Últimas Noticias
Mostrando las entradas con la etiqueta COLUMNA: ERNESTO VILLANUEVA. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta COLUMNA: ERNESTO VILLANUEVA. Mostrar todas las entradas
LOS ATROPELLOS DE TELCEL...
COLUSIÓN CELULAR
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
Este artículo editorial fue publicado originalmente en la edición 1892 del Semanario Proceso del día 2 de enero de 2013.
México. D. F., a 7 de febrero de 2013
Hace una semana la Ciudad de México se vio inerme ante el asalto de Telcel a los intereses de los capitalinos. Sigilosamente retiró el servicio a buena parte de la población de la capital del país. Nada pasó. Pocos, muy pocos, dijeron algo. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se enteró como todos, y como si fuera una organización de la sociedad civil respondió con la fuerza de un boletín de prensa carente de efecto jurídico. Hoy discute para “proponer a la SCT” la “posibilidad” de que haya una multa a Telcel. Ese hecho, que no es aislado, pone de relieve que en México el poderoso no avisa simple y sencillamente porque puede incurrir en una conducta como ésta sin que pase nada. Ese es el poder. Para bien del mundo y para mal del país eso no sucede en el entorno internacional. Veamos.
Primero. Las empresas no son piadosas, “buena onda”. Constituyen un negocio tan jugoso como el poder institucional les permite. Las limita y las regula. Por supuesto, no es lo mismo la Cofetel que las autoridades de otros países que velan en los hechos por el interés público. No es mi imaginación ni pretendo “hablar mal” de la Cofetel sin datos que me permitan sustentar lo que aquí voy a afirmar. Como en otros sectores de la economía, el costo del servicio celular en México es un asalto en despoblado. Es cosa de comparar los planes tarifarios más baratos en algunos países emblemáticos.
En México, el plan tarifario de Telcel más económico es el denominado “Más X Menos” que dice proporcionar 60 minutos locales mensuales por 197 pesos. En Brasil, la empresa Vivo tiene el plan “Tempo Livre”, que ofrece 150 minutos por 142.72 pesos mexicanos; es decir, le aporta al consumidor tres veces más minutos que Telcel en México. En España, la firma Orange ofrece 400 minutos por 253 pesos mensuales con el Plan “Pingüino”; en otras palabras, 600% aproximadamente más producto que Telcel. En Estados Unidos la compañía Virgin Mobile pone a disposición de sus clientes su plan “Paylo”, que incluye 400 minutos mensuales por 253 pesos mexicanos. En el Reino Unido el plan más barato es el de Vodafone, que ofrece 100 minutos por 265 pesos. En estos dos últimos países se ofrece servicio de datos con la tecnología 4G –que todavía no se implanta en la totalidad del territorio mexicano–, lo cual significa en términos prácticos que la velocidad de internet es al menos 500% más rápida que la que ofrece Telcel.
Segundo. Si se analizan los planes tarifarios más caros y completos, los datos documentan que los mexican@s son los que pagan más por menos. En efecto, Telcel, con su plan “Más X Menos” internet 3GB-5, incluye 420 minutos por 929 pesos. En Estados Unidos, el plan más alto de Virgin Mobile en 4G, denominado “Beyond Talk Unlimited Data and Messaging Plans”, que no tiene límites de llamadas además de servicios de datos, cuesta 695.77 pesos. En el Reino Unido, Vodafone presenta su plan “Red Data” con minutos ilimitados más servicio de datos por 959 pesos mexicanos. En España, la empresa Orange tiene el plan “Ballena 55” con 500 minutos libres por 928 pesos.
De entrada los números absolutos son, en mayor o menor medida, más baratos que los que existen en México y los servicios recibidos son sustancialmente mucho mejores. Al ver el costo que representan los planes tarifarios más altos por el impacto en los salarios mínimos de los países analizados, la diferencia en perjuicio nuestro es muchísimo mayor. En efecto, el plan de Telcel representa al mes casi 50% de un salario mínimo mensual mexicano. En Estados Unidos, el plan de Virgin Mobile equivale aproximadamente a 0.53% del salario mínimo mensual de Estados Unidos. En el Reino Unido, el plan de Vodafone representa alrededor de 0.16% de un salario mínimo mensual en ese país. En España, el plan tarifario de Orange corresponde al 0.71% de un salario mínimo español. En suma, el costo de Telcel en México es al menos 500% más caro que en los países estudiados.
Tercero. Esta asimetría de precios entre servicios malos como el de Telcel y servicios buenos en el extranjero es, de entrada, responsabilidad de las autoridades competentes. A diferencia de lo que argumentan algunos colegas que explican este mundo al revés por decisiones empresariales, la verdad es que en la medida en que son recipiendarios de una concesión pública son sujetos de políticas públicas, leyes y compromisos de las autoridades, particularmente de la Cofetel.
Alguien podría decir que la Cofetel no tiene dientes y está limitada por la ley. Sí y no. Esa es la respuesta simplista para explicar que es un fenómeno económico que está fuera del ámbito de atribuciones de las autoridades. El problema, por supuesto, no se queda ahí. ¿Sabía usted que la Cofetel ha decidido tener sólo 33 “inspectores verificadores” para vigilar que se cumpla la ley en los 2 mil 454 municipios del país, según el Inegi? Peor todavía, de acuerdo con el informe 2012 de la SCT (http://www.sct.gob.mx/uploads/media/SCT_6IL_2011-2012_01.pdf) los inspectores sólo son utilizados para verificar si las estaciones de radio y televisión tienen sus permisos en regla; es decir, no están al servicio de los usuarios, sino de los empresarios. Y ello se hace porque “esta actividad es fundamental para asegurar que la prestación del servicio de radio y televisión se brinde con calidad en beneficio del público usuario”.
