El Baldón: El terrorismo fiscal ¿Verdad
o mentira?
Por: José Miguel Cobián

Todo lo mencionado en el
párrafo anterior es verdad. Pero ello no justifica que paguen justos por
pecadores. Equiparar un delito de
evasión fiscal a crimen organizado, implica que en función de la decisión de un
auditor corrupto, de los que había y seguro sigue habiendo muchos, un contribuyente
puede recibir prisión preventiva. Pero
no sólo eso, no se trata nada más de la pérdida de la libertad, se trata
también de que la autoridad puede disponer de los bienes de ese contribuyente y
rematarlos, para resarcir al fisco de un daño todavía no comprobado ni
determinado por un juez. Si al final
del proceso, el contribuyente logra una buena defensa y demuestra que no evadió
al fisco, va a resultar que un inocente estuvo en la cárcel y vio como vendían sus
bienes. La ley viene tan mal manejada y
redactada, que resulta que si es inocente, entonces el fisco le devolverá el
importe de la venta de sus bienes, pero….
Si el hombre tenía una fábrica, con terreno, nave industrial y
maquinaria, que fueron rematados al 30% de su valor actual, sólo recibirá el
30% del valor de sus bienes, con lo que no podrá comprar un terreno, levantar
una nave industrial y comprar maquinaria nueva equivalente a la que vendió el
fisco. Es decir, a fin de cuentas, la
pérdida patrimonial, el daño económico y la pérdida de empleos está garantizado
por la nueva ley.
Se violan principios
básicos de seguridad jurídica y presunción de inocencia, lo cual abona todavía
más a la desconfianza para invertir en el país. Además de que favorece la corrupción en el
SAT ya que se otorga mucho poder a los auditores fiscales, y todavía peor,
puede ser utilizado contra los críticos y los enemigos del régimen. Por último, pone en peligro la vida de los
funcionarios, ya que no faltará el contribuyente que siendo víctima de abuso, y
ante la ausencia de una justicia pronta y expedita decida que la venganza debe
ejercerla dañando o privando de la vida a los funcionarios que determinaron su
suerte, con razón o sin ella.
Adicionalmente ante la
total inefectividad de la lucha contra el crimen organizado y la amnistía real
que todos los grupos violentos gozan desde la llegada del nuevo gobierno, suena
desproporcionado que un evasor voluntario o no de impuestos, sufra penas tan
graves, mientras que asesinos y criminales gozan de plena libertad para seguir
realizando sus fechorías. Resulta obvio
que el gobierno tiene todo el interés de recibir más dinero de quienes trabajan
y producen, mientras que al mismo tiempo no protege ni vidas ni bienes de los
gobernados.
Ante la evidencia de que
más del 50% de los entes productivos del país, industria, comercio y servicios
viven en la economía informal, los contribuyentes establecidos se preguntan si
es éticamente correcto lo que plantea la reforma fiscal, que solo afecta a unos
cuantos mexicanos y no a todos.
Aunado a ello, quienes de
fiscal y auditoría conocemos, sabemos que la reforma fiscal busca apretar
todavía más el embudo en el que están las sectores productivos del país. Ante la absoluta incapacidad del SAT para
auditar y castigar a las empresas que venden facturas falsas, o evaden al
fisco, le causa molestias adicionales a los contribuyentes cumplidos.
Todos y cada uno de los
argumentos que se han presentado a favor de la reforma fiscal se abaten con una
buena fiscalización. La cual es responsabilidad del SAT. Y si ellos no son capaces de cumplir su
función correctamente, no es válido crear más problemas a los contribuyentes
cumplidos para resolver un problema del SAT.
De por sí, la productividad de las empresas en México se ve mermada ante
tanto trámite, aunado al decálogo firmado por CONCANACO y CONCAMIN que le
cargan todavía más el costo de la vigilancia fiscal a los contribuyentes. Sin atreverse a señalar que el problema son
las ineficiencias e incapacidades del SAT.
Incluso, si ellos despidieron auditores, es problema de ellos, no de los
mexicanos productivos. Si no saben cumplir con su trabajo que renuncien.
A todas luces inequitativa
la reforma propuesta, pues a los funcionarios públicos que hoy todavía siguen
desviando recursos públicos no se les vigila ni sanciona desde el gobierno. Al
contrario, ellos son una clase privilegiada con patente de corzo para continuar
con la sana costumbre de medrar con el presupuesto público. Los ahorros que se podrían lograr combatiendo
la corrupción, pero de manera efectiva, no nada más en las conferencias
mañaneras, sino otorgando recursos adicionales a la secretaría de la función
pública y verdaderamente vigilando a todos los entes de gobierno, pero,
curiosamente se redujo su presupuesto para el próximo año.
La idea en los
contribuyentes, es que nos invadieron unos piratas, ellos pueden disponer de
los recursos públicos a su antojo, pero los ciudadanos debemos pagar cada día
más impuestos. El derecho de piso que
pretende establecer el gobierno mexicano es el más caro, pues atenta contra la
libertad, el patrimonio, el estado de derecho, la seguridad jurídica y la
presunción de inocencia.