las unidades identificadas con los números económicos DSPM-01 y DSPM-06.

La acusación sostiene que en la intervención participaron más de nueve elementos policiales y que el trabajador habría sido detenido sin que, hasta ese momento, se le hubiera informado de manera clara el motivo de su aseguramiento.

El ciudadano, según la versión denunciada, habría solicitado a los policías conocer la razón por la cual estaba siendo intervenido. La respuesta, de acuerdo con el señalamiento, habría derivado en agresiones verbales y posteriormente en una acción física para someterlo, tras lo cual le habrían colocado esposas.

Uno de los aspectos que deberá ser esclarecido por las autoridades es si existía algún motivo legal que justificara la privación de la libertad, pues los denunciantes aseguran que el trabajador no se encontraba cometiendo una falta administrativa ni habría sido detenido en flagrancia.

Asimismo, se señala que durante la intervención los agentes no habrían mostrado una orden de aprehensión o documento emitido por una autoridad competente que justificara el aseguramiento. Esta circunstancia deberá ser corroborada mediante los registros oficiales correspondientes, particularmente el informe policial y los documentos relacionados con la puesta a disposición.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la denuncia, el trabajador habría sido trasladado a la comandancia municipal en la batea de una de las unidades policiales.

La acusación también apunta a una posible vulneración de derechos durante las primeras horas de la retención, debido a que presuntamente se le habría impedido realizar una llamada telefónica y acceder de manera inmediata a asistencia legal.

El caso adquiere relevancia debido al señalamiento de que la persona detenida presuntamente no habría sido informada de manera clara sobre la causa de su aseguramiento y que, durante las primeras horas bajo custodia, habría enfrentado dificultades para comunicarse con familiares y recibir asistencia legal.

Estos señalamientos, de confirmarse, representarían una situación que debe ser investigada con especial atención, debido a que cualquier actuación policial está sujeta a límites legales y al respeto irrestricto de los derechos de las personas detenidas.

Uno de los puntos centrales que deberá esclarecerse es cuál fue el fundamento jurídico de la detención, qué autoridad ordenó o justificó la intervención, bajo qué figura quedó registrado el aseguramiento y ante qué instancia fue puesto a disposición.

La denuncia también atribuye a los agentes la afirmación de que la intervención habría obedecido a instrucciones del presidente municipal, Baldomero Montiel Estévez. Sin embargo, este señalamiento no ha sido acreditado de manera independiente, por lo que corresponde a las autoridades competentes determinar si existió alguna instrucción y, en su caso, bajo qué fundamento.

En este punto resulta particularmente importante determinar si la corporación municipal actuó por iniciativa propia dentro de sus atribuciones, en cumplimiento de algún procedimiento legal o si, como se afirma en la denuncia, existió una instrucción proveniente de una autoridad superior.

Montiel Estévez es actualmente presidente municipal de Mariano Escobedo para el periodo 2026-2029.

Más allá de cualquier versión, el caso plantea una exigencia fundamental: que la actuación de los cuerpos policiales sea transparente y que cualquier detención pueda ser sustentada legalmente.

La seguridad pública no puede convertirse en un espacio de arbitrariedad. Las corporaciones municipales tienen la obligación de actuar dentro del marco jurídico, respetar la integridad de las personas y garantizar sus derechos durante cualquier procedimiento de detención.

En este contexto, la posible utilización de la fuerza física, la colocación de esposas y el traslado de una persona a instalaciones policiales deben quedar respaldados por los procedimientos y registros correspondientes, de manera que pueda establecerse con precisión qué ocurrió desde el momento de la intervención hasta su situación jurídica posterior.

Por ello, el caso deberá ser esclarecido por las instancias correspondientes, tanto para determinar si existieron irregularidades en la actuación de los elementos municipales como para establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.

También resulta necesario determinar la situación actual del trabajador y conocer si fue puesto a disposición de alguna autoridad competente, si existe algún registro administrativo o ministerial relacionado con su detención y cuál fue la causa jurídica que permitió mantenerlo bajo custodia.

De confirmarse que una persona fue privada de su libertad sin fundamento legal, que fue sometida mediante un uso injustificado de la fuerza o que se le impidió ejercer derechos que le corresponden durante una detención, el caso podría trascender de una simple controversia entre particulares y policías para convertirse en un asunto que amerite la intervención de las autoridades encargadas de investigar posibles abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de los denunciantes y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal o administrativa. Será la investigación de las autoridades competentes la que permita establecer qué ocurrió y si hubo abuso de autoridad.

La ciudadanía tiene derecho a conocer las circunstancias de una detención y las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas cuando existen señalamientos sobre un posible uso indebido de la fuerza o una actuación policial fuera del marco legal.

En este caso, la exigencia central es clara: que se esclarezca la detención de Eustaquio Lucio Constantino Gallardo, se determine el fundamento legal de su aseguramiento y, en caso de acreditarse irregularidades, se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Taxistas anuncian movilización en Córdoba; prevén afectaciones viales este miércoles

Córdoba, Ver., 1 de septiembre de 2026.— El sector taxista de la región centro prepara una movilización para este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en la ciudad de Córdoba, como medida de protesta ante los operativos que, según los propios transportistas, se han intensificado por parte de Transporte Público y elementos de la Marina.

De acuerdo con el aviso difundido entre integrantes del sector, los inconformes sostienen que durante estos operativos se habrían registrado presuntos actos de extorsión y cobros indebidos, por lo que demandan la intervención de las autoridades estatales para revisar el desarrollo de las acciones de supervisión.

Los taxistas también han señalado a Jonathan de Guadalupe Cabrales Castro, subdirector de Transporte Público del Estado, a quien atribuyen presuntas responsabilidades en las acciones que motivaron su inconformidad. Estas acusaciones corresponden a señalamientos de los manifestantes y no constituyen por sí mismas una determinación oficial de responsabilidad.

La movilización se suma a otras expresiones de inconformidad protagonizadas por trabajadores del volante en la región centro, particularmente en Córdoba, donde en anteriores ocasiones se han registrado concentraciones y bloqueos relacionados con operativos, tarifas y condiciones para la prestación del servicio.

Para la jornada de este miércoles, el aviso advierte sobre posibles cierres y afectaciones en diferentes puntos de Córdoba, aunque hasta el momento no se ha establecido públicamente una relación definitiva de las calles o avenidas que serán bloqueadas.

Ante este escenario, se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte considerar posibles retrasos, salir con anticipación y utilizar rutas alternas, particularmente durante el periodo de mayor actividad de la movilización.

La protesta coloca nuevamente a Córdoba como uno de los principales puntos de tensión entre el sector taxista de la región centro y las autoridades encargadas de la regulación del transporte público.

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