Paradójicamente, Adriana Labardini, una reconocida académica y activista, ha ideado un software gratuito (http://www.consuabogado.org/) para medir si efectivamente hay identidad entre las características de velocidad del servicio de internet que las empresas dicen poner al servicio de sus suscriptores y la velocidad que efectivamente proporcionan. A final de cuentas, ¿no es fundamental que la Cofetel sirva al interés de l@s mexican@s tomando en cuenta que nuestro país tiene el servicio más caro, arriba de las principales potencias mundiales? Si la Cofetel hace lo que hace, ¿no se podría albergar la duda razonable de que haya una colusión entre el regulador y el regulado para satisfacer intereses ajenos al de los mexican@s?¿Usted qué cree?
EDITORIAL
EN ÚLTIMO MINUTO, CALDERÓN EXTENDIÓ BENEFICIOS EXPRESIDENCIALES A TODA SU FAMILIA: VILLANUEVA
Un ex presidente percibe por su salario más gastos de ayudantía y seguridad la cifra de 5 millones 005, 121 pesos mensuales
México. D. F., a 25 de enero de 2013
En una reedición más del uso y abuso del poder en México, de último minuto Felipe Calderón extendió los Beneficios Expresidenciales a toda su familia, en el uso extendido de la palabra y no como jurídicamente se le entiende a la familia monoparental, por lo que existe la posibilidad de incrementar aún más la exorbitante cifra de 5 millones 005, 121 pesos mensuales que actualmente perciben nuestros ex primeros mandatarios.
“El caso de Felipe Calderón es verdaderamente sorprendente. Cuando se terminó el libro y lo presentamos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, jamás pensamos que el libro iba a tener la fuerza para que el propio presidente el último día de su mandato publicara una reforma al reglamento del Estado Mayor para autoprotegerse y autootorgarse más cosas”, expresó anoche Ernesto Villanueva Villanueva, coautor junto con Hilda Nucci González del libro “Beneficios Expresidenciales” (Editorial Themis, 2012), durante la presentación realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El investigador expresó que debido al anuncio previo de la existencia del libro, donde se dieron a conocer avances del mismo, permitió al ex presidente realizar los agregados: “La primera, aiga sido como aiga sido, lo que ya se tuvo aquí se queda, y lo puso en transitorio; segundo, él entiende familia en un concepto coloquial de la expresión, es decir, la abuelita, la tía, los sobrinos… para otorgarles servicios de salud en el hospital militar, no en el ISSSTE como correspondería a un ex servidor público” y tercero, además de los 425 elementos que ya tenía, poder incrementar la seguridad, según las circunstancias lo ameriten, es decir, ya no tenemos límites, pueden ser los que la imaginación alcance”.
Villanueva comentó que en una interpretación muy personal el incremento desmedido de personal para seguridad podría ser debido a las molestias que dejó en la gente que perdió a sus familiares durante la guerra iniciada contra el narcotráfico, la cual, insistió el autor, quizá no lo fue tanto porque no existen pruebas documentales de la muerte de Nazario Moreno, líder de la Familia Michoacana, que puso en su Informe de Gobierno, por ejemplo.
Además, el responsable del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló lo que supone un engaño más a todos los mexicanos, éste por parte del ex presidente Ernesto Zedillo, quien en su momento dio a conocer a la opinión pública una presunta renuncia al beneficio económico, pero al realizar las solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda y la Presidencia de la República, la respuesta fue la inexistencia de la renuncia así como de la respuesta a dicha renuncia, lo cual constituye una simulación más del poder.
Villanueva fue acompañado en la presentación, además de su coautora Hilda Nucci González por los investigadores Jorge Fernández Ruiz, Daniel Márquez Gómez y Edgar Corzo Sosa, quienes argumentaron a favor de la obra que se encuentra por el momento en las librerías de la UNAM.
En su momento, Hilda Nucci dio a conocer lo siguiente: “De conformidad con el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2011-2012, la pensión que recibe un ex Presidente es de $ 205 mil 122.06 pesos (equivalente al salario mensual de un Secretario de Estado). Empero, a esa pensión habría que agregar la cantidad de $ 4 millones 799,999.00 pesos por gastos de ayudantía y seguridad. Así, un ex Presidente percibe ingresos mensuales que ascienden a $ 5 millones 005, 121 pesos”.
La coautora destacó que además de ser ilegales estos beneficios porque el Acuerdo Presidencial núm. 7637, registrado con fecha 25 de noviembre de 1976 ni en el Acuerdo Presidencial núm. 2763-BIS, del 31 de marzo de 1987, como tampoco el Reglamento del Estado Mayor Presidencial, del 16 de enero de 2004 fueron firmados por los entonces presidentes de la República Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Vicente Fox y mucho menos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación; por tanto, son carentes de toda obligatoriedad para el Estado Mexicano. Es decir, se trata de ordenamientos discrecionales y, por tanto, su carácter es ilegal.
El resultado de estas cifras implica que los ex mandatarios mexicanos cobran mensualmente 500 por ciento más que el segundo país con estos salarios, como es Singapur, 600 por ciento más que Suiza y más que Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Italia, Francia, Perú y Dinamarca, entre otros, explicó Nucci González.
Jorge Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y coordinador del Área de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que los beneficios o privilegios desvelados por esta investigación sin precedente demuestran que “además del atraco a la igualdad se está creando una sociedad muy exclusiva, la de los ex mandatarios que se suma a las de los países que tienen gobierno monárquico, pues se convierten en Jefes de Estado vitalicios, con privilegios hereditarios desmedidos por encima del artículo 12 constitucional”.
Daniel Márquez Gómez coincidió que todos estos privilegios ocurridos en pleno Siglo XXI se deben a la escasa masa crítica y que la socialización del conocimiento en estos temas cumple tareas meramente testimoniales; es ahí donde radica el gran problema de la impunidad en este país. “Parece ser el referente básico de la acción pública en el país: se puede violar la ley, se puede documentar, podemos señalar a los responsables y todo se queda en el escándalo del noticiario matutino, en la primera plana de algún periódico y quizá en el recuerdo de algún académico que en algún momento tendrá que recordar esto para, posiblemente, escribir un libro como éste”.
