Miles de activistas en todo el mundo escriben cartas de apoyo a Edgar Tamayo.
A 20 de enero 2014.
A dos días de la fecha programada por las autoridades de Texas para la ejecución del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, Amnistía Internacional (AI) ha recordado a las autoridades estadounidenses su obligación de cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el llamado caso Avena y suspender inmediatamente la ejecución de Tamayo.
A dos días de la fecha programada por las autoridades de Texas para la ejecución del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, Amnistía Internacional (AI) ha recordado a las autoridades estadounidenses su obligación de cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el llamado caso Avena y suspender inmediatamente la ejecución de Tamayo.
“Gracias por tu lucha contra aquel mal llamado sistema de justicia, al
defender tu vida también defiendes la de tantos como tú, cuyas vidas están bajo
amenaza de un gobierno que confunde la justicia con tiranía.” Escribió a Edgar
Tamayo una simpatizante de Amnistía Internacional.
Junto a la de ella, la organización ha canalizado cerca de 1,500 cartas de
apoyo al reclusorio donde permanece Edgar Tamayo.
Este lunes, la organización envió a las autoridades de Texas
4,000 firmas exigiendo la suspensión de la ejecución de Tamayo,
estas firmas se suman a las más de 17,000 firmas procedentes de personas
en todo el mundo que Amnistía Internacional había entregado en días pasados.
Son así más de 21,000 personas que se han sumado al pedido de justicia para
Edgar.
Entre las cartas de solidaridad enviadas por activistas se pueden encontrar
numerosas expresiones de apoyo a Edgar y de indignación en contra del uso de la
pena capital.
“No hay forma alguna de justificar el inhumano castigo que, en falso nombre
de toda una sociedad, un cruel gobierno ha decidido ejercer contra ti. De
cumplirse esa cruel sentencia, el recuerdo de esa crueldad vivirá por siempre.
Fuerza hermano que los corazones de quienes creemos en la dignidad humana están
contigo.” Se podía leer en otra carta dirigida a Edgar.
Amnistía Internacional reiteró su llamado al gobernador de Texas a que este
suspenda la ejecución de Edgar Tamayo y reponga su proceso judicial. Proceso
que al ser llevado a cabo sin un adecuado respeto al derecho a la
asistencia consular de Tamayo le puso en grave desventaja ante un sistema de
justicia que le resultaba ajeno y con un amplio historial de sentencias
discriminatorias.
La organización también remarcó el hecho que de que la discapacidad mental
leve diagnosticada en Tamayo Arias haría su ejecución ilegal bajo la ley
de los Estados Unidos.
Finalmente, Amnistía Internacional recordó que la ejecución de Tamayo
supondría un incumplimiento de la sentencia de la CIJ no solo de parte del
gobierno de Texas sino de los Estados Unidos, por lo que las autoridades
federales están obligadas a tomar cuanta medida este a su alcance para evitar
que se lleve a cabo dicha ejecución.
Información complementaria
La Comisión Interamericana emitió un informe sobre el caso el pasado día 17
de enero, estableciendo que se había violado el derecho de Edgar a un juicio
justo, y por tanto "el estado de Texas, de ejecutar al señor Tamayo,
estaría cometiendo una seria e irreparable violación del derecho básico a la
vida reconocido en el artículo I de la Declaración Americana". Además la
Comisión ha dictado medidas cautelares ordenando la suspensión de la ejecución.
En septiembre de 2013, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry,
escribió al gobernador Perry para instarle a que no se fijara la fecha de
ejecución de Edgar Tamayo. La carta reiteraba que la resolución de la
CIJ “es vinculante para Estados Unidos en virtud del derecho internacional” y
que el fijar esta ejecución sería “sumamente perjudicial para los intereses de
Estados Unidos” y para sus relaciones con México y otros aliados, y “podría
afectar a la manera en que los ciudadanos estadounidenses son tratados en otros
países”.
En 2008, un psicólogo
determinó que el funcionamiento intelectual de Edgar Tamayo se
situaba en el rango de “discapacidad intelectual leve”, lo que convertía su
ejecución en inconstitucional según la legislación estadounidense. Sin embargo,
esto fue no tomado en cuenta por los tribunales estadounidenses.