El
Baldón
Por:
José Miguel Cobián
Al entrar el régimen de Peña Nieto, Luis
Videgaray su secretario de hacienda tenía el compromiso con su jefe, de elevar
la recaudación de impuestos, y para ello utilizó dos estrategias, que le han
complicado la vida a los contribuyentes del país. La primera fue la de expedir una ley de
lavado de dinero, que obliga a los contribuyentes y a los notarios públicos a
informar de operaciones ¨relevantes¨, es decir, operaciones comerciales que
pudieran ser objeto de lavado de dinero, al adquirir bienes y servicios con
dinero supuestamente mal habido, y principalmente dinero que se origina de
utilidades que no pagaron los impuestos correspondientes.
La tradición en el país era que los
contribuyentes simulaban que pagaban impuestos y los funcionarios públicos
simulaban que usaban correctamente esos recursos para el gasto público. De repente, esa tradición se rompe. Ahora un auto no lo puedes comprar en
efectivo si rebasa cierta cantidad en su precio. Si compras una casa o un terreno, el notario
está obligado a reportar la operación al SAT.
Si compras artículos suntuarios (relojes, joyas, etc.), si pagas rentas
muy altas, en fin, un sinnúmero de operaciones, los vendedores de dichos
artículos o los prestadores de servicios, están obligados a informar
mensualmente al SAT de quienes han sido los adquirentes de dichos bienes y
servicios… Y no sólo eso, para realizar
la operación deben cerciorarse de la personalidad del adquirente, es decir,
conservar copia de su credencial de elector, de su comprobante de domicilio, y
en algunos casos, hasta de una declaratoria en la cual el comprador del bien o
servicio, declara bajo protesta de decir verdad, que los recursos que usa para
adquirir los bienes son de procedencia lícita.
Esta ley anti lavado, ha provocado una
recesión en el país, pues muchas de las operaciones mercantiles relevantes o
importantes, ahora pueden llamar la atención de la autoridad, y los ciudadanos
temen, que aún cuando sea lícito el origen de los recursos, puedan tener un
problema de vigilancia, revisión, visitas de la PGR o del SAT, y ante la corrupción
imperante en ambas instituciones, prefieren dejar de realizar la operación de
compra de bienes o servicios.
Aunado a ello, la autoridad ha
establecido reglas que aunque incrementan la vigilancia sobre los particulares,
también desestimulan la actividad económica. Por ejemplo cualquier gasto
realizado mediante tarjetas de crédito ya sea bancarias o departamentales será
informado a la autoridad fiscalizadora.
Cualquier boleto de avión para viajes al extranjero, será informado al
SAT.
Y ahora con la reforma fiscal que obliga
a la contabilidad electrónica, también los contribuyentes tienen desde
principios de 2015 la obligación de enviar sus balanzas de comprobación
mensuales en un formato electrónico al SAT, lo cual va a permitir aún más el cruce de
información de operaciones entre contribuyentes, y a partir de mediados de este
año, habrá que enviar auxiliares, y pólizas.
Si a esto le sumamos que las facturas electrónicas pasan por el SAT
antes de llegar por correo electrónico a cada adquirente de bienes o servicios,
y las nóminas también deben de ser electrónicas para poder ser deducibles,
resulta que el gobierno federal corrupto tiene la posibilidad de controlar
todas y cada una de las operaciones entre contribuyentes, es decir, que el
propio SAT será quien lleve la contabilidad de los contribuyentes CAUTIVOS.
En esa palabra, CAUTIVOS, esta el origen del problema, pues la reforma
fiscal (a las leyes fiscales, y la de lavado de dinero que también es fiscal)
afecta a los contribuyentes de siempre, y aunque el SAT presume que se han dado
de alta muchos contribuyentes nuevos, ¨han entrado a la formalidad¨, la realidad es que son los que eran pequeños
contribuyentes y que no pudieron darse de baja, por el tipo de operaciones que
realizan, mientras que otro tanto de contribuyentes que estaban en el régimen
de pequeños contribuyentes, optaron por desaparecer del mapa fiscal al darse de
baja.
Esta reforma estaría excelente en un país
dónde los esfuerzos por fiscalizar y controlar a los ciudadanos que forman
parte de la población económicamente activa fueran parejos. Pero en un país
dónde la informalidad sigue a la luz del día, y dónde las operaciones en
efectivo comienzan desde la fábrica hasta la venta del producto al consumidor
final, y por ende en tianguis y vendedores ambulantes se realiza hasta un 30%
de las operaciones comerciales a nivel nacional, el resultado es una
competencia desleal. Unos cuantos pueden
evadir al fisco y reducir sus costos al no pagar impuestos y otros tienen que competir
con ellos, pero con el costo adicional del pago de impuestos. A fin de cuentas, en este país la formalidad,
la legalidad, le cuestan al empresario.
