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El Verde refuerza su estructura territorial y abre la puerta a nuevos liderazgos rumbo a las elecciones de 2027.

Así lo dio a conocer Efrén Raúl Cuevas Cantú, coordinador distrital del PVEM, durante las entrevistas que ofreció este miércoles 19 de agosto a diversos medios de comunicación en el parque López de Orizaba, donde habló sobre el crecimiento de la estructura partidista y los escenarios que podrían presentarse de cara a la próxima elección.

Cuevas Cantú señaló que actualmente existe presencia y trabajo político del Verde en municipios como Coscomatepec, Chocamán, La Perla, Ixhuatlancillo, Orizaba, Río Blanco e Ixtaczoquitlán, donde se busca consolidar estructuras y fortalecer liderazgos locales.

El dirigente sostuvo que el partido ha detectado un creciente interés de ciudadanos por incorporarse a sus filas, situación que atribuyó al nuevo perfil que busca proyectar el PVEM y a una política de mayor apertura hacia ciudadanos, jóvenes y nuevos cuadros.

Durante sus declaraciones, también precisó que las puertas del partido están abiertas para políticos con experiencia y para personas que deseen iniciar una trayectoria dentro de la vida pública; sin embargo, aclaró que los perfiles que pretendan incorporarse serán analizados antes de formalizar su integración.

Uno de los aspectos que, de acuerdo con Cuevas Cantú, tendrá especial importancia será la trayectoria y reputación de quienes busquen representar al partido. En este sentido, señaló que actualmente existe una amplia “huella digital” que permite revisar antecedentes, trayectoria pública y comportamiento de los posibles aspirantes.

El dirigente también destacó que el PVEM pretende combinar la experiencia de políticos con trayectoria con una renovación generacional que permita impulsar nuevos rostros y liderazgos dentro de la organización.

¿PVEM Y MORENA IRÁN JUNTOS EN 2027?

Respecto a una posible alianza electoral con Morena para 2027, Cuevas Cantú sostuvo que existe actualmente una coordinación política entre ambos institutos a nivel nacional y consideró posible que esta relación se mantenga rumbo al próximo proceso electoral.

No obstante, enfatizó que el Partido Verde trabaja bajo el escenario de estar preparado para competir por cuenta propia en caso de que las circunstancias electorales así lo requieran.

“Tenemos perfiles con toda la trayectoria y con toda la proyección posible para ser candidatos”, afirmó el coordinador distrital.

La postura refleja, al menos en el ámbito local, una estrategia de preparación en dos vías: mantener abierta la posibilidad de acuerdos electorales, pero al mismo tiempo construir una estructura propia capaz de competir con candidatos y cuadros surgidos del propio partido.

Como antecedente de este proceso de fortalecimiento, en junio pasado Efrén Cuevas Cantú ya había señalado que el Verde trabajaba para convertirse en un referente político en Veracruz y destacaba la incorporación de jóvenes y ciudadanos a las estructuras partidistas.

Por ahora, el PVEM mantiene su campaña de afiliación y construcción de estructura en la zona, mientras comienza a perfilar los cuadros que podrían tener participación en el proceso electoral de 2027.

Con ello, el Partido Verde busca llegar a la próxima contienda con una organización territorial más sólida, nuevos liderazgos y perfiles competitivos en distintos municipios de las Altas Montañas.

#PVEM #PartidoVerde #AltasMontañas #Orizaba #RumboA2027 #Elecciones2027

Se busca fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación

PARTIDO VERDE. (10/03/26). Con el objetivo de promover y asegurar mecanismos de interpretación y traducción en lenguas  originarias para la atención de personas indígenas y garantizar el acceso a servicios consulares que permitan fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La iniciativa que propone adicionar una fracción IX al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, señala que los Jefes de Oficinas Consulares deberán promover y asegurar dichas acciones, preferentemente mediante intérpretes y traductores certificados, para la atención de personas indígenas mexicanas que así lo requieran.

Dicha medida permitirá garantizar el acceso efectivo a los servicios consulares, fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación desde una perspectiva intercultural.

“La propuesta es jurídicamente viable y presupuestalmente responsable, ya que su implementación podrá realizarse de manera gradual, mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normatividad aplicable y a la disponibilidad presupuestaria”, subraya Puertos en su propuesta.

Añade que lo anterior, permitirá a la autoridad consular utilizar diversos mecanismos, tales como convenios interinstitucionales, padrones existentes, apoyos tecnológicos o esquemas de colaboración, sin generar obligaciones inmediatas de gasto.

Afirma que, con esta reforma, el Estado mexicano avanza en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, fortalece su política de protección consular y envía un mensaje claro de inclusión, respeto a la diversidad cultural y compromiso con los derechos humanos.

“Garantizar una atención consular adecuada para las personas indígenas mexicanas en el extranjero no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de justicia social y de coherencia con los principios que sustentan a nuestra nación “, subrayó el legislador ecologista.

En su iniciativa, refiere que, de acuerdo con información oficial, en el territorio nacional existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, habladas por millones de personas. Sin embargo, el número de intérpretes y traductores certificados resulta claramente insuficiente para atender esta diversidad lingüística, ya que se cuenta únicamente con mil 79 intérpretes certificados.

Esta brecha genera barreras estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos, particularmente cuando las personas indígenas deben interactuar con autoridades del Estado en contextos administrativos, jurídicos o de protección. 

Dicha problemática no se limita al ámbito nacional, por el contrario, se agudiza en el contexto migratorio, donde miles de personas indígenas mexicanas residen o transitan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.

La legisladora advierte que las denuncias ya están en la Fiscalía y que ningún presidente municipal puede escudarse en “tradiciones” para evadir responsabilidades.

Multi-Medios 

Las Altas Montañas 

ORIZABA, VER. (21/02/26). La diputada local por el Distrito XXI de Río Blanco, Tania María Cruz Mejía, lanzó un fuerte señalamiento contra autoridades municipales que autorizaron eventos con maltrato animal pese a que la legislación estatal ya se encuentra vigente.

En entrevista, la legisladora confirmó que existen denuncias formales ante la Fiscalía especializada en delitos contra los animales derivadas de hechos ocurridos durante celebraciones patronales en Ixhuatlancillo y Aquila, donde se realizaron una corrida de toros y una pelea de gallos, respectivamente.

Cruz Mejía subrayó que la Ley 876 de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz entró en vigor el pasado 29 de enero de 2026, por lo que cualquier espectáculo que implique maltrato o muerte de animales constituye una violación directa a la normativa. “La ley es clara y debe cumplirse, sin excepciones ni privilegios”, puntualizó.

En el caso de Ixhuatlancillo, el alcalde José Manuel González Nicolás deberá responder ante las instancias correspondientes tras la denuncia presentada por colectivos defensores de animales. En Aquila, la alcaldesa María Petra Alonso Vázquez también enfrenta señalamientos por permitir actividades prohibidas dentro del programa oficial de la feria en honor a la Virgen de la Candelaria.

La diputada sostuvo que los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley y prevenir actos que vulneren el bienestar animal. Recordó que las sanciones contemplan multas económicas y penas de prisión que pueden alcanzar hasta tres años, dependiendo de la gravedad del caso y la responsabilidad acreditada.

Además, hizo un exhorto directo a los 212 ayuntamientos de Veracruz, particularmente a los emanados del Partido Verde Ecologista de México, a actuar con congruencia y asumir su deber legal.

“Quien gobierna debe ser el primero en respetar la ley”, enfatizó Cruz Mejía, al tiempo que señaló que corresponderá a la Fiscalía determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.