Once manifestantes
detenidos por cargos penales graves en Ciudad de México el 20 de noviembre
corren peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto. Todos ellos han
denunciado haber sufrido malos tratos y han sido trasladados a prisiones de
alta seguridad, en lugares muy apartados, que limitan seriamente sus
posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares.
Un total de 11 manifestantes que fueron detenidos el 20 de noviembre en
el centro de Ciudad de México han sido acusados de asociación delictuosa,
intento de homicidio y motín. Las autoridades les negaron durante
aproximadamente dos días el derecho a acceder a un abogado de su elección. A
continuación, los enviaron a prisiones de alta seguridad, situadas en lugares
muy apartados, que imponen serias restricciones al contacto entre los detenidos
y sus abogados y familiares. Todos los detenidos han denunciado que la policía
los golpeó y amenazó mientras estaban bajo custodia. Los representantes legales
que se reunieron con algunos de los detenidos han declarado que éstos
presentaban golpes en la cara, hemorragias en los ojos y cortes en los brazos.
Estas detenciones, y los cargos penales federales, tuvieron lugar dos
días después de que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, advirtiera de
que las manifestaciones podían crear "desestabilización" y
"desorden social" y atacar el "proyecto de nación".
Los manifestantes exigían una búsqueda urgente y justicia para 43
estudiantes que llevan desaparecidos desde el 26 de septiembre.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, EN ESPAÑOL, EN INGLÉS O EN SU PROPIO IDIOMA:
instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva
e inmediata sobre la presunta detención arbitraria y malos tratos de los 11
manifestantes; esa investigación debe incluir la realización de exámenes médico
forenses que cumplan plenamente las normas internacionales, o permitir que
dichos exámenes sean realizados por expertos forenses independientes;
instando a las autoridades a proporcionar a todos los detenidos atención
médica adecuada;
pidiéndoles que garanticen el proceso debido a todos los detenidos, lo
cual incluye un contacto razonable con abogados y familiares, y un juicio
justo;
pidiéndoles que respeten plenamente el derecho a la libertad de
expresión y asociación de todos los manifestantes, y que investiguen de manera
exhaustiva, inmediata e imparcial todos los incidentes de uso excesivo de la
fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE ENERO DE 2015 A:
Presidente de México
Enrique Peña Nieto
Residencia Oficial de "Los Pinos"
Col. Chapultepec, México D.F., C.P. 11850, México
Twitter: @EPN
Procurador General de la República
Jesús Murillo Karam
Procuraduría General de la República
Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México
Twitter: @PGR_mx
Y COPIA A:
Organización local de derechos humanos
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Envíen también copias a la representación diplomática de México
acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Excmo. Sr. Francisco Javier RAMÍREZ ACUÑA
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario
C/ Carrera de San Jerónimo, 46. 28014 - MADRID
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos
después de la fecha indicada.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los 11 manifestantes (tres mujeres y ocho hombres) formaban parte de los
miles de personas que se echaron a la calle en México y otros países el 20 de
noviembre para exigir una respuesta oficial urgente y efectiva en el "caso
Ayotzinapa". El caso en cuestión es el relativo a la desaparición forzada
de 43 estudiantes de una escuela de magisterio en Ayotzinapa, estado de
Guerrero, el homicidio de tres estudiantes y tres transeúntes, y las heridas
causadas a más de 20 estudiantes.
La mayoría de las manifestaciones que se celebraron en Ciudad de México
el 20 de noviembre fueron pacíficas. En muy pocos casos se informó de
disturbios y actos de violencia contra policías. Como respuesta, parece ser que
los policías utilizaron fuerza desproporcionada contra los manifestantes, y
recurrieron a las detenciones arbitrarias y los malos tratos bajo custodia, en
un aparente intento de castigar a los manifestantes y disuadir a otras personas
de participar en manifestaciones futuras.
Amnistía Internacional ha documentado casos similares en manifestaciones
celebradas previamente en Ciudad de México. El 1 de diciembre de 2012 y el 2 de
octubre de 2013, varios manifestantes fueron detenidos arbitrariamente y
acusados de delitos graves. La mayoría fueron juzgados y absueltos meses
después. Algunos sufrieron tortura u otras formas de malos tratos durante su
arresto o mientras estuvieron bajo custodia. Aunque los casos se documentaron
adecuadamente, nadie ha rendido cuentas por estas violaciones de derechos
humanos.
Varios estados mexicanos han adoptado o intentado adoptar recientemente
leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley durante las manifestaciones. Estas modificaciones son en
su mayoría contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y
suponen una amenaza para la libertad de asociación y de expresión.
Las declaraciones realizadas recientemente por el presidente Peña Nieto
y otros altos cargos no reconocen los motivos que han provocado estas
manifestaciones, y transmiten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley de todo el país un inquietante mensaje que podría indicar que el uso
desproporcionado de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos son
aceptables al tratar con manifestantes.
Nombres: Atzin Andrade (h), Ramón Domínguez Patlán (h), Hugo Bautista
Hernández (h), Juan Daniel López Ávila (h), Laurence Maxwell (ciudadano
chileno, m) y Luis Carlos Pichardo Moreno (h). Los nombres de los otros cinco
detenidos no se proporcionan porque AI aún no ha podido contactar con sus
representantes o familiares.