A 22 años no olvidamos, no perdonamos Aguas Blancas ¡No se olvida!
Este 28
de junio se cumplen 22 años de la masacre de 17 campesinos en el Vado de Aguas
Blancas, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde además 21 resultaron
heridos, por la policía Motorizada de la entidad, quienes actuaron bajo las
órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El motivo de esta
agresión fue castigar su pertenencia a
una organización popular independiente, la Organización Campesina de la Sierra
del Sur (OCSS).
Crimen
que expresa el terrorismo de Estado a través de ejecuciones extrajudiciales
tumultuarias que se convierten en masacres; es también política represiva de
gobiernos antipopulares a las que suman los casos de Acteal y el Bosque
Chiapas; el Charco Guerrero por sólo mencionar algunos ejemplos de estos
crímenes de lesa humanidad.
En todo
este tiempo no hay duda de que el autor material e intelectual es el Estado
mexicano, quien a 22 años no ha enjuiciado ni castigado a los responsables,
sólo impera una política: la impunidad e inmunidad total para los
perpetradores, única garante en este aberrante hecho.
La
impunidad es una política de Estado que impide el acceso a una investigación
pronta y expedita, no permite enjuiciar a los autores materiales e
intelectuales; Aguas Blancas es un ejemplo de lo que sucede a nivel nacional en
todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde el gobierno
mexicano participa en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad,
sin embargo, con el paso de los años, desde las instituciones se le apuesta al
desgaste y al olvido.
Actualmente
los crímenes de esta naturaleza se mantienen como una política transexenal,
porque independientemente de quién esté en la silla presidencial, sexenio tras
sexenio se cometen contra el pueblo que esta organizado y con el que no lo está,
es con el propósito de intentar contener el avance del descontento popular y
acallar las voces de protesta.
El
gobierno mexicano le apuesta al olvido para no enjuiciar a los autores
materiales e intelectuales, sin embargo, por muchos años que pasen la herida
permanece y sanará hasta castigar a los responsables y no permitir más crímenes
de Estado y de lesa humanidad, porque hoy como ayer, las balas asesinas del
Estado tienen en la mira a los hijos del pueblo trabajador.
Este
aberrante crimen nos ilustra que en México se castiga con represión, cárcel, ejecuciones
extrajudiciales y detenciones desapariciones forzadas a quien se organiza y ejerce
sus derechos y libertades políticas como el derecho a libertad de ideas,
manifestación y a la protesta; se castiga con la acción policíaca a campesinos
e indígenas que exigen sus derechos económicos; se encarcela a quien exige
justicia social.
En este
tiempo el PRI gobierno se caracteriza por tener una larga historia de represión, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas contra el pueblo, política represiva a la que se suman
los gobiernos que se dicen de “oposición” y de “izquierda” al representar y
defender los intereses de una minoría en detrimento de la mayoría. En los
hechos no están para resolver los problemas de hambre y miseria que azotan el
país, sino para garantizar los intereses de una minoría oligárquica.
En la actualidad
esta política de Estado continúa a través del terrorismo de Estado, el gobierno
mexicano pretende infundir miedo y terror al pueblo para contener las luchas de
protesta, la expresión de esta política son los más de 300 mil
detenidos-desaparecidos, más de 250 mil ejecuciones extrajudiciales, más de un
millón 200 mil desplazados de sus lugares de origen y cientos de presos
políticos y de conciencia.
En todos
perdura un común denominador, la impunidad e inmunidad a los responsables. Las
autoridades e instituciones alargan los procesos jurídicos, actúan con
negligencia, dilación y burocratismo para impedir juicio y castigo, conocer la
verdad de los hechos y la no repetición del crimen.
La represión contra el pueblo es política de
gobierno que de manera sistemática y generalizada la cometen contra el pueblo; gobiernos
van y vienen, y la esencia no cambia, hay cientos de miles de detenidos
desaparecidos, igual número de ejecuciones extrajudiciales, cientos de miles de
encarcelados; política que promueve el despojo legalizado y los desplazamientos
forzados, sobre todo ahí donde existen riquezas naturales para la imposición de
proyectos económicos trasnacionales.
Ayer como hoy se reprime a los trabajadores de la
educación que luchan por el derecho a la educación del pueblo; se reprime a los
estudiantes por exigir el derecho a la educación y al trabajo; se detiene desaparece
a los normalistas que se movilizan en torno a la masacre del 2 de Octubre de
1968; se reprime con crímenes de Estado a organizaciones independientes; se
cometen nuevos crímenes de Estado, contra comunidades campesinas e indígenas
por la defensa de la tierra; se ejecuta extrajudicialmente a los trabajadores
de la comunicación; se encarcela a cualquiera que exige sus derechos. ¡Es la
política de este gobierno antipopular y represivo!
Aguas Blancas significa para el pueblo una razón más
de lucha, así como cada uno de los detenidos desaparecidos son motivo de lucha,
el recuerdo de los masacrados es parte de la memoria histórica que exige a
todos organizarnos y seguir luchando para exigir juicio y castigo a los
responsables materiales e intelectuales de la represión.