Por: José Miguel Cobián Elías
Señor titular de la
Secretaría de Seguridad Pública: He tratado de entender con la información
disponible, su comparecencia ante el congreso del estado. Me llama la atención la cantidad de
delincuentes que tenemos –de acuerdo a sus afirmaciones y respuestas-, en el congreso del estado. Me espanta saber que tiene usted una cantidad
de información impresionante sobre la vida y milagros de cada uno de nosotros
los veracruzanos, y en particular de los actores políticos, pero esa
información sólo se utiliza para fines políticos. Sus respuestas implican desautorizar las
voces críticas de los diputados locales que intentaron entender la situación de
seguridad por la que hoy pasa el estado de Veracruz.
Para mí como veracruzano,
las motivaciones políticas de cada diputado que lo interpeló y de cada diputado
que lo aplaudió me tienen sin cuidado.
Usted como funcionario público sabe mejor que nadie, que existe
complicidad al conocer de un delito y no denunciarlo ante las autoridades
correspondientes. También sabe, que
quien acusa tiene que probar, por lo tanto, en mi calidad de ciudadano
habitante del estado de Veracruz, lo conmino a que denuncie a todos y cada uno
de los diputados locales a los cuales usted les imputó la comisión de uno o
varios delitos en su comparecencia.
Usted como titular de seguridad pública, es el primero que debe de hacer
eso. Pero también lo invito a que si no
posee las pruebas de su dicho, se disculpe públicamente, pues los tiempos no
están como para seguir debilitando instituciones con el fin de promover la
anarquía en el estado.
Es más, señor Secretario
Téllez, le exijo y demando, que presente usted ante la autoridad que
corresponda, tanto la denuncia como las pruebas que posee de que Fidel Herrera
Beltrán vendió el estado de Veracruz a un grupo delictivo a cambio de doce
millones de dólares al inicio de su mandato, o durante su campaña por la
gubernatura.
Los veracruzanos ya
estamos hartos de la manipulación verbal. Ya nos cansamos del bla, bla,
bla. Ahora queremos hechos reales,
comprobables y punibles. Su jefe
inmediato, el gobernador del estado, es uno de los mexicanos más preparados en
cuestiones de seguridad, más conocedores y mejor informados a nivel nacional. Estoy seguro de que no le dio jamás la
instrucción de acusar sin fundamento.
Hoy los mexicanos en
general podemos creer cualquier afirmación de cualquier persona o negarnos a
creerla. Sin embargo, en el caso de
acusaciones tan fuertes como las que usted ha presentado en el recinto del
congreso local requieren de acciones inmediatas, de denuncias ante las
autoridades correspondientes. Incluso,
a estas alturas yo me pregunto la razón por la cual, conociendo de esos
delitos, no ha presentado usted las denuncias correspondientes, en el momento
en que tuvo las pruebas suficientes para asegurarse de que eran reales.
No quiero pensar en un
secretario responsable de la seguridad pública, incapaz de probar sus
dichos. Tampoco quiero pensar en un
secretario de seguridad pública que conoce delitos y los denuncia hasta que le
conviene a él o a al proyecto político al que sirve. Sueño con un Veracruz en el cual la
impunidad no exista. Un Veracruz en el
cual cuando una autoridad se atreve a señalar públicamente a alguien, es porque
ya tiene las pruebas en su mano y no se deja llevar por rumores, o por
información mal recabada por gobiernos príistas y almacenada en los archivos
tenebrosos de la secretaría de gobierno.
Escribo este artículo una
vez que escuché al gobernador de Veracruz sobre la detención del ex gobernador
Javier Duarte, en el cual menciona que hay elementos suficientes para demostrar
su culpabilidad e incluso la de Fidel Herrera Beltrán. Sabemos que los elementos no son subjetivos
sino objetivos, pruebas reales, para fincar la responsabilidad de quien
corresponda. Nadie puede pedir que se
castigue sin pruebas. De eso México ya
está harto. Tenemos las prisiones llenas
de inocentes, sin dinero para defenderse, y no por castigar los presuntos
delitos de Javier Duarte queremos volver a la fabricación de delincuentes sin
prueba alguna. México lucha por salir de
la barbarie judicial.
Se agradece la búsqueda
de justicia para el pueblo de Veracruz.
Nadie podría estar en contra de ello.
Sólo esperamos profesionalismo en quienes deben de integrar los
expedientes de todo acusado. Esperamos
eficiencia en las investigaciones basadas en el nuevo sistema penal
acusatorio. Ya basta de improvisados y
chambones tanto en la procuración de justicia como en todo el proceso de
investigación de delitos. Y sobre todo,
pretendemos que la justicia se haga en los tribunales y no en los medios de
comunicación manipulando una opinión pública ignorante de procedimientos
jurídicos, a quien fácilmente se le puede inducir a pensar lo que convenga al
poderoso en turno, o al enemigo del poderoso en turno. Debemos comenzar a educar a nuestro pueblo
para que no crea todo lo que escucha, lee, o ve, e investigue a fondo antes de
formarse una opinión. Sólo así avanzará
México.
La función de cualquier
juzgador es aplicar el derecho, no hacer justicia. El criterio que orienta al
juzgador, en aras de la seguridad jurídica, es aplicar literalmente la norma, y
no anteponer apreciaciones subjetivas. No podemos hablar de aplicación filosófica
del derecho… El juzgador aplica la ley
únicamente.
Los Veracruzanos no
dudamos que haya habido corrupción el sexenio pasado y todos los
anteriores. Hemos vivido en la
corrupción, la sufrimos día con día… Incluso hoy la sufrimos a causa de
elementos a su cargo señor Secretario.
Transporte público detiene particulares a diestra y siniestra. No hay mecanismos para evitar abusos y tropelías de algunos elementos de
tránsito del estado, sobre todo en zonas apartadas de las grandes ciudades de
Veracruz.
Espero con mucha emoción
y atención la denuncia que habrá de ser presentada incluso antes de que este
artículo sea publicado en contra de la persona del ex gobernador Fidel Herrera
y en contra de los diputados locales delincuentes acorde a sus expresiones
señor secretario. De no haberlas,
pensaré que se habla sin pruebas y eso implica pérdida de confianza. Un lujo que un funcionario de su nivel no se
puede dar.
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