EL
BALDÓN
POR:
JOSÉ MIGUEL COBIAN
Por instrucciones del señor presidente se ha hecho un escándalo
mayúsculo por la negativa del poder judicial de aceptar que nadie debe de ganar
más que el presidente de la república.
Se acusa a los propios ministros de la suprema corte de justicia el haber preparado los alegatos necesarios para
que el amparo prosperara, y se azuza a la masa a manifestarse en contra de la
decisión del juzgador, quien apegado a la ley otorgó el amparo correspondiente.
Curiosamente, no se ha tocado el tema de que los diputados
federales haciendo caso omiso de la austeridad, han decidido en su calidad de
poder independiente, seguir gozando de los mismos privilegios, ayudas y apoyos
que las legislaturas anteriores, esas que fueron tan criticadas por hacer lo
mismo que la actual.
Es de todos conocido que el poder judicial del país esta podrido
hasta los cimientos, que se ha convertido en un refugio económico de unas
cuantas familias, que al mejor estilo de las organizaciones criminales,
conspiran para darle la vuelta a la ley, y tener ocupados a tíos, primos,
esposas, amantes (de ambos sexos), hijos, etc., en muchos casos carentes de los
mínimos requisitos para cumplir sus puestos, y entre quienes ocupan lugar
destacado familiares de la actual secretaria de gobernación.
También es públicamente conocido que el poder judicial en muchas
de sus instancias vende la justicia al mejor postor, o simplemente no revisa de
manera concienzuda los casos de los cuales depende la vida y la libertad de
aquéllos que están siendo juzgados, expidiendo sentencias a la ligera que
afectan vidas humanas, por las cuales, los juzgadores no muestran el mínimo
interés.
Así, llegamos a la parte medular.
Es verdad que el presidente tiene la razón al exigir moderación en los
pagos y prestaciones que se obtienen de prestar un servicio público. En ello tiene la razón más absoluta. A partir de ello, al entrar al análisis, la
situación se complica mucho más allá de la simpleza con la cual el congreso
afín al presidente aprobó la ley correspondiente. Por otra parte, está totalmente equivocado al
provocar manifestaciones y linchamiento público a un poder autónomo, tan solo
por no someterse a la voluntad del presidente en turno.
En principio hay un error jurídico gravísimo, pues debió
modificarse el parámetro máximo. No debe
de ser el salario del presidente el que se tome como límite, ya que su salario
está sujeto al propio capricho de quien ocupe la silla del águila, a pesar de
simularse que lo define el congreso. Se
viola el principio de certeza jurídica, ya que con cada presidente puede variar
dicho límite. Para mostrar lo ridículo
del ordenamiento, pensemos que un presidente de la república decide ganar diez
millones de pesos mensuales, y que otro presidente decide ganar cien pesos al
mes. En ambos casos resulta extremo y
absurdo establecer su salario como límite para las percepciones de los
servidores públicos.
Una solución con mayor elegancia jurídica (algo de lo cual hoy
todavía carecen nuestros actuales legisladores), hubiera sido establecer un método
de análisis de las responsabilidades y percepciones de los diversos puestos
públicos, con el fin de establecer salarios acordes al mercado, es decir,
competitivos conforme a lo que se paga por dichas habilidades y conocimientos. Se entiende que hubiera sido una labor
titánica y que no se hubiera resuelto el primer año de gobierno, pero hubiera
sido una solución mucho más justa y conveniente para el país.
Solución justa, pues un servidor público es a fin de cuentas un
trabajador más, como cualquier otro, que espera percibir un salario suficiente
para conservar su propio nivel de vida y el de su familia. Conveniente para el país, porque hay áreas
extremadamente especializadas, que demandan capacidades de excepción, mismas
que por razones de mercado laboral, reciben percepciones superiores a la media
nacional, pero también el servicio que le prestan a la nación es
excepcional. En algunos puestos, una
decisión equivocada puede costar sufrimiento físico o estrés económico, y en el
peor de los casos, pérdida del nivel de bienestar a millones de mexicanos. Evitar daños a los gobernados debe de ser la
prioridad de cualquier gobierno, al precio que sea.
En redes sociales se ha difundido que un mexicano que sirva en un
puesto público debe de considerarlo un privilegio, lo cual se escucha muy bien,
pero primero está el bienestar de la familia.
También los órganos ligados al gobierno en turno, han afirmado una y
otra vez que afuera hay mexicanos muy capaces de ocupar las vacantes que se
pudieran generar, lo cual resulta falso y absurdo, únicamente para consumo de
las masas. El ejemplo más claro es
pensar que un recién egresado de la facultad de medicina puede ser seleccionado
para realizar una operación de extremo cuidado y que requiere experiencia,
capacidad y conocimientos previos a los que no ha tenido acceso, por ejemplo la
colocación de un stent en el músculo cardiaco.
Aunque suena sencillo, nadie acude a un principiante, se acude a un
especialista.
Es natural que en un país pauperizado como el nuestro, quien gane
el salario mínimo considere ofensivo un salario superior al que estableció para
sí AMLO, sin embargo en el mercado laboral hay salarios muy superiores, acorde
a la labor, la capacidad técnica y el nivel de responsabilidad de el puesto que
se desempeñe. Algo que no es fácil de entender para la masa, pero que es una
realidad que al final, le puede otorgar mayor bienestar o causarle graves
problemas en su vida diaria, dependiendo de las decisiones que se tomen. Pensar que la mayor responsabilidad es la de
un presidente de la república es absurdo, considerando que quienes saben,
generalmente no llegan a ese puesto, sino que lo ocupan los mejores políticos.
Habiendo definido que la ley esta mal redactada y que su parámetro
es incorrecto, vemos una actitud de linchamiento social, como si todo México
debiera de girar alrededor de las decisiones del presidente de la república,
sin considerar la división de poderes, y sobre todo, los errores cometidos
entre sus fieles en el congreso, por las prisas de cumplir las órdenes del
titular del poder ejecutivo.
El mensaje de Andrés Manuel parece ser el de alguien que exige que
se obedezca su decisión a pesar de estar mal legislada y peor
reglamentada. En caso de no atender a su
voluntad, entonces se convoca a marchas en contra de la Suprema Corte, y quizá
hasta una consulta popular para de manera ilegal suspender a los jueces.
La lógica solución, la que se llevaría a cabo en un país
civilizado, sería aprovechar el conocimiento de los vicios del poder judicial, investigarlos y
con la ley en la mano comenzar a corregirlos, incluyendo la sanción a quienes
violen la ley, sin importar su jerarquía.
Con ello, se limpiaría el poder judicial, mientras que el congreso debería
de aplicarse a elaborar y legislar una ley de remuneraciones de servidores
públicos que no establezca límites arbitrarios, sino acorde al valor que los
conocimientos y la experiencia requerida tienen en el mercado laboral. Claro que esto requiere mayor esfuerzo y una
calidad profesional superior que la mostrada actualmente por un congreso ávido
de quedar bien con el presidente que es a su vez, quien decidirá el futuro
político de los hoy diputados y senadores afines a su partido político.
A veces, es mejor hacer las cosas bien, que hacerlas rápido.