Por su parte, Edgar Corzo dijo que si tuviera que escoger una frase del libro, “me quedaría con aquella que contrasta los beneficios vitalicios a favor de una persona con un cargo que no pasó más allá de seis años” porque con seis años “se asegura la vida no sólo de una familia, sino de varias generaciones; en cambio, una persona podrá haberse dedicado toda su vida a ser profesor e, incluso, pudo ser que haya corrido con suerte y fuera nombrado comisionado por la primera maestra, pero si no estuvo en el lugar correcto, no asegurará el resto de su vida ni el de varias generaciones y sólo tendrán para comer mendrugos”.
Finalmente todos los participantes en la presentación coincidieron en que es urgente la movilización social que urja la creación de un marco normativo legal para otorgar beneficios de acuerdo con el estado del país, de sus finanzas y acorde con el servicio prestado, pero lejos de los privilegios exacerbados existentes hoy.
Columna...
ÓRGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 14 de agosto de 2012
El viernes pasado asistí a impartir la conferencia magistral de clausura del Primer Congreso Jurídico de la COMAIP (la organización que organiza a los órganos garantes de transparencia del país) sobre los retos del diseño institucional de transparencia. Ahí afirmé varias debilidades del diseño y de quienes integran o han integrado los órganos garantes. Veamos.
Primero. Los órganos garantes de la transparencia (llámense comisiones o institutos) surgieron con los mejores augurios y con la esperanza razonada de que habrían de fortalecer el novedoso derecho de acceso a la información pública. En el 2002 las circunstancias políticas no permitieron crear una Ley General (es decir aplicable a la Federación, entidades federativas y municipios) pero sí una ley parcialmente federal y una en cada entidad federativa con su respectivo órgano garante.
Eso creó una gran burocracia, pero se pensó que era más el riesgo para el país no construir ese amplio andamio jurídico que edificarlo. Así se hizo. Los resultados fueron desiguales.
Lo grave fue que las debilidades de los órganos fueron cada día más claras, de ahí la propuesta de Enrique Peña Nieto de dar un giro a lo que se ha hecho mal en los hechos aunque en el papel y en los comités de diseño se veía como una solución jamás, como un problema. A diez años de haber adquirido carta de naturalización formal el derecho de acceso a la información tiene frente a sí el reto de reformarse de manera sustantiva.
Segundo. Las razones de esta gran reforma probable no son pocas: a) Los órganos de transparencia violando la ley y su imparcialidad se convirtieron de facto en asesores o de plano redactores de las respuestas de información pública de los sujetos obligados particularmente del Ejecutivo; b) Algunos comisionados han sido denunciados por pornografía infantil; c) Otros se han convertido en elementos de legitimación y confirmación de negativas de información de cosas tan absurdas como sueldos de servidores públicos y gastos de publicidad oficial; d) Algunos más han sido acusados de acoso a sus compañeras consejeras o comisionadas ; e)Hay quienes se autootorgaron bonos ilegalmente; f) Hubo quienes crearon solicitudes ficticias para abultar el número de requerimientos con el fin de contar con mayor presupuesto; g) La gota que derramó el vaso fue la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en los órganos de transparencia.
En efecto, el presidente de un órgano de transparencia está siendo investigado por la SIEDO de la PGR por sus lazos con “La Familia Michoacana” y/o “Los Caballeros Templarios”, reconocidas organizaciones delictivas de alto impacto y que han sustituido en muchos partes las funciones reservadas al Estado mexicano. No podía pasar nada peor a los órganos garantes que esta presumible vinculación, según revelan audios en poder de la autoridad correspondiente y por razones del sigilo de la averiguación previa en curso no debe hacerlas públicas por ahora.
Tercero. En este contexto no es de extrañar que se quiera hacer una cirugía mayor al entramado legal actual para reconducir la transparencia hacia mejores destinos de los que ahora señalan estudios de distintos organismos nacionales e internacionales.
El más reciente del Foro Económico Mundial no ubica en modo alguno a México ni con medalla de bronce en transparencia, sino muy lejos de ella, a pesar de los cuantiosos recursos que se han destinado a este fin con resultados lamentables por nuestra subcultura política y grandes dotes para la corrupción y la simulación.
Lo único que en esta materia no podemos hacer es dejar las cosas como están. Hay activos importantes en la actualidad que por su talento y experiencia pueden aportar al país para cambiar lo reformable como Oscar Guerra Ford del Distrito Federal, presidente del INFODF; Raúl Ávila, comisionado de Oaxaca; Blanca Lilia Ibarra, presidente de la CAIP de Puebla y Jorge Gasca, presidente de la Comisión de Campeche, entre algunos más.
En esta reforma necesaria hay que aprovechar a quienes han demostrado aquellas partes que sí funcionan para aprovechar su experiencia para innovar manteniendo aquella parte de la continuidad que ha dado resultados. Habrá que ver si la necesidad de cambio logra ganar la partida a la inercia y a la burocracia que hará todo para que nada cambie.
E-mail: evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
¿PORQUE SOMOS IRRESPONSABLES?
Por Ernesto Partida Pedroza
La responsabilidad es algo inherente al ser humano.
Es un placer cuando uno es responsable, se tienen grandes beneficios para uno y para quien lo rodea.
Gracias a la existencia de este valor es que hay crecimiento en todas las aéreas.
La responsabilidad ha llevado a que se haya inventado todo tipo de soluciones para los problemas que ha tenido la humanidad a todo lo largo de la historia.
Si esto es cierto, ¿Por qué algunas veces somos irresponsables?
La respuesta está en el robo de la responsabilidad que hacen los padres de familia a los hijos.
