¿USTED QUÉ OPINA?
¿A QUIÉN ENRIQUECIÓ LA BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL?
Por: Alfredo Tress Jiménez
En diciembre de 2008 se llevó a cabo el debate en la legislatura del estado para bursatilizar el 20% de la Tenencia y Uso Vehicular equivalentes a $180 millones de pesos anuales, distribuidos entre los 212 municipios que conforman el estado. Este esquema financiero fue planteado como novedoso, pues incorporaría a los municipios veracruzanos recursos económicos frescos que permitirían realizar obras y acciones extraordinarias a favor de la ciudadanía.
No obstante, que el costo de la operación financiera fue muy elevada, estos recursos fueron empeñados para los próximos 30 años, lo que quiere decir que los 199 municipios que aceptaron bursatilizar sus participaciones por este concepto, dejan de recibir alrededor de $5,070 millones de pesos; a cambio, el fideicomiso financiero les adelantó hasta $1,500 millones de pesos distribuidos entre los municipios bursatilizados de acuerdo al número de vehiculos registrados en cada uno. Lo que quiere decir que $3,570 millones de pesos es el costo que se adjudicó durante los próximos 30 años la fuente financiera, gran negocio para unos cuantos, ¿no cree usted?.
Sin embargo, los recursos que obtuvieron como adelanto los municipios, se debatieron en el Congreso Local para qué deberían ser utilizados, llegando a la conclusión de solicitarles a los 199 ayuntamientos elaboraran un catálogo que reflejara en que obras con impacto social emplearían estos recursos, y de esa manera, evitar el probable desvió para actividades que no trajeran beneficio alguno a la ciudadanía.
Así fue como el municipio de Córdoba, el cual recibía aproximadamente 5 millones de pesos anuales de la tenencia y uso vehicular, bursatilizara estos recursos durante los próximos 30 años, dejando de percibir las arcas municipales $150 millones de pesos. El adelanto fue de $36 millones de pesos, lo que equivale al 24.00% del total de los recursos que recibiría el ayuntamiento durante los próximos 30 años.
Para obtener estos recursos económicos, el ayuntamiento envió a la legislatura un catálogo de obras donde comprometía realizar proyectos de inversión como el multicitado programa Agua para Todos, El Centro de Convenciones Cordobés y el Centro de Medicina Deportiva y Alto Rendimiento, preferentemente. Era evidente que los $36 millones de pesos no alcanzarían para realizar estas obras, fue entonces que el gobierno del estado y la legislatura aprobaron trasladar a las municipios un peso de la bursatilización estatal por cada peso bursatilizado por ellos.
Bajo este esquema el ayuntamiento de Córdoba recibió alrededor de $72 millones de pesos. Si se incorporara el concepto que maneja la Comisión Nacional del Agua, que por cada peso invertido en el rubro del agua potable por los ayuntamientos, la federación aporta un peso más, traería como consecuencias cantidades económicas importantes que favorecerían la inversión en este rubro tan necesaria para el municipio.
Debido a que la aplicación de estos recursos fueron para el ejercicio fiscal 2009, se ordenó al Órgano de Fiscalización por parte de la Legislatura del estado, auditar a los 199 ayuntamientos que participaron en este esquema financiero, la sorpresa es que los resultados preliminares arrojan que por lo menos 100 ayuntamientos no ejercieron los recursos como lo plantearon en su catálogo de obras enviado y validado por la legislatura, muchos de ellos dispusieron de estos recursos para el pago de su nómina, entre otras cosas, cobijados en la crisis tan anunciada el año pasado.
Lo grave es que el ayuntamiento de Córdoba registra en los resultados de la auditoria, que 12 obras anunciadas en su catálogo de inversión no aparecen, otras no están concluidas y muchas están mal hechas, haciendo un total de 31 millones de pesos de presunto daño patrimonial. Esta información está integrada en la legislatura y sólo se espera que se debata la cuenta pública 2008 para actuar sobre estos casos.
Es evidente que a ninguna autoridad le gusta que se haga publico su probable desvío de recursos en su administración; sin embargo, la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas, en este sentido se debe llegar hasta sus últimas consecuencias. ¿Usted qué Opina?
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