AMNISTÍA
INTERNACIONAL teme por la vida de migrantes secuestrados en Tamaulipas
El 19 de
marzo al menos 40 migrantes procedentes de Centroamérica fueron secuestrados en
Reynosa , Tamaulipas, por un grupo del crimen organizado. Tras un operativo
militar fueron liberados. Sin embargo, a ninguna de estas personas se les
brindó apoyo o protección como víctimas.
Según
información recibida por Amnistía Internacional, 10 de estos migrantes
liberados que se dirigían al Albergue Nuestra Señora de Guadalupe para personas
migrantes - dirigido por la iglesia católica en Reynosa - fueron
secuestradas nuevamente y continúa sin conocerse su paradero.
El
secuestro fue denunciado por el personal del albergue, pero hasta el momento no
ha recibido la visita de investigadores oficiales para averiguar lo sucedido o
el paradero de los migrantes.
Un
día antes, el 18 de marzo, tres mujeres que fueron expulsadas desde los Estados
Unidos fueron presuntamente secuestradas en la localidad de Matamoros,
Tamaulipas, cerca del paso fronterizo. Una cuarta mujer logró escapar y corrió
hasta una estación de autobuses cercana, donde informó a la policía. La
búsqueda emprendida no arrojó ninguna pista sobre el paradero de las tres
mujeres.
Amnistía
Internacional se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de estas
personas secuestradas.
La
organización ha documentado como las bandas criminales actúan contra
personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, sometiéndoles
a graves abusos con la connivencia habitual de funcionarios corruptos. Hasta el
momento las autoridades no han tomado medidas efectivas para proteger a las
personas migrantes de abusos tales como los secuestros, extorsiones, trata de
personas y violencia sexual.
Amnistía
Internacional exige a las autoridades federales y estatales que se lleve
a cabo una investigación completa e imparcial sobre el paradero de los
migrantes secuestrados en el exterior del Albergue Nuestra Señora de Guadalupe,
en Reynosa, y de las tres mujeres secuestradas en Matamoros.
Así
mismo, la organización llama a las autoridades a proporcionar protección
efectiva a las personas migrantes liberadas del cautiverio de grupos criminales
o expulsadas de Estados Unidos.
Finalmente,
Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanos su obligación de
respetar el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, que garantiza tanto
el bienestar físico y psicológico como la seguridad de las víctimas de delitos,
incluidas las personas migrantes irregulares.
Información complementaria
En
2013, las autoridades de inmigración mexicanas detuvieron a 82.269 migrantes en
México, de los cuales 75.704 fueron expulsados, la inmensa mayoría a Guatemala,
Honduras y El Salvador. El número de migrantes centroamericanos que intentó
hacer la ruta a Estados Unidos fue muy superior. En México, muchos migrantes
siguen sufriendo abusos a manos de la policía y otros son víctimas de
homicidio, secuestro, trata o violación a manos de bandas criminales que actúan
selectivamente contra ellos y suelen hacerlo en connivencia con las autoridades
locales. Las reformas legislativas en materia de migración que reforzaron
algunos derechos de las personas migrantes, en particular el derecho a recibir
protección y acceder a la justicia, no se han aplicado debidamente. La
estrategia nacional para combatir el secuestro de migrantes sigue sin incluir
que se obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos y las bandas
criminales que actúan contra los migrantes. En 2011, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos informó del secuestro de 10.000 migrantes irregulares en un
periodo de seis meses por parte de bandas criminales que solían actuar en
connivencia con funcionarios públicos. Son contadas las ocasiones en que se
obliga a responder de sus actos a los autores de secuestros y otros abusos
contra personas migrantes.
Las
autoridades estatales ignoran en gran medida la terrible situación de los
migrantes irregulares, y las federales tienden cada vez más a considerar el
flujo de migrantes como una amenaza para la seguridad nacional en vez de
garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan
el territorio mexicano. Hace poco, un grupo de madres de migrantes
centroamericanos volvió a hacer un recorrido por todo el país buscando a sus
seres queridos y reclamando investigaciones. La Comisión Nacional de Derechos
Humanos publicó recientemente un informe poco convincente sobre 72 migrantes que
fueron masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. El informe se
centraba en aspectos limitados del caso relacionados con unos procedimientos
forenses gravemente defectuosos para identificar los restos mortales y no
mencionaba la falta de acción de las autoridades para proteger el derecho a la
vida de los migrantes y para establecer plenas responsabilidade s por la
masacre. Todavía no se han identificado los cadáveres de otras víctimas de
matanzas, muchos de los cuales se piensa que pertenecen a migrantes.
Amnistía Internacional
publicó en 2010 un informe sobre los abusos que sufrían los migrantes que
atravesaban México, titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en
México.
