Orizaba, Ver. 26/07/27.— El conflicto interno en la Delegación Regional de los Programas para el Bienestar en Orizaba se intensifica. Trabajadores mantienen sus señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y ahora sostienen que Itzel López López estaría ejerciendo el control operativo y político de la dependencia sin contar, presuntamente, con un nombramiento oficial que la acredite como titular de la Dirección Regional.

De acuerdo con la documentación que exhiben los inconformes, el servidor público que aparece como encargado de la Dirección Regional es Jesús Antonio Cardona Juárez, quien ocupa un puesto operativo como Enlace Servidor de la Nación. Sin embargo, los trabajadores afirman que las decisiones de mayor relevancia, la conducción del personal y la representación institucional son asumidas en la práctica por Itzel López.

Los empleados consideran que esta situación genera incertidumbre jurídica sobre la conducción de la delegación, ya que, según su versión, existe una diferencia entre quien figura formalmente como responsable administrativo y quien presuntamente ejerce el mando cotidiano de la oficina.

Protesta continúa; exigen intervención de autoridades

La inconformidad mantiene movilizados a Servidores de la Nación, personal de Salud del Bienestar y trabajadores de programas federales, quienes exigen la intervención de la Secretaría de Bienestar y de las instancias de control interno para esclarecer quién ostenta legalmente la responsabilidad de la Dirección Regional.

Los manifestantes sostienen que la permanencia de Itzel López al frente de las decisiones administrativas, sin que exista un nombramiento público que respalde esa función, debe ser revisada por las autoridades competentes para determinar si la actuación de la dependencia se encuentra ajustada al marco legal.

Denuncian intervención de particular en asuntos oficiales

A las acusaciones anteriores se suma nuevamente el señalamiento contra José Alberto Flores Luna, esposo de Itzel López, de quien los trabajadores afirman que continúa interviniendo en reuniones internas, emitiendo instrucciones y participando en decisiones administrativas, pese a que —aseguran— no ocupa un cargo dentro de la estructura de la Secretaría de Bienestar.

Los inconformes reiteran que esta situación también debe ser investigada, debido a que anteriormente denunciaron un presunto acceso indebido a información relacionada con los padrones de beneficiarios de programas sociales, una acusación que hasta el momento no ha sido acreditada por autoridad competente.

Persisten denuncias por hostigamiento laboral

Los trabajadores sostienen que el ambiente laboral continúa marcado por presuntos actos de intimidación y hostigamiento, situación que atribuyen tanto a Itzel López como a personas cercanas a ella.

Entre las inconformidades mencionan presión constante sobre el personal, cambios en la estructura de coordinación y prácticas que consideran contrarias a un entorno laboral respetuoso.

Además, aseguran que, pese a las protestas y a las denuncias presentadas ante distintas instancias gubernamentales, hasta ahora no han recibido una respuesta formal sobre el fondo de sus señalamientos.

Cuestionan legalidad de actos administrativos

Los manifestantes advierten que, de confirmarse que una persona sin nombramiento oficial ejerce funciones propias de la Dirección Regional, podría abrirse un debate sobre la validez jurídica de determinadas actuaciones administrativas realizadas dentro de la delegación.

No obstante, especialistas en derecho administrativo señalan que cualquier posible afectación a la legalidad de actos públicos únicamente puede ser determinada mediante los procedimientos correspondientes y por las autoridades competentes, por lo que no existe, hasta este momento, una resolución oficial que declare la invalidez de actuación alguna.

Sin posicionamiento oficial

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Bienestar, la Delegación de Programas para el Bienestar en Veracruz, Itzel López López, Jesús Antonio Cardona Juárez, José Alberto Flores Luna y el delegado estatal Juan Javier Gómez Cazarín no han emitido un pronunciamiento público sobre los nuevos señalamientos.

Las acusaciones corresponden a denuncias formuladas por trabajadores de la dependencia y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.