Las cuentas públicas de Camerino Z. Mendoza vuelve a colocar en el centro de la atención pública a partir de señalamientos relacionados con el manejo de recursos municipales durante administraciones anteriores. Sin embargo, los datos disponibles obligan a distinguir entre observaciones de fiscalización, presuntos daños patrimoniales y responsabilidades que todavía deben ser determinadas por las autoridades competentes.

Durante el gobierno encabezado por Héctor Rodríguez Cortés, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) documentó diversas irregularidades en materia de obra pública. Por ejemplo, en la Cuenta Pública 2021, el órgano fiscalizador reportó un presunto daño patrimonial de un millón 322 mil 46.82 pesos relacionado con la rehabilitación de una calle en la avenida de la Civer, debido a la falta de documentación que permitiera comprobar y verificar plenamente los trabajos ejecutados y los pagos realizados.

También existen antecedentes de observaciones correspondientes a ejercicios anteriores. En la Cuenta Pública 2019, el ORFIS detectó una obra ejecutada de manera irregular en la localidad de La Cuesta, debido, entre otras cuestiones, a la ausencia de validación del proyecto por parte de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y de documentación que acreditara su correcta entrega y operación.

A estos antecedentes se sumaron cuestionamientos sobre la contratación de obra pública durante el gobierno de Rodríguez Cortés. En 2023 se difundieron señalamientos periodísticos basados en información atribuida al ORFIS respecto de la asignación directa de contratos a diversas constructoras durante 2022. La información publicada señaló que siete empresas concentraron contratos de obra por un techo financiero superior a 45.8 millones de pesos.

Otro episodio que marcó aquella administración ocurrió en 2023, cuando fueron presentadas 16 quejas y denuncias ante la Contraloría Municipal, de acuerdo con información obtenida vía transparencia y reportada por medios de comunicación. La documentación disponible no establece que todas esas quejas hayan derivado en responsabilidades administrativas ni que todas estuvieran relacionadas con el presidente municipal.

ANTECEDENTES FINANCIEROS

La administración de Héctor Rodríguez Cortés también sostuvo públicamente que recibió importantes pasivos de la administración 2018-2021, encabezada por Melitón Reyes Larios.

En 2022, el gobierno municipal informó que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto daño patrimonial de 95 millones de pesos correspondiente a la administración anterior. En aquella ocasión se explicó que el ORFIS había identificado inicialmente un probable daño de 8.5 millones de pesos, mientras que una revisión municipal amplió el monto señalado.

Posteriormente, durante su tercer informe de gobierno, Rodríguez Cortés afirmó que su administración había recibido una deuda superior a 61.1 millones de pesos con distintos organismos, entre ellos el SAT, Firiob, Conagua, Sefiplan y el propio ORFIS. También reportó que parte de esos compromisos habían sido reducidos mediante convenios y pagos.

¿Y LOS 5.1 MILLONES?

Respecto al señalamiento que circula actualmente sobre más de 5.1 millones de pesos relacionados con 10 obras, la información localizada en fuentes abiertas consultadas no permite confirmar con suficiente respaldo documental que ese monto corresponda exactamente a una determinación definitiva del ORFIS contra la administración de Héctor Rodríguez Cortés.

Por ello, resulta necesario esperar la documentación oficial correspondiente —observaciones, informes individuales, solventaciones y, en su caso, resoluciones— antes de afirmar que esos recursos fueron “robados”, “desaparecieron” o que fueron utilizados para financiar una campaña política.

Tampoco se encontró respaldo documental suficiente para afirmar como hecho que recursos municipales hayan sido utilizados para financiar la campaña del actual alcalde Gustavo Sánchez. Esa versión debe mantenerse como un señalamiento no acreditado, mientras no existan documentos oficiales, investigaciones ministeriales o resoluciones de las autoridades electorales que establezcan esa relación.

Lo que sí está documentado es que las administraciones municipales de Ciudad Mendoza han enfrentado durante los últimos años diversas observaciones de fiscalización, cuestionamientos sobre obra pública, pasivos y procedimientos administrativos.

La exigencia ciudadana, por tanto, se centra en que los recursos públicos puedan ser rastreados hasta su destino final y que cualquier irregularidad sea aclarada por las instancias correspondientes. Una observación de auditoría no equivale por sí misma a una sentencia ni demuestra automáticamente la comisión de un delito, pero sí abre la puerta a procedimientos de aclaración, solventación y, cuando corresponda, determinación de responsabilidades.