La desestabilidad del país se debe a la crisis de derechos humanos y no a la protesta social: AI
Noviembre 20, 2014
Los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, no responden a
hechos aislados, sino a un contexto de violaciones graves a los
derechos humanos. No obstante, en recientes declaraciones, el Presidente
califica las protestas sociales y las voces críticas a su gobierno como
intentos de “desestabilizar al país y atentar contra el proyecto que
impulsa su gobierno”. Tras los hechos de violencia ocurridos
recientemente, ha incluso justificado en el discurso el uso de la fuerza
cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el
orden.
La afirmación del presidente pone en evidencia que su
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ministración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos
humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de
acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los
derechos humanos ha sido una constante.
Además, su declaración parece ignorar el elevado número de
personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son
22 mil y que la practica de tortura se ha elevado en un 600%. A esto se
suman el cúmulo de medidas que no han sido efectivas para la búsqueda
de personas, así como las medidas de implementación de las bases de
datos estandarizadas.
“Enrique Peña Nieto muestra una vez más la falta de compromiso de
su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país,
marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y
la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de desestabilizar
son la piedra angular de una sociedad democrática.” afirmó Perseo
Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales, es momento
de que el Presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que
ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha
logrado combatir la impunidad en el país.”
Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la
policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas,
tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los
crímenes sigue siendo la norma en el país. Las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a
las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques.
Las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren
discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación
integral son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las
víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general.
Éstos son sólo algunos de los problemas de derechos humanos que
las personas enfrentan en la vida diaria, que evidentemente no reflejan
un proyecto de nación comprometido con la protección y garantía de los
derechos humanos.
“Esta actitud hace caso omiso del dolor de quienes sufren las
consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La violencia
institucional a la que se enfrentan las familias de personas
desaparecidas y de las víctimas de tortura en el sistema de justicia no
ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e
ineficaces mientras la impunidad impera.”
El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se
reunió con Enrique Peña Nieto durante el mes de febrero para expresarle
las preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos.
Durante esta reunión, se entregó un memorándum acerca de los retos de
derechos humanos en México, mismos que se comprometió a atender y
anunciar públicamente las medidas que tomaría para hacer frente a esta
grave situación; este compromiso no ha sido atendido, muestra de ello es
la negativa a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas a México
en el marco del Examen Periódico Universal, particularmente las
relacionadas con la aceptación de la competencia del Comité Contra la
Desaparición Forzada de la ONU y aquella relativa a abolir la práctica
del arraigo.
Ante esta situación, AI exige a Peña Nieto reconocer la
problemática de derechos humanos que atraviesa el país, que los hechos
ocurridos en Ayotzinapa no son aislados y que constituyen un crimen de
Estado.