Ser responsables es hacerse cargo uno mismo de las cosas. Es tener la capacidad de hacer las propias elecciones, esto implica tener la libertad de hacerlo.
Cuando un padre está acompañado de su hijo y de repente llega un familiar y este le pregunta al niño de seis años, ¿Cómo te llamas? Y antes de que este conteste, el padre le ordena, ¿Qué no oyes que te están preguntando?, ¡dile como te llamas!
Este es el robo de responsabilidad.
Es necesario dejar que el niño responda por sí mismo.
Cuando la mamá lleva a su niño a comprar un helado y este dice, “mamá quiero un helado de chocolate”, “pero si ese no te gusta, te voy a comprar uno de vainilla”.
La mamá no esta permitiendo que su hijo elija.
En una ocasión una mamá me dijo, “fíjese que estoy muy preocupada porque mi hija va a presentar un examen mañana
- ¿Cuál es el problema?, le pregunté
- pues temo que vaya a reprobar
- ¿y cuál es el problema si reprueba?
- Pues que va a tener que estudiar más
- Si estudia más va a saber más, ya suéltala, deja que ella experimente su propia responsabilidad, la tuya es solamente educarla y proporcionarle todo lo que ella necesita.
Al día siguiente me dijo que estaba más tranquila y que ya la había soltado.
Esta situación se le llama sobre responsabilidad, es decir, asumir una responsabilidad que no es suya.
Cuando los papás le hacen un regalo a su hijo, le dicen constantemente cuida tu juguete, préstaselo a Juanito, no seas egoísta, regálaselo a Pedrito, comparte tu juguete, etc.
No estamos permitiendo que el niño se haga responsable de su propio juguete.
Los niños aprenden a no ser responsables, después los padres se quejan de que sus hijos son unos irresponsables. No se dan cuenta que ellos los enseñaron a serlo.
Los niños crecen y los padres no les permiten hacer las cosas, prefieren hacerlos ellos mismos para no perder tiempo y los niños nunca aprenden a hacerse cargo de las cosas.
Los maestros también tienen lo suyo, les resuelven todas las dudas, no les permiten a los alumnos a pensar por sí mismos.
Hay muchas empresas que gastan mucho en vigilancia y seguridad, esto genera en los trabajadores división, desconfianza y rechazo, si estas empresas invirtieran en capacitación, los trabajadores se convertirían en responsables, libres y leales.
Los gobiernos también tienen su propia responsabilidad, en especial el gobierno perredista, estos han creado programas para darle a la población becas a los estudiantes, no importa el aprovechamiento que estos tengan, ayudas a madres solteras, ayudas para las personas mayores, ayudas para uniformes y útiles escolares, ayudas para los que no tienen trabajo, etc.
Una maestra de primaria de la zona de Tlahuac me decía que los alumnos que tiene son hijos de delincuentes, de prostitutas, de narcotraficantes y la mayor parte de sus padres viven gracias a las ayudas que proporciona el gobierno del Distrito Federal, cuando ella requiere que los niños traigan a la escuela determinado material para su aprendizaje, los padres dicen “que lo pague el gobierno”.
El gobierno les está enseñando a ser incapaces de aportar algo para sus hijos, en otras palabras, les está enseñando a ser irresponsables.
En las campañas políticas se reparten despensas y promesas de todo tipo, los candidatos bajan la luna y las estrellas en la que los “ciudadanos” no tendrán que hacer ninguna aportación.
Si realmente queremos encontrar la raíz de la irresponsabilidad, la podemos encontrar en las actitudes de los padres de familia, en los maestros, en las empresas y en los gobiernos.
Si deseamos que nuestros hijos se hagan responsables, necesitamos dejarles que se hagan cargo de su cuerpo y de sus cosas.
Para esto se requiere dales la libertad para que hagan sus propias elecciones de lo que quieren ser, hacer y tener.
Hay que dejarles que asuman los riesgos que esto conlleva.
Estas son las mejores fuentes de aprendizaje.
Abstenerse de tomar decisiones por ellos.
Hay que proporcionarles el 80% de lo que necesitan y el resto que ellos lo obtengan por sí mismos.
Cuando uno es un niño, los padres le dan todo a uno, conforme va creciendo, se le debe dar la oportunidad para que los niños hagan su propio esfuerzo para obtener las cosas.
Es indispensable cambiar la cultura pedinche por otra en la que los ciudadanos tengamos que hacer nuestra aportación personal para que este país sea diferente.
México será totalmente diferente cuando cada quien haga su aportación para construir un mejor país.
El día en que cada quien cumpla con sus obligaciones, los derechos vendrán automáticamente.
Seguiremos siendo un país de pobres mientras pensemos que éstos no pueden hacer una aportación al país.
Antes de juzgar a los demás de irresponsables, hay que ver lo que uno ha hecho al respecto, ya sea uno hijo, padre, maestro, empresario o gobernante.
A Rodolfo Ruiz, con mi solidaridad..., QUINTANA ROO, TRANSPARENCIA E IMPUNIDAD;
QUINTANA ROO, TRANSPARENCIA E IMPUNIDAD
A Rodolfo Ruiz, con mi solidaridad.
México. D. F., a 10 de noviembre de 2011
Hace casi cuatro años escribí en estas páginas cómo el caso de Quintana Roo en materia de transparencia es un caso de humor involuntario por sus maneras tan burdas de hacer las cosas, en donde el cine de Juan Orol palidecería. Era —lo sigue siendo— parte de ese México profundo que no respeta las mínimas formas ni complejiza sus modos de operar. Existen elementos que me permiten afirmar lo anterior. Veamos.
Primero. Reacio a transparentar su quehacer, el gobierno de Félix González Canto, primero intentó acotar el universo de quienes pudieran ejercer el derecho a saber, otorgando esa prerrogativa sólo a los “ciudadanos quintanarroenses”, muy pocos por tratarse de una entidad con un gran flujo migratorio. A ese primer frustrado intento, que la adición del segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal de 2007 echó por la borda, le acompañó un conspicuo acuerdo clasificatorio de la información.
