Ciudad de México. 26/07/26.- La diputada federal Araceli Reyes Terán enfrenta nuevas críticas luego de que colectivos ciudadanos y organizaciones enfocadas en derechos de los hombres y la familia difundieran un pronunciamiento en el que solicitan que las autoridades competentes revisen su actuación como servidora pública, al considerar que diversas declaraciones públicas podrían comprometer el principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio de cualquier cargo público.

La campaña, difundida bajo el lema #SerHombreNoEsDelito, sostiene que las expresiones atribuidas a la legisladora reflejan una postura ideológica que, a juicio de sus promotores, fomenta la confrontación entre hombres y mujeres y descalifica de manera anticipada a un sector de la población.

En el documento, los promoventes afirman que ningún servidor público puede emitir opiniones que aparenten prejuzgar casos o vulnerar principios fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, piden que las instancias correspondientes analicen si existe alguna responsabilidad administrativa, ética o política derivada de sus declaraciones.

Los colectivos también argumentan que la función pública exige actuar con neutralidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, sin privilegiar ideologías o discursos que puedan interpretarse como discriminatorios hacia cualquier grupo social.

Asimismo, hacen un llamado a la ciudadanía para utilizar los mecanismos legales de participación y exigir que cualquier conducta atribuida a funcionarios públicos sea investigada conforme a derecho, enfatizando que las instituciones deben garantizar justicia sin favoritismos ni prejuicios.

En redes sociales, la campaña ha generado un intenso debate. Mientras algunos usuarios respaldan la exigencia de una investigación al considerar que el discurso institucional debe ser imparcial e incluyente, otros defienden las posturas de la legisladora al señalar que forman parte de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos de las mujeres.

Hasta el momento, Araceli Reyes Terán no ha emitido un posicionamiento público específico sobre esta campaña ni sobre las solicitudes de investigación difundidas por los colectivos.

El caso vuelve a colocar sobre la mesa el debate acerca de los límites del discurso de los servidores públicos y la responsabilidad que tienen de garantizar que sus expresiones no sean interpretadas como actos de discriminación o como una afectación a los principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y presunción de inocencia.