El
Baldón
Por José
Miguel Cobián
Desaparecer
el Seguro Popular es uno de los más grandes errores que ha cometido el
gobierno, porque su sustituto no cumple con los mínimos requisitos de
otorgamiento de seguridad en la salud a esos cincuenta y tres millones de
mexicanos que estaban afiliados al seguro popular.
El
Seguro Popular nació en el sexenio de Vicente Fox, de manos de Julio Frenk,
quien llevaba 20 años trabajando en la OMS, organización mundial de la salud, y
cuya obligación principal era estudiar y evaluar los sistemas de salud de todos
los países del mundo. Sin ser panista ni conocer a Fox, fue invitado a asumir
el cargo de Secretario de Salud de México cuando propuso implementar el seguro
popular.
Dos
años estuvieron haciendo estudios actuariales, análisis de de datos, marco
jurídico, y sobre todo, de necesidades de salud de los mexicanos, para llegar a
2003 y realizar la aprobación de todo el marco jurídico. Aún así, después de pruebas piloto en algunos
de los estados del país, se dejó todo el resto de 2003 para explicar y acordar
con gobernadores y jefes de gobierno (incluIdo AMLO) sobre el funcionamiento.
Hoy,
el cambio a INSABI se llevó a cabo como un acto voluntarioso del presidente, y
de un congreso dócil que aprueba lo que le manden, sin ningún análisis previo,
tan solo buena voluntad, y a la espera de que todo funcione.
El
Seguro Popular tenía un fondo para gastos catastróficos, es decir, enfermedades
graves que llegan a convertirse en una catástrofe de salud y económica para los
ciudadanos. Además de establecer en la
ley la obligación del estado a proporcionar los servicios médicos que cubran
dichos gastos de manera gratuita.
El
presupuesto del Seguro Popular se elevaba con la misma fórmula con que se eleva
POR LEY el presupuesto del IMSS o del ISSSTE.
El INSABI no, por lo tanto, nadie podrá garantizar la ampliación de los
servicios médicos.
Los
cálculos actuariales permiten conocer anticipadamente los gastos que va a
realizar un seguro. Esos cálculos no existen para el INSABI. El gobierno de AMLO prometió elevar el gasto
en salud, en un punto porcentual adicional, pero en desde 2015 hasta 2019 el
gasto en salud se ha reducido, y para 2020 el presupuesto solo aumenta el
porcentaje de inflación. Sin embargo, el
Seguro Popular creció en su presupuesto 400% a lo largo de su historia.
El
INSABI garantiza el derecho a la atención médica en los niveles uno y dos, pero
no ofrece dicho derecho para los problemas de salud que deban ser tratados en
hospitales de tercer nivel. Esto
implica que mientras con el Seguro Popular existía un deber legal del estado a
proporcionar el servicio médico, ahora con el nuevo esquema sólo será posible
recibir la atención en caso de que el hospital cuente con los recursos, y
mediante un cobro que será determinado por trabajadores sociales, o al tanteo,
porque todavía no hay reglas claras de operación, y sin embargo, el INSABI está
funcionando (es un decir) desde el primero de enero pasado.
El
Seguro Popular estaba descentralizado en los estados, lo cual permitía una
atención más cercana a las necesidades de la población, tal como existe en
todos los países del mundo, salvo Cuba y Corea del Norte. Ahora el INSABI pretende definir desde el
centro del país, la atención de todas las necesidades de recursos económicos,
técnicos, humanos y medicinas de todo el país desde un escritorio ubicado en la
ciudad de México.
En
resumen, si un hospital de salud bajo el esquema del INSABI ubicado en una
población cualquiera del país, requiere una enfermera adicional, o dos cajas de
tal o cual medicina, o un bisturí, todo lo tendrá que pedir directamente a la
ciudad de México, al más puro estilo de los años 70´s. Volviendo terriblemente ineficiente la
atención médica a los 53 millones de mexicanos más pobres del país. Lo cual ya lo pudimos observar con las
compras consolidadas que llevó a cabo Raquel Buenrostro, hoy titular del SAT,
que lo único que generaron fue escasez, desabasto y desatención a nivel
nacional. Considerando que Raquel es
matemática, podemos pensar que quien ocupe su lugar, y se haga cargo de las
adquisiciones para el INSABI tendrá peores resultados que ella.
Por
el lado de los enfermos, cualquier enfermedad catastrófica como por ejemplo el
cáncer de un niño, podrá convertirse en una catástrofe familiar, ya sea porque
la familia deba de pagar la atención médica y las medicinas que en este tipo de
enfermedades son carísimas, o porque el paciente muera por falta de
recursos. Recordemos que con el INSABI
ya no existe el deber legal del estado de atender este tipo de casos.
Hay
un dilema moral adicional a las muertes y dolor que va a causar este nuevo
(viejísimo) sistema de salud, que es el hecho de que se hace creer a la gente
que la atención es gratuita, lo cual es falso.
Es falso porque en el tercer nivel se cobra todo, poco o mucho pero se
cobra. Y es falso también porque todos y
cada uno de los mexicanos que trabajamos, hemos pagado nuestros impuestos, y es
de allí dónde sale el recursos para pagar esa atención médica que se ofrece
como gratuita, en lugar de explicar que tiene un costo que pagamos todos los
contribuyentes.
Al
no tener cálculos actuariales ni estudios técnicos el INSABI nace como un gran
fracaso, además de anunciado, porque los profesionales de la salud se dedicaron
todo el año pasado a explicar en diversos artículos y medios de difusión, que
era un error eliminar el Seguro Popular.
Hay
algo inevitable en México, la corrupción.
En el Seguro Popular hubo corrupción porque había dinero allí. En cualquier área del presupuesto que
disponga de recursos, habrá corrupción,
entonces lo que se debe de hacer es castigar a los corruptos y
establecer medidas y controles para evitar dicha corrupción.
El
gobierno actual actúa como salvaje en su afán de destruir todo el pasado, sin
tener algo mejor con lo cual sustituirlo.
Un salvaje que sepa que en su empresa le está robando el jefe de
compras, lo que haría sería cerrar la empresa.
Un hombre del siglo XXI denunciaría a su jefe de compras y establecería
los controles para que le vuelvan a robar, pero jamás por esa razón destruiría
su empresa. Esto tan sencillo es algo
que el gobierno actual no ha querido aceptar ni entender. La tozudez no sólo del presidente, sino de
los gobernadores y de muchos miembros del gabinete federal y estatales impiden
que escuchen y mucho menos que reconozcan que alguna de sus ideas está mal, es
mejorable, o hay alternativas mejores para lo que se proponen.
Mientras
tanto, ese afán destructor, daña a México y a los mexicanos.