En efecto, el 29 de septiembre del 2006 en una edición “Quater extraordinaria”, es decir, en una publicación irregular y de pocos ejemplares para que nadie se enterara, el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo publicó el “Acuerdo por el que se clasifica como reservada diversa información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo”.
En esa lista se encontraba prácticamente toda la información que debiere haber sido difundida de oficio, entre ella, la “lista de clientes de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.”, cuyo accionista principal es el gobierno de Quintana Roo; el “Programa sectorial de agronegocios”, el “Programa sectorial forestal y el Programa sectorial de desarrollo indígena”, la “información relacionada con la reserva territorial del Estado de Quintana Roo” y, no podían faltar, los “contratos de publicidad y documentos relacionados con los mismos que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado realiza con los diferentes medios de comunicación locales, nacionales e internacionales”, entre otras muchas otras.
Bajo el argumento de “proteger la privacidad de las empresas contratantes” y “el interés del Estado”, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha esa estrategia de opacidad para mantener bajo resguardo distintos actos de corrupción e impunidad.
Segundo. Existen explicables temores del gobierno de Quintana Roo por clasificar buena parte de su información como reservada. El ahora ex gobernador Félix González Canto ha sido uno de los principales beneficiarios del ejercicio del poder público donde no dejó ir una sola oportunidad para hacer negocios. Lo mismo gestionó y obtuvo, por ejemplo, la concesión otorgada por el Gobierno Federal para que el de Quintana Roo construyera, operara, explotara, conservara y mantuviera “los puentes sobre las lagunas Nichupté y Bojórquez, incluyendo sus entronques y vialidades de acceso, en el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo”.
Lo anterior no tendría mayor problema de no ser porque la condición decimocuarta de la citada concesión establece que la “concesionaria (el gobierno de Quintana Roo) podrá explotar, por sí o a través de terceros, a título oneroso o gratuito, los servicios o actividades auxiliares sobre el derecho de vía”.
Y esa tercera persona no es otra que uno de los operadores financieros del señor González Canto, quienes esperan obtener 17 mil millones de pesos en 30 años con el pago de las cuotas de peaje y mediante una inversión de menos de 3 mil millones, en donde la inversión sería pública y las ganancias, en cambio, si nadie hace nada, serían privadas. Mejor negocio, imposible.
Tercero. El ex gobernador Félix González Canto clasificó también como reservada la información de la paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.”, por dos razones: la primera porque siempre ha operado con déficits al gastar sensiblemente más de lo que se recupera como una tendencia recurrente año con año. Y La segunda, porque de acuerdo a las bitácoras del plan de vuelo de la nave XAUFB propiedad de la paraestatal, familiares y amigos eran los viajeros frecuentes para viajes no oficiales a distintas partes del país y del extranjero. Este sólo hecho es constitutivo de responsabilidad administrativa y da lugar a varios tipos penales.
A pesar de ello, la Auditoría Superior del Estado al auditar a esa empresa para distintos ejercicios fiscales, entre 2006 y 2009, consideró que la paraestatal “cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental”. Eso sí que es independencia y profundidad de análisis de la mencionada Auditoría Superior de Quintana Roo.
El ex mandatario quintanarroense no le hacía el feo a ninguna de las formas de obtener ganancias a través del ejercicio público. Así, por ejemplo, el registro oficial de Taxis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tiene como “ruleteros” dotados de una concesión “indefinida” en Cozumel al propio ex gobernador Félix Arturo González Canto, a su padre, Lenin Matías González Padrón y a su madre Yolanda Canto Pacheco, su cuñado José Alfredo Asunción Martín Villanueva, entre muchos otros familiares, amigos y colaboradores.
Este lamentable estado de cosas por desgracia es parte de una cultura tolerada de la corrupción y del no pasa nada. Algunas publicaciones que han hecho públicos casos de corrupción como el semanario Luces de Siglo de la periodista Norma Madero de Paredes, han sido objeto de ataques e intimidaciones. Ejercer el escrutinio con datos duros sobre los gobernantes resulta en el país cada vez más costoso. Ahí está también, por ejemplo, el caso de Rodolfo Ruiz, director del portal www-e-consulta.com , quien sufre en carne propia y en la de su familia todo el peso del gobierno de Puebla, por querer hacer periodismo independiente y no sumarse a la competencia de la prensa local para ver quién le encuentra más virtudes al gobernador Rafael Moreno Valle.
A Rodolfo Ruiz, con mi solidaridad.
México. D. F., a 10 de noviembre de 2011
Hace casi cuatro años escribí en estas páginas cómo el caso de Quintana Roo en materia de transparencia es un caso de humor involuntario por sus maneras tan burdas de hacer las cosas, en donde el cine de Juan Orol palidecería. Era —lo sigue siendo— parte de ese México profundo que no respeta las mínimas formas ni complejiza sus modos de operar. Existen elementos que me permiten afirmar lo anterior. Veamos.
Primero. Reacio a transparentar su quehacer, el gobierno de Félix González Canto, primero intentó acotar el universo de quienes pudieran ejercer el derecho a saber, otorgando esa prerrogativa sólo a los “ciudadanos quintanarroenses”, muy pocos por tratarse de una entidad con un gran flujo migratorio. A ese primer frustrado intento, que la adición del segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal de 2007 echó por la borda, le acompañó un conspicuo acuerdo clasificatorio de la información.
En efecto, el 29 de septiembre del 2006 en una edición “Quater extraordinaria”, es decir, en una publicación irregular y de pocos ejemplares para que nadie se enterara, el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo publicó el “Acuerdo por el que se clasifica como reservada diversa información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo”.