Y el otro problema moral que enfrenta la
reforma fiscal, es que si bien, incrementa la vigilancia y el control de los
contribuyentes de siempre, los cautivos, no llega con el control y
transparencia equiparables en el uso de los recursos obtenidos por el fisco. Es
decir, mientras los contribuyentes deben de pagar el 100% de sus impuestos, los
funcionarios públicos siguen con el saqueo de las arcas nacionales. Donde quiera se escucha hablar del diezmo
porque le asignen una obra o una licitación, o lo que es peor, miles de
millones de pesos van a los amigos del gobernante en turno, como es el caso de
del grupo HIGA, que se ha convertido en el emblema de la corrupción y
conflictos de interés de este sexenio.
Hasta antes de esta reforma fiscal y de
lavado de dinero, mucho del dinero evadido por los contribuyentes, se utilizaba
para gasto corriente de las familias y para reinversión… Hoy se ha reducido el
gasto familiar y la inversión en las empresas y esto ha frenado el crecimiento
económico… Si el gobierno hubiera eliminado en la misma proporción la
corrupción, el efecto hubiera sido compensado, pero al no haberlo hecho, se ha
afectado la economía y el bienestar de cien millones de mexicanos.
Grave es también considerar que este país
tiene un nivel educativo de segundo de secundaria (según datos oficiales) y de
cuarto de primaria (según estimaciones del sector privado), y con dicho nivel
educativo se pretende que se lleve contabilidad electrónica, se informe a la
autoridad de las operaciones relevantes, se envíe información por internet de
compras, ventas y gastos de cada contribuyente, y se corra el riesgo de cometer
errores y sufrir la persecución fiscal o de la propia PGR en su unidad
especializada en lavado de dinero. Las
consecuencias pueden ser muy graves y el temor de los contribuyentes totalmente
justificado.
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Se debe legislar para
establecer límites mayores a los cuatro millones de pesos de ingresos para
enviar la contabilidad electrónica. Considerar un mínimo de 8 millones de
ingresos anuales para personas físicas y morales.
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La legislación anticorrupción
debe de iniciar su aplicación a la brevedad y probar que funciona. Si no se combate la corrupción e impunidad.
Si no se usan correctamente los recursos públicos, la economía caerá en una
espiral de recesión e inflación, con crecimiento negativo.
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Se debe legislar para
sancionar a la autoridad fiscal si no cumple con metas de formalización de la
economía informal, para que a fin de sexenio no más del 5% de la economía sea
informal. Es decir, sanciones para los
funcionarios si los tianguistas, vendedores ambulantes, técnicos y
profesionistas no se formalizan en un 30% cada año de los que restan del
sexenio.
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Analizar los equilibrios
entre fiscalización tanto por parte del SAT como por la unidad anti lavado, y
la invasión a la privacidad de los mexicanos. No queremos un bigbrother que
vigile cada uno de los actos de los mexicanos.
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Transparentar totalmente las
acciones de gobierno mediante una contabilidad diaria en línea de cada una de
las dependencias de gobierno, federación, estados, municipios y paraestatales,
con el fin de que así como los particulares tienen que informar al gobierno de
sus actividades, los gobernantes informen en tiempo real de las actividades que
realizan en nombre de sus gobernados… Es decir, combatir con transparencia la corrupción
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Elevar la penas y los plazos
para que deje de ser perseguido cualquier delito cometido por servidores
públicos. Por ejemplo, algunos delitos
de peculado prescriben a los tres años.
Así un tesorero como Tarek Abdalá que presuntamente cometió delitos de
peculado en SEFIPLAN, si consigue ser diputado federal por el PRI por el
distrito de Cosamaloapan, tendrá tres años de fuero y cuando termine su fuero
será imposible castigarlo, ya que habrá prescrito el delito.
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Eliminar el fuero en todos
los niveles de gobierno.
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Cualquier grupo de ciudadanos
o ciudadano debe poder denunciar enriquecimiento ilícito.
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Eliminar el poder de los
gobernadores sobre el poder legislativo y judicial de sus estados. Legislando a
nivel federal sobre la responsabilidad de dichos poderes en cuanto a actos en
contra de los gobernados. Por ejemplo en el poder judicial, liberar culpables
por consigna. En el poder legislativo,
no ejercer a profundidad y correctamente sus facultades de revisión de la
cuenta pública del estado y de los ayuntamientos. No atender denuncias
ciudadanas y verificar de manera confiable su veracidad.
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Regresar a niveles razonables
la deducibilidad de automóviles, a un valor máximo de $400,000.00
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Reducir el precio de las
gasolinas a partir de 2016 a precios competitivos internacionalmente, con el
fin de estimular el crecimiento económico del País.
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Las tarifas de ISR para
personas físicas deben de ser competitivas y comparables con las de nuestro
principal socio comercial, es decir, se debe de elevar el monto en cada rango
de la tarifa, con el fin de reducir la carga fiscal a ingresos mínimos.
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El Régimen de incorporación
fiscal debe de otorgar trato preferencial en cuanto a tarifas, a los
contribuyentes que en él se registren, con la única limitación del monto de
ingresos, eliminando el resto de las limitaciones que hoy existen para
participar en dicho régimen. Asimismo, debe de otorgar trato preferencial en
cuanto a tarifas de impuesto, con el fin de incentivar a largo plazo la
permanencia en dicho régimen de los contribuyentes.
