Crecen señalamientos por presunto nepotismo en la Ciudad Judicial de Orizaba; abogados piden investigación
Orizaba, Ver. 14/06/36.– La Ciudad Judicial de Orizaba, considerada una de las sedes más importantes del Poder Judicial en la región de las Altas Montañas, enfrenta una nueva controversia luego de que abogados litigantes y usuarios del sistema de justicia señalaran presuntas prácticas de nepotismo y posibles conflictos de interés relacionados con el juez Juan Luis Mendoza Rosas. Las acusaciones han generado inquietud entre integrantes del gremio jurídico, quienes exigen transparencia y una revisión formal de los hechos.
De acuerdo con denuncias difundidas por litigantes que acuden de manera frecuente a los juzgados de la Ciudad Judicial, una de las principales inconformidades se centra en la supuesta presencia de familiares directos del impartidor de justicia en áreas estratégicas de la estructura judicial. Entre los nombres mencionados se encuentra el de Sareth Jaqueline Mendoza Gaspar, identificada como hija del juzgador, además de otros presuntos vínculos familiares que, según los denunciantes, podrían comprometer la percepción de imparcialidad dentro de la institución. Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha emitido un posicionamiento oficial sobre estos señalamientos.
A las acusaciones de presunto nepotismo se suman quejas relacionadas con la atención brindada a abogados y ciudadanos. Algunos litigantes afirman haber enfrentado retrasos, malos tratos y dificultades en diversos trámites, situación que, aseguran, contribuye al deterioro de la confianza pública en el sistema de impartición de justicia. Las críticas surgen en un contexto en el que especialistas ya habían advertido sobre retos operativos y de personal en la Ciudad Judicial de Orizaba, una sede que atiende asuntos de más de una quincena de municipios de la región centro del estado.
La Ciudad Judicial fue inaugurada en agosto de 2025 como el complejo judicial más grande de Veracruz, con el objetivo de acercar y modernizar los servicios de justicia para cerca de medio millón de habitantes de las Altas Montañas. Autoridades estatales destacaron entonces que el proyecto representaba un avance en materia de acceso a la justicia y fortalecimiento institucional. Sin embargo, las recientes denuncias han puesto bajo escrutinio el funcionamiento interno de algunas áreas del recinto.
Ante este escenario, integrantes del gremio jurídico han solicitado la intervención de los órganos internos de control y del Consejo de la Judicatura para esclarecer si existe alguna irregularidad administrativa o legal. Los abogados sostienen que la confianza ciudadana en los tribunales depende de que los procesos se desarrollen con absoluta transparencia, imparcialidad y apego a la ley. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre la apertura de alguna investigación oficial relacionada con los señalamientos.