En esa lista se encontraba prácticamente toda la información que debiere haber sido difundida de oficio, entre ella, la “lista de clientes de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.”, cuyo accionista principal es el gobierno de Quintana Roo; el “Programa sectorial de agronegocios”, el “Programa sectorial forestal y el Programa sectorial de desarrollo indígena”, la “información relacionada con la reserva territorial del Estado de Quintana Roo” y, no podían faltar, los “contratos de publicidad y documentos relacionados con los mismos que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado realiza con los diferentes medios de comunicación locales, nacionales e internacionales”, entre otras muchas otras.
Bajo el argumento de “proteger la privacidad de las empresas contratantes” y “el interés del Estado”, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha esa estrategia de opacidad para mantener bajo resguardo distintos actos de corrupción e impunidad.
Segundo. Existen explicables temores del gobierno de Quintana Roo por clasificar buena parte de su información como reservada. El ahora ex gobernador Félix González Canto ha sido uno de los principales beneficiarios del ejercicio del poder público donde no dejó ir una sola oportunidad para hacer negocios. Lo mismo gestionó y obtuvo, por ejemplo, la concesión otorgada por el Gobierno Federal para que el de Quintana Roo construyera, operara, explotara, conservara y mantuviera “los puentes sobre las lagunas Nichupté y Bojórquez, incluyendo sus entronques y vialidades de acceso, en el municipio de Benito Juárez en el Estado de Quintana Roo”.
Lo anterior no tendría mayor problema de no ser porque la condición decimocuarta de la citada concesión establece que la “concesionaria (el gobierno de Quintana Roo) podrá explotar, por sí o a través de terceros, a título oneroso o gratuito, los servicios o actividades auxiliares sobre el derecho de vía”.
Y esa tercera persona no es otra que uno de los operadores financieros del señor González Canto, quienes esperan obtener 17 mil millones de pesos en 30 años con el pago de las cuotas de peaje y mediante una inversión de menos de 3 mil millones, en donde la inversión sería pública y las ganancias, en cambio, si nadie hace nada, serían privadas. Mejor negocio, imposible.
Tercero. El ex gobernador Félix González Canto clasificó también como reservada la información de la paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.”, por dos razones: la primera porque siempre ha operado con déficits al gastar sensiblemente más de lo que se recupera como una tendencia recurrente año con año. Y La segunda, porque de acuerdo a las bitácoras del plan de vuelo de la nave XAUFB propiedad de la paraestatal, familiares y amigos eran los viajeros frecuentes para viajes no oficiales a distintas partes del país y del extranjero. Este sólo hecho es constitutivo de responsabilidad administrativa y da lugar a varios tipos penales.
A pesar de ello, la Auditoría Superior del Estado al auditar a esa empresa para distintos ejercicios fiscales, entre 2006 y 2009, consideró que la paraestatal “cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental”. Eso sí que es independencia y profundidad de análisis de la mencionada Auditoría Superior de Quintana Roo.
El ex mandatario quintanarroense no le hacía el feo a ninguna de las formas de obtener ganancias a través del ejercicio público. Así, por ejemplo, el registro oficial de Taxis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tiene como “ruleteros” dotados de una concesión “indefinida” en Cozumel al propio ex gobernador Félix Arturo González Canto, a su padre, Lenin Matías González Padrón y a su madre Yolanda Canto Pacheco, su cuñado José Alfredo Asunción Martín Villanueva, entre muchos otros familiares, amigos y colaboradores.
Este lamentable estado de cosas por desgracia es parte de una cultura tolerada de la corrupción y del no pasa nada. Algunas publicaciones que han hecho públicos casos de corrupción como el semanario Luces de Siglo de la periodista Norma Madero de Paredes, han sido objeto de ataques e intimidaciones. Ejercer el escrutinio con datos duros sobre los gobernantes resulta en el país cada vez más costoso. Ahí está también, por ejemplo, el caso de Rodolfo Ruiz, director del portal www-e-consulta.com , quien sufre en carne propia y en la de su familia todo el peso del gobierno de Puebla, por querer hacer periodismo independiente y no sumarse a la competencia de la prensa local para ver quién le encuentra más virtudes al gobernador Rafael Moreno Valle.
A NOTIMEX Ernesto Villanueva
NOTIMEX
La semana pasada la Presidencia de la República informó del nombramiento de Héctor Villarreal como nuevo Director General de Notimex, después de un impasse por la salida del periodista Sergio Uzeta. Esta decisión presidencial no debe pasar inadvertida. Veamos por qué.
Primero. Notimex es el único medio público en el país que tiene carta de naturalización jurídica. Pasó de ser una agencia de noticias del Gobierno Federal a una del Estado; es decir, de la sociedad civil y de la sociedad política, como un instrumento para optimizar el derecho a saber de las personas, dotada de autonomía legal, de mecanismos de representación ciudadana, de defensoría de la audiencia. Incluso de garantías normativas para el ejercicio periodístico como la denominada cláusula de conciencia, que significa que el periodista puede negarse motivadamente a cumplir una orden de trabajo si es contraria a la ética periodística.
Todo lo anterior está detallado en la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. En efecto, el artículo 6 de la citada ley es ambicioso en los principios que debe atender la agencia: “Toda información que genere o transmita la agencia por cualquier medio de comunicación, deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los poderes de la Unión o de las entidades federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
Segundo. Notimex es ahora una fuente de información mejor atendida en las regiones del país que en la capital. Ello se explica porque una gran parte de los medios locales carece de corresponsalías en la ciudad de México y el costo de suscripción a una agencia privada es sensiblemente mayor que el ofrecido por la estatal. Este supuesto permite afirmar que la agencia incide, en mayor o menor medida, en lo que una parte de la sociedad lee, escucha o ve. Notimex contribuye a definir la agenda pública al decidir qué es noticia y qué no lo es. Qué información debe contar con mayor jerarquía o despliegue que otra.
Esto lo hacen, por supuesto, los demás medios en proporción a su capacidad de distribución informativa. El problema es que Notimex vive con cargo al erario. La agencia la pagamos usted y yo. Por esta razón es de interés público que esa empresa funcione de la mejor manera. El diseño institucional de Notimex estuvo pensado para que eso suceda. Se sabe, sin embargo, que siempre hay una distancia entre lo que se diseña y lo que al final se genera. Lo cierto es que no se cuenta con herramientas para verificar que la información generada tenga “absoluta independencia editorial” y sea “imparcial”, así como “objetiva”. No se tienen los instrumentos para medir el grado de cumplimiento de esos fines. Se vuelve en la práctica un acto de fe cuando debiese ser lo contrario.
Tercero. Es evidente que el Director General de Notimex no decide en solitario la línea editorial. Sí interviene en forma decisiva qué ruta se sigue. Más todavía si no tiene contrapesos internos por buenas o malas razones. El Presidente Calderón ha nombrado a Héctor Villarreal, a quien conozco personalmente y tengo una buena impresión de él. Más aún, lo considero una persona inteligente y esforzada. Así también estoy convencido de su compromiso político con el Partido Acción Nacional, en el que milita y hace poco era su vocero, así como con Calderón donde servía hasta hace unos días como subsecretario de Normatividad de Medios.
Dice el refrán que no basta ser, sino parecer. Aquí no se es y peor todavía, ni siquiera se parece. Ser Director General de Notimex impone un compromiso a la independencia y el reconocimiento de la comunidad por poseer una neutralidad razonable. En esta decisión presidencial hay claramente un conflicto de interés, exacerbado por el proceso electoral de 2012, que hace más visible esta circunstancia. El presidente Calderón ha ejercido, con cuestionamientos, sus atribuciones al designarlo como director de Notimex.
El Senado debe hacer lo propio y considerar “objetar dicho nombramiento por mayoría” o dejarlo pasar sin hacer mutis, pues “la instancia legislativa (tiene) treinta días para resolver; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal”, según refiere el artículo 16 de la ley en cuestión. Habrá que ver qué predomina: si el interés de la sociedad o la ventaja política personal o de grupo, aunque ello implique lesionar el débil tejido institucional. Se podría pasar de agencia de Estado en la ley, a vocera de gobierno en los hechos. El Senado tiene la palabra.
Primero. Notimex es el único medio público en el país que tiene carta de naturalización jurídica. Pasó de ser una agencia de noticias del Gobierno Federal a una del Estado; es decir, de la sociedad civil y de la sociedad política, como un instrumento para optimizar el derecho a saber de las personas, dotada de autonomía legal, de mecanismos de representación ciudadana, de defensoría de la audiencia. Incluso de garantías normativas para el ejercicio periodístico como la denominada cláusula de conciencia, que significa que el periodista puede negarse motivadamente a cumplir una orden de trabajo si es contraria a la ética periodística.
Todo lo anterior está detallado en la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. En efecto, el artículo 6 de la citada ley es ambicioso en los principios que debe atender la agencia: “Toda información que genere o transmita la agencia por cualquier medio de comunicación, deberá realizarse con absoluta independencia editorial frente a cualquiera de los poderes de la Unión o de las entidades federativas, y bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad. Los servidores públicos de la agencia deberán observar estos principios en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
Segundo. Notimex es ahora una fuente de información mejor atendida en las regiones del país que en la capital. Ello se explica porque una gran parte de los medios locales carece de corresponsalías en la ciudad de México y el costo de suscripción a una agencia privada es sensiblemente mayor que el ofrecido por la estatal. Este supuesto permite afirmar que la agencia incide, en mayor o menor medida, en lo que una parte de la sociedad lee, escucha o ve. Notimex contribuye a definir la agenda pública al decidir qué es noticia y qué no lo es. Qué información debe contar con mayor jerarquía o despliegue que otra.
Esto lo hacen, por supuesto, los demás medios en proporción a su capacidad de distribución informativa. El problema es que Notimex vive con cargo al erario. La agencia la pagamos usted y yo. Por esta razón es de interés público que esa empresa funcione de la mejor manera. El diseño institucional de Notimex estuvo pensado para que eso suceda. Se sabe, sin embargo, que siempre hay una distancia entre lo que se diseña y lo que al final se genera. Lo cierto es que no se cuenta con herramientas para verificar que la información generada tenga “absoluta independencia editorial” y sea “imparcial”, así como “objetiva”. No se tienen los instrumentos para medir el grado de cumplimiento de esos fines. Se vuelve en la práctica un acto de fe cuando debiese ser lo contrario.
Tercero. Es evidente que el Director General de Notimex no decide en solitario la línea editorial. Sí interviene en forma decisiva qué ruta se sigue. Más todavía si no tiene contrapesos internos por buenas o malas razones. El Presidente Calderón ha nombrado a Héctor Villarreal, a quien conozco personalmente y tengo una buena impresión de él. Más aún, lo considero una persona inteligente y esforzada. Así también estoy convencido de su compromiso político con el Partido Acción Nacional, en el que milita y hace poco era su vocero, así como con Calderón donde servía hasta hace unos días como subsecretario de Normatividad de Medios.
Dice el refrán que no basta ser, sino parecer. Aquí no se es y peor todavía, ni siquiera se parece. Ser Director General de Notimex impone un compromiso a la independencia y el reconocimiento de la comunidad por poseer una neutralidad razonable. En esta decisión presidencial hay claramente un conflicto de interés, exacerbado por el proceso electoral de 2012, que hace más visible esta circunstancia. El presidente Calderón ha ejercido, con cuestionamientos, sus atribuciones al designarlo como director de Notimex.
El Senado debe hacer lo propio y considerar “objetar dicho nombramiento por mayoría” o dejarlo pasar sin hacer mutis, pues “la instancia legislativa (tiene) treinta días para resolver; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal”, según refiere el artículo 16 de la ley en cuestión. Habrá que ver qué predomina: si el interés de la sociedad o la ventaja política personal o de grupo, aunque ello implique lesionar el débil tejido institucional. Se podría pasar de agencia de Estado en la ley, a vocera de gobierno en los hechos. El Senado tiene la palabra.
México. D. F., a 17 de octubre de 2011
MEDICINA CARA E INÚTIL
MEDICINA CARA E INÚTIL
(*) Ponemos a su disposición la opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 10 de octubre de 2011
Desde hace tiempo me ha llamado la atención el por qué en México los medicamentos para atender las principales enfermedades que ocasionan el mayor número de muertes entre los mexicanos, según el INEGI, (enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus) son sustancialmente más caros que en prácticamente toda América Latina y los que aquí son baratos no necesariamente funcionan como debiesen. No es un asunto menor; antes bien, es un tema que erosiona día con día la salud de las personas que menos tienen y que no debería estar fuera del radar de la opinión pública. Existen datos que me permiten afirmar lo que aquí sostengo. Veamos.
Primero. El programa de “cobertura universal de salud” que ha privilegiado el Gobierno Federal como una de sus iniciativas de bandera de aparente beneficio social hace agua, entre otros rubros, en uno de los más importantes, medicamentos de calidad, baratos y suficientes. De poco sirve, suponiendo que se diera por cierta la buena voluntad gubernamental teniendo a los mejores médicos del país al servicio de la gran mayoría de la población, dotados, además, de los más sofisticados aparatos de tecnología de punta. ¿No es irónico que los diagnósticos de enfermedades se queden en eso: diagnósticos, porque los pacientes no tienen los recursos para comprar los medicamentos para curar o controlar sus enfermedades?
Como se sabe, las enfermedades las sufren los pacientes y las padecen sus familiares. De entrada, un estudio de la OCDE (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Mexico elaborado por Pierre Moïse and Elizabeth Docteur) sostiene, entre otras cosas que:
a) México en los últimos años ha legislado “fuertes medidas de protección” de la propiedad intelectual para proteger a la industria farmacéutica;
b) El IMSS y el ISSSTE durante 2005 y años después compraron 11% de medicinas de patente, 42% de genéricos intercambiables y 53% de genéricos no intercambiables. Cabe decir que estos últimos son medicamentos “patito” que no curan porque, “no han pasado por ninguna prueba de intercambiabilidad, por lo que aun cuando tengan el mismo principio activo, forma farmacéutica, cantidad de fármaco, etc., la forma de preparación o los aditivos que se usen en su elaboración pueden hacer variar su biodisponibilidad, o sea su comportamiento dentro del organismo” (COFEPRIS, preguntas frecuentes). ¿Sabía usted que el 53% de los medicamentos comprados por IMSS e ISSSTE, según la OCDE, eran inútiles para la salud pero nos han costado a todos?, y
c) Los precios de las medicinas en México han sido más caros que en Francia y Canadá, donde los salarios mínimos son al menos 12 veces más altos en relación con los de México.
Segundo. Si bien es verdad que ahora en México las patentes de medicinas tienen un periodo máximo de 20 años, como sucede en los países de nuestro entorno, también lo es que en el periodo de gobierno de Felipe Calderón se han establecido mecanismos de protección mayores que en América Latina. En efecto, de acuerdo al Reglamento de insumos para la salud, reformado el 5 de agosto de 2008, los aranceles para importación de medicinas en general es del 15%, más el pago de los altos costos de los servicios de agentes aduanales.
En Chile, a diferencia de lo que ha sucedido en México de que sólo los laboratorios podrían importar medicinas, se ha mantenido un mercado abierto desde hace 12 años. La Ley número 18.525 de Normas sobre la Importación de Mercancías al país, establece un arancel del 6%. Otro ejemplo, es el de Perú, en donde el Decreto Supremo número 073-2001-EF de abril de 2001 dispone que la importación de medicinas está sujeta a un arancel de 4%.
Como se puede observar, México contra el interés público, establece aranceles superiores al 200% en relación a los países de nuestro entorno cercano, de ahí el alto costo de las medicinas que se pueden adquirir en México. Sobra decir que la inmensa mayoría de los mexicanos desconoce que en muchísimas partes son más baratas las medicinas gracias a las gestiones proteccionistas del Gobierno Federal que no tienen comparación con lo que sucede en Centro y Sudamérica.
Tercero. En México, a pesar de tener una buena Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparencia, no hay datos desagregados de acceso público de los costos de las medicinas, provenientes de distintos laboratorios, precios de importación, precios a gobierno y precios a particulares, ubicación de centros de mejores precios y disponibilidad de medicamentos. Esto, por el contrario, sí existe en países como Colombia a través de su Ministerio de la Protección Social que pone esa información en la web (http://www2.sispro.gov.co), lo que muestra un mejor compromiso con la sociedad.
En México, con la Ley de Transparencia de por medio, conseguir información como la que de oficio está disponible en Colombia sería todo un reto a la paciencia, la sapiencia y la resistencia, con un destino incierto. En el Perú, al igual que en Colombia, el Ministerio de Salud cuenta con un útil observatorio que ofrece precios y opciones de medicinas que dan un instrumento para optimizar el presupuesto ciudadano para comprar más con menos: (http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe)
En suma, en México, tenemos medicinas caras para el pueblo. Las hay también baratas, (los genéricos no intercambiables). Pero que no sirven, hay ausencia de instrumentos de evaluación y seguimiento accesibles a las personas para que identifiquen opciones. Eso sí, existe una gran inversión publicitaria con dinero del pueblo que busca afanosamente convencer a la sociedad que el gobierno de Felipe Calderón ofrece algo que no existe, acaso sólo en la mente del primer mandatario. El mundo al revés.
E-mail: evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
Blogger: ernestovillanueva.blogspot.com
